Esta semana el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo lanzó una propuesta de justicia transicional, que es menos generosa con los guerrilleros de lo que ha sido el Fiscal General.
Esta semana el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo lanzó una propuesta de justicia transicional, que es menos generosa con los guerrilleros de lo que ha sido el Fiscal General Eduardo Montealegre.
El Colectivo propone un tribunal de justicia para la paz, que estaría dividido en dos salas, una que trate temas de “crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado” y otra que trate “crímenes cometidos con ocasión del conflicto social, económico y político”.
También dice que la responsabilidad penal deberá ser asimétrica. Es decir, que la justicia debe tratar con mayor severidad a aquellos que son responsables de promover crímenes de Estado que a los que se rebelaron.
Cuando llega a su propuesta sobre el “catálogo” de penas para aquellos que hayan cometido algún crimen durante la guerra, incluye la cárcel.
“Para la determinación de la pena, se tomarán en cuenta la gravedad de los crímenes, el grado de participación, así como las contribuciones específicas a la satisfacción de derechos de las víctimas, para ello el Tribunal contará con un catálogo amplio de sanciones que incluyen confinamiento territorial, detención domiciliaria, trabajos comunitarios de interés público o interés social, o privación de la libertad. Las condiciones en que se realice la sanción penal no pueden convertirse en una nueva ofensa a la humanidad y en particular a las víctimas”.
Dada la estigmatización que sufrió el Colectivo de Abogados durante el gobierno de Uribe de ser el portavoz de la guerrilla (en un trino, el ex presidente dijo que “el Colectivo de Abogados es víctima de nada, es victimario de la promoción del terrorismo”) es interesante que contemplen la posibilidad de que miembros de las Farc vayan a la cárcel.
Sobre todo, cuando el fiscal Eduardo Montealegre ha dicho en varias ocasiones que frente al proceso de paz podría haber “un sistema de justicia alternativa que implique la sustitución de penas efectivas privativas de la libertad por otro tipo de penas alternativas, como el desminado”.
