Uno de los más interesados en que este Ministerio no se dividiera rápido era el mismo Ministro Germán Vargas Lleras. Sobre todo, porque actualmente tiene a su mando dos de los sectores más poderosos en el Estado y ahora tendrá que compartir su poder con otro Ministro. Aunque aún no es claro quién ocupará este Ministerio, varios senadores están seguros que tendrá que ser un candidato liberal. Y el nombre que ha sonado con más fuerza es el de Alfonso Gómez Méndez, ex Procurador y ex Fiscal.

Uno de los detalles que queda plasmado en el proyecto de ley es que se creará, dependiendo del Ministerio de Justicia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, donde habrá abogados que se dedicarán a defender al Estado de las demandas en su contra. Actualmente esas defensas están regadas en los distintos ministerios y el 80 por ciento las pierde el Estado. La idea de Santos es que el Ministerio de Justicia centralice esta labor y defienda al Estado frente a demandantes como los antiguos usuarios de DMG.

Pero poco se dice en el proyecto sobre lo que va a pasar con las entidades adscritas hoy al Ministerio del Interior y de Justicia. Con respecto a la Dirección Nacional de Estupefacientes, internamente, se ha pensando en dividirla en dos oficinas: una que se dedique a la lucha contra estupefacientes y otra a la administración de los bienes incautados, que pasaría al Ministerio de Hacienda. En cuanto al Inpec, se está considerando la posibilidad de construir nuevas cárceles, pero no de modificar la estructura de la entidad.

El Ministerio del Interior también quiere fortalecer la relación que tiene con los alcaldes y gobernadores del país, para apoyar y presentar ante el Congreso los proyectos de ley que sean de la autoría de éstos. Hoy las autoridades locales buscan a otros Ministerios para esta gestión, y un ejemplo son los departamentos fronterizos que han buscado la ayuda de la Cancillería cuando ha habido crisis con Venezuela o Ecuador.

El Das, que ha sido una de las entidades más polémicas en los últimos años, no será liquidado, pero sí perderá muchas de sus funciones. Se concentrará solo en la inteligencia y contrainteligencia del Estado y se mantendrá como una entidad adscrita a Presidencia de la República.

En el Ministerio del Interior se creará una agencia para la protección de personas en riesgo, operación que hasta ahora venía adelantando el DAS, aunque ya una parte se ha tercerizado. El DAS ya no tendrá a su cargo los esquemas de protección de escoltas.

Por otro lado, el DAS perderá los servicios de extranjería. Hoy en día son ellos quienes se encargan del control de entradas y salidas del país y cualquier otro trámite de inmigración. Pero en los próximos meses la Cancillería asumirá esa labor.

Una tercera pérdida será la de las funciones de policía judicial. Hoy en día el CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el DAS tienen esta función. Pero para que el DAS se dedique solamente a la inteligencia y deje de tener que ver con los procesos penales, se le quitará esta función. Al parecer, sus miembros se irán al CTI.

Ayer, en la Plenaria, el Polo Democrático dijo que ante las reformas al DAS, el gobierno estaba buscando dificultar las investigaciones de las chuzadas, cuyas víctimas fueron en muchos casos de este partido de oposición. Y, aunque Vargas Lleras niega que este sea el propósito del proyecto, el cheque en blanco al DAS se está dando sin el aval del partido que más se vio afectado por las interceptaciones ilegales y que más expectativas tenía sobre la reforma.

En la división de estos dos Ministerios internamente aún no es claro quién se queda con qué. Aunque se sabe que la nueva Ministra de Ambiente será Sandra Bessudo, todavía no se sabe con qué burocracia va a contar. En esta división hay dos puntos álgidos en discusión: el ordenamiento ambiental del territorio y el Viceministerio del Agua.

El Ministerio actualmente es la entidad encargada de definir los usos del suelo y se teme que si la dirección de ordenamiento territorial queda en manos de Vivienda, se dedique más a la locomotora de construcción que a la protección de bosques y acuíferos. Desde el sector más preocupado por los asuntos ambientales se ha propuesto que el ordenamiento del territorio se entienda desde una perspectiva ambiental. Este ordenamiento ambiental del territorio les daría la posibilidad de encargarse de temas de planeación urbana teniendo en cuenta los componentes ambientales necesarios.

Pero sobre el futuro Ministerio de Vivienda también hay presiones. Para ellos, el ordenamiento territorial debería quedarse en esa Cartera porque así la locomotora de la vivienda puede arrancar más fácilmente. Según contó la ex Ministra Cecilia Rodríguez, los constructores “están haciendo mucho lobby entre los senadores para que la parte de ordenamiento territorial quede en el Ministerio de Vivienda”.

Otro punto difícil ha sido el del Viceministerio del Agua. Actualmente el Ministerio cuenta con tres viceministros: ambiente, vivienda y agua. Vivienda y Ambiente están disputándose a este último y en el Congreso quisieron definir en la ley quién se lo quedaba. Pero eso no quedó plasmado porque no se logró dirimir la pelea. La discusión está en que si el Viceministerio se va al Ministerio de Vivienda, va a tener un enfoque más concentrado en el agua como servicio público o en el manejo de alcantarillado. Pero si se va para el de Ambiente, será un tema de recurso natural. Una de las personas cercanas al proceso durante la discusión en el Congreso le contó a La Silla Vacía que la Ministra Beatriz Uribe fue una de las que más lobby hizo para que el Viceministerio del Agua quedara en Vivienda, su Ministerio.

Aunque los homicidios de sindicalistas bajaron considerablemente durante el gobierno de Uribe, se le criticó mucho la protección a los derechos propiamente sindicales. La relación entre sindicalistas y funcionarios fue bastante mala desde la creación del Ministerio de Protección Social. En campaña, Santos fue claro en su deseo de cambiar esa situación y la elección de su vicepresidente fue un guiño en este sentido.

El Ministerio del Trabajo se convirtió en una prioridad del Gobierno por la presión que ha hecho Angelino Garzón para mejorar las condiciones de los sindicatos que lo han apoyado y por eso se cree que toda la nómina de esta cartera quedará en sus manos.

Por el lado de la salud, el nuevo Ministerio tendrá la tarea de llevar a la realidad la reforma de salud que se aprobó en diciembre del año pasado. Y ésta, según el ‘muñeco’ del Ministerio de Protección Social, puede crear nuevas direcciones que se encarguen de la atención primaria al servicio de salud y de la sostenibilidad financiera del sistema. También piensan fundar un instituto de tecnologías que se encargaría de informar a todos los entes reguladores de salud sobre las nuevas políticas. En pocas palabras, se busca una mejor coordinación del sector.

De lo que sí se cuidaron los congresistas fue de no permitirle al Gobierno tocar algunas de las entidades adscritas a este Ministerio. Cuando en el proyecto se plasmó la derogatoria de la ley 790 del 2002, que le permitía a Uribe fusionar los Ministerios, los congresistas pidieron que sólo quedara vigente el artículo 20. Y esta norma, que queda viva, prohibe suprimir, liquidar o fusionar al Sena o al Icbf, ambos adscritos al Ministerio de Protección Social y grandes fortines electorales. Otras de las entidades que salvaron los congresistas son el Instituto de Seguros Sociales (ISS), el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos y el Instituto Caro y Cuervo.