La última gran reforma laboral que tuvo el país, hace 21 años, llegó con el espíritu de flexibilizar el mercado laboral y a cambio de crear más empleo. El recargo nocturno se empezó a cobrar solo desde las 9 de la noche, y los dominicales los pagaron más baratos. Pero el proyecto impulsado por Álvaro Uribe no generó más trabajo.
Ese fracaso pasado le da argumentos al gobierno de Gustavo Petro para revertir esos cambios en la reforma que empezará a discutir esta semana el Congreso. Es un regreso al pasado con algunas bases sólidas. Sin embargo, se trata de una reforma que mira poco al futuro, y a las nuevas maneras de abordar los dilemas entre la flexibilización frente a los cambios del mercado laboral y los derechos de los trabajadores.
La reforma laboral de Uribe no creó más empleos
El articulado que se va a debatir les da más garantías a los trabajadores formales cuando trabajen horas extras, los domingos, o cuando los vayan a despedir. Incluso, les da más fuerza a los sindicatos para negociar. Pero esta reforma crea una fricción entre los empresarios y el gobierno por el aumento de los costos salariales y una menor flexibilidad laboral.
Por un lado, los empresarios dicen que el aumento de los costos salariales y una menor flexibilidad laboral podría destruir empleos y afectar sus negocios. El gremio de los comerciantes, Fenalco, dice, por ejemplo, que los costos laborales pueden subir hasta 35 por ciento. Y un polémico estudio publicado por el Banco de la República, que tiene entre sus autores a Leonardo Bonilla, hijo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dice que la reforma podría destruir entre 152.000 y 746.000 empleos.
En la otra orilla, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que viene además del sindicalismo, dijo que esta no es una reforma que busque “crear empleo”. Para eso, afirma, se necesita un cambio en la economía. En cambio, defiende que esta reforma es para “devolverles derechos a los trabajadores”. Y Ramírez tiene un pasado concreto en mente.
En la Ley 789 de 2002, que se sancionó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, además de los cambios a la jornada nocturna, se bajaron el monto que pagan las empresas por los dominicales y se redujo el monto de la indemnización por los despidos sin justa causa. El objetivo era que con esa reforma se crearan 683.000 empleos durante el gobierno, o unos 200.000 al año.
Pero un estudio publicado dos años después, por el exministro Alejandro Gaviria concluyó que los efectos de esa reforma sobre la creación de empleo fueron “marginales”. Según el estudio de Gaviria, quien en ese momento era profesor de la facultad de economía de la Universidad de los Andes, “los resultados son negativos, y claramente inconsistentes con la cifra de 200.000 empleos por año citada durante la discusión parlamentaria”, dice el documento.
“Los empresarios pactaron con los políticos y el gobierno de turno una reforma (2002) sin tener en cuenta la afectación de los trabajadores. Hoy estamos pidiendo a este Congreso de la República, que no miren una sola cara de la moneda, que se haga justicia social”, dijo la semana pasada la ministra de Trabajo.
Siete años después del trabajo de Gaviria, otro documento estudió los efectos de la reforma laboral de Uribe. Juan Carlos Guataquí y Andrés Felipe García, lo publicaron en la revista de ensayos de Política Económica del Banco de la República en 2009. Allí, los investigadores demostraron que esa reforma, en vez de crear más empleos, puso a la gente a trabajar más horas.
Guataquí, profesor de la Universidad Javeriana y cofundador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, explicó que, si bien los empresarios en ese momento redujeron costos, eso no llevó a la creación de más empleos. “La creación de empleos pasa por múltiples variables. En ese momento, además, ganó una visión más macro del mercado laboral, que se debería comportar con la oferta y la demanda. Pero hay otros factores más micro que mueven el empleo”.
En otras palabras, abaratar los costos o flexibilizar las normas de contratación no necesariamente crea más empleos porque para que eso suceda tienen que darse las condiciones con, por ejemplo, el crecimiento económico.
Visiones encontradas por la destrucción de empleos de la reforma
Hace un par de semanas, el Grupo de Análisis del Mercado Laboral, que hace parte de una subgerencia del Banco de la República, publicó como parte de su informe trimestral un análisis de la reforma laboral. En el documento dicen que como la reforma sube costos de contratación, eso puede golpear el empleo.
El informe, que fue desacreditado por el presidente Petro, lleva la firma del hijo del ministro Bonilla. Los autores tienen en cuenta el paquete de cambios de la reforma para calcular el aumento de los costos laborales y la destrucción de empleos. Incluyen cosas como el aumento de costos por los cambios en la jornada nocturna, los dominicales, el pago de los aprendices de las empresas, y el reajuste salarial obligatorio para los que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos, entre otros.
