En mayo, la Superintendencia de Salud intervino Saludcoop por las inconsistencias que encontró en los informes financiero, contable y administrativo que presentó la EPS más grande del país. La decisión era necesaria y fue muy bienvenida y aún más a medida que se conocen los hallazgos de la investigación. Pero entre los acreedores de Saludcoop cundió el pánico. Este miedo se ha ido transformando con los meses en indignación a medida que algunos han comenzado a recibir mensajes de que si quieren agilizar el pago de sus deudas deben contactar a una senadora para que les ‘ayude’.
En mayo, la Superintendencia de Salud intervino Saludcoop por las inconsistencias que encontró en los informes financiero, contable y administrativo que presentó la EPS más grande del país. La decisión era necesaria y fue muy bienvenida y aún más a medida que se conocen los hallazgos de la investigación. Pero entre los acreedores de Saludcoop cundió el pánico. Este miedo se ha ido transformando con los meses en indignación a medida que algunos han comenzado a recibir mensajes de que si quieren agilizar el pago de sus deudas deben contactar a una senadora para que les ‘ayude’.
Saludcoop es la EPS con las deudas más represadas a las clínicas y proveedores de servicios médicos. Un dato de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas mostró que Saludcoop debe a las IPS un total de 156.737 millones de pesos.
La situación, que ya era grave para las IPS, empeoró con la intervención por parte de la Supersalud. A comienzos de junio el interventor Edgar Pabón anunció que el plan de pagos le daría prioridad a la cartera vencida con más de 120 días y aclaró que esa plata saldría de la venta de los activos de la empresa, cuya liquidación podría prolongarse hasta por 24 meses. Tras su anuncio, los bancos les cerraron a muchas IPS el acceso a créditos.
Desde el momento de la intervención, y antes de que Pabón hiciera este anuncio, las IPS hicieron gestiones ante la empresa intervenida para saber qué iba a ser de su futuro. La respuesta que recibieron de funcionarios de la Supersalud en dos casos que documentó La Silla Vacía fueron desconcertantes.
Saludcoop fue intervenida en mayo pasado y desde ese momento la situación para los hospitales y prestadores de servicios médicos a los que esa EPS les debía plata, ha sido complicada, tanto que al realizar gestiones han recibido ofertas de “palancas” para agilizar el trámite. El primer interventor, Edgar Pabón, (foto superior) y el superintendente Conrado Gómez (foto inferior) negaron las acusaciones y advirtieron que los pagos se están haciendo bajo estricta vigilancia.
En la Costa Atlántica
El primer caso se trata de una IPS de la Costa Atlántica que tenía una deuda vencida muy alta con Saludcoop.
Según la denuncia recibida por La Silla Vacía y para la cual el afectado aportó pruebas, esta IPS había entregado la responsabilidad a uno de sus funcionarios para que se encargara de cobrar su cartera con Saludcoop antes de que fuera intervenida y ya había logrado unos acuerdos de pago.
Tras la intervención, esta persona buscó a un funcionario en la Superintendencia de Salud para saber qué pasos deberían seguir en adelante para que los pagos se hicieran efectivos.
La respuesta que obtuvo de esta persona de la Supersalud, pero que la fuente pidió no identificar por miedo a que en retaliación los pagos se suspendan, fue que esas decisiones dependían exclusivamente de la persona que fuera nombrada como interventor (Pabón fue nombrado a los pocos días).
Pero que mientras se posesionara el interventor y se definiera el mecanismo de pago, el funcionario de la Supersalud con el que venía hablando pudiera “ayudarle” con una senadora llamada Piedad quien podría “agilizar” el pago pendiente.
La única senadora que se llama Piedad hoy en día en el Congreso es Piedad Zuccardi. Y ella, además, es la única que tendría suficiente influencia en la Costa como para hacer alguna gestión ante un ente nacional.
El acreedor, quedó tan desconcertado, que decidió no hacer nada al respecto. No sabe si la senadora Zuccardi es consciente de que su nombre fue utilizado como una posible intermediaria para agilizar un pago que en principio no debería requerir de ninguna ‘recomendación’. Ni sabe qué tendría que haber hecho para que la senadora actuara. Tampoco si este caso fue excepcional o si esa oferta fue hecha a otras IPS con deudas con Saludcoop aunque supone que hay otros casos parecidos que nadie denuncia por el mismo temor a quebrarse.
La Silla Vacía intentó contactar a la senadora Zuccardi a través de dos de sus asistentes pero ella se encuentra en Europa y no tuvimos respuesta vía electrónica.
En el Valle del Cauca
El otro caso se refiere al Valle del Cauca. Allí un proveedor que ha prestado sus servicios a Saludcoop por más de cinco años, puso una denuncia anónima ante la Procuraduría donde menciona que “un o una senadora del Valle” que respalda al interventor Edgar Pabón en el Valle del Cauca estaría tratando de direccionar los pagos de Saludcoop a ciertas IPS del departamento.
