La confesión de Roberto Prieto de que la campaña de Santos en 2010 aceptó y no reportó un aporte de 400 mil dólares de Odebrecht deja al Presidente mal parado.
El presidente Juan Manuel Santos finalmente se pronunció sobre Odebrecht y su explicación, a lo Ernesto Samper, fue una: todo fue a mis espaldas. Una defensa complicada porque los involucrados hoy son sus mejores amigos, porque nadie -y menos una multinacional contratista del Estado- dona plata para que no se entere el candidato; y porque esto le quita aún más credibilidad a su argumento sobre lo blindada que estuvo la campaña de reelección del 2014.
Hoy, en Blu Radio, Roberto Prieto dijo que la campaña de Santos de 2010, en la que participó pero no gerenció, sí recibió dinero de Odebrecht.
“Ordené los afiches, pero la plata la consiguieron otros. Yo simplemente operé. Me dijeron que salió de Odebrecht y yo les envíe la factura”, explicó. “Fue una operación irregular y la campaña lo va a aceptar, pero Juan Manuel Santos no tuvo nada que ver”.
El chivo expiatorio
La información sobre la plata que Odebrecht giró a personas cercanas a las campañas de Santos ha ido saliendo a cuentagotas.
A mediados de febrero, el Fiscal General dijo que Otto Bula había confesado que supuestamente le dio un millón de dólares a Andres Giraldo, amigo de Roberto Prieto, el gerente de la campaña Santos Presidente 2014; y la semana pasada se confirmó que Odebrecht pagó un millón de dólares a una empresa panameña de Sancho BBDO para que hiciera una encuesta que le sirviera para acercarse al Gobierno Santos tres meses antes de la primera vuelta del 2014, y que Odebrecht giró en 2010 a una empresa en Panamá de Maria Fernanda Valencia y su ex esposo Otto Rodríguez para pagar unos afiches de la campaña de Santos.
Desde que estalló el escándalo de Odebrecht, la estrategia de comunicaciones de Palacio ha ido variando.
Primero, en diciembre, el secretario de Transparencia de Presidencia Camilo Enciso aprovechó para reforzar la idea de que el vínculo de la corrupta multinacional era solo con el uribismo.
“El Gobierno Nacional ha conocido que la persona que recibió 6,5 millones de dólares, en desarrollo de toda una conducta criminal que merece todo el repudio de la sociedad colombiana, es un alto funcionario de la administración de Álvaro Uribe”, dijo en una declaración pública
Luego el mismo Enciso salió a desacreditar en una alocución a Otto Bula con el argumento de que era “la palabra de un delincuente contra la del gerente de la campaña” (el Consejero de comunicaciones de Santos Camilo Granada no habló seguramente porque tenía el conflicto de interés de haber asesorado previamente a Odebrecht, así como el ex Secretario General de Santos, mano derecha en la campaña y actual embajador Juan Mesa).
El 7 de marzo, Prieto sacó un comunicado muy escueto en el que negaba que Odebrecht hubiera tenido que ver con la campaña de 2014, algo que había revelado el día antes el Fiscal General en un comunicado.
No dijo nada sobre el posible vínculo del 2010, que aparecía entre líneas en el comunicado del Fiscal en el que anunciaba que había llamado a “diligencias” a María Fernanda Valencia y su ex esposo Otto Rodríguez, y que tres días después (el viernes pasado) se supo que se debía a que Odebrecht había pagado en la primera campaña santista 400 mil dólares para los afiches, como aceptó Valencia en la Fiscalía.
Este domingo Caracol TV reveló que unos directivos de la campaña de Santos de 2010 se habían reunido con contrapartes de Odebrecht para que ésta le donara plata. Uno de ellos, Juan Claudio Morales, le dijo a La W que no era cierto. Otra, Consuelo Caldas, dijo lo contrario: que sí había ocurrido.
Frente a esas versiones encontradas, Prieto confesó hoy en una entrevista en Blu Radio que sí habían pagado los afiches con plata de los brasileños, que no se habían reportado en la contabilidad y que Santos no sabía. Y dijo que se enteró de la reunión hace dos meses.
Minutos después de que Prieto dijera en Blu que en Palacio estaban redactando el comunicado al respecto, apareció Santos en persona en un video rechazando que esa plata hubiera entrado a su campaña y llamando a los responsables a dar una declaración. Dijo que “hasta ahora” se había enterado.
