El nuevo acuerdo para mantener la Oficina de Derechos Humanos en Colombia muestra una intención política en el cambio de las palabras aunque las funciones de la institución siguen.
Después de varios días de rumores y tensión, el Gobierno y la Oficina de la ONU de Derechos Humanos firmaron este miércoles un nuevo acuerdo para la oficina que tiene esa entidad en Colombia desde 1997, con varias novedades que refrendan la búsqueda del Gobierno de cambiar el discurso sobre la violencia en Colombia y que podría reducir el margen de acción de esa oficina.
Estos son los principales cambios del nuevo acuerdo (al que tuvimos acceso) respecto al texto original de 1996 y que había sido prorrogado varias veces:
Deja de mencionar el conflicto armado
El primer gran cambio es que desaparece cualquier mención al conflicto armado.
El acuerdo original, que firmó el Gobierno Samper cuando las cifras de muertos, secuestrados y masacrados estaban escalando a récords históricos, aseguraba que la primera tarea de la oficina era observar la situación de derechos humanos en el país para asesorar al Estado y para promover los derechos humanos “en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país”.
Otra de sus funciones originales era hablar constantemente con el Gobierno, los militares, organizaciones civiles y el Estado para “observar y hacer un seguimiento independiente e imparcial de la situación de los derechos humanos, teniendo en cuenta el contexto de violencia y conflicto armado interno que sufre el país”.
Borrar la palabra “conflicto” hace parte del cambio de discurso del Gobierno de Iván Duque para alejarse de la bandera de su antecesor, Juan Manuel Santos, de la paz, pues el presidente actual nunca habla de “conflicto” en sus discursos.
Además, reemplazó en el lenguaje oficial términos como “posconflicto” por “estabilización” o “implementación” por “legalidad”, por mencionar dos ejemplos.
Por ahora no es claro si ese cambio simbólico tendrá muchos efectos en el trabajo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, y por ahora parece que no.
Eso porque, legalmente, la existencia de un conflicto armado interno no depende de que el Estado o algún grupo armado lo reconozcan sino de que haya una situación que definen los Convenios de Ginebra (básicamente, que haya confrontaciones sostenidas entre fuerzas militares y grupos armados organizados que ejercen control sobre territorio).
En Colombia esas condiciones se cumplen al punto que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que aplica el derecho internacional humanitario siguiendo los Convenios de Ginebra, no habla de uno sino de cinco conflictos en el país con múltiples grupos armados.
Sin embargo, si ese cambio de discurso se traduce en uno de énfasis, y si se repite con otras agencias de la ONU, eventualmente se podría complicar el panorama a las que trabajan esos temas, pues se les podría dificultar conseguir recursos para trabajar en algo que el Gobierno dice que ya no es lo importante.
Así, el que no haya un marco explícito del conflicto en el que algunas oficinas de la ONU puedan trabajar e invertir dinero en zonas afectadas por los grupos armados también puede afectar al Gobierno porque se reducirían los dineros internacionales que están dedicados a eso y que terminan yéndose la mayoría de veces para lugares donde el Estado no es fuerte.
Por ejemplo, solo para la implementación del acuerdo de paz, la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial pusieron casi 700 mil millones de pesos.
El centro pasa de ser recibir quejas a informar al Gobierno
Las misiones básicas de la Oficina de Derechos Humanos en el país son observar qué abusos ocurren, recibir información sobre ellos, y monitorear todo lo que se relacione con los derechos humanos, desde homicidios hasta los riesgos contra las minorías.
En ese monitoreo cabe hacer informes sobre lo que pasa en Colombia (como lo hacen cada año y de manera pública), contarle a las autoridades las violaciones de derechos humanos que vean y hacerle seguimiento a lo que digan.
