En octubre del año pasado el Ministerio de Ambiente pidió a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) hacer una audiencia pública ambiental atípica. Era para discutir con la comunidad de Puerto Wilches uno de los proyectos pilotos de fracking que la Anla todavía no había empezado a estudiar. Aún así, la Anla aceptó la solicitud del Ministerio y autorizó la audiencia pública sin tener toda la información del proyecto.
Con la inusual solicitud, y la aceptación por parte de la Anla, el Gobierno de Iván Duque muestra un afán por darle un trámite rápido a la licencia ambiental del proyecto piloto de fracking, para poder dejarlo andando antes de terminar su periodo. Hasta ahora, la apuesta ha salido mal, con una audiencia hecha en tiempo récord y poco concurrida como comprobó La Silla Vacía.
La Anla, argumenta que no hay una orden de acelerar el trámite, que lo que sucede es que la entidad se ha venido preparando para reducir los tiempos en los que evalúan y responden a las solicitudes de licencia ambiental.
Las organizaciones ambientalistas que se oponen al fracking anuncian ya acciones legales al considerar que, como pasó con el glifosato, la autoridad ambiental no está permitiendo una verdadera participación. Con las fumigaciones la Corte Constitucional les dio la razón. Con el fracking ese riesgo es cada vez más latente.
La historia de la inusual audiencia pública
El proyecto en cuestión es Kalé, el piloto a cargo de Ecopetrol con el que el Gobierno espera recoger información para definir si es o no viable aplicar en Colombia la técnica de fracturamiento hidráulico, o fracking, para extraer petróleo y gas.
El 29 de octubre del año pasado Ecopetrol presentó ante la Anla el Estudio de Impacto Ambiental, en el que evalúa todos los aspectos del proyecto piloto. Dependiendo de lo que dice el estudio la Anla determina si el proyecto se puede hacer o no.
Exactamente el mismo día el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Francisco Jesús Prada, le pidió a la Anla que hiciera una audiencia pública ambiental para el proyecto. Esto es llamativo por tres razones.
En primer lugar, aunque legalmente el Ministerio de Ambiente tiene la facultad de pedir audiencia pública ambiental para proyectos que están tramitando la licencia ambiental, usualmente son las comunidades del área de influencia del proyecto las que piden la audiencia.
En segundo lugar, porque el que haya presentado la solicitud de audiencia pública el mismo día que se radicó el proyecto implica que hubo un nivel de coordinación entre el Ministerio y la Anla o el Ministerio y Ecopetrol, pues esta información solo fue pública ese día.
Les consultamos por esta coordinación a Ecopetrol, el Ministerio y la Anla.
Ecopetrol contestó a través de su oficina de prensa que “la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental es un proceso exclusivo de la compañía operadora solicitante”. O sea, de Ecopetrol, pero cuando insistimos en preguntar por si hubo coordinación a la hora de presentar el estudio de impacto ambiental, nos remitieron al Ministerio de Ambiente.
El Ministerio de Ambiente se negó a responder nuestras preguntas y nos remitió a la Anla. Y la Anla, nos dijo que recibieron la solicitud del Ministerio “en consideración al interés que reviste el Proyecto de Investigación (CEPI) No.1-KALÉ para la comunidad, los sectores involucrados y la academia”.
En tercer lugar, en el pasado la Anla ha negado solicitudes de audiencias públicas ambientales por no haber hecho una evaluación del proyecto o no contar con toda la información del proyecto. Inclusive en 2019, la Anla negó una solicitud de audiencia pública de seis organizaciones ambientales porque no habían evaluado información adicional que le habían requerido, en ese momento a Ecopetrol también para un proyecto exploratorio, también de fracking.
Según lo que respondió la Anla a La Silla, la interpretación de la norma que reglamenta las audiencias públicas en esta ocasión es distinta: “la única condición que establece la norma es que se haga con anterioridad al acto administrativo que tome la decisión de fondo”.
En 2019, la misma Anla decía: “Una vez se realice la evaluación ambiental del proyecto y previo a la decisión final sobre el otorgamiento o no de la Licencia Ambiental, esta Autoridad procederá”.
Para Kalé, la Anla aceptó la solicitud de audiencia que le hizo el Ministerio aún cuando no tenía en sus manos la información adicional que la Anla le solicitó a la petrolera el 7 de diciembre después de haber hecho una visita técnica al área de influencia.
Ecopetrol radicó el estudio de impacto ambiental el 29 de octubre, en un tiempo récord, el mismo día, la Anla hizo la evaluación preliminar de la documentación y le pidió a Ecopetrol una información que le faltaba.
El documento completo del Estudio de Impacto Ambiental fue radicado hasta el 9 de noviembre, y al día siguiente, el 10 de noviembre, la Anla verificó los documentos y el 11 arrancó formalmente el análisis de la licencia con este auto.
Según la Anla, hoy en día la entidad puede responder más rápido las revisiones de documentación de los proyectos que entran a trámite, gracias a la tecnología que tienen. La entidad dice que en promedio se está tardando 7 días para revisar la documentación de los proyectos que reciben, y que en el caso de Kalé, contando la primera radicación realizada el 29 de octubre, la aprobación se tomó 8 días hábiles.
Pero esos días incluyen el periodo entre el 29 de octubre y el 9 de noviembre en los que la documentación enviada por Ecopetrol, no había sido admitida formalmente.
Al día siguiente de iniciar formalmente el análisis de la licencia, el 12 de noviembre, la Anla ordenó la realización de la audiencia pública.