A raíz de esa denuncia, la Procuraduría llamó a empresarios de la salud del Valle y logró que quien había puesto la denuncia anónima diera la cara y ampliara la información con la reserva de su nombre. En esa ampliación, el denunciante aseguró que funcionarios de la Supersalud le pidieron el 12 por ciento del total de la deuda que tiene su IPS con Saludcoop para hacer las gestiones ante una senadora del Valle que está relacionada con el sector de la salud y así lograr agilizar los trámites de pago.
La única senadora que tiene relación con la salud y es vallecaucana es Dilian Francisca Toro y por ello los delegados de la Procuraduría pidieron más detalles. La respuesta que obtuvieron es que funcionarios de la Supersalud que se presentaban como enviados de Toro pedían el 12 por ciento de la acreencia a cambio de la mediación de la congresista ante Pabón. Y ofrecían como ‘garantía’ que Pabón había sido nombrado interventor porque era el ahijado político de la Senadora.
Esta información fue enviada por la Procuraduría a la Corte Suprema de Justicia para que indague si hay o no mérito para iniciar una investigación contra la Senadora.
La senadora Toro es una de las personas más influyentes en el sector de la salud en Colombia. Por ejemplo, cuando Conrado Gómez fue nombrado como Superintendente de Salud, CM& dijo que Gómez era “muy pero muy vinculado a la doctora Dilian Francisca. Siempre ha hecho parte de sus cuadros directivos políticos y ha integrado sus equipos electorales de trabajo”.
Y cuando el Superintendente nombró a Pabón como liquidador de Saludcoop nuevamente surgió el nombre de la senadora Toro porque Pabón, como la senadora, es médico. Y había sido el liquidador de la EPS CaliSalud, de la Alcaldía de Cali, que siempre había sido considerada un fortín político de la senadora.
La senadora Toro también está de viaje y no pudo hablar directamente con La Silla Vacía. Pero su abogado, Iván Cancino, aseguró a este medio que Pabón y Toro se conocen porque son colegas, pero no son cercanos. También aseguró que Pabón no era su cuota política y que su nombramiento no tuvo relación con ella.
Y sobre las denuncias de que la Senadora Toro tuviera influencias para lograr los pagos a las IPS, Cancino negó tajantemente las acusaciones y dijo que casos como éste ya se habían presentado en Córdoba donde también acusaron a Toro de tramitar pagos en una entidad intervenida. Cancino dijo que ese caso fue puesto en conocimiento de la Dirección Nacional de Fiscalías para que investigara de dónde salió esa información y que en este caso harán lo mismo.
Por su parte, Pabón dijo a La Silla Vacía que conocía sobre la denuncia del Valle pero cree que se trata de una persecución de los antiguos dueños de Saludcoop por las medidas que él tomó como interventor.
“Es absurdo que alguien pueda intervenir porque se hicieron planes de pago y todo esto fue publicado en la página web de Saludcoop”, explicó Pabón, quien fue interventor durante mes y medio y ahora fue nombrado Vicepresidente Científico de Saludcoop. “Dentro de la distribución de pagos fue muy poco lo que pude cambiar porque la prioridad era la atención a los pacientes”.
La respuesta del Superintendente
El Superintendente Conrado Gómez dijo a La Silla Vacía que su entidad le hace un seguimiento estricto a las entidades intervenidas y que no es cierto que haya intermediarios para lograr el pago de las deudas.
Gómez sabía sobre la denuncia ante la Procuraduría pero no conocía su contenido porque existe reserva legal en ese tema, y tampoco conocía la que llegó a La Silla Vacía. Pero el 22 de junio pasado la Superintendencia pagó un aviso en El Espectador advirtiendo que no habrá ningún tipo de intermediación en el manejo de la cartera de Saludcoop. Un aviso similar está publicado en la página web de Saludcoop, lo que permite suponer que existen personas inescrupulosas que ofrecen esa intermediación.
“Desde el primer momento les pedí a los dos interventores (Edgar Pabón y Wilson Sánchez) que advirtieran que no hay intermediación alguna. Así lo hice yo también en las reuniones con los proveedores”, dijo Conrado y aclaró que por esa razón se han publicado las listas de los acreedores en medios nacionales.
Además, insistió en que existe un buzón en la página web para que quien tenga conocimiento sobre algo así lo denuncie.
El nuevo interventor, Wilson Sánchez, anunció la semana pasada un nuevo plan de pagos a proveedores de insumos y medicamentos, y a las redes pública y privada de prestadores de servicios hospitalarios, que consiste en pagar en las condiciones comerciales ya pactadas y comenzar por las deudas vencidas, en orden de antigüedad. Y ayer, dijo que la intervención de Saludcoop se demorará un año más porque todavía no han logrado sanear la compañía.
En la práctica, la mayoría de acreedores siguen esperando su plata. Precisamente las dos denuncias provienen de proveedores que no han recibido ningún pago hasta ahora. Del Superintendente de Salud dependerá que no quede duda que los que sí reciban su pago pronto no hayan contado con una ‘palanca’.
