La firma del Acuerdo de Paz en Cartagena está cumpliendo cinco años. En las siguientes semanas llegarán los aniversarios del plebiscito y la firma del Acuerdo en el Teatro Colón.
La persona que hoy tiene una visión panorámica, hacia atrás y hacia adelante, de la implementación es Emilio Archila, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Archila se describe como la única voz autorizada del Gobierno, además de Iván Duque, para hablar de implementación.
Con su mirada del mundo financiero y empresarial —es abogado experto en estos temas—, Archila exuda confianza sobre un tema en el que el Gobierno Duque ha sido criticado. Rechaza la idea de que el Acuerdo tiene un “espíritu” que Duque no ha seguido. Y, contrario a lo que dicen muchos de sus colegas en el Gobierno —o en el Centro Democrático—, asegura que el Acuerdo ha traído beneficios y que debería seguirse implementando como política de Estado.
L.S.V. es La Silla Vacía
E.A. es Emilio Archila
L.S.V.¿Cuáles han sido los principales logros de este Gobierno con respecto a la implementación?
E.A.El principal logro es haber aprovechado estos tres años para que cada uno de los frentes, que son muchos, tenga las planeaciones serias, juiciosas y articuladas de largo plazo. Todo eso va a hacer que, cuando llegue una nueva presidencia en el 2022, no se pierda lo que hemos hecho, sino que se pueda empezar a construir sobre lo construido.
Yo creo que para el futuro de Colombia esa visión, que es muy rara en un Gobierno, de estar pensando mucho más allá de sus propios cuatro años, es el principal logro.
L.S.V.El presidente Duque dijo en la ONU que el Acuerdo era frágil. ¿En qué consiste esa fragilidad?
E.A.Esa fragilidad no es una descripción solamente del presidente. El enviado especial de la ONU de la época, Jean Arnault, dijo que lo que habíamos recibido era un proceso frágil.
Ese proceso, que era frágil, gracias a la visión de este Gobierno, gracias al compromiso político, gracias a la seriedad con la que hemos abordado la planeación, hoy en día es un proceso supremamente sólido. Y eso que acabo de decir también lo reconoce el nuevo enviado de Naciones Unidas.
Cuando comenzamos, lo que había era, como lo ha descrito el presidente, un rompecabezas de seis mil piezas que había que sacar adelante, pero sin la figura que habría que armar y sin los bordes. Hoy en día tenemos la institucionalidad armada. Es un proceso muy sólido.
L.S.V.Este año el Instituto Kroc dijo que para el 2021 hubo una brecha de 1,9 billones para cumplir las metas. ¿Falta financiación?
E.A.Se firmaron los acuerdos, se introdujeron en la Constitución y, después de eso, varias entidades muy sofisticadas hicieron un ejercicio de fantasía presupuestal que consistió en decir: ‘Esto que se nos ocurrió, si lo fuéramos a hacer en 15 años, deberíamos tener tanta plata el primer año, tanta plata el segundo año, tanta plata el tercer año’.
Entonces, para ponerle un ejemplo, le voy a contar una historia.
Empezando el Gobierno vino un gobernador a mi oficina y me mostró un puente. Un puente muy poderoso, muy importante, muy sofisticado. Me describió todas las virtudes que tendría su construcción para la región, para los campesinos, para acercarlos a los puestos de salud. A lo cual yo le dije:
—Gober, muchas gracias. Y, ¿qué hago por usted?
—Finánciemelo— me dijo.
—Gober, pero explíqueme, ¿cómo?— Esto no era un campesino o un líder comunal, era alguien que tenía el nivel de información de un gobernador.
—Pues con los recursos de la paz— me respondió—. En la Constitución dice que va a haber un presupuesto independiente para la paz.
Este gobernador estaba pensando que ese puente se iba a financiar con este ejercicio de fantasía presupuestal que se hizo. Pero ni firmar acuerdos, ni introducirlos en la Constitución, ni hacer Conpes produce un solo peso.
Ahora, en este Gobierno hicimos el marcador presupuestal para poder identificar cuánta plata hay para la paz. Hicimos la modificación de obras por impuestos. La focalización del siete por ciento de las regalías para llegar a los Pdet es de este Gobierno.
No es cierto que hayamos desfinanciado la paz.
L.S.V.En estos años la violencia se ha recrudecido, no sólo contra excombatientes, sino también contra la Fuerza Pública, contra el presidente, contra los líderes. ¿Cómo se entiende esto? ¿Es una falla en el Acuerdo? ¿En la implementación? ¿En la política de seguridad?
E.A. No comparto su caracterización de las cifras. Las cifras que hay que mirar son las de antes de firmar el Acuerdo. Pero no porque el Acuerdo genere automáticamente una disminución en violencia. Firmar algo no disminuye la violencia; lo que sí la reduce es lo que estamos haciendo nosotros: tener a más de 13 mil excombatientes por fuera de la violencia.
Si usted compara los números de homicidios, de secuestros, de ataques terroristas, de minas antipersonales y reclutamientos de antes de que se iniciara la implementación y los de hoy, en todos los índices estamos supremamente mejor.
