Ayer el Consejo Superior de la Judicatura publicó las listas de los preseleccionados para ocupar cuatro vacantes del Consejo de Estado de magistrados que terminan sus períodos en los próximos meses. En las cuatro listas, la mayoría son hombres. Con lo cual es previsible que, así como ha ocurrido con los últimos seis nombramientos en la cúpula de esta alta corte en lo que va corrido del año, se refuerce su bloque masculino del Consejo de Estado.
Con dos ironías: en la lista para la Sección Tercera, donde de 30 preseleccionados apenas 5 son mujeres, la vacante que busca nuevo dueño es la de una mujer: Marta Nubia Velásquez.
Y todos estos nombramientos se dan justo después de que la Corte Constitucional avaló a comienzos del año un artículo de la nueva ley estatutaria de Justicia que establece que “el criterio de equidad de género implicará asegurar por lo menos la paridad entre hombres y mujeres en la conformación de las respectivas corporaciones (Consejo de Estado y Corte Suprema)”.
La Ley de Cuotas no aplica
La Ley de cuotas, que obliga a las autoridades a darle a la mujer una participación de mínimo el 30 por ciento en todas las ramas del poder, no aplica para la elección de magistrados y magistradas de las altas Cortes. En cambio, sí lo hace para la elección de los integrantes del gabinete presidencial, por ejemplo, o para elaborar las ternas para Fiscal General o magistrados de la Corte Constitucional.
El Consejo Superior de la Judicatura, que administra la Rama Judicial, no está obligado a incluir mujeres y hombres en igual proporción en las listas de candidatos que envía al Consejo de Estado y a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de estas cortes, a su vez, tampoco están obligados a preferir a las mujeres en su votación, que es secreta.
Si estuvieran obligados, el Consejo de Estado se rajaría en equidad de género y el Consejo Superior de la Judicatura tendría que explicar varias de sus listas, empezando por las que dieron pie a la elección de tres magistrados de un solo tiro en agosto de este año: German Eduardo Osorio, Jorge Edison Portocarrero y William Barrera.
Las cosas quedaron así: si se pidiera que alzaran la mano las mujeres en la Sala Plena del Consejo de Estado, solo 8 de 31 magistrados la alzarían. De ellas, solamente una preside su respectiva sección; las otras cuatro secciones son dirigidas por hombres.
Los ahuyenta mujeres
La inequidad de género en la composición de esta alta Corte podría deberse a varios factores.
Para María Adelaida Ceballos Bedoya, coordinadora de la línea de Sistema Judicial en Dejusticia (centro de estudios jurídicos y sociales que ha sido abanderado en el estudio de la equidad de género en las ramas del poder), uno podría ser la cantidad de sesgos implícitos y explícitos de género en las corporaciones a cargo de los procesos de selección. “He oído a colegas que han escuchado en las Cortes expresiones como: Con una nos basta y nos sobra”, dijo.
Sin embargo, existe un factor en el que Ceballos Bedoya y Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Comisión Nacional de Género (comité encargado de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el funcionamiento interno de la Rama Judicial) y magistrado de la Corte Constitucional concuerdan: la postulación de las mujeres a las magistraturas es cada vez más baja.
“El problema inicial es que el número de mujeres que se presentan es muy reducido. Parece ser que las mujeres que se presentan tienen que competir en mayores exigencias que los hombres y finalmente no las seleccionan. Eso por supuesto que las desestimula a presentarse”, dijo Ibañez. “Hay mujeres muy valiosas que nunca son seleccionadas y se preguntarán: ¿para qué me presento si a mi me exigen mayor rigor que a los hombres?”.
Para Adriana Herrera, quien concursó por la vacante que finalmente se le dio a Osorio Cifuentes, el problema no es de machismo sino de que no hay incentivos suficientes para que las mujeres se presenten.
“Hay que promover que las mujeres se presenten. La paridad es muy compleja si el porcentaje de mujeres para integrar las listas es tan bajo”. Es cierto. Para la plaza ocupada en la Sección Primera por Osorio, de 72 personas postuladas, sólo 21 eran mujeres. Parecido fue en el caso de la vacante ocupada por Barrera: de 64 inscritos, apenas 14 eran mujeres.
Herrera, ex viceprocuradora durante la época de Fernando Carrillo, dice que no descarta volverse a presentar.
De 8 a 7 manos alzadas
La teoría de Ceballos Bedoya e Ibáñez también se comprueba con las listas publicadas ayer por el Consejo Superior de la Judicatura. La mayoría son hombres. 11/28 precandidatas en la Sección Segunda, 5/30 en la Sección Tercera y 7/25 para la Quinta.
Pero es posible que de las 8 manos, ahora solo 7 se levanten al preguntar por las mujeres en el Consejo de Estado pues se dejó de esperar de la Corporación cuando en palabras de Ibañez: “en el último proceso del Consejo de Estado, se esperaba que se rompiera el techo de cristal pero por el contrario se cerró”.
Hoy, ni una mano se levanta en la Sección Segunda. “En la sección había una mujer y la acaba de reemplazar un hombre. En una Sección que regula el tema de la seguridad social no tendremos mujeres” dijo Ibáñez. El asunto no es de poca trascendencia; seis hombres y cero mujeres resolverán todos los problemas laborales y pensionales que se presenten con el Estado.
¿Les llegó el arquero?
Aunque en mayo la Corte Constitucional comunicó que había revisado la reforma a la Ley Estatutaria de Justicia, y declarado exequible el artículo 20 del proyecto que establece una paridad en la conformación de las cortes. Aún no se conoce la sentencia ni la ley ha sido sancionada por el presidente Petro, para que comience a regir.
Para Ceballos, “incluso si no existiera el comunicado de la Corte Constitucional, no deja de ser llamativo que el Consejo de Estado insista en ahondar en la homogeneidad de género cuando hay tantas razones no solo en la literatura sino en compromisos internacionales para promover la diversidad en la justicia”.
Se refiere a una recomendación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) de la cual Colombia hace parte, que contempla que los países que se acojan a ella: deben “confrontar y eliminar obstáculos a la participación de las mujeres como profesionales en todos los órganos y niveles de los sistemas de justicia”.
“Estamos atados al deber de la igualdad de representación hace rato por deberes internacionales”, dijo Ceballos.
La Comisión Nacional de Género en la Rama Judicial también le hizo al Consejo de Estado un llamado para que “por favor seleccionen en las listas a las mujeres que cumplan con las exigencias legales para garantizar su participación y su derecho al acceso a los cargos en la rama judicial”.
Y no es por falta de candidatas mujeres con hojas de vida robustas que fueron descalificadas para el puesto en más de tres de los últimos nombramientos. Además de Herrera, estaba, por ejemplo, Ana Lucía Gutierrez quien además de ser Secretaria General en la Cámara de Comercio de Bogotá, es la Subdirectora de Gestión Contractual en la Agencia Nacional de Contratación Pública.
Tampoco va a ser de mucha ayuda la nueva Estatutaria de Justicia una vez se sancione si “los procesos de selección siguen terminando con 1/10 mujeres”, dijo Ibáñez.
