En septiembre, La Silla Vacía estuvo en la región del San Juan, en el Chocó, declarada como “zona crítica humanitaria” por la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, y recibió denuncias tanto del vocero de esa guerrilla como de miembros de la comunidad de San Miguel de que existía complicidad entre el Ejército y el Clan del Golfo.
En particular, señalaron el caso de un sargento al mando de un pelotón que estaría aliado con ese grupo criminal. Un mes después, investigamos qué habían hecho el Ministerio de Defensa y el Ejército con las denuncias. Confirmamos que se las habían tomado en serio.
Este caso refleja un cambio de actitud por parte del alto mando militar frente a las denuncias puntuales de connivencia de militares con grupos armados y se suma a otros como la reciente intimidación de militares disfrazados como disidentes de las Farc, que desde el primer momento fue denunciado por las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
El caso del sargento de San Miguel
San Miguel, corregimiento del municipio de Medio San Juan, es uno de los caseríos más grandes de las comunidades afro que habitan a las orillas del río San Juan, al sur del Chocó. Su ubicación es estratégica. Está cerca de la boca del río Sipí y de la parte media del San Juan, donde desde hace dos años se libra una guerra entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN por el control del río.
Después del desarme de las Farc en 2017, esta comunidad de unas mil personas quedó bajo el control ilegal del Frente Ché Guevara del ELN. Un dominio que se profundizó durante el pacto de no agresión acordado en 2017 entre la guerrilla y el Clan del Golfo, que implicaba una repartija del control del territorio.
Ese pacto se rompió en 2021 y desde entonces, el Clan lanzó una ofensiva para sacar a los elenos del Chocó, una guerra que ha provocado el desplazamiento y confinamiento de miles de personas, como ha denunciado la Defensoría del Pueblo en por lo menos dos alertas tempranas, una de 2021 y otra de 2022.
San Miguel fue el epicentro de esa guerra el año pasado. El 12 de septiembre de 2022, el ELN y el Clan del Golfo se enfrentaron durante 12 horas seguidas dentro del caserío, mientras la comunidad, encerrada y aterrorizada, escuchaba los disparos contra las paredes y los techos de las casas. Cuando terminó el combate, todo el pueblo se desplazó hasta Istmina.
Diez días después, el propio ministro de Defensa, Iván Velásquez, bajó con la cúpula militar hasta San Miguel. La principal orden que dio el ministro, después de esa visita, fue desplegar un pelotón de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, la unidad militar que es responsable por todo Chocó.
Era una medida temporal. Pero la comunidad presionó por medio de la Defensoría del Pueblo y el ministerio de Defensa para que ese pelotón, compuesto por treinta soldados y por lo menos tres suboficiales, se quedara permanentemente. La tropa era una garantía de seguridad en medio de una guerra activa y el temor latente a un nuevo desplazamiento.
“Esa tropa venía funcionando bien”, le dijo un miembro de esa comunidad a La Silla. Hasta que dejó de hacerlo.
Este habitante de San Miguel es el que dice haber visto al sargento del Ejército, que estaba al mando del pelotón, reunirse con un mando del Clan del Golfo en el caserío de San Miguel, a orillas del río, a mediados de julio. “Mejor dicho, haga de cuenta que fueran del mismo bando”, dijo la fuente.
El MinDefensa le dijo a La Silla que habían recibido la denuncia de uno de los habitantes y que las investigaciones al respecto aún continúan.
Sin embargo, según la respuesta oficial de la VII División del Ejército —que es la unidad militar responsable por Chocó, Antioquia y Córdoba— no recibieron la denuncia por el lado del ministerio sino por una investigación interna en San Miguel.
El 30 de julio, el pelotón que hace presencia en San Miguel se enfrentó a hombres armados que huyeron en una lancha hacia una isla al frente del caserío. De acuerdo a un líder social del San Juan el combate fue una “simulación” para responder a la presión de la comunidad pero sin la intención de evitar su huida.
Sin embargo, al día siguiente, el Batallón de Operaciones Terrestres N.26 envió un pelotón al mando de un teniente y un helicóptero de apoyo a las tropas para perseguir a los armados. Cuando llegaron a la isla, ya no había nadie. Encontraron armamento y brazaletes del Clan del Golfo al frente de San Miguel.
