La oposición encontró en el sistemático incumplimiento a eventos públicos del presidente Gustavo Petro una razón para poner en duda su capacidad de gobernar. Citando un artículo de La Silla Vacía, que documenta más de 80 cancelaciones, promueven una proposición que lanza rumores de pasillos al Congreso de Colombia.
Sin pruebas que permitan deducir que es así, han dejado en el aire la idea de que los desplantes del mandatario están relacionados con problemas de consumo de drogas o excesos festivos. Por eso, buscan que el Senado lo obligue a practicarse unos exámenes médicos.
La movida agarró fuerzas con columnas de opinión sincronizadas que pusieron el debate en medios. Esta semana llegó al Congreso la proposición firmada por 10 congresistas para que se solicite el examen. Cita también la entrevista de Armando Benedetti en Semana, donde sugiere que Petro consumiría cocaína.
En el Senado no hay ambiente para cumplir ese pedido. Dentro de la misma oposición y los sectores independientes hay una lectura de que se trata de un asunto más mediático que de interés nacional. Y que, si se quiere, es del fuero personal que es protegido constitucionalmente.
Sin embargo, la petición sí abrió las puertas para revivir un viejo debate: que la salud de los mandatarios públicos, desde el presidente hasta la de los alcaldes, deje de ser un asunto privado. Y, dependiendo de las valoraciones médicas, se determine si alguien está capacitado o no para gobernar.
En el pasado esa propuesta se movió para tratar de sacar del camino a enemigos. En el caso de Petro, más allá de que por ahora no tiene ambiente en el Congreso, sirve para atacar su carácter y pone la lupa sobre el cumplimiento de su agenda.
Una estrategia para imponer la idea del “Petro desaparecido”
El 13 de agosto, El Tiempo publicó dos columnas de opinión parecidas. El exfiscal Néstor Humberto Martínez y el exembajador de Iván Duque, Mauricio Vargas, escribieron sobre las inasistencias públicas del presidente Petro.
Los dos, a su manera, dejaron entrever que se trata de excesos del presidente. “Una fuente, que estuvo en el alto gobierno, asegura que hay una mezcla de todo eso: dolencias físicas y bajas anímicas combinadas con largas rondas de fiesta. Especies como esa circulan en Bogotá y otras regiones desde tiempos de la campaña”, dijo Vargas.
“Pero hoy son motivo de profunda preocupación, por su recurrencia, por sus efectos, por las especulaciones sobre la salud y los hábitos presidenciales e, inclusive, por el peligro de un nuevo ‘taconazo’”, complementó Martínez.
Petro le dio vuelo a esas especulaciones la semana pasada cuando no asistió a dos eventos programados en Cartagena. Uno con comunidades y otro con el poderoso gremio de la Andi.
Particularmente, el desplante a los empresarios, con quienes los partidos tradicionales tienen estrechos vínculos, le dio razones a integrantes de la oposición para reforzar la idea que los incumplimientos tendrían de trasfondo asuntos médicos del presidente. En uno de los eventos preguntaron a los panelistas cuál era su gran preocupación sobre Colombia ahora mismo: “La salud mental del presidente”, contestó el escritor Héctor Abad Faciolince, desatando risas y conversaciones en voz baja.
La oposición en el Congreso se montó en esta línea de ataque. Bajo la vocería de Cristian Garcés, del Centro Democrático, y Carolina Arbeláez de Cambio Radical, propusieron que Petro sea obligado a someterse a unos exámenes médicos. “Sus cada vez más frecuentes desapariciones del escenario público hacen plantear la hipótesis de que las condiciones de su salud no son las más óptimas y que a su vez estás no le están permitiendo el adecuado ejercicio de jefatura de Estado y Gobierno”, dice la proposición que firmaron 10 congresistas.
