Ayer el presidente Juan Manuel Santos, en su nueva estrategia de liderar la iniciativa en temas de paz, soltó otra idea: la de darle curules directas a las Farc en la Cámara de Representantes como una forma de que hagan la transición a la política legal. Hace dos años, cuando se comenzó a discutir en La Habana el punto sobre participación política, la Universidad Javeriana y La Silla Vacía –en su serie Sí o No, el poder de los argumentos- convocaron un debate alrededor de la pregunta: ¿Le conviene a la democracia colombiana permitir la participación política de los guerrilleros de las Farc si previamente dejan las armas?
Ayer el presidente Juan Manuel Santos, en su nueva estrategia de liderar la iniciativa en temas de paz, soltó otra idea: la de darle curules directas a las Farc en la Cámara de Representantes sin necesidad de someterse a una elección popular y como una forma de que hagan la transición a la política legal.
“En aras de discusión supongamos que sí, supongamos que a dedo, lo cual no está en los acuerdos, el Presidente de la República puede decirle a las Farc que tienen 8 o 10 cupos en la Cámara de Representantes durante uno o dos años, ¿es un precio grande para parar una guerra de 50 años?”, se preguntó el Jefe de Estado.
Estas curules serían adicionales a las ya pactadas en el acuerdo sobre participación política que crea unas circunscripciones especiales para regiones que han sido particularmente golpeadas por el conflicto y que serían llenadas por candidatos propuestos por movimientos sociales. Por esta vía, dada la influencia de las Farc en muchas organizaciones de base en estas regiones, llegarían también algunos candidatos de su cuerda política.
Hace dos años, cuando se comenzó a discutir en La Habana el punto sobre participación política de los jefes guerrilleros, la Universidad Javeriana y La Silla Vacía –en su serie Sí o No, el poder de los argumentos– convocaron un debate alrededor de la pregunta: ¿Le conviene a la democracia colombiana permitir la participación política de los guerrilleros de las Farc si previamente dejan las armas?
José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán y en ese momento precandidato del Centro Democrático, argumentó por qué no deben tener participación política; Antonio Navarro Wolff, hoy senador verde y desmovilizado hace más de 20 años del M-19, argumentó por qué sí deben tenerla.
Dado que con la “hipótesis” de Santos este debate se aterriza, La Silla presenta los argumentos más importantes que dieron en ese momento de lado y lado:
Estos son los argumentos que presentaron los dos invitados hace dos años:
Antonio Navarro Wolff
Senador de la Alianza Verde, ex constituyente por AD M-19 y ex gobernador de NariñoLograr el final del conflicto armado en Colombia es una necesidad nacional. Casi nadie se opone a esa idea, la idea básica de la paz.
Donde están las diferencias es en la manera de lograrlo, las condiciones que deben aceptar los alzados en armas y el plazo para conseguirlo. Hay dos modos de ponerle fin a nuestro conflicto. El primero, negociando con los alzados en armas. El segundo, imponiendo por parte del Estado condiciones estrictas, lo cual requiere derrotar la guerrilla. Hoy el país está discutiendo entre ambas alternativas. Muchos apoyamos la primera. Otros están cerradamente por la segunda.
Empiezo por decir que esta disyuntiva no es exclusiva de Colombia. El mundo ha vivido centenares de conflictos armados internos en los últimos cincuenta años. Baste decir que hoy se está negociando la terminación de 41 conflictos internos en el planeta.
En el último anuario publicado por el Observatorio de Conflictos y Construcción de Paz de la Universidad de Barcelona que dirige el profesor Vinces Fisas, la entidad más importante de su tipo en el mundo, se señala que el 80.9% de esos conflictos internos han terminado con una negociación, mientras en el restante 19.1% de los casos, el Estado ha derrotado a la insurgencia armada.
Poniéndolo en términos internos, muchos colombianos creemos que una negociación es la mejor salida, como lo ha sido para el 81% de las guerras internas en el mundo contemporáneo. Otros creen en una solución similar a la del 19% de los casos internacionales.
Si la negociación es exitosa, nos ahorraremos cada año 1.200 bajas de la Fuerza Pública, otros tantos civiles muertos por efecto del conflicto, 600 amputados por minas antipersonales, al menos 50 mil desplazados y daños recurrentes en nuestra infraestructura cada año por los próximos 10 años cuando menos. Para no hablar de un gasto en defensa y seguridad que llega casi al 7% del PIB, el más alto de América Latina hoy.
