El Presidente no rechazó que la ONU recomendara la doble instancia para Arias; usa informes de la ONU contra Maduro en Venezuela y no le parece una violación a la soberanía la injerencia de Estados Unidos en temas como la política de drogas.
En respuesta al último informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oacnudh, el presidente Iván Duque dijo en una rueda de prensa en la Casa de Nariño que lo respetaba, pero que le parecía “una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior. Ese es un debate de las autoridades colombianas en el marco de la institucionalidad colombiana”.
Hoy, en entrevista con RCN radio, el Presidente fue un poco más específico:
“Yo lo que dije que es una intromisión es que en ese reporte digan que la Policía tiene que pasar al Ministerio del Interior. ¿Eso en qué mandato está? Eso, primero, es arquitectura institucional de Colombia y pasaron por encima de eso”, afirmó.
Su Consejero de Comunicaciones, Hassan Nassar, explicó hoy a La Silla que la molestia del Presidente era con el hecho de que existe un convenio con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU con un marco específico y que Alberto Brunori había excedido los límites de este convenio al referirse a la Policía, a los Pdets y en general, al cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz, que está a cargo de otras entidades de la ONU, como la Misión de Verificación.
El contraargumento a esa posición es que en su exámen, la Oficina de la ONU hace una evaluación amplia de cumplimiento a todos los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales, lo que le permitiría hablar sobre la política de seguridad y también sobre los pdets y el Acuerdo.
Más allá de esta polémica, como en su reacción inicial el Presidente hizo énfasis en el concepto de soberanía, estos son algunos casos en los que Duque parece usar otro rasero:
No rechazó que la ONU recomendara la doble instancia para Arias
Cuando en noviembre de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó que condenados como el exministro Andrés Felipe Arias debían tener un recurso para impugnar la sentencia que los condenó en única instancia, el presidente Duque no manifestó que violaran la soberanía, a pesar de ser un caso muy parecido que concierne al diseño institucional de Colombia.
Quizás porque Duque apoya la idea de la doble instancia, que no es exclusiva de la ONU sino que ha sido una bandera del uribismo, y también la reforma que ha tramitado en el Congreso el Centro Democrático para abrirle la puerta a esa posibilidad.
Como dice Rodrigo Uprimmy en su columna en El Espectador, “para el gobierno Duque, la ONU es entonces legítima para recomendarnos que modifiquemos nuestro proceso penal a favor a de Arias, pero invade nuestra soberanía si recomienda que reformemos a la Policía. Un doble estándar inaceptable.”
Usa informes de la ONU contra Maduro en Venezuela
En julio de 2019 la misma Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas publicó un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que incluye observaciones duras como el aumento en las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Especiales, Faes, del régimen de Nicolás Maduro, o la militarización de las instituciones del Estado durante la última década.
Un mes después, en el marco de su estrategia del cerco diplomático, Duque le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que le transmitiera a la Corte Penal Internacional, CPI, las denuncias presentadas en ese informe y en reportes de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que tomaran medidas frente a Venezuela.
Dejó pasar las acusaciones de Guaidó contra el senador Gustavo Petro
En enero, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, era cómplice de la dictadura de Maduro e incluso lo señaló de estar financiado “a través de dineros de la corrupción venezolana”.
En respuesta, Petro mandó una carta a la Cancillería en la que dijo que esas declaraciones se metían en asuntos internos del Estado y le pidió “tomar correctivos” y un “pronunciamiento oficial de parte del Estado colombiano”.
Duque no dijo una sola palabra de esta declaración, sin pruebas por ahora, de Guaidó contra el líder de la oposición.
“El Derecho Internacional reconoce a los jefes de Estado en misión especial un régimen de inmunidades con el fin de facilitar la representación de sus Estados y garantizar el ejercicio de sus funciones, de manera independiente en sus viajes al exterior. Asimismo, reconoce esas inmunidades, especialmente respecto de sus declaraciones, incluso estableciendo que no podrán ser juzgados por estas”, dijo la Cancillería en respuesta a Petro.
Por eso, el Gobierno dijo que no tomarían ninguna medida en contra de Guaidó.
