Estas fueron las movidas políticas más relevantes esta semana.
Un escándalo golpea a María Paula Correa, mano derecha de Duque
Blu Radio reveló que la esposa de un funcionario muy cercano a María Paula Correa, jefe de Gabinete del presidente Iván Duque, recibió más de 20 contratos luego de que su esposo entró a trabajar al Gobierno.
La megacontratista se llama Karen Váquiro Cuellar y su esposo es Andrés Mayorquín, quien se desempeñaba como asesor en temas legislativos de Correa. Según la investigación, Váquiro tuvo contratos en 24 entidades en 19 meses por 1.245 millones de pesos.
Después del escándalo, Casa de Nariño anunció que cancelaba el contrato de Mayorquín. En su defensa, Correa dijo que no sabía que Mayorquín estaba casado y que fue “asaltada en su buena fe”. Sin embargo, el Gobierno también dijo que desde noviembre del año pasado habían abierto una investigación en contra de Mayorquín. La Fiscalía abrió investigación preliminar contra Mayorquín.
Aquí nuestra historia sobre el tema.
Los Gilinski penetraron el muro del GEA
El miércoles cerró la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Sura y los Gilinski lograron el valor mínimo al que le apuntaban, 25,4 por ciento de las acciones. Con ese porcentaje, serán los segundos mayores accionistas y tendrán dos asientos en la junta de la compañía que es dueña, entre otros, de Bancolombia.
En el caso de la OPA de Nutresa, que cerró el jueves, el grupo Gilinski logró quedarse con el 27,7 por ciento de las acciones ordinarias, muy por debajo de su aspiración mínima inicial, del 50,1 por ciento. Sin embargo, será el segundo accionista, después del Grupo Sura, que tiene el 35 por ciento de las acciones. Esto le asegura un puesto en la junta directiva.
Aunque el resultado fue muy inferior al que aspiraban los empresarios caleños lograron penetrar el muro del Grupo Empresarial Antioqueño, algo que intentaron infructuosamente en el pasado otros magnates como Jaime Michelsen, Carlos Ardila Lülle, y Julio Mario Santodomingo.
Aquí nuestro análisis completo sobre el tema.
Juan Carlos Echeverry se bajó de la carrera por la Presidencia
El precandidato de la Coalición Equipo por Colombia renunció a su aspiración a la Casa de Nariño.
“Consolidar un liderazgo toma más tiempo del que tenemos disponible (…) hay muchos candidatos y eso ofusca las elecciones. He decidido dar un paso al lado, sacrificando el ego”, dijo Echeverry, agradeciendo las 950 mil firmas que avalaron su candidatura.
Aunque era evidente que no tendría los votos para ganar, su presencia en el Equipo por Colombia le daba a la coalición un carácter menos gobiernista y de políticos tradicionales.
Quintero entuteló a la Registraduría y el CNE
El miércoles Daniel Quintero, alcalde de Medellín, presentó ante el Tribunal Administrativo Oral de Medellín una tutela contra la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para frenar el proceso de revocatoria en su contra.
Esto después de que la Registraduría le negara una impugnación a la certificación de firmas que el mandatario había hecho. Quintero también busca que el CNE no siga el proceso de certificación de la financiación de la recolección de firmas; último paso para que pueda ser convocada la votación de la revocatoria.
Esta semana, el alcalde de Medellín estuvo en el ojo del huracán por una entrevista que dio a Revista Semana, en la que dijo que el GEA era un cartel similar a los del narcotráfico.
Las Farc tendrán que pagar 32 millones de dólares por secuestro de Ingrid Betancourt
Matthew W. Brann, un juez estadounidense, acogiendo la demanda presentada por Lawrence Delloye, hijo de Betancourt de ciudadanía norteamericana, condenó a las Farc por 36 millones de dólares por el secuestro de la política.
Entre los argumentos que presentó el hijo de Betancourt estaban la angustia emocional generada por los años de cautiverio y el deseo de esa guerrilla de influir en la política estadounidense y colombiana, prevenir acciones militares, promover el tráfico de drogas e infligir terror. Lo hizo en el marco de la Ley Antiterrorista.
“El mercado laboral en Colombia funciona mal”: Misión de Empleo
Esa es la principal conclusión a la que llegó la Misión de Empleo, una iniciativa que el Gobierno lanzó en julio de 2021, para analizar el estado actual del mercado laboral en el país y ofrecer un marco para diseñar estrategias contra el desempleo.
La Misión concluyó que en Colombia el mercado laboral funciona mal y como resultado la mayoría de los trabajadores reciben protección social deficiente y tienen empleos precarios.
También enfatizó en que se debe mejorar la protección social para los trabajadores y crear mejores condiciones para que las empresas generen empleos más productivos, como hacer una diferenciación salarial a los jóvenes y reconocer las condiciones del trabajo rural.
