El borrador está para comentarios. Aunque habla de prevenir la violencia y el terrorismo, no deja claro si abarcará toda la protesta social.
Presidencia estructuró un decreto, que ya está montado en su portal oficial y abierto para comentarios (ver aquí), para prevenir y perseguir el terrorismo, que incluye una estrategia de comunicaciones para “prevenir la radicalización” que permita desincentivar “el odio y el uso de la violencia, o cualquier medio para generar zozobra y terror en la población”, sin dejar por ninguna parte claro si el concepto de radicalización se refiere a cualquier tipo de protesta social.
Este asunto es clave teniendo en cuenta el discurso que ha usado el presidente Iván Duque, según el cual detrás de la protesta social hay grupos armados ilegales con el objetivo de “desestabilizar”. E incluso teniendo en cuenta la estrategia del uribismo —que llevó al poder a Duque— en el plebiscito por la paz en 2016, que tuvo como estrategia generar zozobra para hacer que la gente saliera a votar “berraca”.
Los comentarios al borrador del decreto irán hasta este 24 de diciembre y la norma en concreto busca crear el Programa Presidencial para la Prevención del Terrorismo cuyo objetivo es “la prevención, protección y persecución ante la amenaza de terrorismo y contribuir a la garantía de los derechos humanos”, y estaría a cargo de Consejería Presidencial de la Seguridad Nacional, que lidera el asesor de Presidencia Rafael Guarín.
Ese programa tiene tres ejes. Uno de ellos es la estrategia de comunicaciones que no precisa si asocia las manifestaciones públicas al terrorismo; algo que hizo el Gobierno puntualmente en las protestas en contra del abuso policial en septiembre cuando Duque aseguró que fueron impulsadas por el ELN.
Aunque, en efecto, el ELN admitió que participó en esas protestas, no toda la gente que salió lo hizo porque la guerrilla lo hiciera o lo ordenara. Como contamos en La Silla Vacía, para que la gente saliera a la calle en ese momento en Bogotá fueron clave las redes sociales y los movimientos barriales que se consolidaron en el Paro Nacional del año pasado.
El objetivo de la estrategia del borrador de decreto presidencial se buscaría a través de campañas pedagógicas y de sensibilización pública. Quien la llevaría a cabo sería el consejero de comunicaciones del Presidente, Hassan Nassar.
Las campañas pedagógicas que realice la Consejería de Comunicaciones deberán ir orientadas a cumplir con tres metas:
1. “Desincentivar la radicalización violenta, la incitación al odio o cualquier vinculación de los ciudadanos con intenciones terroristas”.
2. “Prevenir o mitigar los efectos del miedo social que pretenden imponer las estructuras criminales, grupos armados organizados, delincuencia organizada u otras expresiones de radicalización violenta con fines terroristas”.
3. “Dotar de legitimidad a la acción del Estado y generar conciencia en las nuevas generaciones respecto de la inadmisibilidad de la violencia y el crimen como medio de acción política o de cualquier otro fin”.
Lo más llamativo, y lo que más apunta a desincentivar la protesta social, es que estas campañas pedagógicas, aunque irían dirigidas a toda la población, estarían enfocadas “con especial atención” hacia “la población joven, escolar, universitaria o aquella que se identifique como vulnerable ante procesos de radicalización violenta o reclutamiento ilícito”.
En ninguna parte del borrador se explica qué quieren decir términos como “radicalización”, “odio”, “extremismo violento”, o se justifica por qué estas campañas pedagógicas están dirigidas a los jóvenes.
Le hicimos estas preguntas a la encargada de comunicaciones del Ministerio de Defensa, que es la cartera que está manejando el tema ante los medios, y si detrás de este decreto hay una intención de desincentivar la protesta social. Hasta el momento en que publicamos esta historia no recibimos respuesta.
Los otros dos ejes del programa, además de la estrategia de comunicaciones, son dos instancias de inteligencia coordinadas por esa Consejería que lidera Rafael Guarín.
La primera es un Centro de Información e Inteligencia contra el Terrorismo (CI3T) para “el intercambio y evaluación de información de inteligencia que permita el seguimiento y anticipación ante la proyección de acciones terroristas” tanto a nivel nacional como local. Desde ahí se recomendarían medidas y pasaría información a la policía judicial y la Fiscalía.
Estaría integrado por el Consejero de Seguridad, el Viceministro para las Políticas y los Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa Nacional, el Director Nacional de Inteligencia, el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), los jefes de Inteligencia de las Fuerzas Militares, el Director de Seguridad Ciudadana, el Director de Investigación Criminal e Interpol y el Director de Inteligencia de la Policía Nacional.
La segunda instancia es un Centro de Coordinación contra las Finanzas de Organizaciones del Delito Transnacional y el Terrorismo para fortalecer los canales de comunicación entre entidades y “perseguir y desmantelar las redes de dinero y bienes de origen ilícito o empleados en actividades ilícitas, lavado de activos y financiación de terrorismo”.
Este segundo centro estaría cargo de la Uiaf y la idea sería que los servicios de inteligencia, contrainteligencia, las Fuerzas Militares y la Fiscalía trabajen conjuntamente en la lucha contra el lavado de activos, pues muchas veces estas entidades trabajan por su cuenta y sin coordinarse.
Aunque el decreto crea estos dos centros para coordinar todas las actividades de inteligencia, ya estas funciones están en manos de la Fiscalía, las Fuerzas Armadas y la Uiaf. Estas entidades, sin embargo, no comparten su información.
Así es que, de aprobarse este decreto tal y como está, la lucha contra el terrorismo en Colombia irá de la mano con más estrategia discursiva desde Presidencia, apuntada específicamente hacia los jóvenes, para alejarlos de lo que el Gobierno llama “radicalización” y “odio”, aunque no dice qué es eso.
