“¡Abajo Capitolino Riaño! ¡Abajo la Fiscalía! ¡Abajo Bancolombia!”, gritaba José Daniel Anacona el lunes en la mañana al frente del Capitolio en la Plaza de Bolívar. Otras 50 víctimas lo acompañaban al unísono.
¡Abajo Capitolino Riaño! Porque dicen que los estafó.
¡Abajo Bancolombia! Porque creen que hay una confabulación entre el banco y Riaño para robarles una indemnización internacional a las víctimas.
¡Abajo la Fiscalía! Porque consideran que no ha hecho nada para investigar a Riaño y a Bancolombia.
El plantón en la Plaza de Bolívar es el episodio más reciente de la historia de un engaño masivo a 5.265 víctimas como José Daniel Anacona. La historia arrancó en 2014.
Arranca el engaño
José Daniel Anacona trabajaba como celador en la plaza de mercado de Pitalito, Huila, cuando Luz Marina Jiménez, vocera de Capitolino Riaño, lo buscó.
Luz Marina, quien también había sido víctima, le dijo que Capitolino, otra víctima como ellos, estaba promoviendo una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, para que el Estado los reparara. Le dijo que “la entrada” para apoyar la demanda costaba 300 mil pesos y que cuando se ganara recibiría una indemnización de entre 300 y mil millones de pesos por víctima.
Anacona inicialmente dudó. Desde que mataron a su hijo y tuvo que salir huyendo de la vereda Aguas Negras, junto con su esposa y sus otros tres niños, vivía en arriendo, al día, con lo que ganaba con su trabajo como vigilante.
Pero se dejó convencer de Luz Marina; confiaba en ella porque era cristiana como él, igual de apegada a Dios, y hablaba de la demanda como una ‘bendición’. Entonces, Anacona acudió al ‘gota a gota’ en la plaza de mercado y consiguió la plata, prestada a la tasa de usura.
Pagó por él, por su esposa y por sus tres hijos. Un millón y medio de pesos. Se convenció aún más de que había hecho lo correcto cuando conoció a Capitolino Riaño en Pitalito. Luz Marina le comentó que él andaba por el pueblo, y le consiguió una cita para conocerlo.
Ese día, dice Anacona, Capitolino le presentó a dos muchachas como sus asistentes. Los invitó a tomar jugo, y les aseguró que la demanda se fallaría en poco tiempo.
El tiempo pasó. La esposa de Anacona, Luz Mary Samboní, murió con la ilusión de que un día llegaría esa indemnización. Para que no se perdiera ese cupo por el fallecimiento, Capitolino le pidió a Anacona otros 300 mil pesos más. Pero él no accedió a ese pago adicional.
Sin embargo, contando con los 300 millones de pesos que le prometieron que llegarían en poco tiempo cuando la Cidh fallara la demanda, intentó negociar lotes para regresar al campo. Era su ilusión.
Una ilusión a la que se niegan a renunciar otras 21 víctimas con las que habló La Silla y que demostraron con documentos el engaño que habían sufrido.
Porque ocho años después de entregar sus 300 mil pesos de inscripción, la plata de la indemnización no ha llegado. Ni va a llegar.
La Silla verificó que la Cidh ni siquiera ha abierto el caso y que Capitolino Riaño lo sabe. Por ende, no habrá indemnización, ni la plata está en Bancolombia. Ni va a estar. Pero las víctimas, dos veces victimizadas, se niegan a reconocer la mentira.
El negocio
La idea de pedir una reparación internacional para las víctimas se concibió en 2013. Para ese entonces, Capitolino Riaño ya era reconocido dentro de los círculos de víctimas del país, porque se convirtió en uno de los líderes de la toma al Parque Tercer Milenio en Bogotá en 2009.
En 2009, él fue una de las casi seis mil víctimas que se tomaron el parque Tercer Milenio en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno y vivieron allí durante cuatro meses reclamando protección del Estado.
Capitolino era doblemente desplazado. A finales de los 80, era un campesino con cabezas de ganado y tierra que las Farc le quitó en el Caquetá y lo obligó a irse a Neiva. Pero de allá también tuvo que salir corriendo cuando en el 2005 las Farc mataron a dos líderes de una fundación que ahora dirige y de la que él era tesorero.
