Esta semana nuevamente quedó en evidencia que cada vez que un miembro de las Fuerzas Armadas se atreve a denunciar irregularidades dentro de su institución termina temiendo por su vida y pidiendo protección.
Ayer el general William René Salamanca, inspector de la Policía que inició una investigación contra el director de la institución, aseguró que le estaban haciendo seguimientos y que incluso habían abordado a su empleada para pedir detalles de sus movimientos. No es un caso aislado.
Encaja en el patrón de intimidaciones contra miembros de las Fuerzas Armadas que se atreven a denunciar irregularidades dentro de sus instituciones.
Estos son algunos ejemplos recientes de la suerte que corren los denunciantes:
El que investigó a su superior por corrupción
El inspector general de la Policía, general William René Salamanca, denunció que temía por su vida y la de su familia mientras rendía su versión en el juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría contra el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa Duque.
Salamanca inició una investigación contra Atehortúa por presunta corrupción en la inversión de más de $100 mil millones del Fondo Rotatorio del Ejército para la construcción de un proyecto de viviendas fiscales en el municipio de San Luis, en Tolima, que se conoce como el caso Cenop.
Desde que el proceso pasó la Procuraduría, porque pidió control preferente sobre el caso, también se investiga si el Director de la Policía abusó de su posición e incurrió en tráfico de influencias para torpedear el proceso en su contra.
Según relató Salamanca ante la Procuraduría, una vez Atehortúa se enteró de que estaba avanzando la investigación en su contra, se molestó y lo envió de vacaciones por más de 400 días.
El director de la Policía, según Salamanca, también habría intentado sabotear sistemas de la Policía para eliminar rastros de ese proceso. La Procuraduría ya hizo un allanamiento para establecer si es así.
En la declaración de ayer, Salamanca dijo que ha visto “seguimientos, movimientos extraños en su entorno, en su apartamento” y que a su empleada “le han preguntado para quién trabaja, para cuál general, a qué horas entra, a qué horas sale”.
El Inspector también denunció que los oficiales que hacen parte de su equipo están pidiendo la baja porque los están intimidando o amenazando.
Frente a estas denuncias, el ministro de Defensa, Carlos Holmes, se pronunció hace unas horas y dijo que “el general Atehortúa es un gran director de la Policía” y que tenía derecho al debido proceso. Sobre Salamanca aseguró que le brindarían protección.
Atehortúa no ha dicho nada públicamente ni sobre el caso, ni sobre las denuncias de Salamanca.
Los que buscaron a la JEP
En 2018 cuando la JEP abrió el caso 003, que corresponde a la investigación de los falsos positivos, y empezó a llamar a audiencias públicas a los militares que buscaban someterse a esa justicia transicional para acogerse a penas alternativas a cambio de contar la verdad, empezaron las intimidaciones.
Según información oficial a la que tuvo acceso La Silla Vacía, hasta septiembre de este año 24 militares -entre activos y en retiro- que decidieron acogerse a esta jurisdicción, han pedido protección por riesgos de seguridad.
De ese total, en 20 casos los estudios de seguridad han arrojado que existe un riesgo extraordinario y de esos, en 18 se han emitido medidas para salvaguardar la vida de los militares luego de que se determinara que está en peligro por “la información que poseen y que están aportando ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual involucra no solo la actuación de la institucionalidad, sino de compañeros y superiores, así como actores políticos”.
La Silla conoció casos de dos de los protegidos: el coronel Gabriel Rincón y el Mayor Gustavo Soto, quienes estaban siendo procesados por falsos positivos y, una vez se acogieron, entregaron información sobre 63 hechos más de los que tenían conocimiento y debían ser investigados.
Según le contó a La Silla Tania Parra Montenegro, abogada de los dos oficiales, las amenazas se “suscitaron específicamente por entregar todos los procesos ante la JEP”.
El coronel Rincón, quien ha declarado en cinco ocasiones en la JEP, fue víctima de un atentado en su casa. Dos hombres le dispararon, pero como estaba abriendo la puerta alcanzó a protegerse.
El mayor Soto, según le contó su abogada a La Silla, ha sido abordado varias veces para que cambie su testimonio y en una ocasión, cuando iba de camino al supermercado, casi fue atropellado por dos hombres en una moto que le dijeron “mire a ver si sigue siendo sapo”.
La misma abogada Parra, además, aseguró que ella también ha sido víctima de intimidaciones. En una ocasión intentaron secuestrar a su hijo menor de edad y en otra a su esposo.
“Con el niño lo que pasó fue que el señor de la ruta afortunadamente notó que había algo extraño y se bajó con él”, aseguró “Con mi esposo lo que sucedió es que estaba paseando en el parque a mi suegra, que está en silla de ruedas, cuando dos hombres en un carro se identificaron como miembros de la Policía e intentaron subirlo a la fuerza. Por mi suegra no se lo llevaron”.
Parra, así como sus clientes, entre los que están más militares, también tiene medidas de protección.
El que denunció la violación de una niña embera
En la seguidilla de escándalos que ha protagonizado el Ejército este año, a finales de junio, siete soldados violaron a una niña de la etnia embera en una vereda de Pueblo Rico, Risaralda.
Una semana más tarde, el sargento viceprimero Juan Carlos Díaz, que fue quien denunció el caso y entregó a sus subalternos, fue retirado del cargo.
