En 2018, al terminar el gobierno de Juan Manuel Santos, había seis colombianos con asientos en los nueve comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Cuatro años después, al entregarle su sucesor Iván Duque el poder a Gustavo Petro, solo deja uno – y uno cuyo período terminará en cuatro meses.
Aunque los elegidos para estos comités no representan a sus países y fungen como expertos independientes, con la misión de monitorear el cumplimiento de cada país firmante de los nueve tratados de derechos humanos de la ONU, para llegar ahí deben ser nominados por sus gobiernos. Eso significa que, en la práctica, su escogencia se suele considerar una victoria diplomática y una oportunidad para promover expertos locales y ocupar espacios estratégicos para la política exterior del país.
Más allá de que Colombia haya perdido esos asientos, es llamativa la manera como ocurrió: solo uno de los seis fue postulado –sin éxito- para la reelección por el gobierno Duque, que en la mayoría de casos tampoco llevó a otros candidatos propios. Ese desinterés contrasta con la aspiración de su última vicecanciller, María Carmelina Londoño, a quien el gobierno Duque dejó postulada para un encargo de un año en otro de esos comités, para lo que ahora necesita el respaldo político de Petro.
La primera en ser marginada fue María Clara Galvis, una profesora de derecho constitucional del Externado, que llevaba cuatro años en el comité sobre desaparición forzada y ya era su vicepresidenta, por lo que tenía buenas opciones de ser reelegida en 2019. Le ayudaba incluso que, faltando un día para el cierre de candidaturas, había cuatro nombres para cinco vacantes.
Sin embargo, la Cancillería colombiana no apoyó su aspiración. Galvis le contó a La Silla que le pidió una cita a la entonces vicecanciller Adriana Mejía para solicitarle que el gobierno la postulara, pero que nunca recibió una respuesta. “Su secretaria decía que estaba en la lista de [espera de] citas. Nunca salí de la lista”, dice.
No importó su trayectoria en el tema, tras haber sido la autora en el comité de los principios rectores de la búsqueda de desaparecidos, junto con su colega alemán Rainer Huhle. O su experiencia previa trabajando durante una década en dos ong latinoamericanas especializadas en litigio en derechos humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), además de en la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura, donde fue magistrada auxiliar del nuevo ministro de justicia Néstor Osuna.
Algo similar le sucedió a otros dos expertos colombianos.
Álvaro Botero Navarro había estado desde 2018 en el comité sobre protección de los derechos de los trabajadores migrantes, pero no fue nominado por el gobierno pasado, pese a que esa era una de las prioridades de política exterior de Duque.
Botero, un abogado barranquillero, venía de trabajar por una década en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la relatoría sobre derechos de los migrantes y enseña derecho de los refugiados y derecho internacional de la migración en la Universidad American de Washington.
Pese a ser vicepresidente de su comité y estar en línea para liderarlo, ya que la presidencia rotatoria le correspondía a América Latina, no recibió siquiera una respuesta a los mensajes que envió a la Cancillería antes de la fecha de cierre. Al final solo hubo seis candidatos para siete plazas (y debieron buscar al último extemporáneamente), por lo que hubiera resultado electo sin necesidad de campaña.
Lo mismo le ocurrió a Pastor Murillo, un abogado chocoano que llevaba desde 2008 en el comité para la eliminación de la discriminación racial (que, a diferencia de los demás, permite múltiples reelecciones).
En 2019, buscó a la vicecanciller Mejía quien –según él- recibió su solicitud positivamente y le dijo que únicamente debía consultar con el Ministerio del Interior para responderle.
Murillo –quien había trabajado durante dos décadas entre Cancillería y el Ministerio del Interior, donde fue dos veces director de asuntos afrocolombianos (incluyendo una durante el gobierno de Álvaro Uribe)- cuenta que no volvió a saber de ella y luego encontró que Cancillería había postulado a otro candidato. Sin embargo, Colombia terminó retirando la nominación –de un profesor de Uniminuto llamado Pablo Emilio Luna- antes de la elección.
“No hubo una explicación”, dice Murillo. Irónicamente, Mejía –quien también fue vicecanciller durante el segundo gobierno Uribe- era quien lo había nominado hace 14 años.
En el comité, Murillo venía liderando el trabajo sobre perfilamiento racial en el sistema de política criminal y el sesgo racial de los algoritmos de inteligencia artificial, dos temas que quedaron plasmados en un documento de recomendaciones de 2020. También era el vicepresidente de su comité y también esperaba dirigirlo porque le tocaba el turno a un latinoamericano.