En esa condición de víctima de la guerra llegó al Tercer Milenio, y se convirtió en uno de los tres voceros que firmó un acuerdo con la Alcaldía y Presidencia para desalojar ese parque.
El acuerdo incluía atención humanitaria, reubicación, vivienda digna y proyectos productivos. Para Capitolino, el Estado nunca cumplió y por eso inició una serie de acciones judiciales que, aunque nunca prosperaron, lo llevaron a conocer a quienes se convertirían en sus socios en el negocio de la demanda internacional ante la Cidh, que está basada en el incumplimiento de ese acuerdo.
Por un lado, Lucio Chicunque, un líder cristiano que también fue desplazado, conoció a Capitolino en el 2010 siendo contratista en el Ministerio del Interior.
Según Chicunque, Capitolino, quien también es cristiano, lo buscó para preguntarle si conocía a algún abogado que los asesorara en trámites judiciales para hacer demandas a favor de las víctimas. Dice que le recomendó al abogado William Pachón, quien pasó a ser el tercer socio.
La primera reunión de los tres fue en diciembre de 2013 en el centro de Bogotá. Pachón le dijo a La Silla que la idea de hacer una demanda internacional fue suya. “Yo empiezo a revisar lo convenido en el Tercer Milenio como un contrato, como un acto jurídico que genera unas responsabilidades colaterales que el Gobierno incumplió”, dice Pachon.
Chicunque secundó la idea. Como trabajaba en el Ministerio del Interior sabía que para ese año, el 2013, había una partida en el presupuesto nacional de 6,2 billones de pesos (Ver documento) para la atención y reparación de víctimas del conflicto. Si lograban llevar las peticiones de las víctimas del Tercer Milenio a la Cidh y obtener la condena del Estado, podrían acceder a parte de esos recursos. Una oportunidad de negocio para los tres.
Se distribuyeron el negocio así, según consta en este poder: Capitolino se quedaría con el 30 por ciento de la plata de la eventual indemnización (Ver documento) ; y Chicunque y Pachón con el 3 por ciento (Ver documentos) . Según las cuentas de ellos dos, Capitolino aspiraba a quedarse con un billón de pesos.
Además, Capitolino se comprometía a entregarles a ellos dos el 40 por ciento de los recursos que le pagaran las víctimas por la inscripción a la demanda. El plan era recorrer varias zonas del país para sumar inscritos.
Los cobros, según reconocen Chicunque y Pachón, eran de 300 mil pesos por persona.
El negocio arrancó relativamente bien. Capitolino activó su red de víctimas conocidas para que estos a su vez les ayudaran a sumar más con el propósito de nutrir la demanda. No les faltaron voluntarios.
Heriberto Bonilla, por ejemplo, un líder de víctimas del Huila, se interesó cuando Capitolino le contó sobre la demanda y decidió ayudarle. Según sus propias cuentas, después de visitar varios municipios entre los Llanos y Huila, ayudó a vincular a 1.400 personas.
“Me dieron una cuenta para que yo enviara la plata que iba recaudando. Cuando llegué a 886 familias de desplazados vine a Bogotá. Todas mis familias estaban a paz y salvo y Capitolino me dijo: ‘usted es un líder muy bueno… sabe qué siga trabajando que entre más gente vincule a la demanda internacional, más grande es la propina’. Así llegué hasta los 1.400 de las 5.266 que se mandaron”, relata Bonilla.
Osias Ascencio, otro líder de víctimas en Tolima, dice que él ayudó a contactar a 1.900 víctimas y que a todas les cobraron 300 mil pesos por inscribirse.
Cuando llegaron a la 1.405 víctimas inscritas, Pachón radicó la demanda ante la Cidh en 2014. Un trámite que es gratuito. Y ya con el documento de radicación en mano, empezaron a regar la bola y cautivar a más potenciales clientes con la promesa de una millonaria indemnización. La tarifa de inscripción aumentó e incluso hay testimonios de que en unos casos cobraron 400 mil pesos.
Capitolino reforzaba la confianza de las víctimas dándoles un código, que según él, había otorgado la Cidh. Uno para las víctimas del Tercer Milenio y otro para víctimas que no estuvieron en la toma. Era la “garantía” que les daba de que el proceso estaba andando. Pero, en realidad, esos códigos fueron creados por el abogado Pachón para documentar internamente el proceso.
