Al nuevo ministro de Ambiente, Carlos Correa, le toca asumir el reto de pedirle al MinHacienda que le gire la plata para ayudar a evitar la deforestación.
La semana pasada el Ideam informó que entre enero y marzo, antes de la pandemia, en la Amazonía colombiana fueron deforestadas 64 mil hectáreas de bosques, casi el doble en comparación al mismo periodo del año pasado.
Para ese momento, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, Dian, había recaudado más de un billón de pesos del impuesto al carbono que, justamente, se creó para ayudar a evitar que las motosierras sigan encendidas.
El lío está en que esa plata no se está ejecutando y hay un pimponeo entre ministerios para saber de quién es la culpa. Por eso, aparecieron voces de sectores alternativos pidiendo tumbarlo, pero no tuvieron eco.
Que la plata no siga guardada en los bancos será uno de los retos que deberá asumir el nuevo ministro de Ambiente, Carlos Correa.
El impuesto que no se gasta
El impuesto al carbono se creó en 2017 como uno de los compromisos de Colombia con el Acuerdo de París que busca frenar el Cambio Climático.
La idea es que, por un lado, desincentive el uso de combustibles y con eso el país pueda bajar la emisión de gases de efecto invernadero (de 270 millones de toneladas a 240 millones), y por el otro, promueva proyectos forestales y de transición energética, y ayude a parar la deforestación con programas ligados al Acuerdo de Paz.
Su mecánica es sencilla.
Están obligadas a pagar las empresas que mueven el negocio de los combustibles (petroleras, estaciones de gasolina, empresas transportadoras) porque ellas generan cerca del 24 por ciento de esa emisiones de gases.
La tarifa arrancó con 15 mil pesos por cada tonelada de dióxido de carbono causado en la producción y comercialización de gasolina, kerosene, jet fuel, ACPM y fuel oil, gas natural y gas licuado de petróleo.
Desde entonces, y hasta agosto pasado, la Dian, dijo haber recaudado 1.5 billones de pesos (200 mil millones en lo que va de este año). Dos veces el presupuesto anual del Ministerio de Ambiente.
Pero la plata no aparece, al menos en las cuentas de quienes la deben ejecutar.
Tras el recaudo, la Dian le gira la plata al Ministerio de Hacienda para que la incluya en el presupuesto nacional, y de ahí la pase al Fondo Colombia en Paz que es donde se centraliza toda la plata del posconflicto.
Llega a ese Fondo porque la destinación de ese impuesto es específica: 70 por ciento para sostenibilidad ambiental, 25 por ciento para reducción de deforestación y erosión costera, y cinco por ciento para el sistema de áreas protegidas.
La sostenibilidad ambiental que se lleva la mayor parte se centra en el programa de sustitución de cultivos ilícitos porque, según Emilio Archila, alto consejero para la paz, la coca es uno de los motores que acelera la deforestación.
Que por cada hectárea de coca son deforestadas tres más.
Aunque hay estudios que señalan que el aporte de la coca a la deforestación es menor en relación a otros factores como la ganadería extensiva.
Pero ni con la necesidad de sacar adelante la sustitución se ven los recursos del impuesto.
Dice Archila que en 2019 le pidieron al Ministerio de Hacienda que les financiaran varios proyectos y que no les giraron nada. Que en 2020, montaron un proyecto por 150 mil millones de pesos y que, aunque está aprobado, tampoco les han consignado.
El panorama es igual con los otros porcentajes.
Juan Carlos Mahecha, director del Fondo Colombia en Paz, dice que ya tienen aprobados proyectos para la biodiversidad y la conservación desde marzo de este año que suman 102 mil millones de pesos y que siguen esperando el desembolso.
“La traba está en el Ministerio de Hacienda. La plata de esas subcuentas es la única que no se ha podido ejecutar del Fondo este año”, dijo Machecha.
En el señalado Ministerio de Hacienda no dan razón de las demoras. Incluso, hace unos días en un debate sobre el tema en la Comisión Quinta del Senado, ese Ministerio fue el único que no se presentó ni mandó respuestas.
Hace unas semanas el procurador Fernando Carrillo también pidió cuentas de las demoras, y no obtuvo respuestas.
El único pronunciamiento que se ha conocido hasta ahora es el del viceministro Juan Alberto Londoño que dijo en La W, sin dar detalles, que sí se estaban ejecutando esos recursos. Lo cual, claramente, desmintieron desde la Alta Consejería y el Fondo Paz.
Pero la plata del impuesto al carbono que no está invirtiendo el Gobierno, sí se está moviendo por otros lados.
La no causación
Como uno de los objetivos del impuesto es que se creen proyectos que ayuden a la conservación, así no estén ligados a programas oficiales, a las empresas que deben pagarlo se les dio una opción diferente de cancelarlo.
Una figura que técnicamente se llama no causación.
En vez de pagar en efectivo, esas empresas le pueden demostrar a la Dian que están apoyando proyectos certificados que promueven la conservación y la no emisión de gases.
Lo hacen a través de bonos de carbono. Cada bono equivale a una tonelada.
Su valor es menor, entre un 20 y 10 por ciento, que lo que cuesta el impuesto.
Es decir, mientras el impuesto este año está por los 17 mil pesos por tonelada, el bono puede costar entre 14 mil o 15 mil pesos.
Entonces, a las empresas les sale más barato presentar los bonos.
Desde que se creó esa figura, se han negociado unos 400 mil millones de pesos en bonos, según cálculos de Asocarbono, la asociación que reúne a los actores del carbono en el país.
Es un mercado en crecimiento.
Arrancó con 10 proyectos en 2018, y ya va para más de cien. Son intermediados por fundaciones, empresas privadas o las mismas comunidades.
“La ventaja es que acá la plata entra en una transacción más rápida. La empresa no le pasa la plata directamente al Estado sino que se la da al proyecto directamente”, cuenta Mauricio Rodriguez, presidente de Asocarbono.
Es un negocio que va tan en crecimiento, que tuvo el suficiente lobby para tumbar un intento para acabar con el impuesto.
A comienzos de septiembre la senadora de la Alianza Verde, Sandra Ortiz, propuso acabar con el impuesto al carbono.
Dijo que además de las demoras en la ejecución de la plata recaudada y la opacidad en la información, eso estaba afectando al gremio de transportadores porque le generaba cargas tributarias.
“No cumplió el objetivo para el cual se creó”, dijo.
Y anunció con vehemencia la presentación de un proyecto de ley para tumbarlo.
Pero no pasaron dos días desde el anuncio para que Ortiz cambiara de opinión y desistiera.
¡O LE CUMPLEN AL MEDIO AMBIENTE,O LE CUMPLEN!
Mi deber es hacer control político a los compromisos ambientales no cumplidos a favor de los colombianos. Nuestro objetivo es garantizar la adecuada implementación del impuesto al Carbono en beneficio del medio ambiente.(1/3) #Hilo pic.twitter.com/M4XMqwPnVj— Sandra Ortiz (@SandraOrtizN) September 10, 2020
La razón, desde su partido le dijeron que no la iban a apoyar.
La Alianza Verde sacó un comunicado defendiendo el tributo porque lo consideran un logro en la defensa del medio ambiente y una oportunidad para la reactivación económica pospandemia.
El portazo a Ortiz, lo promovieron Angélica Lozano, Jorge Londoño, entre otros senadores, a los que organizaciones cercanas a Asocarbono, buscaron para convencerlos de las ventajas del impuesto.
Falta ver si el empujón por mantenerlo vivo, sí motiva al Gobierno gastarlo.