La fecha de la audiencia (22 de febrero) y de la reunión preparatoria (7 de febrero) sí la fijó el 31 de enero, después de recibir toda la información adicional que envió Ecopetrol el 17 de enero.
Esto quiere decir que las comunidades y los interesados en el proyecto tuvieron 20 días para revisar las 5.760 páginas del Estudio de Impacto Ambiental, más las 10 carpetas de anexos y los 59 archivos con la información adicional enviad a la Anla. Esta información reposa en la página del proyecto.
Una licencia que va corriendo
Además de la rapidez con la que se convocó la audiencia pública, el ritmo con el que se han llevado a cabo otros pasos de la licencia también ha sido acelerado.
Normalmente, según nos dijeron dos fuentes que han tramitado licencias ambientales, entre la radicación del proyecto y la solicitud de información adicional la Anla se toma mes y medio. Para este proyecto se tomaron menos de un mes.
Por ejemplo, la Anla se tomó menos de cuatro días, del 9 al 12 de noviembre, para iniciar formalmente el análisis de las licencias y para hacer la visita técnica del proyecto, que se realizó entre el 13 y el 17 de noviembre.
“Eso suele tomar un mes. Porque hay que hacer una revisión de la información primero que es lo que te permite focalizar la visita, si no entiendes el proyecto, qué vas a ir a mirar”, dijo a La Silla Rodrigo Negrete, abogado que trabajó en el Ministerio de Ambiente hasta 2011 y asesora a comunidades y a la Alianza Colombia Libre de Fracking, un grupo de organizaciones civiles que se opone a los pilotos.
Según datos de la Anla de 2018, en promedio una licencia ambiental para el sector petrolero se tarda 200 días hábiles en ser analizada, es decir unos 10 meses. Y según un informe de la Asociación Colombiana del Petróleo, que reúne a las petroleras privadas, en 2019 la Anla se tardó 6,8 meses, pero esto no incluye el tiempo que se tardan las audiencias públicas y la entrega de información adicional.
Desde entonces, nos respondió la entidad, han venido reduciendo los tiempos y estos también dependen de la calidad de la información enviada por la compañía. “La ANLA viene preparándose para atender esta solicitud desde tiempo atrás, utilizando herramientas que facilitan y agilizan algunas etapas del proceso”, respondió la autoridad ambiental.
La meta del Gobierno, según lo confirmó el ministro de Minas, Diego Mesa, es que al menos la construcción de los pilotos tengan avances importantes. Esto implica que la licencia ambiental concluya al menos en junio, en otras palabras, resolver la licencia en ocho meses.
“Los Proyectos Piloto de Investigación Integral se enmarcan en los esfuerzos que todo Gobierno debe agotar en aras de garantizar la seguridad energética del territorio nacional”, dijo Mesa a La Silla. Y los 130 millones de dólares de inversión que atraerían estos proyectos a la economía nacional.
El efecto de la carrera
El lunes, durante la reunión informativa que citó la Anla en Puerto Wilches, la lluvia y el saboteo de los movimientos antifracking llevaron al fracaso a la actividad.
Una reportera de La Silla llegó a uno de los puntos de la reunión a las 8:10 de la mañana y el panorama era desolador. 20 minutos después llegaron unos 20 manifestantes de la Alianza y con vuvuzelas y gritos interrumpieron la audiencia en varias ocasiones.
Ecopetrol y la Anla dijeron que los manifestantes impidieron la entrada de personas a la audiencia, pero en realidad no había gente esperando entrar y en el otro punto de la reunión, en el corregimiento área de influencia, hasta el mediodía apenas habían entrado 15 personas. Allí los antifracking llegaron solo hasta las 11 de la mañana y se fueron en pocos minutos.
“Eso lo hicieron a las carreras, quién se va a alcanzar a leer todo eso en tan poco tiempo”, dijo a La Silla Leonardo Gutiérrez, el representante de la sociedad civil en el Comité Evaluador de los proyectos pilotos.
Con todo y eso la Anla declaró que la reunión cumplió su objetivo porque recibieron comentarios a través de facebook y que hubo 121 personas en las audiencias. La Silla no vio más de 30 personas en ambas reuniones entre los asistentes.
Para Laura Santacoloma, coordinadora de Justicia Ambiental de Dejusticia, en el caso de Kalé se está evidenciando un patrón similar al ocurrido en caso de la fumigación con glifosato, cuyo Plan de Manejo Ambiental fue echado para atrás por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional.
“Es posible que legalmente estén cumpliendo los tiempos, pero si las comunidades no cuentan con toda la información final, si le estás dando la información a medias no se está garantizando la participación de la comunidad”, dice la abogada. Justamente por esa falta de participación efectiva fue que se cayó la fumigación con glifosato en la Corte Constitucional.
Como explica junto con Isabel Pereira en esta columna el fallo del glifosato de la Corte deja claro que para que haya una participación efectiva debe haber información clara y accesible para las comunidades.
Negrete, de la Alianza Libre de Fracking, dice que la organización está alistando una solicitud oficial para pedirle a la Anla que declare nula la reunión informativa y la audiencia pública.
De suceder esto, los tiempos para que Duque deje andando y en firme el proyecto piloto antes de salir de la Casa de Nariño se pueden enredar aún más.
Nota del editor: Esta historia fue actualizada con las respuestas enviadas por la Autoridad de Licencias Ambientales. En la versión inicial del artículo había una frase en la que decíamos erróneamente que no estaban disponibles todos los documentos de la licencia. Ofrecemos disculpas por la equivocación.
