Ayer el jefe guerrillero Timochenko divulgó sus “reflexiones elementales” sobre el proyecto de referendo por la paz radicado por el presidente Santos la semana pasada con el entusiasta aval de la Unidad Nacional. Son un baldado de agua fría y un bocatto di cardinale para los uribistas que se oponen al proceso.
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| La filtración de Timochenko de una conversación confidencial sostenida con negociadores del gobierno muestra hasta qué punto está fracturada la confianza en La Habana. |
Ayer el jefe guerrillero Timochenko divulgó sus “reflexiones elementales” sobre el proyecto de referendo por la paz radicado por el presidente Santos la semana pasada con el entusiasta aval de la Unidad Nacional. Son un baldado de agua fría y un bocatto di cardinale para los uribistas que se oponen al proceso.
El comunicado fechado 25 de agosto dice varias cosas, unas de interpretación política, que básicamente coinciden con la opinión manifestada por varios analistas. Y una filtración sobre una conversación confidencial e informal con los negociadores, que propiciará un duro debate político y que muestra hasta qué punto la confianza en la Mesa está rota.
Las obvias de interpretación: reformar la ley de participación ciudadana para que la realización de un referendo pueda coincidir con las elecciones busca –de manera unilateral y no como un acuerdo de la Mesa- activar todo el aparato del Estado para crear un hecho político de tal magnitud que elimine de tajo cualquier otra fórmula, y en particular, la Constituyente que ha venido proponiendo las Farc. También es una forma de presionar la firma de un Acuerdo antes de que finalice el año.
La filtración: Timochenko dice que en una reunión informal voceros de las Farc en la Habana fueron consultados sobre la ley para la cual se convocaría el referendo el día de elecciones y que su objetivo no es–como pensamos la mayoría de colombianos- que los ciudadanos voten por el sí o el no a cada uno de los puntos del Acuerdo Final de paz.
Según el jefe guerrillero, el propósito de la ley sobre la que tendrán que pronunciarse los colombianos es darle al Presidente Santos “facultades extraordinarias” para que convoque un “cuerpo legislativo” para que expida las normas legales encaminadas a poner en vigencia los acuerdos firmados en la Habana.
“Para lo cual el país debe votar sí o no a la conformación de un pequeño Congreso o cuerpo legislativo encargado de redactar los decretos. Ese Congreso estaría conformado por voceros de todos los partidos políticos y
en él tendrá cabida una pequeña representación de las FARC. Es esa la segunda parte sobre la que el gobierno calla. Así y tal fue informado en reunión informal a un grupo de voceros de las FARC en La Habana, los cuales plantearon un tiempo prudencial para pensar sobre ello. El gobierno, sin embargo, decidió arrancar con su idea sin esperar respuesta”, dice Timochenko.
Las implicaciones políticas
La filtración de Timochenko tiene varias implicaciones políticas. La primera es que es una clara violación a las reglas de confidencialidad de la Mesa de Negociación en La Habana. Desde que fue creada hace un año, es la primera vez que se filtra una conversación confidencial entre los negociadores de ambos lados y ese hecho demuestra que la negociación en La Habana no pasa por un buen momento (pues se suma la pataleta de Santos de ordenar el regreso de sus negociadores, la mayoría de los cuales igual se quedó en la isla).
La Silla confirmó que la propuesta de ese “congresito” no fue presentada por el Gobierno de manera oficial sino discutida informalmente con algunos voceros de las Farc como una de varias alternativas a considerar para refrendar los acuerdos. Sin embargo, su filtración constituye un precedente grave pues ese tipo de consultas previas son propias de la naturaleza de la negociación y si se comienzan a divulgar en los medios el mínimo ambiente de confianza creado se rompe.
Es evidente que esta filtración fue la forma de las Farc de “cobrarle” a Santos su movida unilateral de radicar el proyecto de modificación de la ley estatutaria para convocar un referendo el día de elecciones y que, como contó La Silla, hizo explícitos sus “inamovibles” en la negociación, comenzando por negar de tajo la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La Silla confirmó con una buena fuente del Gobierno que a Santos le tocó radicar este proyecto anticipadamente después de que Roy Barreras, senador de la U, filtró a los medios que el gobierno lo haría.
Aún así, Timochenko sienta un muy mal precedente. Sobre todo porque el contenido de la filtración, aunque no se conocen los detalles ni el contexto, plantea profundas dilemas políticos y le da munición a los opositores del proceso.
