El presidente Gustavo Petro se propuso el ambicioso proyecto de comprar tres millones de hectáreas para dárselas a los campesinos sin tierra y así hacer la reforma rural. “Nuestra meta sigue siendo esa porque eso fue lo que quedó establecido en el acuerdo de paz”, dijo a La Silla Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). “En el primer trimestre de 2026 veremos si fue realista o no”.
Existen otros mecanismos para gestionar tierra como las donaciones, el barrido y recuperación de baldíos, extinción de dominio, entre otros, que este gobierno no descarta. Pero para Vega esos procesos pueden ser más engorrosos, pues “están atados a procesos rurales que toman mucho tiempo y que dependen de procesos jurídicos y administrativos”.
Sin embargo, la compra tampoco es sencilla. Desde 1961, cuando salió la ley 135 para redistribuir la tierra, el Estado ha podido comprar 1.9 millones de hectáreas. Y en casi 10 meses de gobierno, según las cifras de la ANT, ha comprado apenas 12.000.
Estas son las principales barreras que tiene que superar el gobierno.
Contexto
1) Conseguir la plata
El primer reto para hacer compra de predios para los campesinos es conseguir el dinero. El presidente Petro ha dicho que si cada hectárea cuesta entre 10 y 20 millones de pesos, entonces necesitan entre 30 y 60 billones de pesos para cumplir con la meta.
El gobierno hizo un incremento sin precedentes al presupuesto del sector Agricultura. Pasó de tener unos 2 billones en 2022 a 7 billones en 2023, con el total de adiciones. Y ya hay destinados 1.5 billones de pesos que tiene la ANT para la compra. Aunque esa cifra es un avance importante, se queda corta para cumplir la meta.
“La plata no se necesita toda de una vez”, dice Vega ante la pregunta de la sostenibilidad del mecanismo de la compra. “Mientras tanto, nosotros tenemos que ir gestionando”.
Los 30 o 60 billones no son lo único que se necesita para lograr la reforma rural. El mismo gobierno ha reconocido que entregar tierra no es suficiente. Se necesita invertir en el desarrollo de proyectos productivos para que efectivamente cambie la vida de los campesinos. Y todavía no es tan claro cómo se financia la compra, al tiempo que se financia el desarrollo de los proyectos productivos.
2) Conseguir predios realmente productivos
El gobierno logró hacer un acuerdo con Fedegán, el gremio de los ganaderos que se ha opuesto históricamente a las reformas agrarias, para que vendieran tres millones de hectáreas. Pero el presidente se quejó hace unos días porque la mayoría de los predios han resultado no ser viables para el desarrollo de proyectos productivos.
Tras el regaño, Fedegán puso el acelerador y ha ofrecido 448.000 hectáreas, de las cuales 120.000 son viables. “Es lo que tenemos”, ha dicho Vega.
“Queremos comprar tierras que sean fértiles, preferiblemente extensiones grandes para poder organizar los proyectos productivos ahí”, dice Vega. “Que no tengan proceso de restitución, que estén saneados. Esos son requisitos básicos”. Dice que ya tienen establecido que quieren predios en el Caribe y otros en el Magdalena Medio. “No es lo que nos digan ellos (los vendedores), es lo que nos sirva”.
Verificar la viabilidad del predio es clave y toma tiempo. Miguel Samper, exdirector de la ANT en el gobierno de Juan Manuel Santos, explicó que una vez los dueños de tierra ofrecen un predio, el Estado tiene que comprobar que, por ejemplo, no se inunde, no tenga amenaza de deslizamiento y no haga parte de una reserva natural, entre otras.
Luego viene un análisis jurídico y catastral. Ahí se establece quién está en el lugar, si es baldío o no.
Además de la verificación técnica y jurídica, hay que asegurarse de que lo que dice el registro del predio coincida con la realidad. “En la mayoría de casos de compra de predios hay que hacer ajustes de, por ejemplo, linderos. Para ello es necesario hacer una actualización ante el Instituto Agustín Codazzi y corregirlo”, dice Samper sobre su experiencia en la agencia. Con Santos, durante los primeros tres años de la ANT, se compraron 13 mil hectáreas, con una inversión de 143 mil millones de pesos.
Pero si todo estuviese en orden, en todo caso, hay otro proceso. Hay que hacer un avalúo oficial con el Instituto Agustín Codazzi, luego hacer una oferta formal, registrarla en el Registro Público para que no haya especulación con el predio. Es decir, para que no cambien el valor después y suba. Y finalmente, si el dueño del predio acepta el precio, se puede comprar.
