Hace dos semanas el Ministro de Protección Social le dijo al senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, que “estableció las respectivas denuncias con los soportes de manera oportuna” para que la Contraloría, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Salud investigaran un posible sobrecosto en la facturación de medicamentos en las EPS de Saludcoop.
Hace dos semanas el Ministro de Protección Social le dijo al senador del Polo, Jorge Enrique Robledo, que “estableció las respectivas denuncias con los soportes de manera oportuna” para que la Contraloría, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Salud investigaran un posible sobrecosto en la facturación de medicamentos en las EPS de Saludcoop.
Las respuestas de estas tres entidades denotan que en realidad no hay una investigación seria en curso sobre este tema. El Secretario Privado de la Contralora le respondió a Robledo en un comunicado que en la Contraloría “no reposa ninguna denuncia presentada por el Ministerio de la Protección Social, con relación a los incrementos en los gastos de medicamentos de algunas E.P.S.” aunque la Viceministra de Protección Social Beatriz Londoño dijo ayer a La Silla Vacía que la misma Contralora General Sandra Morelli había pedido más información sobre este tema por lo que ella asume que este ente de control sí está investigando.
La Supersalud dijo a La Silla Vacía hace dos semanas que el Ministerio no les había proveído suficientes elementos para una investigación. Solo en la Superintendencia de Industria y Comercio hay un grupo mirando el tema.
Este caso es solo un pequeño ejemplo de la muy débil capacidad del Estado para vigilar y controlar las EPS, los hospitales y las farmacéuticas. Estas son algunas de las cosas que nadie controla o se hace de manera insuficiente:
| El cumplimiento del POS
Las EPS tienen la obligación de suministrarle a sus afiliados aquello que está contenido en el Plan Obligatorio de Salud. Pero como lo ha documentado la Defensoría del Pueblo, los usuarios tienen que recurrir en un 70 por ciento de los casos a la tutela para que las EPS les presten servicios a los que están obligados. Aunque la Superintendencia de Salud todos los años impone sanciones a algunas EPS por este motivo, el problema sigue estando fuera de control. El año pasado, la tercera parte de las EPS ni siquiera informaron al Ministerio de Protección Social por qué negaron estos servicios, a pesar de que están obligados a hacerlo cada tres meses. Y los datos de las que reportaron ni siquiera coinciden: mientras que el Ministerio recibió el dato de 56.204 negaciones entre enero y octubre de 2009, la Defensoría recibió 98.297 negaciones durante el primer trimestre de ese año, según un reporte de 2010. | |
| El acceso de los afiliados a los servicios : en los casos en los que la EPS no niega el servicio, nadie controla cuánto tarda una persona enferma en lograr que su EPS le preste la atención. En algunos casos, se demoran más de un mes en obtener una cita y no hay un verdadero sistema de seguimiento para garantizar que presten el servicio en un tiempo prudencial. | |
| El acceso a los medicamentos: muchas EPS solo reconocen los medicamentos comprados en sus propias farmacias pero nadie controla que tengan droguerías en todos los lugares donde tienen afiliados. Esto, en la práctica, le impone a los afiliados un costo mayor pues tienen que desplazarse de un punto de la ciudad a otro para comprar el medicamento que le paga la EPS o en algunos casos, de un municipio a otro. | |
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La calidad de los servicios: la gente se afilia a una EPS sin saber cuáles son las que tienen menores tasas de infección intrahospitalaria, o menores índices de negación de servicios, o cuántos afiliados se les han muerto. En otros países, como Uruguay, hay ránking de servicios de EPS o incentivos para las EPS que cumplen con metas asistenciales. La Corte Constitucional obligó en su macrotutela de salud que se hiciera una carta informativa a los usuarios, una obligación que la Supersalud no ha exigido.Por lo tanto, aunque en teoría los usuarios pueden elegir libremente la EPS, en la práctica lo hacen a ciegas pues la información no circula. | |
| Los precios de los medicamentos: durante la época en la que Juan Luis Londoño era el Ministro de Salud había 132 medicamentos en el régimen de control directo, cuyos precios estaban controlados por el Ministerio. Pero en 2006, el Ministro Diego Palacio sacó una circular que desreguló por completo el mercado, con lo cual el precio de los medicamentos se disparó. Luego, durante la emergencia económica y social de Uribe el gobierno dijo que unos medicamentos debían quedar bajo libertad regulada, es decir que tenían que tener un precio equivalente a lo que se pagaba por ellos en otros países. Ya que como lo contó en otro artículo La Silla Vacía, Colombia es uno de los países con los medicamentos más caros del mundo.
Sin embargo, hoy no existe ningún medicamento bajo régimen de control directo. Y solo uno –el Kaletra– está en libertad regulada con precio de referencia. Hay otros mil productos que están bajo libertad regulada pero que no tienen un precio internacional de referencia, sino que se toma como ‘referencia’ el precio que reportó el mismo laboratorio en el trimestre anterior, según explicó a La Silla Vacía Oscar Andia, director de Observamed. Y este logro, que aún no ha sido suficientemente aprovechado, se dio porque Afidro perdió una batalla legal. | |
| El cobro de los reembolsos: Aunque a comienzos de este año, el gobierno le impuso un valor máximo de recobro a 20 medicamentos, para el resto de medicinas el Fosyga paga caso por caso, con lo cual su capacidad de negociación es mínima y a ciegas. Hay medicamentos como el Lipitor, que es pagado por el Fosyga en Colombia, con plata de los contribuyentes, 20 veces más caro que el genérico que reconoce España para la misma enfermedad. | |
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El ingreso de nuevos medicamentos: muchos remedios terminan siendo aprobados por el Invima luego de que un juez ordena que se suministre el medicamento en respuesta a tutelas, que son impulsadas bajo cuerda por las mismas farmacéuticas interesadas en promover su venta en el país. En otros países, la entrada de nuevos medicamentos es fruto de una evaluación por parte del Estado para evitar que unos medicamentos carísimos que solo benefician a unos pocos, o a gente que está desahuciada, terminen chupándose toda la plata que hay para cubrir la salud. En Colombia también se permite la comercialización de medicamentos para problemas de salud que no se aceptan en otros países como Estados Unidos o España. Por ejemplo, mientras que en Colombia el Invima aprueba el Bevacizumab para cáncer de seno, en Estados Unidos el FDA recomendó removerlo para este tipo de cáncer. | |
| El control de la publicidad: Los controles sobre la publicidad de medicamentos son muy insuficientes. Un estudio publicado recientemente en la Revista Pnamericana de Salud que investigó este tema en Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú encontró que más del 70 por ciento de las piezas publicitarias analizadas omitían información sobre efectos adversos de los medicamentos. “La mitad de los anuncios de medicamentos de venta libre expuestos en farmacias incluían indicaciones no aprobadas por la autoridad sanitaria correspondiente”, dice el estudio Publicidad y Promoción de medicamentos.
A esto hay que sumarle que dada la gran publicidad que hacen las EPS y las empresas farmacéuticas, este tema es rara vez tratado de manera independiente por los grandes medios de comunicación. | |
| Control a los incentivos y dádivas a médicos: la mayoría de médicos en Colombia se ‘actualizan’ por cuenta de las farmacéuticas, que les pagan los viajes a los seminarios nacionales e internacionales, por mencionar solo uno de los incentivos que les ofrecen para ganar su lealtad a la hora de ordenar los medicamentos. Una de las razones por las que cuando uno va a una farmacia, el fármaco coge la orden del médico y le saca una fotocopia es porque luego el médico que lo ordenó se verá recompensado por el laboratorio. Este tipo de dádivas tampoco son reguladas. |
