Las primeras dos horas del debate de hoy sobre la paz total en el Congreso se fueron en la pelea por el indulto a la primera línea. Aunque no es un tema central en el problema del conflicto armado de Colombia, el debate sobre la situación jurídica de los manifestantes involucrados en hechos violentos polariza más a la sociedad que las negociaciones con el ELN o el Clan del Golfo.
La causa fueron dos artículos que proponían indultos para los manifestantes de la primera línea y otros judicializados en el marco del paro nacional del 2021.
La eliminación de los artículos generó una protesta ayer en el Portal de las Américas, donde jóvenes pedían la liberación de gente de la Primera Línea, que escaló cuando varios manifestantes atacaron con piedras la camioneta del director de la Policía, Henry Sanabria. Varios jóvenes fueron detenidos por la Policía por estos hechos, hasta que el viceministro del Interior, Gustavo García, intercedió con la Policía para que los liberaran.
Las agresiones en contra del director de la Policía se suman al ataque a palos de manifestantes indígenas contra policías, la semana pasada en Bogotá. Y las críticas a la actuación del viceministro García, se suman a la polémica por la propuesta de indulto. Se trata de un debate entre quienes ven a los manifestantes como vándalos terroristas que atentan contra la Fuerza Pública, y quienes ven a estos como jóvenes perseguidos por ejercer su derecho a protestar que se defienden de una Fuerza Pública aún más violenta.
Esto ha polarizado el debate tanto en el Congreso como en redes sociales. “Esa es la impunidad que este Gobierno está promoviendo”, expresó hoy en plenaria el senador uribista y opositor Miguel Uribe. Mientras que los senadores del Pacto y el Gobierno defendían a los manifestantes: “Sabemos que hubo una criminalización de la protesta el año pasado, eso lo tiene claro este Gobierno”, explicó en Blu Radio la consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso, sobre un debate que divide al país.
Los argumentos del Gobierno
La propuesta de indulto que aterrizó en el proyecto de Paz Total viene de otro proyecto de ley de los representantes del Pacto Histórico Andrés Cancimance, Leyla Rincón, José Alberto Tejada y Alirio Uribe. Los tres primeros son representantes elegidos sobre todo por su liderazgo y apoyo durante el Paro Nacional del 2021, y ya anunciaron que mañana radicarán el proyecto original en el Congreso.
“Lo que se busca es que los jóvenes que han participado en protestas sociales y se les han vulnerado los derechos y que de forma arbitraria están en las cárceles, puedan salir libres”, le dijo a La Silla Andrés Cancimance, representante del Pacto Histórico por el Putumayo.
En ese sentido también se pronunció Posso, consejera presidencial para la Juventud. “Es importante resaltar que sabemos que hay 211 jóvenes privados de la libertad en el marco del estallido social, muchos de estos son falsos positivos judiciales”, dijo la consejera Posso.
Desde el Gobierno y el petrismo el argumento principal es que hay jóvenes que fueron criminalizados por el gobierno de Iván Duque por motivos políticos. “Es imposible que sigamos estigmatizando a nuestros jóvenes sin analizar las causas que los hicieron salir a protestar. Ellos por defenderse del hambre salieron a protestar”, dijo hoy en el Congreso, el senador petrista Gustavo Bolívar, que pide entender por qué protestan los jóvenes.
Los argumentos de quienes se oponen al indulto
“Me quiero unir a las voces de rechazo y de frustración viendo como los vándalos criminales y terroristas atacan a la Fuerza Pública”, así arrancó su intervención Miguel Uribe, senador del Centro Democrático y una de las voces de la oposición al Gobierno Petro.
Su intervención es una muestra de cómo la propuesta de indulto ha generado reacciones en la derecha en dos vías: el rechazo de los actos vandálicos, que incluso son llamados “terroristas”, y la defensa ante los ataques e irrespeto a Fuerza Pública, como la agresión contra el director de la Policía.
Intención de pasar a la Policía a depender del Ministerio del Interior, es más que clara con lo sucedido ayer.
Ya veíamos a un vice ministro liberando integrantes de la primera línea y la policía obedeciendo a esta instrucción.
Muchos frentes abiertos y el país de mal en peor.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 24, 2022
Además, de esto, el uribismo ha movido la teoría de que el indulto se trata del pago por el apoyo popular de los jóvenes que salieron a manifestarse contra Duque y apoyaron a Petro en campaña.
Los bandidos de la primera línea indignados porque Petro, a quien apoyaron, les incumplió con la impunidad que les prometió.