Para Luis Molina, profesor de los Andes y experto en Planificación Territorial y Catastro, un gran reto es actualizar el catastro para conocer realmente el estado de los predios en Colombia, tanto privados como públicos. “Pero en países organizados como Canadá el catastro ha tomado 20 años. Acá ni siquiera hay personal suficiente que lo haga. El Estado ni siquiera sabe cuáles son sus predios ni dónde están”.
Para el experto esa sería la primera tarea que el gobierno debería hacer, “pues si sabes qué predios baldíos tienes, puedes adjudicar predios sin necesidad de hacer una inversión como la que planea el gobierno”. Pero -agrega Molina- eso no es tan atractivo porque no permite mostrar resultados que cambie la vida de la gente en el inmediato.
3) Lograr una coordinación institucional
El Ministerio de Agricultura ha reconocido la necesidad de articular las instituciones para que el proceso de compra y entrega de predios sea ágil. Las dificultades justamente para que ese proceso fluya ya se están viendo.
En Costa Azul (Córdoba) el gobierno entregó 114 hectáreas de tierra a campesinos en marzo. En el evento, encabezado por el presidente Petro, el anuncio fue que las personas habían recibido títulos. La Silla reveló en ese momento que eso no era cierto y que no se había podido hacer el registro. Casi tres meses después, el tema sigue sin resolverse.
Según explicó Vega, eso se debe a que “no se ha escrito en la oficina de registros públicos porque la Unidad de Víctimas, a la que le compramos los predios, debía los impuestos de ese terreno”, explicó.
Para que se logre titular, que es lo que a hoy permite que los campesinos reciban financiación o asistencia técnica, es necesario que puedan trabajar de la mano, por ejemplo, el Instituto Agustín Codazzi para que verifique los predios. Con la Dian para que certifique que se han pagado los impuestos de los terrenos. También con la Fiscalía para que revise los antecedentes de los vendedores como de los beneficiarios, de La Superintendencia de Registro y Notariado para asegurarse de que la documentación sea cierta, de la Unidad de Restitución de Tierras, entre otros.
“Con todos ellos hemos hecho convenios para que se priorice la reforma rural”, dice Vega.
4) Llevar desarrollo rural
Como ha reconocido el mismo gobierno de Petro, la compra es apenas un paso y tiene que ir acompañada de la llegada de toda la institucionalidad para que los campesinos puedan, efectivamente, desarrollar proyectos productivos.
Pero para eso es clave que se pueda titular la tierra, pues a hoy, a los que les han entregado tierra, siguen sin poder cultivar o construir casas cercanas, ya que no son dueños de la tierra.
“Vamos a un banco y no nos dan el crédito. Pedimos ayuda al gobierno y nos dicen que no se puede dar asistencia técnica o financiación hasta que no demostremos ser los dueños”, dijo una beneficiaria de Támesis, que pidió no ser identificada para evitar líos con su predio.
A eso se suma la necesidad de llegar con salud, educación, conexión y carreteras que permitan sacar los productos.
5) Evitar la corrupción en el proceso de compra
En el proceso de compra hay que vigilar que no se corrompa. Diana Isabel Güiza, investigadora doctoral asociada del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame, dice que hay varios momentos en los que el Estado tiene que estar alerta.
“Definitivamente, se tiene que garantizar que la tierra que se compre sea apta y que no sea tierra producto del despojo, que no tengan limitaciones ambientales o procesos judiciales”.
También asegura que es importante verificar quiénes hacen los avalúos y las compras que se dan antes de que el Estado haga una oferta por esos predios. “Para evitar que el precio de compra sea mayor, porque al Estado todo le cuesta más, o para evitar que los avaluadores cobren comisiones por debajo de la mesa para establecer los precios”.
Por último, Güiza considera clave blindar los mecanismos de identificación de los beneficiarios de estos predios “para que en efecto sean sujetos de reforma y personas que no tienen tierra”.
Por ahora, el gobierno está entregando predios en comodato o “arrendamiento social” a familias víctimas del conflicto, mujeres cabeza de hogar que pertenezcan a organizaciones campesinas.
6) Evitar la especulación de la tierra
Vega, el director de la ANT, dice que uno de los retos es establecer los valores que se van a pagar por los predios. “Tenemos que establecer un piso y un techo para que no haya especulación”.
Según él, ya se está presentando en el Cauca. “Allá vemos que como el Estado está buscando comprar, los precios están subiendo”.
“Cuándo hablaron de que Fedegán iba a vender predios productivos, mi primera pregunta fue si realmente van a aceptar lo que quiere ofrecer el Estado”, dijo el profesor Molina al respecto.
Pero Vega se siente entusiasta. Aseguró que por “por primera vez en la historia, Fedegán, que siempre se ha opuesto a las reformas agrarias, tiene la voluntad de vender. A ellos les sirve y a nosotros también”. También recordó que hace unos días le compraron al gremio 811 hectáreas.