La luna de miel de la sociedad se acabó justamente por el manejo de la plata recaudada.
Se disuelve la sociedad
Para abril de 2016, Pachón y Chicunque calculaban que Capitolino les debía 150 millones de pesos (Ver documento) y empezaron a reclamarle el pago de las inscripciones de las víctimas que, según el acuerdo, les correspondía.
Capitolino los evadió y no les pagó. Entonces, Pachón y Chicunque decidieron montar una fundación de víctimas llamada Adadi para dejar a Capitolino por fuera de la demanda internacional y así recuperar su dinero. Para ese entonces, ya varias víctimas reclamaban que Capitolino no les daba información sobre la demanda. (Ver documento)
En los estatutos de esa fundación, le quitaron la representación legal de la demanda a Capitolino y se la otorgaron a Pachón y Chicunque, quienes ya no iban a cobrar el 30 por ciento de comisión sobre la indemnización, sino el 10 por ciento. (Ver documento)
Esto no frenó a Capitolino. Con el soporte del radicado del proceso y los supuestos códigos generados por la Cidh, siguió recogiendo por su cuenta plata de víctimas para sumarlas a la demanda.
Hubo víctimas que apadrinaron a otras con la promesa de que les darían el 10 por ciento de la plata de cada persona por la que pagaran la entrada a la demanda.
Rosalba Cristancho, la dueña de un almacén de ropa y calzado en Pitalito, dice que apadrinó a 100 víctimas y pagó por ellas 30 millones de pesos a Capitolino. Ella lo hizo como una oportunidad de negocio porque no era víctima y pidió un préstamo al banco, con su local como garantía.
“Hace como 3 años que a mí me tocó acabar con eso, porque no tenía cómo pagar los préstamos. Ya los bancos me remataron”, dice.
Las víctimas no solo se endeudaron para ‘inscribirse’ sino que varias rechazaron la indemnización del Estado —cuando finalmente les llegó la reparación administrativa que creó la Ley de Víctimas— para no perderse la indemnización de la demanda internacional, que supuestamente era mucho más grande.
Anacona, de Pitalito, dice que hace tres años cuando lo llamaron de la Unidad de Víctimas para que se acercara a reclamar la indemnización administrativa de 4 millones que le reconocía la Ley de Víctimas, consultó a Capitolino. Y que él le recomendó que no la aceptara. “Esa vez me decía que no la reclamara porque perdía la plata de la demanda internacional, que podía perder la bendición”, dice Anacona.
Carlos Hernán Rojas, también de Pitalito, aseguró que le dijeron “que no podía volver a reclamar nada en la Unidad de Víctimas por la demanda internacional… ya no estoy en ningún lado y no tengo ningún subsidio”.
Con el tiempo, la orientación cambió. Luz Marina Jiménez, la aliada de Capitolino, les dijo a las víctimas que tenía una abogada que les cobraba el 20 por ciento de la indemnización administrativa a la que tienen derecho para que les consiguiera más dinero y que otro 10 por ciento iba para Capitolino. Es decir, inventó otra estafa.
“Hace dos semanas llamé a Capitolino, a través de la hermana Luz Marina, y ahora sí me dijo que podía reclamar lo de la Unidad. Pero que tenía que mandarle 50 mil pesos para hacer unos papeles”, añade José Daniel Anacona. “Ahí ya todo me empezó a parecer más raro; antes no, ahora sí”.
Luz Marina Jiménez no quiso responder por esas acusaciones.”Cualquiera que se sienta robado vaya a ley y yo con mucho gusto estaré muy pendiente de cualquier entidad jurídica que me cite”.
Capitolino mantiene el engaño
Capitolino Riaño ha recibido tres notificaciones clave de la Cidh sobre el estado de la demanda. En 2019 le dijeron que estaba en estudio de admisibilidad; en 2020 que “había superado la etapa inicial y el siguiente pasó consistirá en la notificación de su petición al Estado”; y en febrero de 2021le indicaron que no le darán trámite a su petición.
Capitolino Riaño CIDH Notificaciones by La Silla Vacía on Scribd
Capitolino les comentó a las víctimas en detalle las dos primeras, pero la última no, pese a que es determinante. En ese último documento, la Cidh dijo que la documentación enviada no era suficiente para dar trámite de apertura a la demanda, es decir, para arrancar el proceso de fondo.