Cada vez es más evidente lo que sucedió en las elecciones.
— Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) October 23, 2022
Pero no solo son argumentos de la oposición. Los partidos de la coalición de Gobierno, como el Liberal, el Conservador y La U, también manifestaron su rechazo a las últimas acciones violentas y pidieron, en parte por eso, hundir los artículos del indulto que estaban en la Paz Total.
“Les pido ser consecuentes en una política de paz que no incentive la delincuencia ni la ilegalidad”, dijo el senador liberal, Mauricio Gómez Amin.
Por qué es imposible el consenso
Cada uno de los bandos entiende de manera diferente quiénes son las víctimas y tiene un relato de lo que pasó en el Paro opuesto.
“Uno de los factores explicativos sobre la polarización es que algunos no consideran la protesta como un derecho”, dice Andrés Cancimance, representante y coautor de esta propuesta de indulto. Para él, los jóvenes encarcelados son víctimas de una criminalización política y de la falta de garantías a la protesta.
Sobre por qué personas que cometieron delitos, como vandalismo o ataques violentos a la Policía deberían ser indultados, afirma que “es una discusión que por supuesto hay que darla y es cómo se tramitan los conflictos en la misma marcha. Cuando un joven está preso porque participó en una marcha que terminó en hechos violentos”. Otros, como la consejera Posso, quien habla de “falsos positivos judiciales”, parecen negar de plano que hubo delitos.
La condición de víctimas de quienes agredieron a la Fuerza Pública se conserva incluso en los casos donde fue evidente el uso de la violencia. “Tenemos que dar elementos para sensibilizar a la Fuerza Pública, sensibilizar a la institucionalidad, porque aquí no nos podemos seguir tratando como terroristas”, dijo hoy la senadora indígena Aida Quilcué, quien se refirió a los manifestantes emberas que atacaron a policías la semana pasada también como “víctimas”, porque están en situaciones de vulnerabilidad y han sufrido desplazamiento forzado.
Por otro lado, quienes se oponen al indulto consideran que los manifestantes involucrados en eventos violentos son terroristas y delincuentes que se enfrentaron a una institucionalidad legítima representada por la Policía. “Rechazo a los hechos que hemos tenido que presenciar a través de la redes sociales y físicamente en contra de la Fuerza Pública colombiana”, dijo el senador conservador Nicolás Echeverry, en representación de su partido.
Las voces más radicales, como la del hijo de la senadora María Fernanda Cabal, plantean incluso acciones similares a la violenta Operación Orión, que fue ejecutada por la Fuerza Pública en alianza con paramilitares.
Con una Operación Orion 2.0 en el Portal Americas se acaba la joda.
No dialogar con terroristas ni vándalos debería ser una regla plasmada en nuestra constitución.
— Juan José Lafaurie (@LafaurieCabal) October 24, 2022
En ese sentido, el analista político y columnista de La Silla, Andrés Parra, escribió en su columna que la iniciativa del indulto pone sobre la mesa “la compleja relación entre la violencia y la protesta social”. Parra dice que por un lado están los hechos violentos, como los de la semana pasada, que generan amplio rechazo porque son concretos y visibles. Mientras que otras violencias estructurales pasan de agache y son las que sufren quienes justamente salen a protestar.
“El punto es que, normalmente, las sociedades suelen juzgar la violencia de la protesta como un hecho aislado. Vemos el hecho violento de la protesta como una foto estática y congelada en el tiempo, pero a veces hace falta ver todo el video”, escribió Parra, refiriéndose al contexto más amplio que genera la violencia. Es una tensión que parece manifestarse en los argumentos de ambos bandos: el rechazo de los hechos violentos en las protestas versus la defensa de los motivos profundos que las generan.
Lo que está en juego para el país
El pulso le agrega tensión a las discusiones sobre los cambios en las políticas de paz y del modelo de seguridad que el Gobierno Petro propone. En un ambiente polarizado y caldeado, en el segundo debate del proyecto de la Paz Total, el Gobierno recibió sus primeros reveses y tuvo que eliminar los dos artículos del indulto.
Pero la polarización alrededor de este tema continuará. Los representantes petristas van a radicar mañana en el Congreso de nuevo el proyecto de indulto, con el aval del Gobierno, según le dijo a La Silla el representante Cancimance.
La libertad de cerca de 200 jóvenes encarcelados es una bandera clave para un segmento de la base popular que llevó al petrismo al poder y una fuente de energía para la oposición al Gobierno.
