El 19 de julio, el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman, anunció el cierre de la mayoría de puntos de vacunación de la red privada en la ciudad. “Entra en crisis el Plan de Vacunación en Villavicencio”, escribió en su cuenta de Twitter.
La crisis era, en palabras de la coordinadora del plan de vacunación de la ciudad, Ximena Velasco, la crónica de un cierre anunciado. “Desde junio venían diciendo: ‘si a mí en este mes no me entra nada, voy a tener que cerrar’”. Y aunque la Alcaldía manifestó esta situación en las reuniones semanales con el Gobierno nacional, llegó julio y todavía no había recursos.
Así fue como Villavicencio perdió alrededor del 20 por ciento de la capacidad de vacunación que tenía. De siete puntos de vacunación masiva en parques, polideportivos y centros comerciales, tuvieron que cerrar cinco.
Y es que las instituciones prestadoras de salud (IPS) —que son clínicas, hospitales, y demás empresas que prestan servicios en salud— llevan cinco meses costeando la vacunación de su bolsillo. Esto implica pagar el talento humano, los insumos y otros gastos como, por ejemplo, el arriendo y la adecuación de espacios adicionales que estén usando para la vacunación, como coliseos y centros comerciales.
Estos gastos, en teoría, los cubre el Gobierno con plata del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), el fondo para la pandemia, que debe girarles directamente a las IPS el dinero correspondiente a las dosis que han aplicado. Pero, a la fecha, el Gobierno apenas ha pagado el 3,8 por ciento de las dosis aplicadas.
La de los puntos de vacunación en Villavicencio es una suspensión temporal, mientras el Gobierno les gira recursos para que puedan empezar a vacunar de nuevo. 10 días después, siguen a la espera.
“Estamos tratando de tapar el hueco en la vacunación”, dice Velasco, “pero no podemos cubrirlo todo solo con la red pública. Ahora que se abren las etapas más grandes, deberíamos tener más capacidad para vacunar, pero es al contrario. El ritmo necesariamente va a disminuir”.
Agrega que no es solo Villavicencio; la falta de recursos se siente en todo el departamento del Meta. Y pronto podría sentirse en todo el país.
Los cuellos de botella
A corte del 21 de julio, se habían aplicado 24.230.595 dosis. De esas, se habían pagado 917.997. Esto implica que la mayoría de la IPS llevan 5 meses vacunando y no han recibido un peso.
Pero la plata está. El problema es sacarla del Fome. Es un problema burocrático, que refleja algunos de los líos recurrentes del sector de la salud en el país.
El proceso para llegar hasta el pago es complejo, “una kafkiana traba burocrática”, según Gustavo Morales, presidente de Acemi, la agremiación de las 10 EPS más grandes del país.
Las IPS deben registrar en la plataforma Paiweb los datos de cada dosis que aplican. Esos registros luego deben ser verificados por las empresas aseguradoras (EPS), que cumplen una función de auditoría, aunque el pago nunca pasa a través de ellas.
Una vez las EPS validan las dosis registradas, el Gobierno les informa a los prestadores que ya pueden facturar. Y cuando las IPS radican las facturas, el Fome debe girarles la plata. Pero cada paso es un cuello de botella.
El problema más importante, según las siete fuentes consultadas, es el Paiweb. Esta es la plataforma que históricamente se usaba para el plan de vacunación normal, el Plan Ampliado de Inmunización (PAI), que no sumaba más de 100 mil registros mensuales. Contra el covid, el promedio de la última semana es de 245 mil dosis diarias. Y la plataforma con la que funciona, Paiweb 2.0, se diseñó de afán y no ha dado abasto.
El proceso es brutalmente dispendioso. Toca subir los registros de cada vacuna, uno a uno. Y para cada registro se debe completar un formulario de 60 campos.
Pero además la plataforma se cae por lo menos dos días a la semana, y cuando se pone lenta, registrar una sola dosis puede tardar hasta 10 minutos. Cuando está especialmente lenta, al final del registro aparece “error” y toda la información se pierde.
