El futuro de Colombia Telecomunicaciones (Movistar) y de las pensiones de Telecom depende de si toma una decisión impopular o no.
En plenas vacas flacas y cuatro meses después de aprobar una reforma tributaria que subió el IVA, el presidente Juan Manuel Santos tiene un dilema de más de un billón de pesos.
Es una decisión relativamente sencilla desde la lógica económica, pues se requiere la inversión para salvar a Colombia Telecomunicaciones, la empresa que funciona como Movistar Telefónica Colombia y en la que el Estado tiene el 32,5 por ciento de las acciones, y que indirectamente paga el grueso de las mesadas de los pensionados de Telecom.
Pero es muy difícil políticamente porque hace cinco años, Santos logró que el Congreso le aprobara una inyección de 3,5 billones de pesos a la misma empresa con la promesa de evitar su quiebra y asegurar que siguiera produciendo la plata de los pensionados.
El lío que vuelve
Coltel nació en 2005, cuando el gobierno Uribe diagnosticó a Telecom como inviable, en buena medida por el peso de su pasivo pensional que hoy se calcula en más de 5 billones de pesos.
Por eso creó una empresa cero kilómetros, Colombia Telecomunicaciones (Coltel), que recibió los activos y funcioens de Telecom, y que tiene que pagar el arriendo de los equipos e instalaciones de la vieja Telecom hasta 2028, a un precio que quedó definido desde entonces y que crece cada año con la inflación (al IPC más 4 puntos).
Esa plata se paga a un patrimonio autónomo que se creó para ese fin, llamado Parapat (por su nombre completo, “Patrimonio Autónomo Receptor de Activos de la Empresa Colombiana de Telecomunicaciones”), y que a su vez alimenta otro, llamado Pap (“Patrimonio Autónomo Pensional de Telecom”), que es el que le paga a los pensionados, que hoy son más de 15 mil y se calcula que seguirán recibiendo pensiones más o menos hasta 2060.
Para asegurar la supervivencia de la empresa en un mercado que exige altas inversiones y permanente renovación tecnológica, Uribe empezó a buscar la participación de privados en Coltel.
Primero intentó que Carlos Slim fuera el socio estratégico del Gobierno, pero varias voces se opusieron; y en 2006, el gobierno hizo una puja que ganó la española Telefónica con su oferta de meterle 369 millones de dólares a Coltel a cambio de tener la mitad más una de sus acciones, lo que le dio el control de la empresa.
La apuesta era que Coltel funcionara y produjera suficiente plata para pagar esas pensiones, lo que le ahorra al Estado más o menos 500 mil millones de pesos anuales.
Eso ocurrió entre 2006 y 2010 cuando le pasó en total 4,5 millones de pesos al Parapat, pero en 2011 volvió a estar en graves problemas de liquidez e incluso de viabilidad, en buena medida porque sus negocios de telefonía e internet fijos estaban en declive, mientras la venta de celulares estaba disparada y el internet móvil empezaba a crecer.
Por eso los dos socios decidieron capitalizarla y fusionarla con Movistar, que era totalmente de Telefónica y que, aunque era más pequeña, tenía un negocio que sí estaba creciendo.
En ese negocio el Estado le inyectó 3,6 billones de pesos entre 2012 y 2014, pero redujo su participación al 32,5 por ciento de la nueva y reforzada empresa, que volvió a arrojar utilidades y a pagar anualmente al Parapat.
Sin embargo, los problemas volvieron por varios motivos.
Uno es que los pagos al Parapat crecen de la mano de la inflación y por eso según, sus estados financieros en 2013 pagó 148 mil millones de pesos a 497 mil el año pasado. Y este año calcula tener que pagar 508 mil millones, casi el doble de lo de Ser Pilo Paga para un año.
El segundo es que el grueso de las inversiones de Coltel se van en equipos y tecnologías importados (como antenas de telefonía), que por lo tanto se pagan en dólares. Con la acelerada devaluación de 2014, se volvieron mucho más costosas.
Y el tercero es el cambio de normas contables (en todo el país se adoptaron las llamadas Niif, un estándar internacional), la deuda al Parapat se incluye de otra forma en la contabilidad y deja a la empresa en muy mal estado en los libros.
Esencialmente, antes se metía solo cada año lo que debía ese año, y con las Niif debe incluir toda la deuda como un gran pasivo. Eso hizo crecer los pasivos en 3,5 billones de pesos en 2015 y que la empresa terminara con problemas para pedirle plata a los bancos y cerca de la liquidación, por tener un patrimonio negativo de 361 mil millones al final de 2016, después de haber perdido más de 424 mil millones de pesos el año pasado.
La solución
Ante esa situación, Telefónica hizo una propuesta desde el año pasado: que los dos socios pongan la plata para que Coltel le pague de un tacazo toda la deuda al Parapat y así Coltel pueda seguir funcionando sin ese peso encima.
La propuesta no es descabellada.
La compañía opera bien (antes de pagar impuestos y deudas deja 1,5 billones de pesos, y necesita un billón para invertir) y si el año pasado no hubiera tenido esa deuda habría arrojado utilidades de 160 mil millones, en vez de pérdidas por 341 mil, y habría tenido un patrimonio de 3,2 billones de pesos, en vez de uno negativo de 361 mil.
