Un poco porque el Gobierno no se ha movido, un poco por la falta de liderazgo de los presidentes de las cámaras y un poco por las particularidades de la virtualidad.
Con una Corte Constitucional que dentro de dos o tres semanas se empezará a pronunciar sobre la revisión automática que debe hacer al decreto presidencial que declara el estado de emergencia y los que han salido amparados bajo éste, y un Congreso que prácticamente no funciona, el presidente Iván Duque está gobernando sin control.
Al menos, por ahora. En lo que el alto tribunal hace su revisión y el Legislativo -que también tiene a cargo revisión automática- resuelve su debate interno sobre las sesiones virtuales.
Mientras tanto, Duque declaró la emergencia económica (y se decretará otra, según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla) y con su sombrilla ha sacado más de 70 decretos sin que se conozca hasta el momento el concepto de sus contrapesos respecto a su legalidad.
El caso puntual del Congreso contrasta con lo ocurrido en países como Chile y Perú, que sacaron leyes para viabilizar sus sesiones; e incluso Estados Unidos y Francia, donde hay más víctimas mortales por el coronavirus, pero los respectivos congresos no pararon.
Y aunque cuenta con un año para revisar los decretos expedidos por Duque, juristas expertos como Esteban Hoyos de Eafit y Rodrigo Uprimny de Dejusticia, opinan que, más allá, en un momento como este la corporación podría estar además legislando medidas que también le apunten al alivio de quienes más están padeciendo la crisis.
Con la Corte Constitucional, el Congreso es el que le hace control a las normas que saca un Gobierno en un estado de emergencia. De acuerdo con la Constitución, debe hacer dos cosas:
La primera es avalar un informe que el Gobierno le debe enviar sobre las motivaciones que lo llevaron a decretar la emergencia por un mes desde el 17 de marzo. Esto lo puede hacer a través de una plenaria donde el Congreso avale dicho informe.
La segunda, que dura más tiempo, es cambiar o tumbar los decretos que el Gobierno ha sacado. Para eso tiene un año, ya que en el marco de la emergencia todo lo que expidió el presidente Duque y sus ministros se convierte automáticamente en ley.
Unas labores similares, pero de corte jurídico, las tiene la Corte Constitucional, que desde mediados de marzo comenzó a recibir los decretos que expidió el Gobierno para declarar su legalidad.
En este caso, si la Corte tumba un decreto o uno de sus artículos, su decisión prevalece sobre lo que diga el Congreso.
Tras hablar con nueve congresistas de coalición y oposición y fuentes en el Gobierno, encontramos tres palos palos en la rueda que ayudan a entender la inoperancia del Congreso, que apenas empezó a votar proyectos en comisión (todavía no en plenaria) y a retomar parte de su actividad la semana pasada, tras poco más de un mes encuarentenado.
Primer palo: el Gobierno ha hecho lo mínimo para que el Congreso sesione
Con la emergencia declarada, el 28 de marzo el Gobierno emitió un decreto que permitió que los cuerpos colegiados, como el Congreso, mantuvieran sus servicios, pero de manera virtual.
Eso sucedió casi dos semanas después de que el Congreso debía comenzar sesiones y 10 días luego de que cerca de 50 congresistas de todas las vertientes le pidieran a Duque una norma exclusiva con todos los detalles, para despejar las dudas y el debate jurídico que se anticipaba con el asunto de las sesiones virtuales.
“Salió algo muy escueto, porque nosotros habíamos pedido una cosa mucho más detallada, ellos tomaron la decisión de hacerlo así. Eso dio más chance a la especulación y las dudas jurídicas”, nos dijo al respecto la representante verde e impulsora de la carta, Juanita Goebertus.
La postura del Gobierno, a través de su ministra del interior, Alicia Arango, es que “es el mismo Congreso como rama independiente el que tiene que decidir cómo sesionar”.
Eso es llamativo, por decir lo menos, teniendo en cuenta la relación de dependencia histórica que ha existido entre las dos ramas y que, cuando al Gobierno le conviene porque quiere impulsar algún proyecto, no duda en mandar a sus ministros y otros altos funcionarios a patinar decisiones en el Congreso y a hacer que las sesiones se mantengan como sea.
Claro que Duque no cuenta ni con coalición para garantizar fácil la aprobación de iniciativas gubernamentales y, por el momento, no tiene ninguna agenda fuerte andando, como lo contamos.
Solo hasta este semestre iba a poner a prueba la reconfiguración de su coalición tras la entrada de técnicos y políticos de La U, Conservadores y Cambio Radical a tres ministerios.
Tras semanas de debate jurídico y opiniones encontradas, el Congreso está haciendo control político y votando proyectos en comisión de manera virtual.
El viceministro del Interior, Daniel Palacios, encargado de la relación con el Congreso, nos dijo que, en ese sentido, en lo que concierne a control político, la labor “se ha cumplido” porque ministros como el de Salud, Fernando Ruiz; de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la misma Arango de Interior han pasado varias horas en sesiones informales y formales.
Pero para la oposición, su acto de presencia no es suficiente.