Condeno -de la manera más enfática- los hechos revelados alrededor de mi campaña del 2010. Pido a los involucrados asumir su responsabilidad pic.twitter.com/4fOSRVrUGp— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 14 de marzo de 2017
Y unos minutos después los que estuvieron en esa reunión, Orlando Sardi de Lima, Juan Claudio Morales y Consuelo Caldas, sacaron un comunicado aceptando la existencia de esa reunión (con lo que Morales cambió su versión en un día) pero diciendo que ni ellos ni el gerente de la campaña, el director de la Dian Santiago Rojas, sabían de la compra de los afiches.
En conclusión, desde afuera da la impresión que la estrategia de defensa presidencial va en dos vías: en escoger un chivo expiatorio que asuma la responsabilidad de lo sucedido y en circunscribir el escándalo al 2010.
“El chivo expiatorio va a ser Roberto Prieto”, dijo el analista político Carlos Suárez, bloguer de La Silla Vacía.
Prieto fue el director general de la campaña de Santos en 2010, a la que llegó cuando Antanas Mockus ya estaba disparado en las encuestas.
Pero, por lo menos por ahora, no parece dispuesto a ser el Fernando Botero de esta historia. Porque aunque reconoce que contrató los afiches, Prieto dijo explícitamente que no era quién había conseguido la plata.
Y si es así, lo que vendrá en los próximos días es una echada de agua sucia entre él y los que estuvieron en la reunión con Odebrecht.
El problema para Santos es que Morales y Sardi son sus amigos personales, tan cercanos que jugaban golf todas las semanas con él en el Country Club, y que Santos los puso en el comité financiero precisamente por la confianza que les tiene. Sardi fue el Embajador de Santos en España y también lo ayudó en la segunda campaña como director financiero.
A Juan Claudio Morales, quien en el pasado salió en muy malos términos de la Bolsa de Valores, no lo nombró en ningún puesto público pero lo volvió a poner en el comité financiero en 2014.
Dada esa cercanía y la comunicación permanente que tenían en esa época, además del hecho de que es muy raro que una multinacional con interés en proyectos estatales done 400 mil dólares a una campaña política y no se asegure de que el candidato se entere, es probable que Prieto no asuma toda la responsabilidad, como ya lo ha indicado al pedir siempre a los medios que revisen las actuaciones de otros directivos de la campaña.
Tampoco es fácil que puedan contener el escándalo en el 2010 para que no llegue a la campaña de 2014.
Es lo que más le convendría al Presidente puesto que jurídicamente las violaciones legales a los topes de campaña y a la prohibición constitucional de recibir donaciones de extranjeros ya habrían caducado.
Pero, políticamente, será más difícil convencer a la opinión pública de que lo que estuvieron dispuestos a hacer en el 2010 no lo hicieron también en el 2014. Máxime cuando por lo menos tres de los que en la primera campaña tuvieron que ver con Odebrecht, repitieron en sus roles en el 2014, como fueron Sardi, Morales y Prieto.
Esto sin contar que Odebrecht le dio plata a la campaña del rival de Santos en 2014, Óscar Iván Zuluaga y que todavía hay sin explicar el millón de dólares que la multinacional giró a una empresa vinculada a Sancho, agencia que la que le manejó la publicidad a la campaña de Santos – y eso sin contar con el millón de dólares que según Otto Bula le habría entregado a Andrés Giraldo para que se la diera a Prieto durante la campaña.
Pareciera, como dijo hoy en Blu el analista Aurelio Suárez, que
#EntrevistaBlu Roberto Prieto reconoce un pecado venial en 2010 para tapar el pecado mortal de 2014. #Espuelas #EscandaloOdebrecht— Aurelio Suárez M. (@AurelioSuarez) March 14, 2017
El impacto político
Aunque la aceptación de que en la campaña de 2010 sí entró plata posiblemente no tendrá implicaciones jurídicas, sus consecuencias políticas son varias.
La primera es que el escándalo de Odebrecht se trasladó de los ñoños, Bula y la ‘mafia cordobesa’ de la que habló Prieto cuando todavía estaba en el rol de ‘indignado’, al círculo bogotano cercano a Santos. Al Country Club donde él jugaba golf con Sardi y Morales, por caricaturizarlo de algún modo.
