La familia del ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, tiene un negocio redondo en el notariado.
Su papá es el notario que más factura de los más de 900 del país; su mamá quiere volver a ser notaria y tiene demandado al Estado para lograrlo; y su cuñado es la cabeza de una empresa familiar que tiene un lucrativo negocio con la Superintendencia de Notariado y Registro.
En 2018, cuando esa empresa era de la mamá y la hermana del ahora Ministro, la Supernotariado le dio el permiso para vender documentos como los certificados que dicen quién es dueño de un inmueble.
Desde entonces, la empresa de la familia del Ministro multiplicó sus ingresos por más de 17 veces.
El negocio
En 2017 la Superintendencia de Notariado y Registro se inventó un nuevo negocio.
Decidió cerrar sus puntos de atención en los que las personas podían comprar certificados de tradición y libertad, certificados de no propiedad e índices de propietarios; y entregarle esa función a un privado.
Según los documentos oficiales, con eso buscaba reducir gastos de operación y asegurar liquidez, porque el privado elegido debe prepagar mínimo 25 mil documentos cada mes, para luego venderlos a los usuarios.
Es un negocio que mueve ingresos para el privado por unos mil millones de pesos al año porque la Superintendencia le vende los documentos al privado con un descuento.
Si vende los 25 mil, los usuarios le pagan unos 425 millones de pesos, de los cuales le quedan unos 80 millones al privado. Es decir, tiene un margen de casi 1 de cada 5 pesos.
Pese a que en la práctica ese negocio equivale a una concesión, la Supernotariado no armó una licitación para encontrar al operador. En su lugar, creó una figura en la que cualquier privado podía presentar una propuesta para quedar habilitado, pero solo iba a quedar uno, el que primero llegara y cumpliera los requisitos.
Es decir, la competencia se limitaba a ser el primero en llegar, no a ser el que lograba que los certificados fueran más baratos para los usuarios, el que tuviera más experiencia o el que le diera más dinero a la Super.
Ese mismo afán se notó en las fechas.
La resolución que armó toda la estructura del negocio salió el 26 de septiembre de 2017. Diez días después, la Supernotariado ya tenía en sus manos una propuesta para operarlo.
La presentó Proyectos Legales SAS, empresa de la familia del ahora ministro Daniel Palacios Martínez.
La empresa
Proyectos Legales fue fundada en 2003 por cuatro personas, tres de ellas familiares de Palacios.
Piedad Martínez Martínez, mamá del Ministro y quien tiene un pleito para volver a ser notaria, arrancó con el 25,5 por ciento de las acciones; Silvia Palacios Martínez, hermana del Ministro y quien hizo carrera en la notaría de su papá, tenía otro el 25,5 por ciento; y Raúl García Martínez, primo de los Palacios Martínez, un 24,5 por ciento más. El restante era de una abogada que al año siguiente vendió su participación.
Raúl García falleció en 2016, y para febrero de 2017 las únicas accionistas eran Piedad Martínez con el 54,5 por ciento, y Silvia Palacios Martínez con el 45,5 por ciento restante.
Con esas dueñas y cuando el hoy Mininterior era un concejal de oposición al Gobierno Santos, la Supernotariado habilitó a Proyectos Legales para el negocio.
Aunque su objeto social está concentrado en actividades de asesoría y consultoría jurídica, en el plan de operación que presentó ante la Supernotariado, se definió como una empresa creada para “proponer soluciones a sus clientes que le permitan desarrollar sus actividades con la mayor eficiencia posible, apoyada en los desarrollos tecnológicos materiales”. Es decir, una empresa de abogados se ganó un contrato para una operación logística y tecnológica para el que hay empresas expertas, como las que hacen facturación electrónica.
La Silla Vacía buscó a Piedad Martínez y a Silvia Palacios para preguntarles por este y otros puntos. No pudimos hablar con ellas pero sí con Juan José Meza Daza, el esposo de Silvia, quien en ese entonces era el representante legal suplente. Desde 2018 es dueño de toda la empresa y su gerente.
Meza Daza no le respondió a La Silla si esa empresa tenía experiencia previa en la ejecución de este tipo de operaciones.
En todo caso, solo cuatro días después de la presentación, la Supernotariado aprobó el plan y la empresa arrancó los trámites para empezar a operar.