“Estamos haciendo un control político que no es riguroso. Los ministros van y lo que hacen es una rendición de cuentas. La falta de normativa nos tiene en un limbo que es muy conveniente para el Gobierno”, nos dijo la representante de la lista de los Decentes María José Pizarro.
“El beneficiario es el gobierno nacional, con el hecho de que el Congreso no sesione formalmente: no ha habido análisis de los decretos de la emergencia social pasada; no ha habido debates de control político; y tampoco ha habido análisis legislativo formal”, nos dijo a su turno el senador liberal Guillermo García.
Para el uribismo, la labor del Congreso no pasa por lo que diga el Gobierno.
“El Gobierno ha dejado en libertad al Congreso de tomar sus decisiones, como debe ser, porque somos otra rama del poder. Las sesiones han permitido que la gente sepa qué piensan los congresistas y las medidas del Gobierno”, nos dijo el vocero uribista, Christian Garcés.
Solo hasta el 30 de abril, 13 días después de cumplida la primera emergencia económica, el Gobierno envió al Congreso su informe de motivaciones para llamar al estado de excepción, que el Congreso, por ley, debe avalar. Se demoró tres días más del plazo legal.
Ayer, la ministra Arango anunció que para saldar el tiempo perdido, el Gobierno llamará a sesiones extras entre el 20 de junio y el 20 de julio, y que su proyecto bandera este año será la reforma judicial, que presentará al Congreso el próximo semestre, aunque estaba previsto para iniciar discusión este mes. Desde ayer, una comisión de Cámara revisa el informe.
Segundo palo: la falta de liderazgo de los presidentes del Congreso
Otra de las razones que han invisibilizado al Congreso en este mes y medio de pandemia ha sido el actuar de sus principales cabezas: los presidentes del Senado, Lidio García (Partido Liberal), y de la Cámara, Carlos Cuenca (Cambio Radical).
Ni García ni Cuenca tuvieron la iniciativa de reunir al Congreso antes de que empezara la cuarentena para tratar de definir cómo se legislaría en todo este tiempo.
Las sesiones ordinarias del Congreso debían haber comenzado el 16 de marzo, cuatro días antes de que empezara el simulacro de aislamiento en Bogotá. Aunque ese día el Ministro de Salud anunció que saldría un decreto que prohibiría las reuniones de más de 50 personas, la medida empezó a regir desde el 19 de marzo. Esto quiere decir que hubo tres días para que Senado y Cámara se reunieran para sentar las bases de un mecanismo que les permitiera tener sesiones virtuales.
Pero nada de esto pasó.
Los congresistas quedaron aislados en cuarentena, como todos los colombianos, y vinieron casi dos semanas de debates sobre si podían o no sesionar virtualmente. En otros países, como Chile, la decisión de sesionar virtualmente quedó en manos del propio Congreso. En Colombia, la última palabra la tuvo el Ejecutivo con el decreto del 28 de marzo.
Incluso, la otra rama, la Judicial, y específicamente la Corte Constitucional, cambió su reglamento interno el 19 de marzo y comenzó a sesionar virtualmente para evitar un colapso de su labor, que por estos días es, entre otras, la de revisar cada uno de los 72 decretos para definir su legalidad.
Tanto Cuenca como García habían propuesto informalmente a varios de sus colegas esperar hasta que la Corte Constitucional definiera si era legal el decreto que sacó el Gobierno para las sesiones virtuales, lo cual fue rechazado por todas las bancadas (ese asunto los tendría en este momento absolutamente parados).
“El Congreso es un poder independiente, que no necesita nada que lo autorice, lo mismo que la Corte nos diga que nuestras actuaciones sean válidas”, nos dijo el uribista Gabriel Santos.
Tras el inicio de las sesiones virtuales, el pasado 18 de abril, ni García ni Cuenca han programado votaciones en plenaria, pues, por el limbo jurídico en el que aún se encuentran los encuentros a distancia, no saben si los proyectos que se terminen aprobando tendrán o no vicios de procedimiento; lo que haría que la Corte, al revisarlos, los tumbara.
Según lo que nos dijeron cinco congresistas, este temor a caer en un prevaricato ha hecho que los dos presidentes, que son los encargados de citar a las sesiones de plenaria, no hayan convocado a una en la que se pueda votar un proyecto de ley.
Lo cual, deja al Congreso en un limbo que no le sirve a la discusión actual, como nos dijo el constitucionalista y doctor en derecho, Esteban Hoyos:
“Yo creo que el Congreso debe asumir el marco, la iniciativa, liderar la discusión sobre el marco normativo que se necesita de manera urgente para conjurar la crisis económica y social de lo que se viene en la pandemia, acá la labor es meramente legislativa y los veo discutiendo cosas de forma que deberían estar resueltas hace muchas semanas y no metiéndole la discusión a los temas gruesos con medidas distributivas de recuperación económica”.