Y eso lo que quiere decir es que Colombia, gracias a la implementación, es un mucho mejor país. Ese es el primer punto.
L.S.V.¿Y el segundo?
E.A.La otra mitad de la respuesta es que, cuando se firmaron los acuerdos, el ELN ya existía, el Clan del Golfo ya existía, los Puntilleros ya existían, los Azules ya existían, los Contadores ya existían. Y a eso se sumaron las mal llamadas disidencias. Entonces, pensar que la implementación por sí misma iba a ser suficiente para lograr una paz estable y duradera era un titular, eso no iba a pasar.
Era obvio, y debió haber sido siempre obvio, que teníamos que vivir como lo hemos hecho: avanzando en la implementación, resolviendo los problemas del país y, al mismo tiempo, respondiendo a esas otras fuentes de violencia.
L.S.V.El embajador en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, dijo el viernes que con el Acuerdo no se había logrado la paz. Usted habla de los beneficios que ha traído. ¿Cómo se entienden esos mensajes tan contradictorios en un mismo Gobierno?
E.A.La única voz en los temas de la implementación es la del presidente. Luego, lo que piensa y lo que opina este Gobierno respecto a la implementación es lo que dice el presidente y lo que digo yo, que soy su consejero para estos temas.
L.S.V.Ahora que estamos en época electoral, ¿usted qué quisiera saber sobre cómo los candidatos ven la implementación hacia el futuro?
E.A.Yo creo que toda Colombia debería hacerles a los candidatos una sola pregunta: ‘Dígame si usted va a construir sobre lo construido y cómo’. Si la respuesta del candidato es sí, ya de ahí en adelante es un tema de matices.
Si el candidato lo que dice es: ‘Yo no voy a seguir con esto’ o ‘Voy a desconocer lo que ya se avanzó’, yo no votaría por él jamás. Esta es una persona que no vería más allá de sus narices y que no quiere aprovechar esta oportunidad que nunca más va a volver.
L.S.V.La idea del Acuerdo también era transformar la estructura del poder en Colombia, que se ejerciera de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Uno de los instrumentos para eso son los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), pero uno habla con las comunidades que participaron en su construcción y dicen que ahora se sienten relegadas, que ahora en la ejecución perdieron participación ¿Por qué?
E.A.Esto tiene tres temas. El primer punto es de fondo, y es que, en mi opinión, es incorrecta la aproximación en la cual las personas creen que el Acuerdo tiene un espíritu y que uno, para implementarlo, lo que debe hacer es buscar su espíritu y guiarse por él. Eso no es así. La razón por la que no es así es porque nuestro sistema constitucional no es así.
El Acuerdo no es una fuente de derecho en sí misma. La Corte Constitucional lo que señaló es que debe irse incorporando dentro de la legislación colombiana e irse aplicando de acuerdo a nuestra forma de entender las leyes y la democracia.
Entonces, la manera correcta de interpretar los acuerdos es como una parte de la Constitución, que tiene que ser interpretada en armonía con el resto de las disposiciones constitucionales.
Esa idea de que para leer la Constitución hay que buscar el espíritu de los fundadores, que uno les oye tanto a los gringos, no es lo que ocurre en Colombia. En Colombia la manera de interpretar la Constitución es interpretarla como si fuera un todo coherente en sí mismo.
L.S.V.En ese todo es clave la participación política, y es el punto que va más relegado. ¿por qué?
E.A.No. La afirmación de que va relegado es un prejuicio suyo.
L.S.V.Pero eso lo dice el Instituto Kroc, el que le hace seguimiento a la implementación.
E.A. Lo cual quiere decir que usted debería mirar con cuidado la metodología que adelanta el Instituto Kroc. El Instituto Kroc, cuando hace las mediciones, no dice qué porcentaje se ha adelantado respecto de lo que se debería de adelantar. Lo que dice es cuánto se ha adelantado de lo que tendría que adelantarse en la totalidad.
Si usted, por ejemplo, mira el capítulo correspondiente al desarme, pues allí el cumplimiento es de 100 por ciento. ¿Por qué? Porque eso ocurrió en una semana.
Hay unos temas que tienen que cumplirse en uno, dos, cinco, diez, hay otros que están previstos para 30 años. Entonces, cuando dicen que es tal o cual porcentaje, no le están diciendo si estamos atrasados o no. Ese es un problema de fondo con el Instituto Kroc; no es una guía para mirar si uno va adelantado o no.
L.S.V.¿Y con respecto a la participación en los Pdet?
E.A.En un primer momento, hubo un proceso para consultarles a las comunidades. De ahí, salieron 33 mil iniciativas. Ahí no hubo ninguna imposición ni de los alcaldes, ni de los gobernadores, ni de absolutamente nadie. Esas iniciativas nacieron de una discusión supremamente participativa, no solamente en la metodología. Prácticamente el 85 por ciento de quienes participaron eran víctimas.
Después de recibir las iniciativas, lo que viene es cumplirlas. En el del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque se reconoció la existencia de los Pdet y se supeditaron todas las formas de planeación a lo que dijeron las comunidades.