Las víctimas ya producidas aparecen por vez primera en una negociación de paz en Colombia. Deben ser objeto de todo el interés para que consigan verdad, justicia y reparación. Pero es una obligación igual de importante hacer lo necesario y posible para evitar nuevas víctimas. 20 mil muertos mas, medio millón de desplazados adicionales, 6 mil amputados. Un alto costo en términos humanos, no cabe duda. Una solución abreviada del conflicto podría cumplir con ese propósito.
Si la negociación es exitosa nos ahorramos también el esfuerzo adicional que habría de hacerse si no se logra un acuerdo de paz en La Habana. Porque no es cierto que si esas conversaciones fracasan todo seguirá igual. Cifras del Ministerio de Defensa muestran que un fracaso de este intento de paz requiere que el nuevo gasto en seguridad y defensa, para lograr que la Fuerza Pública recupere plenamente la iniciativa, pase del actual 7% al 10% del PIB, obligando a diferir inversiones sociales y de infraestructura.
Intentar una victoria militar tiene un costo que nos pondría al nivel de gasto en defensa como fracción del PIB mayor al de Afganistán y similar al de los Estados Unidos, usando cifras del Banco Mundial.
Entre una solución más corta, con menos costos humanos y financieros y otra más larga y costosa en vidas, sufrimiento y dinero, vale la pena intentar la primera. Claro que lo vale!!
La pregunta que sigue es. Si es posible un acuerdo de paz sensato, aceptable, con las Farc ahora? No puedo decirlo con certeza. El Gobierno lo quiere, la mayoría de los colombianos también, pero sólo los hechos nos demostrarán si los miembros de las Farc son sinceros. Son una organización “mañosa” para decirlo de alguna manera. En el pasado han usado la paz como arma de guerra. Tienden a sobreestimar su propia capacidad.
Sólo el paso de los días nos mostrará si han aprendido la lección del Caguán, donde la derrota política del intento de paz tuvo para ellos graves consecuencias militares. O si ven claramente que en la América Latina de hoy, la única manera de llegar a gobernar una sociedad es ganando las elecciones, no las rebeliones armadas, como lo demuestran el presidente de Uruguay, antiguo Tupamaro, o la presidenta de Brasil, ex guerrillera urbana, o el caso de Bolivia donde el actual presidente llegó ganando elecciones en el país en el cual el Che Guevara intentó implantar un grupo guerrillero.
Si defendemos con energía este intento de paz negociada, no es porque apoyemos al gobierno del presidente Santos, no votaría por su reelección de ninguna manera, ni porque simpaticemos o admiremos a las Farc. Ni siquiera creemos plenamente en la palabra de ellos. Lo hacemos porque estamos convencidos que lo más inteligente es intentar una solución corta y humana. El paso de pocos meses nos indicará si es factible. Si no lo es, pues quedará el camino de hacer lo necesario para imponer la voluntad estatal a los insurgentes, con el apoyo de la mayoría de los colombianos.
Ahora a nuestro asunto. Deben los miembros de la comandancia de las Farc poder hacer política si se logra finalmente un acuerdo de paz? Mi opinión es que una vez producido el desarme total de las Farc, definitivamente si.
En todo el mundo los acuerdos de esta naturaleza incluyen la participación política de los antiguos insurgentes. Dice el profesor Fisas de la Universidad de Barcelona, que en ninguno de los centenares de acuerdo de paz logrados en los últimos 30 años, los insurgentes han dejado de participar en política.
Cuando la paz de El Salvador, los norteamericanos acuñaron una frase que describe de modo brevísimo lo que es una paz con un grupo insurgente en su sentido más sencillo: “bullets for votes”, “balas por votos”.
Uno de los hombres más populares del mundo es Nelson Mandela. Comandó el Consejo Nacional Africano que hizo una guerra cruenta, con bombas incluidas, contra el régimen surafricano y fue presidente de su país. Y los casos se dan en todos los rincones del planeta.
A quienes dicen que lo único aceptable es que Timochenko vaya a la cárcel, ya tienen la respuesta que han dado varias veces los jefes de las Farc: “El asunto no es negociable. Vengan y nos cogen presos”. Esa condición sólo puede cumplirse ganando la guerra.
Se argumenta que el llamado Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional declara que hay delitos que deben obligatoriamente conducir al encarcelamiento de quienes los cometen y que de hacerlo un país, los beneficiarios serían objeto de juzgamiento por ese alto tribunal internacional.
Sin embargo muchos acuerdos de paz en conflictos internos se han producido después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma y sus firmantes, todos, hacen política.
El año pasado por ejemplo, en Filipinas, se firmó un acuerdo con el Frente Moro por la Liberación Nacional, alzado en armas hace mas de 30 años en Mindanao, la isla más grande del archipiélago y este año sus comandantes son candidatos a cargos de elección popular. Nepal es otro de muchos ejemplos.
