El presidente Iván Duque dio un auto-diagnóstico de su Gobierno en una entrevista a El Tiempo el domingo, justo después de una semana agridulce políticamente: la coalición aprobó su reforma tributaria, pero a las 24 horas por falta de apoyo político, el mandatario tuvo que pedirle la renuncia a su amiga y ministra, Karen Abudinen.
Duque hizo una férrea defensa de su gestión. Y reveló, una vez más, una imagen propia y de su mandato lejana de la que tienen la mayoría de colombianos.
Este presidente ha sido calificado por analistas y políticos que lo conocen como una persona terca. Diana Calderón –en su libro entrevista De Frente y a Fondo– dice que es alguien con “una mirada sobredimensionada de sí mismo”; y el analista senior de El Tiempo, Ricardo Ávila, señala que es “muy llevado y motivado de su parecer”.
Varias de las respuestas que entregó a El Tiempo muestran ese carácter. Una defensa de sus políticas que seguramente repetirá esta semana fuera de Colombia, en España y luego en la Asamblea de la ONU en Nueva York
Contexto
Su tributaria “histórica”
La Ley de Inversión Social es, quizás, la ley social más importante que se ha aprobado en Colombia en este siglo y, por qué no decirlo, en los últimos 50 años.
Si los cálculos del Gobierno son correctos, a partir del 2023, por cuenta de esta reforma, el país recogerá 15.2 billones de pesos adicionales. Será, efectivamente, una reforma con un recaudo alto, comparada con las aprobadas en este siglo.
Sin embargo, esto se logró a pesar del presidente Duque. El proyecto de ley tuvo que reescribirse después del intento fallido del exministro Alberto Carrasquilla, de una tributaria que hacía modificaciones estructurales y que desató el paro. El recaudo adicional, además, se debe a los empresarios, que propusieron que los gravaran a ellos.
En cuanto a su efecto social, la tributaria de Duque es novedosa en que alarga la vida del subsidio no condicionado más grande en el país, el Ingreso Solidario.
Pero dado que la mayoría de los programas sociales que quedaron en la reforma tienen extensión hasta 2023 (salvo el programa de las matrículas gratis a estratos 1, 2 y 3), el carácter histórico en lo social de la reforma dependerá de que el próximo Gobierno pase una ley para hacerlos permanentes. Una reforma que será necesaria, pues ésta no soluciona los problemas fiscales de fondo.
Por otro lado, esta es una reforma que va en contra de la filosofía económica con la que se eligió el presidente Duque, bajar impuestos a las empresas para generar crecimiento económico y empleo.
Pero, como le dijo en esta charla a La Silla la doctora en Economía, María Fernanda Valdés, después de esta tributaria Colombia es uno de los países que más impuestos cobra a las empresas, al nivel de Cuba y Nigeria. Algo que es un riesgo para la competitividad, pues una tributación empresarial demasiado alta desestimula a las empresas a invertir más plata y crear más empleo.
Insiste en que sí está implementando el Acuerdo
La implementación (del Acuerdo) sigue siendo para nosotros muy importante dentro de nuestra agenda de Paz con Legalidad. No solamente tenemos ya récords en Obras por Impuestos, sino también en proyectos productivos individuales y colectivos.
Duque defiende la forma de implementar el Acuerdo sobre la base de que ha hecho más en estos tres años que el gobierno Santos. Su visión, de todos modos, contrasta con varios hechos y cifras.
Según el instituto Kroc, que hace seguimiento a la implementación, entre 2019 y 2020 el avance fue del 2 por ciento, llegando al 28 por ciento en los últimos cinco años.
Duque muestra avances como la extensión del pago de casi un salario mínimo a los excombatientes; o la adquisición de varios de los terrenos donde están asentados miles de ellos desde que se desmovilizaron, lo que facilitará la ejecución de algunos proyectos productivos.
