Dos capitales departamentales sitiadas por el temor, desabastecimientos de supermercados, hasta 24 homicidios contra civiles, 178 municipios afectados en 11 departamentos, y la salida al mar de Antioquia bloqueada. Hasta el Independiente Medellín tuvo miedo de ir a jugar por la liga de fútbol a Montería.
El paro armado del clan del Golfo, tras la extradición de “Otoniel”, se le salió de las manos al Gobierno de Iván Duque: no lo anticipó, se demoró en intervenir, y el Clan del Golfo logró intimidar a cientos de miles de personas durante cuatro días. Aún más, las estrategias anunciadas por el Gobierno reiteran un enfoque de seguridad que no ha funcionado, según varios expertos. Mientras, la Fuerza Pública pasa por una crisis de confianza en varias regiones y de legitimidad ante un sector político del país.
La respuesta tardía del Gobierno de Duque
El paro armado del Clan del Golfo empezó horas después de que Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, fue extraditado a Estados Unidos. En menos de 24 horas, este grupo armado fue capaz de organizar, amenazar y generar hechos violentos en once departamentos del país, en un paro armado de cuatro días completos.
El primer día, el presidente Duque no se refirió a la situación. El ministro de Defensa, Diego Molano, lo hizo solo terminando la tarde. “La Fuerza Pública había previsto dispositivos para dar seguridad en aquellas zonas donde tiene influencia el Clan del Golfo como potencial retaliación por la extradición de ‘Otoniel’”, dijo Molano.
La previsión del Gobierno no impidió que municipios enteros fueran confinados, ciudades como Medellín o Barranquilla sufrieran hechos violentos, y que capitales departamentales como Sincelejo y Montería fueron paralizadas. Frente a si hubo inteligencia para anticipar esta reacción, Molano le dijo a La Silla Vacía que: “La campaña más importante contra el Clan del Golfo es que no pararon las operaciones cuando capturamos a ‘Otoniel’. Esa fue la mejor forma de prevenir”.
El viernes la situación del paro armado escaló. Esa mañana hubo atentados, paredes pintadas con las siglas AGC y carros incinerados en la vía. Incluso hubo denuncias de por lo menos siete personas asesinadas ese día en el marco del paro armado, la mayoría por no obedecer la orden del Clan de no salir de las casas.
Ese viernes, el ministro Molano hizo un consejo de seguridad en Antioquia y otro en Córdoba. Pero, el balance del segundo día del paro fue de 116 municipios afectados en 11 departamentos, según la Unidad de Investigación de la JEP, que ha emitido informes desde su mecanismo de monitoreo de riesgos.
El tercer día, el sábado, el gobierno anunció un aumento del pie de fuerza en los departamentos más afectados: Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia. Lo que no impidió que, durante la tarde de ese día, personas de civil patrullarán armadas en Sincelejo, según nos confirmaron dos fuentes que piden no ser mencionadas por su seguridad. O que otras partes del país siguieran confinadas por temor a represalias.
Entonces, al final de la tarde del sábado, el presidente Iván Duque finalmente apareció desde el PMU de la policía en Bogotá. “Buscan generar intimidación a través de hechos aislados y atentados cobardes, que buscan tener maximización a través de redes sociales y medios de comunicación. Tratan de mostrar desesperadamente una fortaleza que no tienen”, dijo Duque en sus primeras declaraciones oficiales sobre los motivos del paro armado.
Mientras la región Caribe, el Bajo Cauca, Sur de Bolívar y el Urabá vivían una acción coordinada del Clan del Golfo, el Gobierno veía una lucha interna. Según el ministro Molano el paro, además de la extradición, fue una muestra de que “Ellos quedaron divididos, están las facciones de “Chiquito Malo”, de “Siopas” y de “Gonzalito”. Los dos primeros están disputándose la primacía y demostrando que tienen poder”.
Frente al confinamiento y el temor de los ciudadanos, Duque anunció la movilización de 52 mil uniformados entre Policía y Ejército. Al mismo tiempo, el Gobierno ha sostenido que el paro se generó más por miedo que por capacidad real del Clan del Golfo, “Acá no hay ningún bloqueo, lo que hacen es que queman los buses y se van. Hay es temor”, dice Molano.
Pero según el balance del Gobierno hasta este domingo en la noche, el paro armado afectó a 141 municipios desde el 5 de mayo, de los cuales sólo 23 tienen una apertura del 100 por ciento del comercio. Por su parte, el último informe de la Unidad de Investigación de la JEP afirma que fueron 178 los municipios afectados.
Ayer por la noche, al final del cuarto día de paro, el minDefensa aún no daba un parte de total tranquilidad: “Estamos viendo que inició la desescalada del paro armado y la reactivación del comercio. Falta un corredor clave que es el de Medellín-Urabá”. También agregó que se han capturado a 80 miembros de esta organización en el marco del paro.
Para el profesor de la Universidad del Norte y experto en conflicto armado, Luis Fernando Trejos, esta respuesta ha sido tardía, porque no anticiparon la capacidad del Clan del Golfo y han fallado en dar un parte de victoria. Pero, el profesor, también dice que no plantearon la estrategia acertada para combatir esa organización criminal.
Más de lo mismo: la política fallida contra cabecillas
El mayor anuncio del Gobierno para combatir al Clan del Golfo fue la creación de un bloque de búsqueda para capturar o dar de baja a “Chiquito Malo” y “Siopas”, que son los nuevos altos mandos de las AGC. Además se aumentó la recompensa por la cabeza de cada uno a cinco mil millones de pesos.