Proposición Evaluación Salud Medica del Presidente de La República.docx by La Silla Vacía on Scribd
El anuncio generó titulares durante el fin de semana, y les dio a Garcés y Arbeláez resonancia en medios. Y logró un primer objetivo, que Petro y su gobierno reaccionaran. “Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”, trinó Petro. Una explicación insuficiente, pues también faltó a su cita con organizaciones sociales el mismo día en Cartagena.
“Ahora hasta se están metiendo con la salud del señor presidente, cuando ayer lo vi, está perfectamente bien. Rebosante de salud y entusiasmo, trabaja fuertemente”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
La idea quedó sembrada, pero no avanzará
Pero el objetivo a largo plazo, que es que Petro se someta obligado a esos exámenes, no va a prosperar. En el Senado, que es donde debe tramitarse la solicitud de Garcés y Arbeláez, creen que aunque sí es inquietante que Petro falle reiteradamente, el asunto no va a pasar más allá del ruido de los medios y las redes.
La proposición se radicó el martes, no fue sometida a votación ni en la plenaria de ese día ni en la del miércoles. Una de las razones, la falta de consenso entre las bancadas independientes y de la misma oposición.
“La proposición no tiene fundamentos sólidos, jurídicos, ni constitucionales, me parece que es un exabrupto. Sin ser petrista, me parece que ningún congresista serio puede andar en eso”, dice el senador liberal Alejandro Chacón.
“Siempre la oposición, la de ahora, la de Duque, la de Santos uno, Santos dos, Uribe uno, Uribe dos, pues ha tenido la necesidad de buscar unos temas para sonar. Esto es un tema para sonar, nada que tenga sustento.”, añade el liberal John Jairo Roldán.
“No creería que la bancada apoye esa propuesta. Ya se ha hecho en el pasado y tampoco ha prosperado”, dice el senador y presidente del partido conservador, Efraín Cepeda.
“Eso es meterse en la intimidad de las personas, no creo en esas propuestas”, dice Juan Felipe Lemos de La U.
Aun dentro de los partidos de oposición no hay consenso frente a la propuesta de sus colegas. El miércoles, por ejemplo, el tema se tocó en la bancada de Cambio Radical y la lectura general es que no la van a apoyar. Tres senadores del partido le dijeron a La Silla que piensan que es un debate sin vocación, que es de la esfera personal del presidente y que no hay sustentos jurídicos para siquiera someterlo a votación.
Por eso, ningún senador firmó la proposición y la representante Arbeláez quedó sola.
“No veo la competencia jurídica, ni tampoco el tema político. El control político del Congreso frente al presidente debe ser a sus políticas públicas, a sus programas, no a la figura personal”, comentó un senador de Cambio Radical.
“Eso es una pendejada”, le comentó a La Silla, un senador del Centro Democrático, que pidió no ser nombrado para no enfrentarse a los compañeros que sí firmaron la proposición.
Y en el caso de que la propuesta llegue a ser debatida, los senadores de gobierno tienen cómo atacarla, especialmente porque la inasistencia también es común en el Legislativo. “Los exámenes médicos se los tienen que hacer los parlamentarios que nunca vienen a sesionar, o que cuando vienen contestan a lista y se van. Yo acabo de venir de una sesión de la comisión de la Mujer, y varias de las que firman esa proposición ni siquiera asistieron a esa comisión”, dice la senadora Aida Avella de la Unión Patriótica.
Aunque la propuesta no tiene oxígeno para ser votada la otra semana, si el presidente Iván Name decide darle trámite, sí abrió un marco para debatir hasta qué punto la salud física y mental de los mandatarios debe ser pública o mantenerse como un tema tabú.
Las peleas entre el santismo fueron la punta de la lanza
Cuando el país ha hablado de la salud de los presidentes o sus gobernantes es porque ellos lo han hecho público de manera voluntaria. Pasó con Juan Manuel Santos cuando en 2012 informó que padecía de un cáncer, también con su vicepresidente Angelino Garzón por la misma enfermedad. En 2014, el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras comunicó que tenía un tumor en la cabeza.