En una entrevista a Semana, el comandante del Ejército Eduardo Zapateiro justificó la decisión de sacarlo diciendo que Díaz también tenía responsabilidad en el crimen por negligencia.
“La despreocupación y la probada negligencia del suboficial, y el incumplimiento de las mínimas normas tácticas que nos enseña la doctrina militar, generó un vacío de liderazgo para que esos hombres cometieran delitos y se apartaran de los postulados de patria, honor y lealtad”, dijo.
Esto, a pesar de que, al enterarse de lo ocurrido, Díaz formó a los 29 hombres que tenía a su cargo, se dispuso a encontrar a los culpables y, al encontrarlos, denunció lo ocurrido ante la Policía de Infancia y Adolescencia de Pueblo Rico.
Los siete soldados involucrados aceptaron cargos y ninguno ha insinuado que hubiera existido negligencia del superior que los entregó. En su lugar, se han conocido detalles como que lo soldados se llamaron entre sí para luego violar a la niña.
Ayer, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años a los soldados que cometieron el crimen. El proceso penal en la Fiscalía sigue abierto.
Los que se atrevieron a destapar los falsos positivos
El sargento Carlos Eduardo Mora, quien estaba en Norte de Santander en la Brigada Móvil N 15 se convirtió en el testigo estrella de los falsos positivos desde 2008, cuando decidió contarle a la Fiscalía lo que estaba sucediendo al interior del Ejército.
Según reportó Human Rights Watch en este informe, su versión y las pruebas que entregó han permitido la condena de un teniente coronel y varios oficiales y soldados.
Desde que empezó a hablar, Mora ha denunciado que funcionarios del Ejército intentaron ingresarlo en una clínica psiquiátrica contra su voluntad para desacreditarlo, que fue asignado en un rol en el que le pedían 15 horas de trabajo diarias, que ha sido intimidado y hostigado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013 le otorgó medidas cautelares porque su vida estaba en peligro por una posible “retaliación” debido a su rol como testigo.
Mora, ha sido condecorado en dos ocasiones por su “rectitud”, pero actualmente está fuera del país porque HRW pidió que lo protegieran debido a que las amenazas en su contra no han cesado.
La más reciente fue una carta en la que le advertían que si seguía hablando con esa ONG “le vamos a meter un balazo en la cabeza”.
Así como el de Mora se han reportado varios casos similares.
En 2013, la esposa de un soldado que también estaba declarando por falsos positivos, denunció que había sido violada por soldados luego de que se negara a recibir un soborno para que su esposo se retractara.
En 2014, el soldado Nixón de Jesús Cárcamo, quien era procesado por falsos positivos y estaba declarando contra sus compañeros y superiores, fue asfixiado dentro del centro de reclusión de la Décima Primera Brigada del Ejército en Montería. Días antes de morir había advertido que existían rumores sobre que eso podría suceder.
Por último, Semana contó en esta historia cómo Alexánder Cortés, un juez penal militar que llegó a Carepa en Antioquia, empezó a abrir investigaciones contra falsos positivos y terminó exiliado por amenazas.
Los que hablaron con el New York Times
Luego de que The New York Times publicara un reportaje en el que denunciaba que en el Ejército se habían emitido directrices para doblar la cantidad de muertes, capturas y rendiciones —similares a las que fueron la semilla de los falsos positivos—, al interior del Ejército empezó una cacería para dar con quienes denunciaron.
El primero en avisar sobre estas irregularidades fue el director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que lanzó un trino alertando que, cuatro días después de publicado el artículo, 15 militares estaban siendo interrogados para dar con quien dio la información.
Un mes más tarde, Semana confirmó que 15 oficiales fueron llevados a Bucaramanga, por orden del entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez —que dejó su cargo hace un año en medio de denuncias de chuzadas ilegales—, para ser entrevistados con polígrafo.
“Tenemos instrucciones claras de mi general Quirós de agotar todos los recursos para dar con los responsables”, le dijeron a uno de los oficiales citados, según lo que éste le contó a Semana.
Esta operación tenía el nombre secreto de ‘Malaquías’ y por ella, la Procuraduría formuló cargos contra el general Eduardo Quirós Chaparra y contra el coronel William Roberto Medina Díaz (comandante y segundo comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar del Ejército, respectivamente) por su presunta participación en estos hechos.
El que denunció chuzadas ilegales al interior del Ejército
A comienzos de este año, el teniente coronel Álvaro Amórtegui publicó un video en redes sociales en el que denunció que aseguró que la inteligencia al interior de las Fuerzas Armadas estaba siendo utilizada por algunos generales como una “herramienta sistemática para intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas”.
Les pidió al presidente Iván Duque y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que investigaran los hechos.
En otro video, publicado el 26 de febrero, Amórtegui denunció que ha recibido amenazas y dijo que extendería sus denuncias ante la Justicia Penal Militar.
“Me partieron las cámaras de la casa, me estaban persiguiendo, me están tomando fotos. Un día salgo de la peluquería y me encuentro con un suboficial amigo y me dice: ‘mi coronel tenga cuidado’”, cuenta Amórtegui.
Un mes más tarde, en una entrevista con El Espectador, reiteró las amenazas contra su vida y aseguró que habló con el comandante del Ejército Eduardo Zapateiro, después de denunciar ante la Justicia Penal Militar, y que le dijo que era un “desleal” y que le iban a abrir una investigación disciplinaria.
Zapateiro no ha dado una declaración pública sobre las acusaciones de Amórtegui.
