Para este lunes está programada una asamblea de accionistas de la Nueva EPS, la más grande del país. Según cuatro fuentes enteradas, el gobierno busca cambiar a cuatro de los cinco miembros de la junta y poner un gerente de su propia cuerda.
Sería el primer paso para lograr por la derecha la transición al sistema de salud público que quiere el presidente Petro, justo cuando la reforma a la salud está enredada en el Congreso.
Una gigante en transformación
La Nueva EPS es una empresa privada del régimen subsidiado y régimen contributivo, que inició operaciones en 2008 con los afiliados del Instituto de Seguro Social cuando fue liquidado por sus problemas sindicales y clientelistas.
Desde entonces, se ha convertido en la EPS más grande de Colombia con más de 10 millones de afiliados y la única con cobertura en prácticamente todo el país. Tiene el 18.64% de toda la población del régimen contributivo y el 16.48% del régimen subsidiado (a corte de diciembre de 2022).
El 50 más uno de las acciones de la Nueva EPS les pertenecen a las cajas de compensación Cafam, Colsubsidio y Compensar y el 50 menos uno a la nación, a través de la Previsora Vida, una empresa estatal.
Esta alta participación estatal unida a su amplia cobertura ha hecho que el gobierno vea a la Nueva EPS como el puente clave entre el sistema actual de aseguramiento privado y el futuro que desea el gobierno Petro.
Como cuenta El Espectador en este detallado artículo, en el capítulo de la reforma a la salud que trata sobre la transición, se dice que sería la Nueva EPS “preferiblemente” la que asumirá el aseguramiento de los afiliados de las EPS privadas que desaparecerán. Por eso de aprobarse la reforma, la Nueva EPS podría terminar asumiendo 20 millones de asegurados, algo que las cajas de compensación que son socias de la entidad han dicho que no tendrían la capacidad de atender.
En su último artículo 151, la reforma de la salud pide facultades extraordinarias para Petro por seis meses para “capitalizar a la Nueva EPS en el periodo de transición, así como dictar las disposiciones orgánicas que corresponda para su adecuada operación.”
Como las cajas de compensación atraviesan un mal momento, difícilmente tendrían los 2,4 billones que se necesitarían cómo mínimo en 2024 solo para pagar la deuda que tiene la EPS. Si no pueden poner su parte, quedarían diluidos, y la propiedad mayoritaria pasaría al Estado.
Este era el plan. Pero dado lo enredada que está la reforma en el Congreso después de las elecciones regionales en las que el Pacto Histórico tuvo un pésimo desempeño, el gobierno avanza con un plan B que se empezará a consolidar hoy.
El cambio de mando
La junta directiva de la Nueva EPS está conformada por cinco miembros, tres de las cajas de compensación y dos del gobierno. Actualmente, están Enrique Vargas Lleras (hermano del ex vicepresidente Germán), Noemí Sanín, Fernando Jiménez Rodríguez, Mauricio Olivera González y Ricardo Rueda. El presidente desde hace 14 años es José Fernando Cardona.
En la asamblea extraordinaria de accionistas de hoy, se espera que cambien cuatro de sus cinco miembros y que sean reemplazados por personas más alineadas con los planes del gobierno para el sistema de salud.
Entre los que entrarían están el viceministro de Salud, Jaime Urrego; un delegado del ministerio de Hacienda y Fabio Cardona, subdirector de Cafam.
Ante la pregunta sobre si hoy se daría el cambio de miembros en la junta, el viceministro Urrego dijo a La Silla Vacía: “Entiendo que avanzan los trámites en esa dirección, pero aún no se ha materializado”. No contestó quiénes exactamente saldrían o entrarían.
Al nuevo gerente de la Nueva EPS lo nombrará la nueva junta, en reemplazo de Cardona Uribe, un médico que fue secretario de Salud de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa. El nombre que suena, incluso desde hace un año, es el de Aldo Cadena, un abogado cesarense quien fue secretario de Salud de Petro durante su Alcaldía y presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social (Sindess).
Aunque cuando La Silla consultó a Cadena sobre esta posibilidad, éste le dijo que el presidente Petro no había hablado con él ni nadie del gobierno se lo había mencionado. “Sueno para todos los cargos, y ya me tienen salao”, dijo de manera humorística.
