Esta mañana en una entrevista con Yamid Amat que publicó El Tiempo, el Fiscal General Eduardo Montealegre reiteró las diferencias que tiene con la Contralora Sandra Morelli y el Procurador Alejandro Ordóñez. Esas distancias, que en ocasiones se han convertido en choques frontales de Montealegre con ellos (y con algunas Altas Cortes) muestran no solo una distancia ideológica sino los efectos de un reacomodo en el manejo del poder judicial.
Esta mañana en una entrevista con Yamid Amat que publicó El Tiempo, el Fiscal General Eduardo Montealegre reiteró las diferencias que tiene con la Contralora Sandra Morelli y el Procurador Alejandro Ordóñez. Esas distancias, que en ocasiones se han convertido en choques frontales de Montealegre con ellos (y con algunas Altas Cortes) muestran no solo una distancia ideológica sino los efectos de un reacomodo en el manejo del poder judicial.
El actual Fiscal llegó a la Corte Constitucional en 2001 con el apoyo de la bancada liberal del Senado y del entonces Procurador, Jaime Bernal Cuéllar. Venía de ser viceprocurador y en esos cargos mostró su cercanía con las ideas liberales propias del Externado, la universidad donde estudió y donde conoció a su gran mentor y eventual jefe Bernal Cuéllar.
Montealegre es heredero de la larga tradición de esa universidad de mezclar preparación académica, ideas liberales e influencia en la rama judicial, y es un defensor del legado de Fernando Hinestrosa, por décadas rector del Externado. Además de sus posiciones y su larga carrera como profesor en el Externado, eso se nota en que hoy en la Fiscalía predominan los externadistas, empezando por su vicefiscal Jorge Fernando Perdomo e incluyendo a Juan Pablo Hinestrosa, jefe de la Unidad de Justicia y Paz.
Ese corte de Montealegre contrasta con buena parte de quienes hoy manejan los hilos del poder en las altas cortes y en los órganos de control.
El viejo poder externadista
Con Fernando Hinestrosa -por muchos años rector de la universidad- el Externado fue el mayor poder en las altas cortes por varias décadas, con una clara afiliación liberal, tanto partidista como en ideas. Hinestrosa fue Ministro de Carlos Lleras Restrepo, de quien era muy cercano, y también fue una de las cabezas detrás de la fallida reforma constitucional de Virgilio Barco.
Ese predominio se empezó a desmontar con los asesinatos de los magistrados de la Corte Suprema en el Palacio de Justicia, en el que murieron varias de las estrellas del Externado como Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona y Carlos Medellín Forero (quien incluso era el rector encargado de esa universidad).
De los nueve magistrados que murieron, seis eran externadistas (Reyes, Gaona, Medellín, Fabio Calderón, Alfonso Patiño Roselli y Horacio Montoya Gil) y otros dos, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco, llevaban muchos años como profesores allí aunque fueran egresados de otras facultades.
Después de eso, el poder casi hegemónico que tuvo el Externado se fue reduciendo. Según el abogado externadista Ramiro Bejarano, en las Altas Cortes ”se ha vuelto costumbre en los últimos años, precisamente después del holocausto del Palacio de Justicia, el veto y la descalificación a juristas externadistas”.
Efectivamente la presencia del Externado ha venido decreciendo. En la Corte Constitucional, por ejemplo, a medidados del año pasado el Externado perdió una silla cuando el javeriano Luis Guillermo Guerrero le ganó al ex ministro Carlos Medellín Becerra la elección del reemplazo de Juan Carlos Henao, y además la universidad se dividió para la sucesión del otro magistrado del Externado en la Constitucional, que era Humberto Sierra Porto.
En general, la presencia del Externado en las Altas Cortes se mantiene, pero muy mermada: entre los 28 magistrados del Consejo de Estado hay cinco del Externado (dos de ellos en la sala de consulta y servicio civil); de los nueve de la Corte Constitucional uno (Alberto Rojas); en el Consejo Superior uno (Ricardo Monroy Church), y otro en la Corte Suprema (Gustavo López Algarra, de la sala laboral). Es decir, ocho de los 81 magistrados.
Además, esos magistrados no detentan mucho poder. Por ejemplo, Rojas llegó a la Corte Constitucional con un perfil muy bajo después de las revelaciones de que no había pagado impuestos por un contrato de asesoría a un empresario de Córdoba que fue uno de los mejores amigos de Mancuso y de que presuntamente había incumplido con sus compromisos como abogado (por lo que avanzan demandas contra su elección). Monroy está en la minoría de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y López Algarra acaba de llegar a la Corte y no es un jugador importante en la coalición mayoritaria. Solo en el Consejo de Estado tienen el peso suficiente para unirse en bancada y hacer una demostración de poder.
Ese cambio ha ido creado un vacío que han llenado otros grupos, muchas veces con ideologías opuestas a los liberales del Externado y sin la formación de alto nivel de la mayoría de sus magistrados.