“Que no haya trámite de apertura significa que nunca se abrió el caso”, explicó a La Silla Vacía el abogado internacionalista Víctor Mosquera, quien ha llevado casos ante la Cidh. “Además, la Cidh no condena, lo máximo que hace es un informe de fondo y recomendaciones. La que condena es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para que llegué allí primero tendría que haberse surtido todo el trámite en la Comisión”.
Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, también le aseguró a La Silla que el Estado no ha sido notificado de ninguna demanda. Y que por ende, no hay ninguna sentencia que los obligue a indemnizar a las víctimas.
En respuesta a La Silla, la Cidh dijo que no podía pronunciarse sobre el estado de la demanda interpuesta por Capitolino Riaño porque está en “estudio inicial”. Lo que significa que no está admitida ni cerca de tener un fallo. La Comisión también precisó que en esa etapa se notifica “si se ha decidido abrir o no a trámite la petición”. (Ver documento)
Gustavo Coneo, quien es el actual abogado de la demanda de Capitolino, aseguró a La Silla que ésta había sido rechazada y que lo sabía porque: “Me comuniqué directamente con la Comisión”.
Capitolino Riaño le reconoció a La Silla Vacía que la demanda está “en reestudio” desde 2021, porque después de la notificación de que no la iban a abrir, según él, ocasionada porque otros líderes enviaron información a la Cidh y generaron dudas sobre su representación, todo se paró. Por eso, solicitó que volviera a revisar el caso y aún la Cidh no se ha pronunciado sobre si admite o no la demanda.
Aún así, les ha seguido enviando mensajes por Whatsapp a las víctimas diciendo que la demanda ya “estaba ganada”.
Su círculo más cercano también lo vende así.
Estos audios han sembrado en las víctimas la certeza de que hay una plata para ellos en Bancolombia, que es donde muchos le consignaron a Capitolino para inscribirse en la demanda. Como Capitolino lo que decía desde finales de 2019 era que habían ganado la demanda y que solo faltaba la notificación al Estado, muchas víctimas empezaron a creer que lo que en realidad pasaba era que Capitolino no les quería entregar la plata.
De hecho, en 2020 varias víctimas interpusieron tutelas contra Bancolombia para que les pagaran supuestos 4,3 billones que les había girado la Cidh. La Silla conoció una comunicación, cuya veracidad fue certificada con Bancolombia, en la que el banco les notifica que no tiene el dinero que reclaman porque no hay ningún fallo.
En todo caso, aún sabiendo que la demanda no ha sido abierta, Capitolino siguió cobrándole plata a los “morosos” y aprovechó para pedirles más. Hace unos meses, les dijo que necesitaba 20 mil dólares para ir a Estados Unidos a destrabar el proceso y recibir la supuesta notificación de la Cidh que sería el paso final para que les dieran la plata que tenían “retenida”.
Sobre cuánta plata ha recogido durante los 8 años, Capitolino asegura que “es muy complicado saber porque son 5 mil y pico y hay una cantidad que no han dado ni siquiera para tomarse un tinto”.
Sin embargo, un audio reciente enviado a un grupo de víctimas por Manuel González, asesor de Capitolino Riaño, muestra que tienen las cuentas muy claras.
Según las propias cuentas del grupo de Capitolino, descontando los morosos y los que no han puesto plata, las víctimas que sí quedaron inscritas le entregaron 1.439 millones de pesos.
Capitolino reconoció a La Silla que las víctimas recientemente le han dado otros 9 millones para el viaje a Estados Unidos, que, según él, se hace para que la Cidh “tome conciencia de que la indemnización no es un regalo, sino un derecho”.
No tiene visa para viajar, pero dice que la plata la tiene guardada para cuando recoja toda la que necesita –calcula 20 mil dólares- y se dé la oportunidad de ir.
En una respuesta a La Silla, la Cidh señaló que ellos no promueven que las personas “comprometan recursos para trasladarse a nuestras oficinas en Washington, DC, debido a que la CIDH ha puesto a disposición de las personas peticionarias, presuntas víctimas, y usuarias en general distintas herramientas y vías para el intercambio de información y atención a sus requerimientos”.
El abogado Gustavo Coneo, que es el que actualmente asesora la demanda internacional, aseguró que quieren viajar “para que la Comisión nos explique realmente qué fue lo que sucedió con el rechazo del proceso cuando ya estaba admitida toda la demanda”.