Entonces, si uno entiende y reconoce que en esas iniciativas está la voz de la voz de las comunidades y sabe que los Planes de Ordenamiento Territorial, que todos los sistemas de planeación se van a amoldar a ellos, pues eso quiere decir que hay un reconocimiento muy poderoso.
Hoy, todos los departamentos y todos los municipios han adoptado el Pdet como su política a largo plazo. Si usted le contara esto a alguien en la Escuela de Gobierno de Harvard, se iría de para atrás. Tener ese nivel de participación —de más de 220 mil personas participando en construirlo y que después todos los políticos lo adopten en su política a largo plazo— es una manifestación democrática realmente poderosa.
Incluso tenemos una estrategia para vincular a las comunidades en la ejecución.
L.S.V.Pero son muy pocas las que lo están haciendo.
E.A.Nosotros en el Catatumbo estamos construyendo dos de las vías que llevaba esperando durante toda su historia. Esa es una inversión de unos 800 mil millones de pesos. Y es una vía con tres puentes que están siendo construidos mediante obras por impuestos.
También, se está construyendo en este momento la interconexión eléctrica del Pacífico. Estos no son pequeños paneles solares, es la interconexión de alrededor de unos 20 municipios. Eso es una inversión de 350 mil millones de pesos. Es, si no imposible, al menos retador pensar cómo vincularíamos a la comunidad en la ejecución de eso.
L.S.V.El Gobierno tampoco ha avanzado mucho en presentar los proyectos legislativos claves para la implementación, como la especialidad agraria ¿Esto ha tenido algún impacto?
E.A.Después de que se adoptaron los acuerdos, las responsabilidades se van distribuyendo y hay unas responsabilidades que le corresponden a la justicia, unas al Congreso y otras al Gobierno. La especialidad agraria es una obligación del Congreso, no es una obligación del Gobierno.
Con respecto a la jurisdicción agraria, yo todavía creo que nos quedan un par de legislaturas para ponernos al día.
L.S.V.¿Van a volver a presentar un proyecto?
E.A.Espero que nos pongamos al día.
L.S.V.En cuanto al tema de cultivos ilícitos, en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) hay retrasos en el desembolso que deben recibir las familias para sobrevivir después de haber erradicado sus cultivos. ¿Por qué?
E.A.Que hay un retraso también es una idea que no comparto. El antiguo director de ese programa, Eduardo Díaz, reconoció hace poco que haber pensado que eso podía hacerse en dos años, simplemente, era imposible.
No sé si usted ha tratado de cultivar algo, pero en dos años ni siquiera el frijolito que a uno le ponen a sembrar en primaria está produciendo frijoles. Entonces, ahí había un error de planteamiento muy serio originalmente.
Después de eso, el programa no empezó todo el día cero. No es que en el 2018 hubiera 100 mil familias y todas hubieran empezado al mismo tiempo. Las familias fueron entrando progresivamente. Luego, no todas están en las mismas etapas en las que se está adelantando.
Este es el programa más grande que tiene el país en asistencia técnica a agricultores y hoy en día tenemos como el 75 por ciento de las familias o un poco más ya recibiendo esa asistencia técnica. Eso en tres años es fenomenal.
La idea de que nosotros demoramos no coincide con el número de hectáreas que se sustituyeron. Antes de que llegáramos, que era la etapa fácil porque eran sólo promesas, no había cumplimiento. Ahora las familias están tan entusiasmadas con esto que prácticamente ninguna ha vuelto a sembrar.
L.S.V.Aun así, ustedes dejaron de firmar acuerdos individuales con las familias cocaleras. ¿Por qué lo hicieron?
E.A.Porque nosotros sí somos responsables. Ese programa implica una inversión de unos 3.5 billones de pesos y, de esos, cuando llegamos había 400 mil millones.
Erradicar coca voluntariamente es fácil y gratis. Usted va donde la familia y le dice: ‘Señor erradique’ y le hace un montón de promesas. Lo que es difícil es cumplirles.
Entonces, si nosotros sabíamos que la cantidad de promesas que se habían hecho iban a costar 3.5 billones de pesos y nos dejaron 400 mil millones, no íbamos a ser tan irresponsables de seguirles prometiendo más cosas.
Eso no quiere decir que no hubiéramos avanzado más. Creamos otros dos mecanismos de sustitución en los que hemos incluido a más familias: ‘Formalizar para sustituir’ y el pago por servicios ambientales.
L.S.V.¿Cuáles son los retos de este último año?
E.A.Es solo un reto. En cada uno de los frentes hemos tenido unas planeaciones muy juiciosas para poder aprovechar la implementación. Además de eso, hemos ejecutado proyectos que deberían hacer prácticamente irreversible este proceso cuando terminemos en el 2022.
El único reto es que se construya sobre lo construido. El único reto es que el país no vaya a ser líchigo con la siguiente generación. El único reto es que, cuando haya cambio en el 2022, a nadie se le ocurra desaprovechar esta oportunidad, que a nadie se le ocurra empezar de cero otra vez.