Esto le da munición y fuerza a los candidatos opositores de Santos, sobre todo a los no uribistas y distantes a la clase política tradicional, como Jorge Enrique Robledo y Claudia López, para quienes el escándalo de Odebrecht ofrece la mejor pedagogía de la corrupción y del modus operandi de esa clase política.
El segundo impacto político tiene que ver con el discurso anticorrupción y reformista de la política que ha tratado de impulsar Santos.
Aunque este es el primer escándalo de corrupción que toca directamente al Presidente, en las encuestas desde hace ya un par de años, la mayoría de colombianos rajan a este Gobierno en transparencia seguramente por el bombo que los uribistas le han dado al tema de la ‘mermelada’ usada por el Gobierno para conseguir la aprobación de su agenda legislativa. Con este episodio de Odebrecht, entonces, se reforzará esa percepción.
Sobra decir que la reforma política impulsada e improvisada por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo no resuelve ninguno de los huecos que ya se reconoció que se usaron en la campaña del 2010: ni la tercerización de los gastos con empresas privadas ni los aportes a la campaña vía partidos políticos que no tienen topes legales. Con lo cual queda la impresión de que la reforma en realidad no es sino un saludo a la bandera.
Está también el impacto que esto tendrá sobre funcionarios actuales del gobierno, comenzando por Santiago Rojas, el director de la Dian.
Como Rojas era el gerente de la campaña, es el responsable legal de los ingresos y los gastos, y de que estos sean reportados o no.
Por eso, ante la confesión de Prieto de que hubo una donación ilegal por ser de una empresa (solo las personas pueden donar a una campaña) y extranjera (sólo pueden donar colombianos), y de que encima se ocultó de la contabilidad de la campaña, Rojas ya respondió que no sabía nada del pago de los afiches.
Aunque también desmintió el rumor de que iba a renunciar por el escándalo, como es el encargado de revisar que todos los colombianos paguen sus impuestos y no hagan trampa, deja tambaleando su cargo.
Y está el impacto más personal para el Presidente, que con más de 30 años de trayectoria política, nunca se había visto salpicado por un escándalo de corrupción. La gente que lo conoce bien dice que pocas cosas lo mortifican más a que alguien insinue una mancha de él en este campo.
Como el escándalo de Odebrecht es transnacional y ya ha cobrado la cabeza de otros presidentes latinoamericanos, que exista ya una prueba concreta de que Odebrecht le dio plata ilegalmente a una campaña de Santos lo mete a él en la misma cochada del peruano Alejandro Toledo, de los brasileros Michel Temer, Dilma Rousseff y Lula da Silva y del panameño Ricardo Martinelli, para mencionar solo algunos.
Esto debe ser particularmente difícil para Santos, para quien su imagen internacional ha sido una prioridad y quien después de ganarse el Nobel de Paz se le abría el mundo de par en par. Con esta mancha, sus posibilidades de llegar a ser Secretario General de la ONU u otro cargo de ese nivel se verán recortadas.
Tampoco lo ayuda decir que no se dio cuenta de lo que pasaba en su campaña. No solo porque su alocución parece casi calcada de la defensa de Ernesto Samper cuando se confirmó que había entrado plata del narcotráfico a su campaña -el famoso proceso 8.000- sino porque no dice muy bien de sus habilidades gerenciales que gente tan cercana a él en la campaña haya tomado decisiones tan sensibles (por ilegales) como recibir plata de una multinacional contratista del Estado sin su consentimiento y sin informarle.
Pero el mayor efecto y el más perjudicial para los colombianos es el que tiene que ver con la gobernabilidad de Santos, justo en el momento en que se requiere un presidente fuerte capaz de sacar adelante la difícil implementación del proceso de paz.
Con una favorabilidad en las encuestas históricamente baja, incluso para sus bajos promedios, y que -según la última Gallup- ya estaba alcanzando los de las Farc y el desprestigiado Congreso, con este escándalo que ya lo obligó a dar explicaciones personales perderá aún más respaldo popular.
Si el proceso 8.000 sirve de guía, nos esperan varios meses -si no el año y medio que le falta a Santos – con un presidente a la defensiva.