El nuevo acuerdo trae esas mismas pero cambia su énfasis, para que lo principal sea auxiliar al Gobierno pues antes el objetivo de la Oficina era “recibir quejas sobre violaciones a los derechos humanos” para luego pasarlas a las autoridades competentes, y ahora la tarea es “informar a las autoridades competentes sobre presuntas violaciones y abusos de derechos humanos”, y para eso recibir “cualquier información” de cualquier persona.
Ese cambio sutil muestra la intención de priorizar la información que se le pasa a las autoridades sobre las denuncias que hace la comunidad, porque éstas ahora quedan en función de que la Oficina informe a las autoridades. Eso puede interpretarse como un intento por bajarle el tono a las críticas al Gobierno, reforzando la función de apoyar al Estado sobre la de vigilarlo.
Y es que de todas las oficinas que tiene la ONU en Colombia, históricamente esta ha sido una de las que más ha incomodado por sus informes que son críticos con la situación de derechos humanos en el país y que hablan sin pelos en la lengua.
La incomodidad viene de tiempo atrás. Por ejemplo, en su Presidencia, Juan Manuel Santos intentó sacar a la Oficina del país diciendo que no necesitaban más su presencia porque, según él, el país había mejorado en materia de derechos humanos. “No necesitamos más oficinas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en nuestro país”, afirmó en 2013.
Por lo general, los informes de la Oficina levantan ampolla en los Gobiernos de turno porque ponen el dedo en la llaga.
Este estamento advirtió desde su primer informe en 1998 que muchos de los hechos violentos de los paramilitares ocurrieron “con la tolerancia y aun la complicidad de servidores públicos, especialmente de miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional”.
En 2004 la Oficina denunció vínculos de los paramilitares con el DAS cuando todavía no se había desmantelado esta institución, desde 2005 hablaron de un incremento en las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ y desde 2015 advirtieron de los asesinatos de los defensores de derechos humanos y el riesgo que esto implicaba para el proceso de paz.
Todas estas denuncias las hicieron en gran parte con dos fuentes de información: las quejas que recibieron de la comunidad y las observaciones de los funcionarios de la Oficina en terreno.
El hecho de que ahora quieran priorizar la función de informar a las autoridades y poner la recepción de quejas como algo secundario a esto puede ser un intento para bajar las críticas, aunque en la práctica la Oficina puede seguir recolectando información y publicarla.
Filtrar todo por las altas esferas para intentar frenar los pronunciamientos
Otro de los cambios relevantes es que el nuevo acuerdo busca concentrar los pronunciamientos de la Oficina a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que hoy es la chilena Michelle Bachelet.
Eso le quita a la Oficina en Colombia la posibilidad de pronunciarse directamente vía su director en Colombia y por los informes anuales, pues todos deben ser “bajo la autoridad de la Alta Comisionada”.
Esto puede interpretarse de varias maneras.
La primera es que le da más maniobra al Gobierno para negociar diplomáticamente con Ginebra los pronunciamientos y evitar que los delegados en el país sean críticos en ruedas de prensa o en declaraciones en medios, como muchas veces ocurre.
La segunda es que ayuda a regular que la Oficina se pronuncie solo sobre los temas que tienen por mandato y que no interfiera en otros campos. Es decir, como un intento para bajarle la voz o por lo menos para complicarle un poco más el camino a una institución autónoma y crítica porque pasarían de recibir comentarios públicos de la Oficina cada vez que el delegado en Colombia lo considere a someterlos a un proceso que puede ser más largo mientras llega la autorización de Ginebra.
En últimas, puede ralentizar un poco las reacciones en el país, en línea con el cambio anterior.
De todas maneras, el filtro desde Suiza no significa necesariamente un silencio o una condescendencia con el Gobierno porque la Oficina pues Bachelet también ha sido crítica de Colombia en temas como el asesinato de líderes sociales y ante estamentos internacionales.
Sumados los tres cambios, se nota un viraje en el discurso oficial para intentar bajarle la caña a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Ya se verá si en la práctica esto ocurre o no.
