En su discurso del primero de mayo, Gustavo Petro fue particularmente duro contra los empresarios. Vaticinó que si no pasaban las reformas pensional y de salud que el gobierno propone, los fondos de pensiones y las EPS se acabarían. Dijo que los empresarios decían mentiras respecto de la reforma laboral, los llamó “esclavistas”, y como si todo eso no fuera suficiente, amenazó con la disyuntiva de sus “reformas o la revolución”.
Los empresarios tomaron nota. Y en pocas horas, las palabras de Petro lograron unir al Consejo Gremial, que como ha contado La Silla, vive una división sobre cómo deberían relacionarse los empresarios con Casa de Nariño.
La reunión de emergencia
A las siete de la mañana del martes, medio día después del “balconazo”, el Consejo Gremial Nacional convocó a una reunión virtual extraordinaria a los 32 miembros. Pocas horas después, a las tres de la tarde, lanzaron un comunicado que hace un fuerte llamado al presidente.
“Le hacemos un llamado como jefe de Estado a cumplir con la obligación constitucional de simbolizar la unidad nacional y a respetar el equilibrio de los poderes públicos. Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista y, por tanto, es su deber garantizar el orden político, económico y social del país”, dice el comunicado del CNG.
El @ConsejoGremial hace una llamado al Presidente de la República, a defender la democracia, sus instituciones y el Estado Social de Derecho en cumplimiento de la Constitución y la Ley pic.twitter.com/CgVt6OmUe5
— Consejo Gremial (@ConsejoGremial) May 2, 2023
“Convocaron la reunión y todo el mundo estaba de acuerdo con que hay que hacer un llamado a defender la democracia”, dijo a La Silla uno de los que asistió y lo confirmaron dos asistentes más.
Y no solo le hicieron este fuerte llamado sino que sintieron la necesidad de recordarle al presidente su contribución al país. “El sector empresarial del paı́s además de contribuir con el pago de impuestos apoya el crecimiento económico y social, a la competitividad y productividad de las regiones, generando empleo formal y bienestar a través de la fiinanciación de programas de responsabilidad social y valor compartido a favor de la población de menores ingresos en todas las regiones de Colombia”, dice el comunicado del gremio de gremios.
Este no es el lenguaje que usa normalmente un gremio frente al Presidente, pero rápidamente se construyó un consenso entre los representantes gremiales de que la oportunidad ameritaba marcar un límite frente a la retórica antiempresarial del mandatario. Y sobre todo, a su incitación a revivir los paros del 2019 y 2021 que paralizaron el país con un altísimo costo para la economía.
“Preocupa la posibilidad de pasar de las coaliciones, de la concertación, del diálogo a la exaltación de masas”, dijo María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de la Cámara Colombo Americana y la presidenta de Aliadas, un gremio que reúne a 40 asociaciones empresariales.
Las corrientes entre el empresariado
En el Consejo Gremial están representados 32 gremios y llevan meses divididos alrededor de cómo posicionarse frente al gobierno.
Unos —encabezados por el presidente del gremio Germán Arce, exministro de energía de Santos— consideran que es clave para el país y para el sector privado mantener espacios de comunicación y de diálogo con el gobierno, así esto implique un alto nivel de tolerancia con los desplantes del presidente y con su discurso contra la actividad privada. Creen que lo que más les conviene es pasar agachados para no convertirse en saco de boxeo de Petro, y buscar oportunidades de colaboración.
Por otro lado, están los que como Bruce Mac Master, presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi), quieren que haya posiciones más fuertes en contra el gobierno, como él lo hizo durante el trámite de la reforma tributaria, sin que eso signifique cerrar el diálogo. Consideran que así tengan que pagar un costo en la confrontación con el gobierno, marcar esos límites es clave para evitar que salgan reformas malas que luego el país tenga que lamentar.
Ambos grupos tienen argumentos a su favor.
A favor de buscar el ‘apaciguamiento’ está lo que lograron los bancos. Luego de un par de mensajes de Petro en contra de las altísimas tasas de interés de los créditos, al menos ocho bancos bajaron a la mitad sus tasas. Esa fue la antesala para que el gobierno se aliara con esos bancos tradicionales, y también las fintech, para ofrecer créditos baratos con respaldo del Estado.
También está el ejemplo de la relación que se está construyendo con Fedegán para la compra de tierras, que tiene como contracara la aceptación de José Félix Lafourie de sentarse en la mesa con el ELN.
Pero a favor de las posturas duras, está lo que logró Mac Master con su mega encuesta sobre las EPS que le abrió un hueco gigante a la narrativa de Petro de que “los colombianos” odiaban a las prestadoras de salud, y marcó una inflexión en el debate de la polémica reforma. O lo que consiguió Guillermo Herrera, el presidente del gremio de la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), que salió a medios a protestar por el fin del subsidio de vivienda de Mi Casa Ya. Con eso logró que el gobierno instalara unas mesas técnicas y que la ministra de Vivienda pidiera un presupuesto extra para ese subsidio.
