El Estatuto de la Oposición debería haber demostrado que el fast track se aceleró, pero hoy mostró todo lo contrario.
Las reuniones entre Gobierno y Farc este fin de semana se cerraron con un compromiso para meterle el acelerador a la implementación del Acuerdo de Paz y lo que parecía más fácil ha terminado siendo más difícil. Sin embargo, uno de los escollos más grandes sí va a ser resuelto con mayor brevedad.
Lo fácil era agilizar la agenda en el Congreso vía fast track. Hoy el Congreso debatía el Estatuto de Oposición, una norma acordada en La Habana y que debía beneficiarse del nuevo impulso
Ese proyecto fue aprobado en primer debate hace tres semanas y nada que logra la votación de las plenarias, a pesar de que con el Fast Track los proyectos de ley saldrían del Congreso en máximo un mes.
Esta mañana la plenaria de la Cámara de Representantes arrancó su discusión pero apenas tras dos horas de debate los representantes Cristian Moreno y Didier Burgos, de La U, propusieron suspender el debate porque aún había “diferencias dentro de la bancada” sobre cómo votar.
Esa fue una jugada por lo menos extraña, ya que es costumbre que los 37 representantes de La U voten con el Gobierno – aunque, como contamos en el twitterazo de aprobación de otro proyecto de fast track, la Jurisdicción Especial para la Paz, varios congresistas de ese partido fueron acusados de querer dilatar el debate en la plenaria del Senado para presionar por cuotas burocráticas.
La propuesta no fue aceptada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien estuvo en el recinto hablando con los congresistas de la coalición para que se quedaran.
“Dicen que el Congreso es un notario de las leyes pero acá llevamos más de tres semanas con este proyecto”, argumentó.
Al final, la decisión fue dejar la votación para la siguiente sesión, lo que significa que el proyecto saldrá a finales de semana o, si no hay quórum, la siguiente.
En todo caso lo que apruebe la Cámara deberá pasar por conciliación con el texto del Senado (a menos de que sea idéntico, algo muy inusual), por lo que es difícil que el proyecto salga antes de Semana Santa.
Y eso muestra que el impulso que le quisieron meter el Gobierno y las Farc al Fast Track debe superar las dificultades de una coalición fracturada.
La amnistía
Entre los temas difíciles estaba agilizar el otorgamiento de las amnistías. Eso depende de los jueces de ejecución de penas que, como contó La Silla, se declararon en “asamblea permanente” (es decir que no reciben nuevos casos hasta evacuar los que tienen) hasta que el Gobierno les de más recursos para operar pues tienen 15 mil procesos atrasados y consideran que las amnistías no harán sino congestionar los juzgados.
El gobierno había entendido su ‘paro’ como un chantaje ante la urgencia de las amnistías, pero igual, ya dio el brazo a torcer.
Según supo La Silla, el Gobierno ya tomó la decisión de fortalecer los centros de servicios judiciales para que puedan hacer los trámites de amnistías, y que este tema, que es crucial para las Farc, se pueda finalmente resolver. Se comprometió a darles cinco mil millones de pesos para eso.
El último punto que se discutió en Cartagena, pero que no quedó en el comunicado conjunto, es un acuerdo de que las Farc se podrán quedar en las ciudadelas que les están construyendo en las zonas de concentración unos meses después de que dejen las armas, siempre y cuando las dejen en la fecha prevista.