La respuesta al paro armado desatado por la extradición del máximo cabecilla del Clan del Golfo era, de nuevo, capturar más cabecillas. Sin embargo, esta estrategia no ha sido efectiva contra esta organización criminal e incluso con la extradición de su jefe histórico no les ha hecho mella.
“El Gobierno no hace una lectura adecuada de la naturaleza de la amenaza. Se enfocan solo en los objetivos de alto valor y lo que vemos es que las políticas de descabezamiento tienen un impacto muy limitado”, explica Jorge Mantilla, director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). En esto coincide el profesor Trejos.
Ambos investigadores afirman que Duque ha insistido en una estrategia que en su momento fue efectiva contra las Farc, porque eran una estructura vertical con mandos muy fijos. Pero, la naturaleza del Clan del Golfo es otra. Es una estructura más horizontal y que coopta otras organizaciones delincuenciales para que le presten servicios criminales.
Según el investigador Mantilla, en la actualidad el Clan tiene cuatro estructuras y 22 subestructuras. Estas últimas son las responsables de la mayoría de afectaciones en los municipios donde el Clan no ha tenido fuerza anteriormente, según el mismo ministro Molano.
“Activar una acción terrorista o de vandalismo es muy fácil, salieron en varios puntos con personas subcontratadas y se originó, en los primeros dos días, el problema que se enfrentó con las quemas”, dice Molano. Según el balance del Ministerio de Defensa, fueron 187 vehículos afectados.
Pero en este punto es donde el enfoque del Gobierno falla tanto para Mantilla como para Trejos, pues insisten en la estrategia de objetivos de alto valor que no afecta a una estructura horizontal. Desde la captura de “Otoniel”, en octubre del año pasado, el Gobierno consiguió capturar a otros 150 integrantes de las AGC, pero esto no se tradujo esta semana en una mayor seguridad territorial ni en confianza en la institucionalidad.
No solo no ha funcionado con el Clan del Golfo y en el Norte de Colombia. Hay un antecedente en los primeros meses del gobierno Duque con la baja en combate de alias “Guacho”. Este era el jefe de la Oliver Sinisterra, una disidencia de las Farc en Tumaco, en la frontera del pacífico nariñense con Ecuador. Casi cuatro años después, esta región sigue siendo un enclave del narcotráfico y disputada por grupos de disidentes.
La crisis de confianza y politización de la Fuerza Pública
Tanto el presidente Duque como el ministro Molano han insistido en que el paro armado se basó en poder de intimidación más que en poder militar. Sus mismos argumentos revelan que, más allá de la discusión sobre el poder militar real del Clan del Golfo, la confianza sobre la Fuerza Pública para mantener el orden es limitada incluso frente a panfletos y mensajes de Whatsapp.
“El tema es estructural. En estas regiones el Clan tiene una base social importante. Por eso no necesita estar patrullando en uniforme para generar miedo”, dice el exdirector de inteligencia de la Policía, el general retirado Juan Carlos Buitrago.
En esto coincide Jorge Mantilla, que explica que las AGC en las regiones donde tienen su retaguardia ejercen lo que se conoce como “gobernanza criminal”. En territorios como Urabá, Bajo Cauca, Bajo Atrato y Sur de Córdoba el Clan del Golfo controla en cierta medida las economías informales e ilegales y regulan la vida de las personas.
El Gobierno trazó una estrategia que buscaba precisamente traducir el esfuerzo militar en control territorial e institucional, conocida como Zonas Futuro. Pero, según el general retirado Buitrago y el profesor Trejos, se quedaron en el papel y no se tradujeron en una ejecución. “El indicador más claro es que en estas regiones es donde hay más violencia actualmente”, dice Trejos.
El balance de cuatro días de paro armado es el temor profundo de los ciudadanos en las zonas afectadas y una incapacidad estatal, en cabeza de Duque, de reaccionar y generar la confianza suficiente en vastas regiones del país.
Sobre si esto no refleja un fracaso en su estrategia de seguridad, Molano nos respondió: ”Cuando llegó el presidente Iván Duque, el Acuerdo de la Habana desmovilizó un solo grupo. No se había logrado la paz para todos los colombianos”.
Sin embargo, argumenta que: “En términos de avance y lucha contra estos símbolos del mal hemos avanzado en reducir sus números”. Según Molano, el número de hombres en armas cayó de 15 mil a 11 mil, y se eliminaron estructuras como Los Caparros y los Puntilleros.
Por otro lado, el paro también reveló los peligros de la creciente politización de las Fuerza Pública. Las dudas sobre si la respuesta de había sido desigual a la del paro nacional del año pasado estuvo alimentada por recientes revelaciones de vínculos del Clan con altos oficiales de la Fuerzas Militares, como Leonardo Barrero, que es acusado de colaborar con alias “Matamba”, quien llegó a ser uno de los cabecillas más importantes del Clan del Golfo.
Y si en las regiones el problema con los militares y policías es de confianza, frente a un sector de la opinión, donde participan políticos de oposición, especialmente del Pacto Histórico, el problema es de legitimidad. “La historia dirá que cuando los jóvenes protestaron contra una Reforma Tributaria (…)Duque y Zapateiro ordenaron aplastarlos con sevicia. Pero, cuando los paramilitares bloquearon y abusaron de medio país, se escondieron”, escribió el senador Gustavo Bolívar.
Así, el Clan del Golfo no solo le da un golpe al Gobierno que empaña el logro histórico para Duque y la Fuerza Pública de capturar a “Otoniel”, sino que le pone una mancha a la política de seguridad del presidente Iván Duque y a su promesa de dejar un país menos dividido.