Estos son apenas algunos de los problemas que enumera una carta que le envió el Hospital San Ignacio, de Bogotá, al Gobierno este mes: “Llevamos casi dos semanas sin poder incluir una sola dosis en cuanto el sistema informa ‘proceso fallido’”, termina la carta.
El hospital universitario tiene represadas 50 mil dosis, lo que implica llenar a mano, uno a uno, 300 mil campos en una plataforma inestable. Si la plataforma funciona, un digitador se toma en promedio 3 minutos. Si está lenta, de 7 a 10. En el mejor de los casos, son 2.500 horas de labor humana llenando formularios, que deben seguir pagando las IPS de su bolsillo.
Todas las fuentes consultadas hacen eco de estos problemas. Y los datos lo reflejan: de 24 millones de dosis aplicadas al 21 de julio, apenas se habían cargado 15 millones a Paiweb, alrededor del 60 por ciento. En Villavicencio, Velasco calcula que de cada 100 vacunas logran cargar apenas 30 o 40. Los datos, que deberían cargarse en tiempo real, tienen semanas, si no meses, de rezago.
Luego viene la certificación por parte de las EPS, un segundo paso también engorroso. Deben cruzar los datos registrados con sus bases de datos para verificar si son consistentes —un error de dedo en alguno de los 60 campos de entrada puede invalidar el registro. Luego seleccionan una muestra del 30 por ciento y llaman a los pacientes a verificar la información de la aplicación de la dosis.
De los 15 millones de dosis registradas en Paiweb, 3,3 millones son inconsistentes. Es decir, más de una quinta parte de las dosis que las IPS lograron registrar en Paiweb no pasaron la validación de la EPS, y no se pueden facturar. Y el lío es que las IPS no tienen forma de saber cuáles dosis no se validaron, ni por qué. Ni siquiera saben cuántas siguen en proceso de validación y cuáles ya se descartaron.
“Se saca pecho por todas las dosis que hemos puesto, pero cuando vamos a cobrar nos dicen ‘yo no le creo que usted puso todo eso’”, nos dijo el gerente de una IPS que nos pidió reserva de su nombre para no meterse en líos con el Gobierno.
Además, según nos informó el equipo de Acemi, las EPS también han tenido problemas para subir el archivo de las dosis validadas.
Y las IPS se están quedando sin tiempo.
La crisis de vacunación es inminente
Las siete fuentes que consultamos concuerdan en que las IPS no aguantan mucho más sin pagos. Algunos le ponen dos semanas, otros un mes como mucho.
A todas las IPS les ha dado duro, pero sobre todo a las más pequeñas, que no tienen tantos ingresos de otros servicios como consultas u hospitalizaciones.
“Estamos absolutamente en ruinas, trabajando con nuestra caja”, nos dijo el gerente de una de estas IPS, que también pidió no ser nombrado para evitar problemas con el Gobierno. “Hemos hecho todo el capital de trabajo, toda la capacidad de gestión que podemos tener, además ya con endeudamiento”. Señala que muchos prestadores solo pudieron operar en julio endeudándose. Y probablemente no lo repetirán en agosto.
Lo más urgente es la nómina. “Nosotros necesitamos los recursos, porque este tema de vacunación es intensivo en talento humano, y eso no lo puedes dejar de pagar”, señala Adriana Forero, gerente de la IPS Innovar Salud.
Este fue uno de los factores decisivos en el caso de las IPS que cerraron sus puntos en Villavicencio. “Realmente hay un compromiso de los gerentes para continuar la vacunación. Pero la nómina no se paga a punta de voluntad”, dice Ximena Velasco, de la alcaldía de Villavicencio.
A esto se suma que muchas IPS ya venían perdiendo plata de entrada en la vacunación, porque MinSalud les cambió las reglas en la mitad del juego. En febrero sacó una resolución que establecía las tarifas de cada dosis, según dónde se aplique: hay una tarifa más baja para la vacunación intramural, es decir, dentro de las instalaciones propias del prestador; y una más alta para la extramural, que se realice por fuera de esta infraestructura. Por ejemplo, en polideportivos y centros comerciales.