La oficina de prensa de la Presidencia dijo no tener información al respecto.
La movida del cambio de junta viene después de otra que ocurrió hace 20 días. En desarrollo de un artículo que aprobaron en el Plan de Desarrollo, el gobierno expidió un borrador de decreto que cambia el giro directo de aquellos beneficios que están por fuera del plan obligatorio de salud. Ya no lo harán las EPS a los hospitales sino directamente la Adres, que es la entidad pública que si se aprobara la reforma sería la que administre los recursos de la salud.
Este borrador de decreto también modifica las reglas de traslado de afiliados. Lo cual haría más fácil dejar a la Nueva EPS como la gran receptora de afiliados de las demás EPS que la Superintendencia vaya interviniendo porque no cumplen los requisitos de operación, como ha dicho el presidente Petro.
Según dijeron dos de las cuatro fuentes consultadas, la idea original del gobierno era proponer una capitalización de 5 billones a la Nueva EPS para diluir a los socios privados y quedarse con la mayoría, pero se dieron cuenta de que estatutariamente no era posible sin las facultades extraordinarias que le daría al presidente la reforma que cursa en el Congreso.
Entonces, mientras se destraba la reforma o asumiendo que no lo lograrán, decidieron convencer a las cajas de compensación de que accedieran a nombrar unos delegados “más acomodados al pensar del gobierno”, según le contó una de las fuentes cercanas a una de las cajas de compensación dueñas de la Nueva EPS.
El “argumento” que convenció a algunas de ellas era la posibilidad de que el gobierno interviniera la entidad si no se alineaban. Una advertencia creíble después de la reciente intervención de Famisanar por parte de la Superintendencia de Salud.
Razones para una intervención
La Nueva EPS tuvo ingresos operacionales en 2022 por 12,7 billones, la mayoría de ellos por las transferencias que hizo el gobierno por afiliado, siendo una de las empresas más grandes del país.
El desempeño de la Nueva EPS es promedio para la mayoría de indicadores, según la última encuesta de percepción de servicios de las EPS. Y, según el Estudio Nacional de Evaluación de los Servicios de las EPS – Régimen Contributivo y Subsidiado 2022, es la segunda EPS a la que más colombianos quisieran pasarse.
Aunque tiene el capital exigido, la Nueva EPS es la que más plata le debe a los hospitales, con una deuda superior a los 2 billones de pesos y una morosidad del 42,7 por ciento en los pagos según el informe de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas a corte de diciembre de 2022. En otras palabras, no cumple el indicador de inversiones en reserva técnica y no ha pasado la evaluación de la Supersalud en las últimas tres revisiones.
Esto, unido al alto volumen de quejas, le crea una vulnerabilidad suficiente para ser intervenida si el gobierno tiene la voluntad política de tomar medidas en el asunto.
De consolidarse este cambio en la junta hoy, y ya sin la resistencia de los delegados de las cajas de compensación en la junta, la Nueva EPS podrá ir recibiendo los afiliados de las EPS que el gobierno vaya interviniendo.
Un documento reciente de la Supersalud dice que a junio de este año, “14 de las 24 entidades que actualmente operan el aseguramiento en salud no cuentan con los recursos suficientes para cubrir las reservas técnicas”. En otras palabras, que habría base legal para intervenirlas.
Entonces, por la derecha y sin necesidad de que se apruebe la reforma a la salud, la Nueva EPS podría resucitar más pronto que tarde en el nuevo Seguro Social con el que sueña el gobierno Petro, una gran EPS pública ojalá sin el clientelismo que acabó al anterior. El reto es que pueda prestarles a los colombianos un buen servicio de salud porque le implicaría multiplicar por tres su capacidad operativa, una proeza incluso para las grandes multinacionales.
Nota de actualización: Como lo anticipó La Silla en esta nota, esta mañana en menos de 10 minutos, la asamblea extraordinaria de accionistas cambió a cuatro de los cinco miembros y entraron el viceministro Urrego, el exviceministro de Hacienda, Fernando Jiménez Rodríguez, aliado al gobierno de Petro. Y Fabio Alberto Cardona, el subdirector de la Caja de Compensación Familiar (Cafam), que está más alineado con la visión del gobierno.