No soy abogado. El Fiscal General de la Nación dice que no hay condenas por delitos de lesa humanidad contra ningún comandante de las Farc. No me voy a poner a especular sobre fórmulas jurídicas. Pero debe haber maneras de conseguir la participación en política en el marco de la jurisprudencia nacional e internacional. Puede haber excepciones individuales, como sucedió en El Salvador con Joaquín Villalobos, quien fue sancionado con la prohibición de ser elegido por un lapso de diez años. Pero la mayoría debería poder participar en elecciones.
Se dice repetidamente que es inaceptable ver a Timochenko en el Congreso. Pero hasta donde yo entiendo las cosas, al Congreso se llega por voto ciudadano. Quienes no simpaticen con él, con sus propuestas, pues no votarán por él. Si llega al Senado será porque fue capaz de conseguir el respaldo de un grupo de compatriotas.
Mirando las encuestas, la opinión favorable de las Farc es bastante baja, bajísima diría yo. Si firman la paz, puede ser que aumente un tanto la opinión favorable. Pero estamos ante la posibilidad de que la lista presentada por las Farc llegue a conseguir la mitad mas uno de los congresistas? Veo eso realmente improbable para decir lo menos. ¿Por qué entonces el argumento que no podemos dejar que las Farc hagan las leyes en Colombia? Las leyes las hacen las mayorías, la mitad mas uno de los miembros del Congreso. Y no veo en un horizonte razonable, a las Farc con una mayoría en el Senado o en la Cámara.
Si las Farc no parecen poder ganar las elecciones, ¿cuál es el miedo de que participen en política sin armas, dentro de las leyes vigentes?
Por último no sabemos ahora cuales son los acuerdos a que llegarán finalmente el Gobierno Nacional y la guerrilla, incluyendo en algún momento al ELN. Pero hay un elemento que me da tranquilidad. Esos acuerdos no entrarán en vigencia sin algún mecanismo de refrendación popular. Sea en un plebiscito en que se vote simplemente Si o No como en 1957 cuando se firmó la paz entre liberales y conservadores, en un referendo como lo propone el presidente Santos o, como menos me gusta, eligiendo por voto popular una Asamblea Constituyente. En todo caso la última palabra estará en manos de los ciudadanos. Por eso, aunque estén conversando con privacidad, no pueden meternos embuchados. No puede volverse efectivo algún tipo de acuerdo secreto. Las urnas dirán Si o No.
En resumen, es sensato intentar la paz negociada ahora. Para que pueda haber un acuerdo, es indispensable que se resuelva la posibilidad de participación política de los jefes guerrilleros, tal vez con excepciones individuales. Los acuerdos deben refrendarse por voto popular. Complejo pero simple. Y sobre todo patriótico.
José Félix Lafaurie
Presidente de FedegánUNA ACOTACIÓN
La formulación es muy clara, pero aun así, es muy importante acotarla, porque el ambiente de efusividad que se ha inducido hacia la paz como resultado, sin más consideraciones, puede desviar la atención del foco de la pregunta.
Por ello es importante recalcar que la pregunta no es si le conviene a las negociaciones con las Farc en La Habana, o si le conviene a la paz misma -que son dos cosas diferentes-. La pregunta tampoco es si se puede o no se puede. La pregunta es si le conviene a la democracia colombiana.
APROXIMACIONES A LA DEMOCRACIA
Por ello, sin entrar en una profunda disertación sobre filosofía política, es sano refrescar el concepto de democracia, el cual, desde Aristóteles (S.IV a.C.) hasta Norberto Bobbio en el siglo XX, pasando por el referente del Contrato Social de Rousseau y de los exponentes del liberalismo clásico (Hobbes, Locke, Montesquieu), conserva tres elementos fundamentales. La soberanía del pueblo, la libertad y la igualdad.
Así pues, la democracia es una forma de gobierno, pero no es solo eso, pues más allá de su condición instrumental para el manejo del Estado, comporta valores fundamentales y referentes éticos que se han venido desarrollando en las sociedades durante siglos.
De La soberanía del pueblo a la soberanía de la Ley
La soberanía del pueblo se puede entender -interpretando a Rousseau- como la sumatoria de la entrega de parte de su libertad natural que los individuos hacen en el Contrato Social, entrega de la cual devienen los deberes ciudadanos y los derechos humanos fundamentales.