Por eso, los españoles proponen poner poco más de mil millones de dólares (unos 3,4 billones) y que el Estado ponga proporcionalmente alrededor de 1,4 billones de pesos para que Coltel salga de una vez por todas de la deuda.
El Gobierno tiene otras dos alternativas.
Una es que la empresa se liquide, con lo que las pensiones de Telecom dejarían de tener los recursos del Parapat y el Estado tendría que pagar directamente el pasivo pensional, que hoy vale unos 4,8 billones de pesos (cifra que puede varias si los pensionados viven más o menos tiempos y tienen beneficiarios o no).
Aunque podría recuperar su parte en los activos que se puedan vender, como los equipos de comunicaciones, esa venta no necesariamente es tan sencilla en el país, podría ser difícil de vender afuera y al final seguramente necesitaría recaudar hasta medio billón de pesos más al año o dejar de invertir esa plata en otros sectores.
La otra sería conseguir algún interesado en comprarle sus acciones y usar esa plata para pagar las pensiones. Pero como la compañía tiene ese piano encima y arroja pérdidas, y quien compre debería llegar a invertir todavía más plata, es improbable que pague mucho por eso.
En todo caso, según le dijo a La Silla el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, en el Gobierno aún están evaluando la propuesta, que tienen en sus manos hace cuatro meses.
El 16 de diciembre la junta directiva – en la que hay miembros de Telefónica, del Gobierno e independientes – aprobó el presupuesto de este año y el plan estratégico a 2019 “bajo el supuesto de la capitalización durante el 2017 y el pago anticipado del Contrato de Explotación con el Parapat”.
Y luego, una asamblea extraordinaria de accionistas del 21 de diciembre autorizó contratar una banca de inversión para asesorar al Ministerio de Hacienda sobre la conveniencia de capitalizar a Coltel y que esta pague anticipadamente el arriendo de los equipos de la vieja Telecom. Ese día, además, Telefónica se comprometió a que si el gobierno acepta, ella capitalizará lo que le corresponde.
Esa asesoría, que está haciendo BNP Paribas, debe arrojar sus conclusiones a fines de este mes o inicios de mayo. Además, en el Ministerio ya se ha analizado si se necesita una ley que apruebe específicamente esa capitalización o no.
Y esa última pregunta es la más difícil, porque aunque tiene sentido invertir ahora para recuperar la plata con creces después (incluso vendiendo la participación en Coltel cuando esté en buen estado), falta que el Estado oficialmente decida si le vuelve a meter plata a una empresa que ayuda a pagar las pensiones pero no le ha girado utilidades y ya exigió una inyección. Y eso en plenas vacas flacas.
Críticas y el dilema
Si bien desde el punto de vista estrictamente empresarial, la inyección de dinero tiene sentido, no será fácil explicar en el Congreso por qué un Gobierno que aumenta el IVA luego le pasa parte de la plata que recauda a una empresa en la que el Estado es minoritario y que presta un servicio que igual prestan privados.
Con un problema extra: en ese sector hay críticas permanentes a que el Estado sea a la vez regulador y accionista de uno de los principales actores. Eso lo ha alegado, por ejemplo, Claro cuando la Comisión de Regulación ha impuesto los llamados cargos asimétricos para evitar que se quede con el monopolio del sector
De hecho, el reporte del comité de Telecomunicaciones de la Ocde sobre Colombia ha criticado que el Estado “desempeña un doble papel de regulador y entidad regulada”, y un documento Conpes de noviembre de 2015 le pide al Estado definir en qué empresas debe seguir siendo socio y de cuáles no, con criterios para seguir como que se trate de resolver fallas de mercados, crear mercados ausentes, tener ingresos fiscales en empresas muy rentables o adelantar una política de desarrollo productivo. Ninguna de esas parece aplicarse a Coltel.
Por eso, en el Congreso hay citados dos debates en las comisiones cuarta y sexta del Senado para que el Gobierno explique la operación (aunque aún no haya decidido) y ya han salido voces críticas.
”Se hizo una reforma tributaria para entregar un tercio a Telefónica. Eso es botar a la basura el dinero de los colombianos”
Por ejemplo, el senador conservador por Boyacá Jorge Hernando Pedraza ha dicho que: “Se hizo una reforma tributaria para entregar un tercio a Telefónica. Eso es botar a la basura el dinero de los colombianos. No puede hacerse”.
Y la uribista Susana Correa le envió una carta al Contralor General, Edgardo Maya, en la que dice que debe intervenir “pues una capitalización como la propuesta (…) podría constituir un uso indebido de recursos públicos”.
El debate que arranca agarra al Gobierno con un mensaje difícil de explicar y de vender después de la tributaria. Pero, además, en un momento en el que los congresistas, a menos de un año de pelear su reelección, empiezan a balancear la importancia de estar con Santos para que los ayude con burocracia o terminar señalados por apoyar decisiones impopulares, y en la que hacerle oposición a un presidente impopular puede dar réditos políticos.
