Ayer el debate en plenaria de la Cámara de Representantes sobre la Ley de Víctimas se convirtió en la ocasión perfecta para que varios partidos ajustaran sus cuentas. Primero, fue la aprobación de los impedimentos de más de 21 congresistas, la mayoría de ellos de la U, por sus parentescos con víctimas. Declarar los impedimentos es obligatorio para no ser sancionados luego, pero lo raro en este caso es que les fueran aceptados dado el caracter general de la ley.
El rumor es que los de La U los aceptaron para disolver el quórum. ¿Para qué? Hay dos teorías: la pesimista es que el expresidente Uribe está poniendo tal presión sobre su partido para que no apruebe una ley que trata por igual a víctimas del Estado y a víctimas de la guerrilla y los paras que necesitaban más tiempo para llegar a un acuerdo interno dado que el Presidente Santos ha sido enfático en que no discriminará entre unas víctimas y otras.
La otra teoría es que como el representante liberal Simón Gaviria en el trámite de la reforma de la salud consiguió firmas de casi 100 colegas para tumbarle al Ministro de Protección un artículo que acaba con la integración vertical de los servicios de salud a cargo de las EPS, los de la U quisieron ‘retaliar’. Lo raro de esta teoría es que los conservadores y casi todos los de la U le firmaron a Gaviria su proposición.
Dependiendo de cómo se resuelva ese punto sobre las víctimas se sabrá cuál de los dos presidentes es el verdadero jefe de la U.