El año pasado, volvió a pedirle a Cancillería que lo nominaran en la elección de junio, pero terminó desistiendo cuando le ofrecieron otro cargo –que no requería el respaldo del gobierno colombiano- como asesor en el Foro Permanente de Afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Tampoco repetirá Carlos Parra Dussán, quien fue director del Instituto Nacional para Ciegos (Inci) bajo Santos y continuó con Duque. Este abogado y profesor de la Universidad Sergio Arboleda, quien perdió la vista en un accidente, estaba desde 2015 en el comité de derechos de personas con discapacidad.
El único al que volvió a postular el gobierno Duque fue a Diego Rodríguez-Pinzón, quien estaba en el comité contra la tortura desde 2017 pero no resultó elegido el año pasado para un nuevo periodo. Rodríguez —que lleva dos décadas en la Universidad American, donde lidera la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y además trabajó en la CIDH— no respondió a mensajes de La Silla, pero una persona que conoce como funcionan estas elecciones dice que el gobierno no lo apoyó.
Ese panorama llevó al menos a otro experto a decidir no pedir un nuevo aval. Consciente de que casos como el de Galvis, Botero y Murillo mostraban que el gobierno Duque no parecía interesado en evaluar el desempeño de los expertos colombianos (o que lo estaba en castigar las aspiraciones de sus críticos, como había ocurrido con la ex canciller María Ángela Holguín cuando quiso buscar la Secretaría General Iberoamericana), el jurista Rodrigo Uprimny —fundador de DeJusticia y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional— no buscó ser postulado de nuevo al comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que había sido elegido en 2014 y reelecto en 2018.
“Yo podía haber aspirado a una segunda reelección, pero ya sabía que la posición del gobierno Duque —no sé si explícita o implícita— era que todos los que no viera como cercanos o que hubieran sido presentados por el gobierno Santos no serían apoyados. Sabía de varios casos, incluso de gente que no había tenido posturas públicas críticas frente al gobierno”, le dijo Uprimny a La Silla. Su periodo expira en diciembre y ningún funcionario del gobierno Duque lo buscó antes de la elección en abril.
Buscada por La Silla, Adriana Mejía —hoy embajadora de Colombia ante la Ocde en París— respondió que requería una autorización de prensa de Cancillería para hablar de la decisión de no volver a nominar a los expertos colombianos y de las solicitudes no atendidas de hablar con ella. Al momento de publicación no había una explicación más amplia.
Consultada sobre su aspiración a ser experta independiente, María Carmelina Londoño confirmó que el gobierno Duque la postuló para ocupar el asiento en el comité de derechos humanos de la peruana Elizabeth Salmón, quien renunció antes de terminar su periodo de cuatro años. “Dado que la elección es en el mes de septiembre, por supuesto que la idea es que el nuevo gobierno pueda respaldar esa postulación en la medida en que se solicitó que fueran mujeres, expertas en derecho internacional de los derechos humanos —que es concretamente mi experticia— y que pudieran representar a los países latinoamericanos”, le dijo Londoño a La Silla, insistiendo en que su perfil es más técnico que político. “Mi perfil se ajustaba a las condiciones, tanto por la maestría como el doctorado en derecho internacional en derechos humanos y los 20 años de experiencia en este campo”.
También afirmó que a ella no le tocó ninguna nominación mientras fue vicecanciller y que ningún experto le solicitó respaldo, aunque el proceso del comité donde está Uprimny cerró el 10 de diciembre pasado —un mes después de que ella reemplazara a Mejía en Cancillería— y la elección fue en abril.
El desinterés de la Cancillería por reelegir a los expertos colombianos contrasta con los esfuerzos fallidos de Duque por llevar a personas cercanas a cargos internacionales, incluyendo a su ex colega en el Senado Éverth Bustamante como comisionado de la CIDH y a su ex director de UTL Andrés Barreto como magistrado de la Corte Penal Internacional. Ambos salieron mal parados en los informes de los comités externos de evaluación, que juzgaron que no tenían los conocimientos o la experiencia requeridos. El año pasado el gobierno se anotó finalmente una victoria tras nominar al ex magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Bernal, a la CIDH.
Varios de los expertos salientes lo ven como un desdén por el sistema de Naciones Unidas, por los derechos humanos y por el proceso de paz alrededor del cual Santos había centrado su política exterior. En palabras de María Clara Galvis, “ahora estamos en cero. [El gobierno Duque] dejó perder todos esos espacios”.