En todo caso, ni la vía conciliatoria ni la más confrontacional han logrado mejorar de manera estructural la relación de Petro con el sector privado. Y es que mientras en administraciones anteriores, el sector privado era visto como un aliado fundamental para el desarrollo del país, en el de Petro es percibido como un obstáculo para el cambio. Su preferencia es por jalonar el crecimiento económico de la mano de la “economía popular”, contratando con empresas comunitarias e informales muchos de los servicios que hoy presta el sector privado.
“Al ser el primer presidente de izquierda elegido en Colombia, los ánimos de resistencia son altos, grandes, y provienen de grupos muy privilegiados, sobre todo por el dinero público. Cuando proponemos volver a un mayor peso de la política pública, de la sociedad, para garantizar los derechos de salud, de las pensiones… entonces estos grupos reaccionan, se organizan”, dijo Petro en una entrevista ayer a El País en España.
Un presidente antiempresarial
Es cierto que el Presidente acude a varios de los eventos gremiales, pero rara vez su discurso en estos foros ha sido para proponerles un camino de trabajo conjunto. Normalmente, aprovecha el espacio para ofenderlos. Por ejemplo, a los bancos los responsabilizó del gota a gota y en el congreso minero comparó la explotación minera con el negocio de la cocaína.
Sus ministras tampoco han sido amables con ellos. La minMinas, por ejemplo, les ha dicho a los del sector petrolero que lidera que no van a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. La de Trabajo dijo en una entrevista a Blu Radio que “hemos tenido una clase empresarial tacaña, que no ha sido generosa”. Y la exministra de Salud, Carolina Corcho, publicó en sus redes un mensaje que después borró en contra de los privados: “las EPS no curan, las EPS facturan”; y presentó la reforma a la salud sin haber atendido para discutirla a Acemi, el gremio de las EPS.
Y de ese tono agresivo han pasado a acciones concretas. Por ejemplo, cuando Rappi se negó a negociar con sus sindicatos, el ministerio de Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez, abrió una investigación en contra de la plataforma, por una denuncia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Unidapp, el sindicato de esas apps.
Juan Fernández, consejero presidencial en temas de competitividad y el puente en Casa de Nariño con los empresarios, le dijo a La Silla que “el presidente no está en contra de los empresarios. Lo que debe suceder es que en los momentos buenos, y no tan buenos siempre hay que mantener la comunicación. El presidente sabe, y los empresarios lo han venido entendiendo, que para hacer una serie de reformas hay que trabajar juntos”.
Una de las fuentes gremiales le confirmó a La Silla que a pesar de los desplantes que han sufrido, los canales de comunicación con el gobierno siguen vivos a través de los ministros de las carteras económicas como los de Hacienda, Comercio y el Departamento Nacional de Planeación. Y en Palacio, con Juan Fernández y Laura Sarabia, jefe de gabinete.
“Hay que sentarse a dialogar para propiciar las reformas que permitan ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la protección social”, dice Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, el gremio de los aseguradores. “Esta semana todos debemos concentrarnos en el Plan de desarrollo, que es una buena muestra de qué se pueden hacer grandes reformas en el marco de la separación de poderes”.
Ante los mensajes de Petro, empresarios son cautelosos
“Hay dos tipos de Petros. El del balcón y uno más moderado. Por eso nosotros vemos con cautela lo que dice a ver hasta dónde va ir”, dijo a La Silla una directiva del sector de salud. En otras palabras, quieren ver si se le aplica al presidente el dicho de que “perro que ladra no muerde”, o si realmente llevará su retórica a medidas abiertamente lesivas.
La Silla entrevistó para esta historia a cuatro líderes gremiales. Y los cuatro dijeron que por ahora la decisión que observan en sus afiliados es la de no tomar decisiones arriesgadas con sus inversiones mientras ven las posiciones de los nuevos miembros del gabinete, sobre todo del nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien tiene en sus manos mantener la estabilidad macroeconómica del país. Y lo que suceda con las reformas a la seguridad social.
“El respeto a las instituciones democráticas son mensajes tanto para la sociedad como para los mercados y enviar mensajes contrarios genera incertidumbre en empresarios e inversionistas que requieren de certeza y visión de largo plazo para desarrollar sus proyectos que, en el fondo, son empleos y con ello ingresos sostenibles que contribuyen a la reducción de la pobreza”, explicó Lacouture.
A marzo de 2023, Colombia tenía 22 millones de personas ocupadas, entre las que entran los informales y los formales. De esos, 9,6 millones están contratadas por el sector privado y apenas 924.000 personas por el sector público. El resto están repartidos entre informales, empleados domésticos y jornaleros.
Por ahora, el discurso del presidente contra el empresariado no ha calado en la población. En la Invamer, la percepción del sector privado ha mejorado 9 puntos desde la posesión de Petro (pasó del 51 al 58 por ciento de aprobación). En la de Edelman Trust, el 68 por ciento dice que confía en las empresas y en la del CNC de El Tiempo y el laboratorio empresarial Universidad del Rosario, el 66 por ciento dice sentirse “orgulloso” de las empresas.
En el nuevo “campo de batalla” del que habla Petro, en el que tendrá que sortear una arriesgada apuesta política para liderar con los suyos, los empresarios encontraron motivos para alinearse. Mientras tanto, aguardan señales del gobierno para definir su estrategia a futuro.