Al teniente al mando le pareció toda la situación un poco sospechosa, y al día siguiente reportó al comando de la Fuerza de Tarea Titán y al de la VII División que: “hay indicios de que puede haber complicidad con el Clan del Golfo”, según la versión oficial que dio la VII División a La Silla.
Ante la denuncia, el comando de la VII División envió a un capitán de inteligencia militar para investigar la situación en San Miguel, quien ordenó el 17 de agosto una prueba de poligrafía para el sargento encargado de esa unidad militar.
Después de las investigaciones de inteligencia, el 21 de septiembre se abrió una indagación preliminar disciplinaria contra el sargento y ese mismo día, se compulsó copias para el juzgado 23 de instrucción penal militar.
De acuerdo a la fuente de San Miguel que había hecho originalmente la denuncia, el sargento que presuntamente se reunió con el Clan del Golfo fue reemplazado desde hace un mes. Esto fue confirmado por La Silla con la VII División. Sin embargo, la División aclaró que todo el pelotón fue sacado de la zona a permiso y que otro llegó a reemplazarlo, mientras adelantaban la investigación.
Aunque La Silla preguntó por la identidad del suboficial investigado, el Ejército no reveló su nombre ni el de los oficiales involucrados por razones de seguridad.
El alcance de la denuncia del ELN en medio de la negociación
En la entrevista que le hizo La Silla a “Yerson”, el jefe eleno dijo que la supuesta complicidad generalizada del Ejército con el Clan del Golfo era un factor que dificultaba la llegada del alivio humanitario prometido a la región y que generaba “preocupaciones” porque no habría un verdadero alivio de la guerra en la región, porque ellos siguen en confrontación con ese otro grupo armado.
Sobre esas denuncias recurrentes del ELN frente a la Fuerza Pública en Chocó, La Silla le preguntó a principios de septiembre al negociador del gobierno y miembro del mecanismo de monitoreo al cese, el almirante retirado Orlando Romero. “Por ahora, el ELN no ha denunciado ni un solo caso de manera específica de contubernio o connivencia con los grupos ilegales”, respondió.
Esto coincide con lo que le dijo a La Silla otra fuente cercana al mecanismo de monitoreo que supo que las denuncias del ELN llegaron hasta el mecanismo pero sin pruebas.
Más allá del caso del sargento que están investigando, la VII División del Ejército dice que hay muestras de que sí han combatido al Clan en el Chocó, incluso más que al ELN.
En cifras oficiales, en lo que va de 2023 el Ejército reporta tres bajas en combate de guerrilleros del ELN en Chocó, mientras contra el Clan del Golfo se reportan diez bajas en el mismo lapso de tiempo. En términos de capturas la diferencia es mucho mayor. En 2023, la Fuerza de Tarea Titán capturó a ocho guerrilleros, mientras que en el mismo periodo capturó a 33 del Clan del Golfo.
Adicionalmente, la VII División le dijo a La Silla que han identificado que sí hay una estrategia del Clan para aproximarse a unidades militares en territorio. En 2022, la Fuerza de Tarea Titán denunció a alias “Cordillera” de ese grupo armado por intentar sobornar a un teniente.
La Silla tuvo acceso a una carta en la que ese mando del Clan del Golfo le decía al oficial que su lucha no era contra la Fuerza Pública, sino contra el ELN. “¿Qué quiere a cambio? La verdad nos interesa el choque menos posible con ustedes”, le escribió “Cordillera”.
Un hecho que fue denunciado por ese oficial al comando de la Titán, que en ese entonces estaba al mando del general Óscar Murillo, que fue ascendido en septiembre de 2022 a comandante de toda la División.
Esa estrategia de cooptar a mandos del Ejército ha existido desde años por parte de grupos armados ilegales, incluyendo a las guerrillas. Pero en este caso, hay muestras no solo de que el Ejército lo ha investigado, sino que desde el Ministerio de Defensa no han dejado pasar por alto estas denuncias.