Es decir, en el círculo de Capitolino es claro que la demanda no está andando y que Capitolino y su vocera Luz Marina dicen mentiras cuando aseguran que solo falta la notificación de pago. La historia no termina ahí.
El engaño se multiplicó
En 2020, justo cuando se empezó a regar el rumor de que la Cidh había fallado a favor de las víctimas, Jaime Trujillo, quien conocía de la demanda de Capitolino Riaño porque un familiar estaba metido en ella, decidió crear una fundación en Neiva llamada Asociación de Desplazados Pro Demanda Internacional, Adedi, (el nombre es casi el mismo que la que montaron Pachón y Chicunque).
Según el acta de constitución, la fundación se creó para promover una segunda demanda internacional basada en que contaban “con una primera demanda internacional de víctimas presentada en el año 2014 con fallo a favor de los desplazados en este año. Demanda que representó Capitolino Riaño Camacho ante la CIDH en septiembre de 2014”.
Trujillo desde entonces ha martillado la idea entre las víctimas de que la primera demanda se ganó, que la plata ya está y que el pago es inminente. De hecho, es de los que asegura que está en Bancolombia. (Ver documento)
Con ese cuento, está captando más dinero porque dice que tras el éxito de la primera hay espacio para una segunda demanda. Así lo confirmó La Silla Vacía tras llamar al número de contacto y pedir información a nombre de una víctima. Trujillo cobra entre 450 y 550 mil pesos por persona para inscribirlas. Así como Capitolino Riaño, envía un contrato en el que la víctima se compromete un porcentaje de una eventual indemnización. (Ver documento)
Tras esa primera conversación, Trujillo metió presión para que le giren el pago de la inscripción. Todo vía Whatsapp.
Con todo eso, Trujillo ha sido señalado de timar a víctimas del Casanare, Meta y Arauca con la promesa de que habría pagos en el 2022 para esa nueva ronda de la demanda.
Cuando fue consultado al respecto, Jaime Trujillo dijo a La Silla Vacía: “si he cometido un delito pues para eso están las autoridades”.
Capitolino y Trujillo dicen que no tienen nada que ver entre ellos.
La desconfianza
La desconfianza en Capitolino tocó techo en 2022, en parte acrecentada por la idea que mantiene viva Trujillo de que la plata sí está en Bancolombia. Varios líderes conformaron lo que denominaron “un grupo investigador” para saber qué era lo que realmente estaba sucediendo con la plata. Buscaron para ello a una abogada cercana.
“Cuando me entero de lo que estaba sucediendo me pareció muy raro y empecé a averiguar. Le pedí información a Capitolino Riaño pero se negó a dármela, y luego les expliqué a las víctimas que los detalles de lo que me contaban apuntaba a que fueron víctimas de una estafa”, explicó la abogada Diana Murcia.
En febrero de este año, Murcia interpuso una denuncia contra Capitolino Riaño por captación ilegal, estafa masiva y fraude procesal. Arrancó con los poderes de 300 víctimas y ya 423 le han pedido que las represente para esclarecer lo que pasó. Recientemente pidió que vincularan a Jaime Trujillo a esa demanda.
Murcia también cuenta que les explicó que no era posible que la plata estuviera en Bancolombia porque no es el banco del Estado y porque dentro de lo que averiguó no había ninguna notificación en Colombia sobre el fallo de una demanda de víctimas a nombre de Capitolino Riaño.
“Les he explicado de todas las maneras posibles que no hay ninguna plata en Bancolombia, pero lastimosamente la gente sigue convencida de que sí porque le creen a los audios que les llegan”, asegura. Justamente, varios de los líderes del plantón del lunes de Bogotá en la Plaza de Bolívar son clientes de Murcia.
Varios de los líderes de ese grupo investigador también denunciaron ante la Fiscalía que eran víctimas de amenazas y pidieron protección. La misma abogada Murcia está pidiendo que la protejan porque en septiembre recibió una llamada en la que la declaraban “objetivo militar” por decirles a las víctimas que estaban siendo revictimizadas con una estafa.