La “rosca” emergente
Hoy en día otras universidades como la Gran Colombia, la Santo Tomás (en sus sedes de Bogotá y Bucaramanga) y especialmente la Libre (más que todo la sede de Bogotá, pero también las de Pereira y Cali), han colonizado la rama judicial y se han ido tomando las Altas Cortes.
Por ejemplo, de los 23 magistrados de la Corte Suprema cinco magistrados son de la Libre y cuatro de las diferentes Santo Tomás; en el Consejo de la Judicatura cuatro de los 14 magistrados son de la Libre y dos de la Gran Colombia.
Ese grupo está conformado especialmente por personas que tienen una larga trayectoria en la Rama Judicial. Si antes había un espacio importante para que académicos e incluso abogados litigantes llegaran a las cortes, ese se ha ido cerrando. En la más reciente elección de magistrados para la Corte Suprema, por ejemplo, los cinco seleccionados vienen de la rama judicial.
Como la Constitución de 1991 incluye a las Altas Cortes en la elección de otros altos funcionarios, estos grupos han encontrado el camino para consolidar aún más su poder, saltando a los órganos de control.
Aunque el primero en intentarlo fue precisamente un externadista (aunque conservador), el ex consejero de Estado Daniel Suárez. Fracasó dos veces pero abrió el camino que recorrió después Alejandro Ordóñez.
El mejor testimonio de ello es el actual Procurador, un hombre que viene de la rama y que ha mantenido unas relaciones muy fluidas con los magistrados, lo que se ha visto tanto en los nombramientos que ha realizado de personas cercanas a varios magistrados como por el hecho de que lo hayan ternado tanto el Consejo de Estado en 2007 como la Corte Suprema en 2011.
Eso ha cambiado la dinámica del poder en las Altas Cortes. No hay nada muy nuevo en que existan divisiones y peleas fuertes (como las que lideraron en su momento Daniel Suárez contra Ricardo Hoyos en el Consejo de Estado) en su seno, pero sí es nuevo que la pugna haya pasado a que se conformen alianzas para buscar el poder de toda la Rama y los órganos de control.
Como ha contado La Silla, En los últimos años, Ordóñez también se ha venido acercando a magistrados como Leonidas Bustos, Pedro Munar, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, que han armado una fuerte mayoría en la Corte Suprema. Ahora, Ricaurte y Munar están sentados en el Consejo Superior de la Judicatura, con lo cual esa red se sigue extendiendo y Tarquino suena como futuro candidato a la Corte Constitucional.
Además, Ordóñez ha nombrado en altos puestos a familiares o personas cercanas a varios de ellos, como mostró La Silla Vacía. Y con los actuales presidentes del Consejo de Estado y la Corte Suprema tiene a dos amigos en esos puestos visibles y que ayudan, por ejemplo, a definir cuándo se abordan los casos y se realizan las elecciones.
Precisamente en la orilla opuesta a este grupo está Montealegre. Sus choques con Ordóñez no son sorprendentes porque están parados en orillas ideológicas opuestas. Además el gran rival de Ordóñez dentro del Consejo de Estado era Juan Ángel Palacio, con quien Montealegre hizo campaña por el segundo referendo reeleccionista de Uribe en 2009.
Lo que sí es llamativo es la intensidad de ese choque, que ha ocupado páginas centrales de los medios. También han crecido a proporciones inusitadas la pelea entre Montealegre y Morelli, en la que la Contralora acusa al Fiscal de buscar entorpecer sus investigaciones del caso SaludCoop (empresa de la que Montealegre fue abogado antes de que estallara el escándalo) mientras que Montealegre argumenta que la Contraloría se ha extralimitado en sus funciones, y que los tienen acusándose mutuamente.
Morelli es externadista pero en los últimos años no ha tenido grandes vínculos con esa unviersidad, en contraste con Montealegre quien ha sido largos años profesor. Y aunque no viene de la rama, es amiga y aliada de Ordóñez, quien junto con Juan Manuel Santos fue uno de sus apoyos clave a la Contraloría y de quien Morelli ha dicho que lo admira.
El Fiscal también tiene una pelea con varios integrantes del Consejo Superior a quienes denunció penalmente por su participación en el “carrusel de las pensiones”. Ellos, a su vez, son aliados en el Consejo Superior de algunas de las cabezas de esa nueva élite, como Francisco Javier Ricaurte y Pedro Munar.
Hasta hace algunos meses el futuro de Montealegre dependía de la decisión del Consejo de Estado sobre la duración de su período, pero en abril éste definió que el período es de cuatro y años y por lo tanto Montealegre será Fiscal hasta 2016.
Ya con el período definido y todas esas peleas casadas, el Fiscal se ha venido convirtiendo en el principal contrapeso a la nueva élite de la rama judicial. Que sea precisamente un exalumno estrella del Externado muestra que, aunque la influencia de la universidad haya declinado, él sigue siendo un jugador clave en el poder de la rama judicial.