El ‘Congresito’
La idea de que el referendo que se someta a consideración de los colombianos contemple convocar un “pequeño Congreso” para que expida las normas encaminadas a poner en vigencia los acuerdos firmados en la Habana evoca el “Congresito” creado por la Asamblea Constituyente de 1991.
Ese Congresito fue constituído por 36 delegados elegidos por los miembros de la Asamblea Constituyente con el objetivo de aprobar o vetar los proyectos de ley que le presentaba el Gobierno de César Gaviria, cuyo ministro de Gobierno, era coincidencialmente Humberto de la Calle, el hoy jefe negociador con las Farc. Operó entre el 15 de julio y el 18 de noviembre de 1991, en el interregno entre el momento en que se acabó la Constituyente y fue elegido el nuevo Congreso.
Durante el período de ese ‘Congresito’, el gobierno de Gaviria sacó, entre otras reformas, toda la política de sometimiento a la justicia de los narcos, incluida la polémica justicia sin rostro. Por eso, un artículo viejo de El Tiempo dice que el Congresito fue todo menos “un convidado de piedra”.
Como la iniciativa no es oficial, La Silla no logró obtener del gobierno una explicación sobre en qué consiste la propuesta discutida informalmente con las Farc. Sin embargo, de lo filtrado por Timochenko, se deduce que ese “pequeño Congreso” tendría el propósito de reemplazar la Constituyente que quieren las Farc creando un mecanismo que les de a los guerrilleros la seguridad jurídica de que los acuerdos logrados no queden en meras intenciones sin abrir la compuerta para una megarrefoma constitucional.
¿Cómo sería?
El exconstituyente Álvaro Leyva convenció a las Farc de que la única solución para que el Gobierno no les pusiera conejo sería una Asamblea Constituyente que plasme en una nueva Constitución Política los acuerdos del proceso de paz. Para darle seguridad jurídica, pero también para terminar de conseguir por esa vía las reformas que no quedaron en la agenda de negociación, la guerrilla ha insistido desde el principio en que toda la negociación debe concluir con esta figura.
El Gobierno, por su parte, se ha opuesto a ello precisamente porque no quiere abrir la puerta para que después de toda este proceso las Farc se sienten a negociar desde el modelo económico hasta la doctrina de seguridad. Y también para evitar que por la vía de una Constituyente, Álvaro Uribe vuelva al poder cambiando el artículito que prohíbe una segunda reelección.
La fórmula del ‘Congresito’ parecería una fórmula intermedia. Ese cuerpo legislativo, constituído por delegados de todos los partidos y de las Farc, convertiría en leyes los acuerdos que exijan reformas legales y así la guerrilla podría dejar las armas sabiendo que –por lo menos- los acuerdos ya tienen un sustento jurídico.
La pregunta es si la aprobación de la conformación de este ‘Congresito’ sustituiría la refrendación popular de todo el Acuerdo Final o si lo complementaría. El Gobierno ha insistido en que los colombianos podrán votar sí o no al acuerdo al que lleguen con las Farc y sería muy grave que –como dice Timochenko- el Gobierno incumpliera su palabra. Al respecto, un funcionario del Gobierno cercano al proceso le dijo a la Silla que “en todo caso, cualquier cosa depende de que la gente vote sí al acuerdo final; ese es compromiso que ha asumido públicamente el gobierno”.
Es más plausible que lo que busque el Gobierno sea someter los puntos gruesos del Acuerdo Final a votación del pueblo vía referendo (como que los guerrilleros tengan curules en el Congreso o que no paguen cárcel) y que además se pida ese cheque en blanco para desarrollar algunos acuerdos puntuales.
Aún así, esta iniciativa plantea otras preguntas más difíciles: ¿cómo estaría conformado ese ‘Congresito’? ¿reflejaría la composición actual de los partidos en el Congreso o la que quede después de las elecciones de 2014, en cuyo caso los uribistas –si Uribe jalona una lista al Senado el próximo año- tendrían muy probablemente una mayor representación? ¿se limitaría este “pequeño Congreso” a desarrollar los acuerdos o ya creado podría avalar reformas más estructurales que Santos no ha podido sacar en el Congreso normal, como una reforma a la justicia y que podría aprovechar a sacar vía este mecanismo expedito? ¿Qué porcentaje tendrían las Farc en esa composición? ¿Qué contrapesos tendría para evitar que se vuelva un congresito de bolsillo de Santos?
En fin. Las preguntas que surgen son muchas y –aunque el Gobierno no quiera y falten meses para llegar al sexto punto- la filtración de Timochenko acelera este debate y pone al Presidente a dar más explicaciones de las que seguramente hubiera querido.
