Los puntos sobre los cuales llegó a un acuerdo la coalición oficial de gobierno en relación con la Ley de Víctimas son los siguientes: no se discriminará entre víctimas de los grupos armados ilegales y víctimas del Estado; no se considerarán víctimas los guerrilleros muertos en combate; los militares heridos en razón del conflicto armado sí podrán acceder a los beneficios de esta ley. Todo lo demás quedó igual a como estaba el proyecto original.
Sobre los reparos presupuestales, recuperaron el estimativo realizado inicialmente por el gobierno de Uribe, antes de que decidiera sabotear la ley, que era de 44 billones de pesos.