Permite que el Presidente y el Embajador de Estados Unidos opinen sobre asuntos internos
Ayer, casi que dándole una orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al presidente Iván Duque que “va a tener que hacer aspersión aérea si es que quiere llegar a cumplir con las metas que tiene proyectadas Colombia de erradicación de estos cultivos ilícitos.”
Duque le respondió “permítame agregar algo muy importante. Necesitamos combinar todos los elementos a nuestra disposición. No solamente la aspersión de precisión”.
A pesar de la aclaración del Presidente, la presión de Trump para fumigar domina la política antidrogas de este gobierno, como lo ha contado La Silla varias veces.
Otro incidente que fue muy polémico y frente al cual el Presidente guardó silencio fue cuando en el sonado desayuno que convocó el entonces embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, en abril de 2019 con algunos de los representantes a la Cámara encargados de tramitar el informe sobre las objeciones a la estatutaria de la JEP, este opinó acerca de las objeciones presidenciales.
En ese momento, la representante Juanita Goebertus le cuestionó que se pronunciara sobre un asunto de política interna. Después, la embajada le revocó la visa al representante John Jairo Cárdenas, del partido de la U, por supuestamente haber violado la confidencialidad del desayuno cuando éste habló sobre el tema en los medios.
En respuesta, el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que “otorgar visas y revocarlas es prerrogativa de los estados” y que “la tarea de los embajadores es reunirse con los poderes del país que representan, con los formadores de opinión del país en el cual representan y la tarea que tienen los embajadores es explicar lo que es la posición del gobierno sobre temas de interés bilateral, de interés regional y interés global”.
Alrededor del mismo tema, Semana contó que la embajada gringa le había quitado las visas a tres magistrados (dos de la Corte Constitucional y uno de Corte Suprema de Justicia) como una presión frente al debate de las objeciones.
En ese caso, el que salió a hablar por el gobierno fue el entonces canciller Holmes Trujillo, quien dijo que “respeta la soberanía de los Estados en materia migratoria y su competencia para otorgar y retirar visas”.
Sin embargo, Duque sí llamó a Whitaker y luego a los magistrados para darles un “parte de tranquilidad” y sus visas fueron restauradas.
Permite que Estados Unidos financie eventos que convoca el gobierno y que vete a algunos de sus invitados
Como lo mostró ayer La Silla Vacía, el gobierno ha encargado la convocatoria de reuniones de planeación del sector de desminado, a fundaciones que con financiación de Estados Unidos, han vetado la entrada de la organización creada por las Farc para desminar.
La razón del veto es que Estados Unidos prohíbe que se usen sus recursos en eventos a los que asisten personas incluidas en sus listas de terroristas y no ha sacado a la Farc como sí lo hizo este gobierno. El Alto Comisionado de Paz que encargó el evento, dijo que él no sabía que el evento sería financiado con recursos gringos y que quien marginó a los ex guerrilleros lo hizo de manera inconsulta.
Acepta recomendaciones de otros organismos multilaterales cuando se alinean con sus objetivos
Cuando una misión de expertos del Fondo Monetario Internacional, FMI, visitó Colombia a principios de abril del año pasado y recomendó hacer una reforma pensional que mejorarara la cobertura el sistema, la entonces directora del Departamento de Planeación Nacional, Gloria Alonso, dijo que antes de que terminara el año, el Gobierno presentaría una propuesta en ese sentido.
Igual pasó cuando una delegación de la Ocde vino a Colombia a la ‘Semana de la Ocde’ y destacó el crecimiento económico del país.
Duque dijo que eso mostraba que su gobierno estaba tomando las decisiones correctas.
#Bogotá Destacamos que la OCDE, a través de su Secretario General, @A_Gurria, proyecte un crecimiento del 3,4% este año para Colombia, muy por encima del promedio mundial, del 2,9% y del 0,5% para la región. Eso muestra que hemos tomado las decisiones correctas. pic.twitter.com/bGOlrNGcJV
— Iván Duque (@IvanDuque) October 24, 2019
“(…) y tenemos ¡claro! Retos. Usted lo decía. El reto de la productividad, desde luego. Y ese reto lo queremos enfrentar desde la educación y la formación para el empleo. Pero también que una cosa muy importante, que dice su reporte y que ha dicho reiteradamente la Ocde: la transición tecnológica y la conectividad”, dijo Duque a Ángel Gurria, secretario general de la Ocde.