El tema es que en abril —cuando varias IPS ya habían establecido puntos extramurales calculando los gastos según las tarifas de febrero— el Gobierno modificó esta resolución y cambió la definición de “extramural”. Según la nueva resolución, solo se considera como tal “cuando se presta el servicio de salud en espacios o infraestructuras físicas adaptadas temporalmente con uso menor a quince (15) días”.
Así que, pasadas dos semanas de vacunar en el Movistar Arena, continúan los gastos extra de personal, mantenimiento y arriendo, pero la tarifa por dosis baja de 19 mil a 8 mil pesos. Y en varios casos, ya no les alcanza para llegar al punto de equilibrio.
A pesar de varios reclamos, el Gobierno no ha cambiado estas definiciones. Y ante la falta absoluta de ingresos, las IPS han asumido la tarifa más baja con tal de que el Gobierno empiece a desembolsar el dinero.
Lo que dice el Gobierno
Frente a esta situación, cada vez más grave, el Gobierno armó este mes unas mesas de trabajo con el Ministerio de Salud, EPS e IPS. Según dos fuentes que han participado en esas reuniones, la apuesta principal de MinSalud es trabajar en mejorar la plataforma Paiweb y así hacer más eficiente el cargue de información.
Además, están volviendo a capacitar a IPS y EPS en los procesos de cargue, verificación y facturación. Porque el Gobierno ha insistido en que otro de los cuellos de botella es que hay dosis que están listas para ser pagadas, pero las IPS no hacen la facturación.
En una declaración a los medios el pasado 21 de julio, Víctor Muñoz, el director del Dapre, dijo: “Tenemos listos para giro cerca de 43 mil millones adicionales, va a depender de que radiquen facturas las diferentes IPS en los formatos que están previamente definidos, porque todos los recursos están”. Lo repitió Gerson Bermont, de MinSalud, el viernes pasado en la reunión semanal del Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional.
Pero desde los prestadores no lo ven tan claro. Tres fuentes que están a la cabeza de IPS nos dijeron que ellos sí facturan las dosis que certifica el Gobierno, pero que las que ha publicado hasta ahora son muy pocas. Y algunos se han encontrado con nuevos obstáculos.
A una de las IPS que consultamos le certificaron un paquete pequeño de dosis por 10 millones de pesos. Radicó las facturas, pero el Fome se las devolvió porque “la tarifa no correspondía”. No saben por qué. Tampoco tienen a quién preguntarle.
Ese es un punto crítico que también señala Forero, de la IPS Innovar Salud: no hay canales de comunicación bilaterales. Lo único que hay es el correo, que no responden. En las mesas de trabajo en las que ha estado hay alrededor de 300 personas, donde intervenir y hacer preguntas es, naturalmente, difícil.
A pesar de estas dificultades, Forero y otras tres fuentes de IPS y EPS destacan que el Ministerio estas últimas semanas ha mostrado mucha voluntad para buscar soluciones al problema. Por un lado, metiéndole la ficha a optimizar la plataforma de Paiweb —mejoras que algunos ven con optimismo y otros con escepticismo—, y por otro, proponiendo una especie de anticipos en los pagos, llamado giro previo.
La promesa de un desembolso es una bocanada de aire fresco, luego de meses sin ver un solo peso. Varios ya pasaron las facturas para el giro previo en las últimas semanas. Aunque aún no han recibido el dinero, están esperanzados porque al menos ya pudieron cobrar algo. Ahora están esperando que entre la plata en los próximos días.
Más allá de estos anticipos, hay incertidumbre sobre qué tan rápido se van a solucionar los cuellos de botella del proceso completo. Lo que sí está claro es que hay que encontrar una solución, y pronto. De lo contrario, lo que sucedió en Villavicencio terminará por repetirse a nivel nacional: la crónica de un cierre anunciado del Plan Nacional de Vacunación.
