En una maratón de 16 horas en la Cámara de Representantes y de 12 horas en el Senado, el Congreso aprobó ayer el Presupuesto de la República.
Para 2022, los congresistas aprobaron un monto de 350,4 billones de pesos, lo que es un aumento de 8 por ciento (descontando la inflación) frente al de este año, de los cuales dos terceras partes van a funcionamiento (salarios, arriendos, pensiones, etc) y el resto se divide en partes iguales para pago de deuda e inversión.
Este año, más allá de qué sectores lograron más o menos plata, el debate estuvo marcado por un artículo que tiene como objetivo eliminar hasta diciembre de 2022 un parágrafo de la ley de garantías en plena temporada preelectoral. El articulito dividió a los congresistas del Centro Democrático y además despertó la inconformidad de juristas, académicos y gremios económicos.
Y aunque el Ministro de Hacienda antes del debate dijo que dejaría la decisión de aprobar o no el artículo en manos del Congreso, en la práctica su lavada de manos fue un aval del Gobierno al artículo.
Las garantías de la discordia
El presupuesto aprobado ayer les permite a los alcaldes y gobernadores hacer convenios interadministrativos con la Nación, lo que facilita que Presidencia entregue plata a los territorios para financiar y cofinanciar obras de manera más directa. Esto —según el Gobierno— con el fin de agilizar la reactivación económica vía inversión pública.
El artículo apareció por primera vez en la reforma tributaria, impulsado por Asocapitales, las federaciones nacionales de municipios y departamentos, y promovido directamente por los senadores del Centro Democrático Carlos Meisel y Ciro Ramírez.
Pero el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, hizo un pacto con los ponentes para que en vez de discutirlo en la tributaria, lo hicieran en el debate del proyecto de presupuesto. Esto lo conoció La Silla por tres congresistas y dos fuentes del Gobierno que lo supieron de primera mano.
Aunque el Ministerio de Hacienda no incluyó el artículo en la propuesta inicial, avaló que Meisel y Ramírez lo incluyeran en la ponencia para segundo debate. Y cuando se conoció esa ponencia, empezó la lluvia de críticas.
El expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, se pronunció vía twitter pidiéndole a los congresistas de su gobierno “proteger la honra del gobierno”. El argumento es que no se pueden cambiar las reglas del juego electoral a menos de un mes de que empiece a regir la ley de garantías.
El mensaje de Uribe lo siguieron ayer solo cuatro de 20 senadores del Centro Democrático: Milla Patricia Romero (que reemplazó a Uribe en la curul), Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y María del Rosario Guerra; y en la Cámara, solo Gabriel Santos, Óscar Darío Pérez, Henry Cuéllar y Jhon Jairo Berrío. Los otros 32 representantes uribistas desconocieron abiertamente la posición de Uribe (salvo que esta fuera solo de dientes para afuera).
“La economía se puede reactivar sin eliminar las restricciones de la ley de garantías. Los convenios interadministrativos son solo una de las modalidades contractuales (…) Con la aprobación de este artículo se estaría abriendo una puerta a la corrupción”, dijo ayer la senadora Romero en su intervención en el Senado.
No solo una parte del uribismo se opone a este ajuste. Los principales gremios económicos del país reunidos en el Consejo Gremial se pusieron de acuerdo para pedirle al Gobierno que no apoyara esta modificación. Porque altera las reglas del juego electoral casi en la víspera del proceso y porque el Gobierno tiene otros mecanismos para facilitar la reactivación de la economía.
Tras la aprobación del Presupuesto, el presidente de la Andi, Bruce Macmaster dijo que el proyecto premiaba la falta de planeación de alcaldes y gobernadores.
Y en este hilo el jurista e investigador de DeJusticia, Rodrigro Uprimny, explica por qué, si bien es cierto que se debe evaluar la conveniencia de la ley, pero hacerlo a través de la ley de presupuesto es inconstitucional. Por un lado porque no es una norma que tenga que ver con la ley, y por el otro porque como la ley de garantías es estatutaria, no se puede modificar con una ley ordinaria como lo es la de presupuesto.
De hecho la comisión Primera del Senado envió una carta a las comisiones económicas quejándose de la intromisión.
En el mismo sentido escribió Héctor Riveros en esta columna, quien le añade al argumento de Uprimny que al facilitar los convenios interadministrativos se le facilita a las entidades de contratación a saltarse las normas de contratación, lo que les permitiría a políticos regionales seleccionar contratistas que favorezcan a actores afectos al gobierno y a sus aliados en campaña.