En la democracia representativa, la soberanía del pueblo se expresa a través del sufragio libre, voluntario y sin limitaciones, para elegir no solo a quienes han de administrar el Contrato (el Ejecutivo), sino a quienes establecen los niveles de entrega de la libertad natural que el Contrato Social demanda de sus asociados (el Legislativo), que se concretan en la Ley, frente a la cual todos somos igualmente obligados y todos continuamos igualmente libres dentro del arreglo social. La soberanía del pueblo deviene entonces en “La soberanía de la Ley”. Y esto no es algo nuevo. Aristóteles sentenciaba que “Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos”.
La libertad
Los derechos humanos fundamentales que se derivan del Contrato Social son esenciales en la democracia. Para Bobbio (1991), “Sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia”. No obstante, el primero de los derechos del individuo es el de la libertad (personal, de opinión, de reunión, de asociación y libertad política, entendida esta última como el derecho a participar en la creación de las decisiones colectivas, de manera directa o mediante la elección de representantes). El individuo libre y autónomo así concebido, coincide con lo que Bobbio llama “la persona moral”1.
La igualdad
Esta consigna por excelencia de la revolución francesa, dentro de la concepción de democracia no se refiere, sin embargo, a otros matices no menos importantes, como la equidad en la distribución de la riqueza y las oportunidades -que debe ser un resultado de la democracia- , sino a la condición de los individuos dentro del Contrato Social que se concreta en la democracia como forma de gobierno.
En general, a partir de la entrega del mismo componente de libertad natural, todos son igualmente libres e igualmente obligados dentro del Contrato. Ya en la democracia representativa en particular, la igualdad se refiere primero al acceso libre y sin limitaciones de todos los asociados al sufragio, como el instrumento a través del cual se concreta la soberanía del pueblo, es decir, la participación de todos en las decisiones colectivas, soberanía que luego deviene en la soberanía de la Ley.
Ya en este estadio de lo legal, esto es, de la existencia y vigencia de las leyes como marco obligado para regular las relaciones entre los individuos y entre estos y el gobierno, la igualdad ante la Ley es de la esencia de la democracia y condición sine qua non para la supervivencia de un estado democrático. Para Aristóteles “El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.
POR QUÉ NO CONVIENE A LA DEMOCRACIA
Otorgarles participación política a los guerrilleros de las Farc no conviene a la democracia colombiana, pues vulnera el Contrato Social que sustenta tal ordenamiento democrático, porque:
– Los miembros de esa organización han violado en forma sistemática los derechos humanos, sin cuyo reconocimiento y protección no hay democracia.
– En uso de la representación conferida por la soberanía popular, el Gobierno Nacional comprometió al país en tratados internacionales que proscriben la impunidad en delitos de lesa humanidad; compromisos que, por lo tanto, deben ser respetados por nuestras instituciones democráticas de administración de justicia.
– Los miembros de esa organización han incurrido, también sistemáticamente, en delitos comunes de la mayor gravedad a nivel nacional e internacional, particularmente el de narcotráfico, en asocio con las más peligrosas mafias internacionales, los cuales no podrían ser declarados conexos al delito político en un eventual sistema de justicia transicional a partir del llamado “Marco Jurídico para la paz”. Muchos de ellos están acusados, sentenciados o ya pagan penas en otros países, o son buscados por la policía internacional. ¿Cómo otorgarle participación política a un delincuente común?
– En un sistema democrático en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, ¿cómo otorgarte participación política a un guerrillero narcotraficante y negársela a un narcotraficante de cualquier bacrim? Una decisión en esa dirección no solo erosiona de gravedad el sistema de justicia de nuestra democracia, sino los fundamentos de la democracia misma como forma de Contrato Social. La participación política no es gratuita; se gana, en principio, a partir de la adhesión libre al contrato para convocar luego el favor de los votantes. No se gana desde afuera en calidad de exigencia extorsiva, a cambio de no seguir atacando al colectivo que se dice querer representar.
– El otorgamiento de participación política sin reparos a los guerrilleros de las Farc implica el indulto previo para quienes cometieron delitos tipificados en nuestro sistema de justicia y en los sistemas internacionales a los que nos hemos sumado. En consecuencia, con base en el principio de igualdad ante la ley, el país se vería abocado a declarar una decisión de punto final a todos los casos de falsos positivos que, aunque ilegales, claramente se produjeron como resultado de la lucha de la Fuerza Pública contra las Farc. Aunque suene algo macabro ¿Qué diferencia tiene un asesinato de otro? ¿Si se indulta el uno por qué no se indulta el otro?