Pero, de 41 normas para reglamentar el Acuerdo, el Gobierno Duque solo radicó una en la última legislatura, de Especialidad Agraria, que Palacio dejó hundir con el apoyo de la coalición en el Congreso.
El Gobierno Duque le quitó el espíritu político a lo pactado en La Habana e implementa solo los aspectos que considera que encajan en su visión de país. Un conjunto de medidas técnicas, con avances por sectores, como el de transporte y vías, pero no una transformación real en territorios.
A eso se suma que en las zonas Pdets ocurren el 25 por ciento de los homicidios a nivel nacional. Entre marzo y junio de este año fueron asesinados 16 excombatientes, de un total de 278 desde la firma del Acuerdo.
El componente social de la estrategia de seguridad de Duque para impactar los territorios, llamada Zonas Futuro, apenas está en implementación en una de las cinco regiones priorizadas.
Esta mañana, en la presentación de su tercer informe de seguimiento a la implementación, la Procuraduría dijo que era “imperante” mejorar las condiciones de seguridad. Y denunció que el avance de la entrega de tierras solo va en un 0.3 por ciento de cumplimiento.
¿Un campeón contra la corrupción?
Este gobierno ha hecho las reformas anticorrupción más importantes de los últimos años: sacó adelante el hacer obligatoria la publicación de las declaraciones de renta y los conflictos de intereses de los altos funcionarios; promovió la rendición de cuentas; le puso fin a la casa por cárcel de los condenados por corrupción.
Una de las banderas de Duque para sacar pecho y el espejo retrovisor frente a su antecesor, Juan Manuel Santos, es la bandera anticorrupción. Justamente el escándalo que lo obligó a sacar a Abudinen rayó su teflón de político sin escándalos de plata. Pero la agenda anticorrupción que enarbola vino de fuera de su Gobierno: del mandato de los 11 millones de votos de la Consulta Anticorrupción de 2018.
A pesar de que Duque dijo que las siete propuestas votadas serían prioridad en el Congreso, el Gobierno se demoró año y medio en sacar cuatro de los siete proyectos. De ahí es que salen las leyes para que los funcionarios publiquen su declaración de renta y sus conflictos de intereses, así como la eliminación del beneficio de casa por cárcel para corruptos.
De todos modos, agendas propias, como el proyecto de transparencia de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, que en el papel evitaría actos corruptos y facilitaría mecanismos de denuncia, lleva dos meses esperando su segundo debate en la plenaria del Senado.
Duque no ha logrado enarbolar esa bandera como propia. Según la última Invamer, la corrupción es el tema que más preocupa a los colombianos por encima de la misma pandemia.
Considera que tiene al Congreso de su lado
Nuestro Gobierno ha demostrado, a lo largo de estos tres años, que ha sacado adelante reformas muy importantes para el país. Hemos sacado, en el Congreso, la Ley de Inversión Social, la primera reforma de la justicia en 25 años, una nueva ley de vivienda, un Código Electoral, un Código de Procedimiento Administrativo. (…) La mayor evidencia frente a la pregunta que usted hace es que la moción no prosperó.
En términos de reformas, el Gobierno Duque ha sido más bien parco. Tres tributarias en tres años (la de 2018 la tumbó la Corte) son el resultado más exitoso. Todo, con una coalición que no ha sido nunca una aplanadora.
Arrancando mandato tuvo una estrepitosa derrota, con las objeciones a la Justicia Especial para la Paz. La primera reforma a la justicia se cayó y su ministra Gloria Botero renunció por eso. Con la reforma política el Gobierno perdió el pulso con el Congreso al quitarle su corazón, que era la lista cerrada.
Su más ambiciosa reforma tributaria, la que radicó su exministro Alberto Carrasquilla en marzo, provocó el paro más prolongado de la historia reciente. Esto hizo que, por primera vez en tiempos recientes, un mandatario pidiera el retiro del articulado de una tributaria ya presentada. Luego tuvo que cambiar una tercera parte del gabinete, para darle aún más cuotas a los partidos de la coalición, para volver a ganar gobernabilidad.