Ese es el paquete de medidas en la reforma que les ofrecen más garantías a los trabajadores y los protegen en caso de que quieran ser despedidos. Es decir, ajustes con los que se encarecen los costos laborales y que además hacen más rígidas las normas que cobijan a los trabajadores.
La tesis es que como a los empresarios les va a salir más caro contratar a una persona que trabaje horas extras o nocturnas, y que además despedirla será más costoso, habrá menos incentivos para crear empleos. Eso se traduciría entonces en la destrucción de empleos formales.
El argumento de los investigadores frente a los costos laborales está basado en los resultados de la reforma tributaria del 2012, liderada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. En ese momento, la reforma redujo en un 13 por ciento los costos y eso contribuyó en un aumento de 3,7 puntos porcentuales en la formalidad.
Sin embargo, los defensores de la reforma laboral dicen que el aumento de costos laborales no está directamente relacionado con la creación o destrucción de empleos. Una muestra de eso son los estudios que se hicieron después de la reforma de Uribe.
Diego Cortés, economista y asesor legislativo de la congresista Jennifer Pedraza, explicó que “las empresas contratan el personal suficiente para poder producir lo que consideran necesario y creen que pueden vender. Si cae el costo de contratar una persona, solo se ahorran esos recursos, no contratan más”.
Y frente al estudio, Cortés dice que es debatible que se haga una relación directa de los costos con la reducción de empleos. “El modelo del Banrep plantea supuestos que todos los impuestos son usados para ‘gasto improductivo’; o que existe un efecto causal entre salario mínimo e inflación”. Según él, el modelo con el que calcularon esos efectos tiene que verse con “cautela”.
Una investigación, que incluso es citada por Petro, es la del premio nobel de Economía David Card, quien dice que el incremento del salario no necesariamente crea o destruye empleos. Es decir, que no hay una relación directa entre el aumento de costos laborales frente al empleo.
Otro argumento es el del crecimiento económico. Según los economistas consultados por La Silla, una empresa también decide si contrata o despide a alguien según la demanda de productos o servicios. “El empleo no solo depende de los costos laborales, sino también de la actividad económica”, explicó Jaime Tenjo, profesor, investigador y experto laboral. Por ejemplo, en temporada alta los hoteles contratan a más personas porque hay más ocupación. Pero en temporada baja, pueden necesitar menos trabajadores.
“Son dos tensiones que nos llevan a ver todo desde un extremo. Por un lado, están los empresarios que dicen que no pueden asegurar su producción y que les toca tener la capacidad de ajuste en caso de que las ventas bajen. Y la respuesta del gobierno es la de que para proteger los empleos hay que hacer difícil el despido o volver todo contrato a término indefinido”, dijo.
En ese sentido, Salazar agrega que se debe apuntar a un punto medio en el que el mercado laboral sea lo suficientemente flexible para moverse con el crecimiento económico y que sea capaz de proteger a los trabajadores con políticas de desempleo. Uno al que no le atina la reforma del gobierno.
“Este es un debate viejo y otros países de Europa ya han encontrado algunas soluciones. Por ejemplo, está el flex security, que es una combinación de políticas en donde se puede flexibilizar el mercado, pero se protege el ingreso de los trabajadores y no el empleo como plantea la reforma”. Es decir, que en vez de que haya una política para hacer más difícil el despido de empleados, se piense en un seguro de desempleo que proteja los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, nada de esto está considerado en el proyecto que presentó la ministra Ramírez al Congreso.
“Hay muchas razones para hacerlo: mejorar la productividad o adaptarse a los cambios tecnológicos”, dice Tenjo.
El otro problema de este tipo de flexibilización o incluso de la tercerización laboral es el de la informalidad. Ana María Díaz, economista y quien hace poco publicó una investigación sobre el tema, dice que ciertos tipos de contratación, como las de las plataformas de transporte o digitales, “promueven la informalidad”. “Este fenómeno, a veces denominado ‘uberización’ del trabajo, requiere de regulaciones adecuadas y ha llegado para quedarse”.
Sobre este camino, la reforma laboral del gobierno Petro no hace ningún avance. De hecho, frente a nuevas formas de trabajo, como el de plataformas, se limita a proponer una versión muy similar al contrato laboral tradicional. En el proyecto que radicó ante el Congreso planteó que las empresas en donde trabajan los repartidores se hagan cargo de la seguridad social.
