El Censo Electoral quedó en 29.882.147 para las elecciones de Congreso del 14 de marzo. Una cifra que a los uribistas les molesta, pues implica que si, por un milagro, el referendo alcanza a salir a las urnas el 13 de marzo tiene que convocar a siete millones y medio de votantes por el sí o por el no. Si la consulta popular no supera este umbral, así una mayoría apoye la reelección, el referendo no es válido. Por eso los reeleccionistas están urgidos en reducir el número de cédulas habilitadas para sufragar y quieren que si hay referendo, el Registrador haga un nuevo corte de censo, mucho más depurado. El Gobierno aprobó en diciembre una partida extra de 34 mil millones de pesos para que la Registraduría visite 824 municipios del país y revise los certificados de defunción para eliminar los muertos del censo. Pero la plata llegó tarde. El Registrador Carlos Ariel Sánchez sólo tendría dos meses para hacer un proceso que originalmente estaba programado para siete meses. Incluso tiene menos tiempo, pues la ley establece que el censo electoral que va a regir una votación debe publicarse con un mes de antelación. Así, nuevamente el cronómetro va en contra de la reelección.