El mencionado reformismo de Duque no solo ha enfrentado obstáculos en el Congreso. A pesar de haber cumplido con su promesa de campaña de aprobar la cadena perpetua para violadores, una reforma constitucional en la que el Gobierno invirtió capital político en el Congreso, al final la norma fue declarada inconstitucional y supuso un golpe a su Gobierno.
La coalición sí le ha servido a Duque para que el Senado y la Cámara elijan por amplias mayorías a exfuncionarios o amigos del presidente en altos cargos públicos. Así ocurrió con la procuradora Margarita Cabello –su exministra de Justicia–; la magistrada de la Corte Paola Meneses –su amiga del colegio–; el defensor del Pueblo, Carlos Camargo –a quien le dio el guiño en la terna–; y el magistrado de la Corte, Jorge Ibáñez.
Pero, más recientemente, la razón política por la cual salió su ministra Abudinen fue la falta de apoyo de los partidos. Y la estrategia de Palacio viró de salvarla con votos, a evitar un golpe simbólico en la Cámara con la aprobación de la moción el viernes. Una situación que ya le había ocurrido con el exministro Guillermo Botero.
Cree que tiene mucho apoyo
Son muchos los sectores de la ciudadanía, y también del partido (Centro Democrático), que han respaldado esa agenda de Gobierno que procuramos cumplir todos los días.
La visión del presidente se estrella con las mediciones de las últimas encuestas. La última Invamer lo sitúa con un 75 por ciento de desaprobación en agosto. Un máximo que ninguno de sus antecesores ha tenido desde que se realiza la medición hace casi 30 años.
Incluso, mediciones más benévolas con su Gobierno, como la de Guarumo, lo situó con un 58 por ciento de imagen negativa. Además, dos paros nacionales –el último con más de un mes de duración– contra sus políticas muestran una falta de unidad alrededor de su visión de país.
Duque tampoco tiene las mayorías de su partido. Muestra de eso es que para el 2022 el Centro Democrático, y su padrino político, Álvaro Uribe, no tendrán como principal bandera de campaña el continuismo del Gobierno que llevaron al poder. Además que luego de varios meses de tensiones, fue el mismo Uribe el que hizo pública la crisis de la relación con Palacio durante el paro de mayo.
Insiste en que es un presidente de centro
Siempre me he declarado una persona de extremo centro. Así estructuramos un programa de Gobierno, de legalidad, emprendimiento y equidad.
Duque siempre se ha presentado como un presidente moderado y dice que es de centro. Insiste en que no debe promoverse la “política del odio” y señala directamente a extremos políticos en la izquierda, con el senador Gustavo Petro; y en la derecha con su copartidaria y precandidata, María Fernanda Cabal.
Pero el presidente es en esencia un político de derecha. Tiene una idea conservadora de la dignidad presidencial, como algo que se consigue de forma automática y no se gana. Se califica como un creyente en el Dios católico y encomendó al país en un discurso público a la virgen de Chiquinquirá.
En asuntos de libertades personales, no apoya el consumo recreativo de marihuana y buscó prohibir la dosis mínima. Tampoco avala la despenalización total del aborto. En cambio, ha agitado la bandera del populismo punitivo con la cadena perpetua para violadores de niños.
En seguridad, apoyó toques de queda en Cali y Bogotá en el primer paro de 2019. En las últimas manifestaciones y bloqueos, ordenó el uso de militares en municipios y ciudades (aunque varias capitales no los utilizaron). Y una de sus principales apuestas contra el narcotráfico es la aspersión aérea -que sigue embolatada-.
Y solo con el objetivo de lograr consensos para la tributaria, rompió su promesa de no grabar con más impuestos al sector privado, de donde proviene parte de su respaldo institucional.
