El diablo está en los detalles de la Ley de Víctimas

El artículo polémico del anterior proyecto de ley decía que aquellas zonas donde hay fuertes evidencias de que los paramilitares desplazaron a la gente para quedarse con las tierras serán declaradas ‘espurias’. Y en esas zonas espurias los dueños de los predios tendrán que demostrar que adquirieron sus tierras legítimamente. Es decir, se invierte la carga de la prueba, no para predios concretos sino pero para toda la zona.

Esto, por ejemplo, cubriría 100.000 del 1.600.000 hectáreas del Urabá, donde los testimonios de los paras apuntan a que se apropiaron a bala unos 2.500 predios; donde hay varios alcaldes presos por sus nexos con los paras; donde hay congresistas presos; donde hay evidencia de que Chiquita Brands pagó a los grupos armados. En fin, donde es claro el despojo violento.

Este sería un mecanismo rápido y creativo para facilitar la restitución de las tierras, pero tiene el inconveniente de que pondría bajo sospecha a toda una zona que, en este caso, es epicentro de la industria del banano. Los bananeros legales y otros empresarios legítimos del campo consideran que eso tendría unos impactos nefastos sobre los créditos de los bancos, que simplemente les dejarían de prestar.

Por eso el gobierno de Santos decidió no incluir este artículo y más bien que sea el dueño de cada predio sobre el que recae la sospecha el que tenga que probar su tenencia legítima. Esto hace todo el procedimiento más engorroso y menos efectivo, pero a la vez otorga mayor seguridad jurídica para los propietarios legales.

Esta será una pelea dura durante el trámite del proyecto de ley y no se vislumbran muchas posibilidades de que finalmente quede incluido en la ley.

Luego, un tribunal administrativo agropecuario creado especialmente para aplicar esta ley estudiará cada caso y le pedirá a quien tenga la tierra reclamada que pruebe su tenencia legítima. Si el ‘sospechoso` no lo hace, el tribunal producirá un fallo que equivaldría a un título sobre esa tierra para la víctima.

Esta norma le da seguridad jurídica a los actuales poseedores de la tierra. Pero los defensores de las víctimas creen que obligar a las víctimas a hacer un trámite del registro que, dado su nivel educativo y lo lejos que viven de donde seguramente estarán estas Oficinas de Registro, vuelve tan engorroso el procedimiento que en la práctica dificulta que las víctimas recuperen sus tierras. Será un punto de intenso debate, máxime cuando a la vez a las víctimas se les restringe el acceso a la justicia ordinaria para reclamar.
 
 

Los empresarios del campo consideran que en el proyecto de ley todavía no es clara la naturaleza jurídica del registro, en el sentido de si crea o más bien reconoce el derecho de propiedad sobre el título. Y creen que aquellos que obtuvieron títulos de buena fe, así fuera sobre terrenos robados por terceros años antes, deberían tener la garantía de una doble instancia. Es decir, tener la oportunidad de que un juez superior evalúe la decisión de esos tribunales administrativos.

Los representantes de las víctimas y muchos congresistas creen que esa doble instancia llevaría a que la restitución de tierras tardara décadas en volverse realidad.
 

En el proceso retorno que se está dando en el nororiente antioqueño, que es muy exitoso, uno de los problemas es que ahora que volvieron, los desplazados han descubierto que le deben al municipio diez años de predial sobre la tierra que abandonaron. Y también deben los servicios, una plata que obviamente no tienen como pagar.

Los investigadores han descubierto que esta se ha convertido en una de las principales razones que tienen los desplazados para venderle su tierra a precios irrisorios a empresas agrícolas en zonas como los Montes de María, Lorica, Puerto Libertador y Tierralta, donde los intermediarios de compra masiva de tierras llegaban a donde los desplazados acompañados de funcionarios de Covinoc, una de las empresas que le compraron al Incora la cartera vencida de las deudas asociadas a parcelas adjudicadas en procesos de reforma agraria.

El informe sobre Tierras del Grupo de Memoria Histórica menciona las alianzas que realizaron los nuevos compradores de tierras con entidades de cobro de cartera vencida o con sus operadores para el acceso a información privilegiada y la localización de los beneficiarios de programas de reforma agraria que abandonaron sus predios y que tenían deudas con entidades financieras.

Las otras fueron abandonadas por temor cuando llegaron los grupos armados. Entonces, es clave que en el proyecto de restitución quede explícitamente que se trata de la restitución de las tierras no solo despojadas sino también abandonadas. Se trata de una palabra, pero que puede tener inmensas implicaciones.