– Lo propio se puede predicar de la parapolítica, y el país se vería en el predicamento de cesar las investigaciones en curso y de restituir el ejercicio de la participación a quienes, bajo la presión de la violencia paramilitar en la mayoría de los casos, accedieron a peligrosos contubernios. El cierre de los casos de farcpolítica, que se derivaría del indulto para propiciar la llegada al Congreso de los guerrilleros de las Farc, induciría también el cierre de los casos de la parapolítica. Es la igualdad ante la Ley.
– ¿Cuál es la lección moral? ¿Qué el ejercicio de la política no es el resultado de ganar la representación de la soberanía popular a partir de las ideas y las propuestas que convoquen a la sociedad, sino, más bien, a partir de victimizar a la sociedad para después negociar con ella? ¿Vamos a sentar el referente ético de que la violencia y el delito sí pagan, de que son una estrategia electoral válida? ¿Qué vendrá después? ¿El que tenga más fuerza y capacidad de generar violencia y terror podrá reclamar extorsivamente participación política? Después de semejante precedente, ¿el siguiente paso será negociar con las bacrim el cese de la violencia, la legalización de su negocio macabro y hasta su eventual participación en política? Ese es el camino de la degradación de la democracia.
– Millones de ciudadanos, libre y voluntariamente, han adherido al Contrato Social que soporta nuestro sistema democrático, se han obligado a sus leyes y se han sometido a sus sanciones. ¿Por qué, quienes expresamente y durante décadas, no han aceptado como legítimas nuestras instituciones democráticas, han actuado por fuera de ellas y han atacado a los individuos y a la sociedad como un todo, no solo podrían ser exonerados de sanción alguna, sino que terminarían accediendo a la representación de la sociedad que han atacado? ¿Dónde queda la igualdad ante la Ley? ¿Dónde la voluntad popular que sustenta la democracia? ¿Dónde la soberanía derivada de esa voluntad popular?
– Las Farc, desde sus comienzos y durante los últimos sesenta años, se han planteado como objetivo la toma del poder por las armas para la implantación de un Estado comunista. Eso no es un secreto; por el contrario, ha sido parte de sus posiciones públicas. Entonces, ¿por qué otorgarles participación política en nuestra democracia a quienes, durante más de medio siglo, se propusieron derrocarla sin lograrlo?
– Se dirá que, también dentro de nuestro ordenamiento democrático, ya se ha hecho en el pasado. Y es cierto. Pero eran otros momentos y otras circunstancias. Se trataba de grupos que no se desviaron hacia actividades delictivas comunes como el narcotráfico y, sobre todo, el país no había suscrito acuerdos internacionales que limitan su potestad de indulto, precisamente esperando aplicar favorabilidades de este tipo a grupos, como las Farc, que no quisieron aprovecharlo en su momento. Hoy no puede haber impunidad, y una persona condenada no puede acceder a posiciones de representación popular.
– De otra parte, desde los últimos procesos de paz, han pasado más de veinte años durante los cuales este grupo terrorista, antes que aproximarse a la paz, escaló su actividad narcotraficante y con sus recursos desplegó la más feroz de las violencias, asoló el campo y cometió macabros atentados terroristas en las grandes ciudades. Nunca abandonó el asesinato, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento, la trata de personas y el reclutamiento de menores a sus filas.
– Son millones de víctimas que, además no reconoce y no deja de causar, mientras demanda impunidad y participación política. ¿Por qué la soberanía del pueblo representada en el sistema democrático debe otorgarle participación política a quienes la han victimizado por millones? Como ya vimos, la soberanía popular no es un concepto abstracto, es la sumatoria de las decisiones libres y voluntarias de los individuos que renuncian a parte de su libertad natural en beneficio de la comunidad. Existe una incompatibilidad ética y moral con esos millones de víctimas que hacen parte de la voluntad popular y que, por supuesto, no se sentirían representadas por sus propios victimarios ni quisieran estarlo.
– Finalmente, es lamentable que, en la práctica, el Gobierno haya avanzado en el inconveniente otorgamiento de participación política a guerrilleros de las Farc, erosionando con ello el ordenamiento democrático. El escenario natural de la democracia para la discusión abierta de la orientación de la política pública es el Congreso de la República. De hecho, la discusión secreta del desarrollo rural integral con los guerrilleros de las Farc coloca a estos últimos en la privilegiada pero ilegítima posición de colegislar sobre la política pública del país, con lo cual se vulnera la soberanía popular depositada en el Congreso y, sin lugar a dudas, se afecta inconvenientemente la democracia colombiana.
“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, más que a sí mismo y permanezca tan libre como antes”.
J.J. Rousseau
“una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales (….) que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la Tierra.
Abraham Lincoln. Discurso de Gettysburg. 1863
1 Suescún González, Luis. El concepto de democracia en Norberto Bobbio. En monografías.com