Incluso el mismo presidente Iván Duque, en 2015, criticó una propuesta similar del Gobierno Santos, que en su momento quería eliminar toda la ley de garantías para impulsar la inversión y la reactivación económica tras la crisis de precios del petróleo.
“Es un falso dilema, porque hay que reconocer una cosa, un alcalde que haya hecho buena planificación teniendo ley de garantías tiene que planificar desde el año anterior”, dijo en su momento, como se lo recordó hoy el universo twittero.
Todos estos argumentos harán que la oposición sustente demandas en contra del artículo, y según juristas como Uprimny es probable que la Corte la tumbe. El congresista Germán Navas Talero también anunció una demanda por prevaricato a todos los congresistas que votaron a favor del artículo a sabiendas de que era inconstitucional.
Pero mientras fallan estas demandas, el artículo queda en firme por 2022 lo que le dará tiempo a los alcaldes y gobernadores a contratar con menos restricciones.
Y mientras tanto, aunque el Ministerio de Hacienda quiso mostrarse al margen de la discusión, en la práctica terminó favoreciendo a los promotores de modificar la ley de garantías.
Un silencio de aprobación
En el presupuesto la voz del Gobierno es clave porque es el Ministerio de Hacienda el que debe radicarlo, tiene el poder de vetar artículos que impliquen gasto y de manifestar públicamente si avala o no otro tipo de artículos, como el de garantías.
Por ejemplo, ayer, el Ministerio de Hacienda apoyó dos proposiciones para que se cayeran dos artículos que incluyeron en la ponencia, como el de la ley de garantías: el que permitía el traslado exprés de pensiones del régimen privado al régimen público, y el que le daba libertad a la Sociedad de Activos Especiales (que administra los bienes incautados al narcotráfico) para fijar los precios y las condiciones de venta de esos bienes.
Tan solo dos semanas atrás el Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, había defendido el artículo de las pensiones. “No queríamos generar una molestia fiscal”, dijo hoy para explicar su rechazo.
Ambos artículos se cayeron con la ayuda del Gobierno. El viceministro de Hacienda, Fernando Jiménez, dijo a La Silla que los argumentos de los congresistas en la plenaria los convencieron de su inconveniencia y que apoyaron el retiro para no causar más animadversión hacia el presupuesto.
De acuerdo con dos senadores y dos representantes a la Cámara que estuvieron ayer en el debate, el Gobierno en efecto se movió para retirar esos proyectos, habló con congresistas y los convenció de su inconveniencia.
Contexto
Con el de garantías, no ayudó, pero tampoco estorbó, según dijo el congresista Ramírez a La Silla. En la misma línea le contó a La Silla, el senador de Cambio Carlos Abraham Jiménez.
Según una fuente que estuvo siguiendo el debate desde las instalaciones del Congreso, los que sí estaban muy pendientes eran alcaldes y gobernadores, que llamaban a sus congresistas pidiéndoles apoyar el cambio en la ley de garantías.
Solo al cierre del debate, cuando ya el artículo estaba aprobado, el ministro Restrepo terminó justificando el ajuste a la ley de garantías en la ley de presupuesto: dijo que reflejaba “una apuesta por los convenios interadministrativos que permiten reactivar la economía”, y que atendía una petición a gritos que le hicieron los alcaldes y los gobernadores.
Dijo también que él estaba de acuerdo con que la Corte Constitucional revisara el artículo y que lo haga con urgencia, para que se aclare el debate sobre la constitucionalidad del proyecto.
Además incluyeron en el segundo debate un parágrafo que dice que la Contraloría hará vigilancia especial a esos convenios.
Esta estrategia de apoyar sin apoyar el artículo polémico es para el estratega político Carlos Suárez, una manera de desentenderse un poco, para no quedar tan mal con todo el mundo: los críticos a la modificación de la ley, por un lado, y los alcaldes y gobernadores que la impulsan, por el otro.
“Esto es macro mermelada. Duque está en el poder, en buena parte, porque construyeron el concepto de la mermelada de Santos y sus partidos (…) Tiene que fingir para esconder la mayor traición a su electorado porque el tema es kriptonita histórica para Duque”, opinó a su turno el analista Álvaro Forero.
El director de Portafolio, Francisco Miranda, opina que la actitud del Gobierno ante los puntos polémicos de la ley de presupuesto es una forma de lavarse las manos.
Un lavado de manos que, en todo caso, no será del todo efectivo porque fue en frente de todos los reflectores