Fue justamente bajo el primer gobierno de Santos, que el Congreso dio el primer paso para obligar a todos los mandatarios a someterse a unos exámenes anuales. La propuesta era que con base en esos resultados, en el caso del presidente y vicepresidente, el Congreso tuviera insumos para definir si los mandatarios estaban aptos para gobernar.
Dos senadores de la época le dijeron a La Silla que el proyecto fue pensado en medio de la tensión de poder que se vivió cuando Santos partió cobijas con el uribismo. De parte del santismo para tener a la raya al vicepresidente Garzón, quien unos meses después de empezar a gobernar marcó distancias y diferencias con el presidente, y se estaba convirtiendo en un enemigo interno.
Que muestra de esa tensión se vio cuando ante un accidente cerebrovascular que sufrió Garzón, el Senado, por iniciativa de Roy Barreras, votó y autorizó hacerle exámenes para ver si estaba apto para seguir en el cargo. Quedó la imagen de una comisión de senadores que fue a visitar a Garzón en su cuarto de recuperación, aunque al final no se hizo ningún examen. Congresistas opositores del momento como Camilo Romero – hoy embajador en Argentina- señalaron a Barreras de querer aprovecharse de la enfermedad del vicepresidente para hacerle una especie de “juicio político” para sacarlo del cargo.
Por parte del uribismo representado por Juan Lozano, esa tensión se vio en las justificaciones del proyecto. En las discusiones, Lozano planteó que enfermedades como el cáncer, que en ese entonces padecían presidentes como Hugo Cháves de Venezuela, y que luego le fue detectado a Santos, sí podían afectar la gestión de un presidente.
“Estos males (cáncer) ponen evidencia la necesidad de contar con esquemas que garanticen que quienes toman decisiones en los más altos niveles del gobierno no se encuentren con su aptitud para gobernar afectada”, justificó Lozano en el debate.
El primer intento de proyecto avanzó los dos debates en el Senado, pero se hundió en la Cámara porque hubo un consenso político para no afectar las figuras nacionales y regionales que estaban enfrentando enfermedades que los podían sacar de los cargos. Por ejemplo, el entonces gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, padecía de Alzheimer.
También se hundió porque hubo oposición de académicos constitucionalistas y de los propios mandatarios representados en la Federación Nacional de Municipios. La entonces senadora Gloria Inés Ramírez, hoy ministra de Trabajo de Petro, fue de las que lo votó negativo.
El senador Lozano insistió un año después con el proyecto, pero la Cámara lo volvió a hundir.
Esa fue la primera vez que abiertamente el tema pasó por las manos del Congreso. Ahora ese proyecto es la base conceptual de uno que presentó el semestre pasado el representante liberal, Carlos Ovalle Quintero, para complejizar lo de Petro y llevarlo a un alcance más general.
La propuesta de Ovalle no tuvo acogida inicialmente. De hecho, no surtió ni el primer debate y se hundió. El representante dice que va a insistir en esta legislatura porque aunque no la comparte, la movida de la oposición por presionar el examen de Petro le ha dado impulso político al asunto. Y que es por esa vía, ley, y no por una proposición, que el debate puede tener más alcances.
Eso sí, aclara que su propuesta empezaría a aplicar desde el 2026 y sería para todos los mandatarios.
Así también lo ven otras voces del Congreso. “Debe ser para todos, gobernadores, alcaldes, todos los mandatarios deben someterse a exámenes médicos que sean públicos. El debate debe abrirse, no por Petro, sino por todos los mandatarios, debe aplicar para todos, no para uno solo y de un momento”, dice el senador conservador Sammy Meregh.
De que el presidente Petro cumpla o no su agenda va a depender qué tan lejos puede llegar este intento. Por lo pronto, ayer canceló una reunión con gobernadores del Pacífico por temas de salud y reprogramó un encuentro que tenía con empresarios.