Las únicas votaciones que ha habido hasta el momento, todas en comisión, son de proyectos que nada tienen que ver con el coronavirus: la cadena perpetua para violadores de niños -una de las promesas de Duque en campaña-, la ley de habeas data o borrón y cuenta nueva para deudores morosos en Datacrédito y la creación de la Región Metropolitana de la Sabana.
Hoy hay siete proyectos para aprobar en la Comisión Tercera; y cinco más en la Comisión Quinta.
Para hacerlo, los congresistas comenzaron a idear formas de llevar a cabo las sesiones. Además de conectarse por Zoom, luego de la compra de un paquete empresarial para que no se les acabe el tiempo, armaron chats entre congresistas solo para mandar proposiciones, y así las pueden conocer. Así está pasando en las comisiones primeras de Cámara y Senado.
En Plenarias, donde Cámara y Senado han hecho debates de control político, los congresistas piden la palabra a través del chat de la plataforma y un funcionario del Congreso es el encargado de llevar el tiempo de las exposiciones y cerrar los audios de los congresistas que se pasan de tiempo.
Tercer palo: las dificultades propias de la virtualidad
Más allá de las acciones del Gobierno y de los propios congresistas, un tercer factor ha influido en la poca incidencia del Congreso en estos meses de coronavirus: los retos que trae trabajar desde la casa.
Apenas se aplazó el inicio de las sesiones, según lo que nos contó el secretario del Senado Gregorio Eljach, la Secretaría empezó a buscar una plataforma tecnológica para poder hacerlas virtualmente.
Tras revisar varias, decidieron utilizar Zoom, pero con unas modificaciones que les permitieran llamar a lista y votar. Hablaron con los fabricantes de la aplicación que hicieron los ajustes y cobraron cerca de 44 millones de pesos que serán pagados con los sueldos de mayo de todos los congresistas y los secretarios del Congreso.
Trabajando por Zoom, los congresistas han enfrentado varios problemas como la demora en la toma de decisiones por la mala conexión de internet de algunos, la saturación de la aplicación por el alto número de participantes y la falta de participación debido a que sólo puede hablar uno a la vez pidiendo permiso a través de Whatsapp.
Estas condiciones afectan, principalmente, a los congresistas que viven en las regiones más apartadas del país.
Por ejemplo, el representante sanandresano Jorge Méndez (Cambio Radical) ha tenido que ir hasta el comando de Policía de la isla para poderse conectar, pues en su casa la señal es tan mala que no puede hacerlo.
Debido a que la Fuerza Pública no están utilizando esta aplicación porque hay dudas sobre la seguridad y la posibilidad de un hackeo, desde esta semana ha tenido que sesionar en casa de un amigo.
La semana pasada, también, en la Comisión Primera al representante cordobés Andrés Calle (Partido Liberal) se le fue la señal en plena votación y tuvo que dar su voto por celular, lo cual es problemático, pues es necesario que haya una pantalla para verificar que quien votó es, en efecto, el congresista.
También ha habido casos de congresistas que se han salido de las sesiones porque -dicen- se va la luz o se les descarga la batería de su celular.
Pero como todas las sesiones son transmitidas en vivo por youtube, los congresistas han sentido que tienen más pantalla para hablar más y “mostrar que sí estamos trabajando”, como nos dijo el representante Santos, lo que ha hecho que las sesiones duren más de 12 horas, porque tienen más pantalla en esa plataforma que en el habitual Canal del Congreso y ponen su foto en Twitter hablando por Zoom.
Por ejemplo, la plenaria de la Cámara del pasado jueves duró 16 horas y tuvo que terminarse a la medianoche que es la hora máxima a la que puede levantarse una sesión. Otra similar, en el Senado al iniciar la semana pasada, duró 12 horas en un control político al Ministro de Salud, quien al otro día tuvo otra sesión, de casi siete horas, en la Comisión Primera.
Por ahora, la posibilidad de sesiones semipermanentes, como ocurre en España, por ejemplo, en la que algunos congresistas asisten al Congreso, quedó cerrada en Colombia.
Eso porque la semana pasada el Centro Democrático y Cambio Radical impulsaron una proposición (aprobada por más de 130 representantes) para prohibir que congresistas fueran a la Cámara, aduciendo inequidad con quienes no podían viajar, como nos dijo su impulsor, el uribista Edwin Ballesteros.
“Si puedes ir presencialmente, tu función es esencial del Estado, y no sobrepasas las 50 personas y además puedes llegar a la ciudad, ¿por qué no lo vas a hacer?”, dijo la representante Goebertus, al hablar en contra de la propuesta aprobada.
De todos modos hay congresistas, como el senador liberal Guillermo García, que viajarán a Bogotá el próximo 11 de mayo “así sea por tierra”, como nos dijo, para trabajar desde la capital.
Eso si es que Duque no anuncia una extensión de la cuarentena, y si Bogotá mantiene cerradas sus fronteras.
Estas condiciones, propias de la vida virtual a la que se enfrenta casi todo el mundo, ha terminado, por carambola, beneficiando al Gobierno que ha sacado más de setenta decretos que han transformado la vida de los colombianos sin control político alguno. Al menos por ahora.