Esta no es la única demanda por estafa contra Capitolino Riaño. Chicunque y Pachón, los socios iniciales de Capitolino, en 2018 lo denunciaron por estos mismos hechos y calcularon que para entonces había recogido 2 mil millones de pesos (Ver documento) . Además, denunciaron que víctimas hablaban de que Capitolino se había comprado una finca con parte de esa plata. “Capitolino usó esa plata para aumentar su patrimonio y defraudar a las víctimas”, aseguraron ante la Fiscalía.
Sin embargo, Pachón y Chicunque con la mirada puesta en el negocio, intentaron conciliar con Capitolino; dijeron que si les pagaba 200 millones de pesos ellos se comprometían a seguir al frente de la demanda internacional (Ver documento). Capitolino no accedió a las pretensiones y contraatacó con una denuncia a Pachón por abuso de confianza.
“Me robó 20 millones de pesos. Cuando lo conocí no tenía ni para tomar un tinto. Me volví la caja menor de él, cuando me robó los 20 millones de pesos le revoqué el poder que le había dado. Es un tipo ladrón, estafador, robó a varios amigos”, dice Capitolino.
Sobre la finca, Capitolino respondió: “Así yo hubiera invertido parte de esa plata pues es trabajo que yo he hecho porque le he respondido a las víctimas”. La versión de Capitolino es que no estafó a nadie porque ha trabajado para la demanda y para eso le pagaron.
Mientras se defiende de los señalamientos, Capitolino ha buscado legitimarse apareciendo con políticos en el Congreso.
En septiembre, fue a una reunión de víctimas con el presidente de la Cámara, David Racero, y se tomó una foto que le sirvió a su círculo para decir que ninguna de las denuncias contra Capitolino eran ciertas. Además, que allí se había acordado que el congresista ayudaría al pago de la indemnización de las víctimas.
Hoy con el Gob de la gente. Gracias Pdte C/Representantes @DavidRacero por atender a su pueblo. Cuente con la firmeza y compromiso de la comunidad, nuestros amigos, compañeros y hermanos. La misión es grande, nuestro compromiso el pueblo. #JuntosSeremosInvensibles ???????????????? pic.twitter.com/gCRRfcfEtc
— Victor Guerrero Velandia (@viktaslak) September 6, 2022
Sin embargo, Yidis Gaona, asesor de Racero, le dijo a La Silla que la reunión fue para escuchar a integrantes de una comunidad Tao por iniciativa de su líder, Víctor Guerrero. Que la presencia de Capitolino fue accidental y que en ningún momento, el presidente de la Cámara se comprometió a revisar o apoyar el tema de la demanda internacional.
Manuel González, asesor de Capitolino, también aseguró que esa reunión había sido para hablar del abandono de las víctimas en general y que jamás se tocó el tema de la demanda internacional.
“Nuestra intención es que nos den una reunión con el Presidente Petro, para hablar de una conciliación y le paguen a las víctimas, independientemente de lo que pase en la Cidh”, aseguró.
Capitolino no explicó por qué no ha dicho abiertamente que la demanda no fue tramitada ni corrige a sus voceros cuando dicen que solo falta el pago. La Fiscalía ya lo llamó para iniciar formalmente una indagación preliminar en su contra.
“Lo que yo tengo entendido es que jamás ha habido coerción para la entrega de la plata al señor Capitolino. A él le pagaron por hacer un trámite de una demanda y eso fue lo que él hizo. Ha cobrado por su trabajo. El fiscal por ahora sigue buscando los elementos para determinar si es cierto lo que los denunciantes dicen, pero no hay”, aseguró Efraín Bernal, abogado penalista defensor de Capitolino.
Mientras tanto, los que ayudaron a vincular víctimas dicen que ahora es a ellos a los que tratan de estafadores.
“Lo que más dolor me da es que la gente comienza a llamarme, me trata mal, me echan la madre, me dicen ‘viejo ladrón, usted es un estafador que se amangualó con Capitolino, cobraron y robaron la plata’. Me han llamado y me han amenazado de muerte porque 38 meses desde que dijeron que ya había llegado la plata, y nada que pagan”, dice Heriberto Bonilla, el líder que convenció a 1.400 víctimas de inscribirse.
De esas 1.400 víctimas, según cuentas de Heriberto, ya murieron 84 esperando el pago. Anacona dice, sentado en las escaleras del Capitolio, que no quiere que eso le pase. Que ya le sucedió a su esposa, y que por eso vino al plantón a buscar respuestas debido a que Capitolino no le volvió a contestar.