El principal era arrendar los espacios en los que empezaría a operar. La Supernotariado había definido que inicialmente lo haría en ocho Centros de Atención Distrital Especializados, Cade, de Bogotá, lugares con módulos de varias entidades públicas para facilitar los trámites de los ciudadanos en un solo lugar.
El 21 de febrero de 2018 comenzó a operar y desde entonces, ha crecido de manera acelerada.
La empresa registró en la Cámara de Comercio que en 2017 había tenido 168 millones ingresos, para 2018 (el primer año de operación) reportó 799 millones de pesos y para 2019 saltó a 3.014 millones en ingresos. Según ese mismo informe, la cifra no varió para 2020.
Meza Daza aseguró a La Silla que no todos los ingresos vienen de la operación de la Supernotariado. Dijo que su empresa tiene otras líneas de negocio, pero no especificó cuáles, y tampoco por qué el crecimiento coincide con el año que empezó a vender los certificados.
Justo cuando Proyectos Legales cruzaba por una buena racha con el contrato de la Supernotariado, pues había quintuplicado sus ingresos, y ad portas de finalizar el primer año del contrato, Silvia y Piedad vendieron la empresa. Lo hicieron en 2018 por apenas 20 millones de pesos, el 2,5 por ciento de los ingresos de ese año, a Juan José Meza.
Sobre por qué decidieron vender por tan poco, La Silla no obtuvo una respuesta de Silvia Palacios ni Piedad Martínez. Meza aseguró: “La dinámica de las empresas es así”.
Aunque la operación se limita hoy a los ocho Cade, Meza dice que el plan es expandirse al resto del país, algo para lo que tienen el aval de la Supernotariado desde que los habilitó en 2018.
Proyectos Legales funciona en un pequeño edificio de oficinas del centro de Bogotá. La Silla Vacía fue para consultar a sus representantes, y encontró que no está identificada con ese nombre en la recepción, sino que el portero se refiere a la oficina de Juan José Meza.
Es decir, la única empresa del país que vende certificados de propiedad de inmuebles a las personas en los Cade opera en una oficina sin nombre ¿Cómo ocurrió eso?
El poder de los Palacios Martínez
La resolución de 2017 con la que se reglamentó el negocio la firmó Jairo Alonso Mesa Guerra, quien era el Supernotariado encargado.
Había llegado a ese cargo en reemplazo de Jorge Enrique Vélez, un excongresista antioqueño muy cercano a Germán Vargas Lleras, quien renunció para irse a dirigir Cambio Radical en las elecciones de 2018.
Mesa era visto como alguien muy conectado con los notarios porque llevaba varios años en la Superintendencia de Notariado, como delegado para la restitución y formalización de tierras.
“Expedí la resolución porque la Superintendencia no tiene plata para operar en lugares diferentes a las oficinas de Registro y mi preocupación era que cualquier persona pueda sacar los certificados con facilidad. Entonces lo que habilitó esa resolución fue la posibilidad de que cualquiera que quisiera precomprar el cupo podía acceder a él”, explicó el exsupernotariado.
Dice que fue “una casualidad “ que se la ganara una empresa de la familia del notario con más ingresos del país. “No le podría decir por qué esa empresa se presentó”.
Sin embargo, cuatro fuentes del círculo notarial, donde este negocio es polémico por la forma en que fue entregado y por sus beneficiarios, nos dijeron que la explicación viene del poder de los Palacios Martínez. Y eso que Daniel Palacios aún no era ministro sino concejal de Bogotá.
La familia Palacios Martínez ha construido su poder en torno al notariado y la política.
Daniel Palacios Rubio, papá del ministro Daniel Palacios y declarado uribista, es el Notario 29 de Bogotá desde 2008. Llegó por concurso para ocupar la vacante. Antes de llegar a ese cargo fue magistrado de los Tribunales Administrativos de Cundinamarca y Cesar.
Su notaría es la que más plata factura en todo el país, según datos de la Supernotariado.
Para darse una idea, las 100 notarías más grandes del país en promedio tramitaron 5.115 escrituras anuales entre 2018 y 2020, y Palacios cuadruplicó esa cifra: en 2018 contabilizó 24 mil, en 2019 otras 24 mil y en 2020 cerró con 19 mil.
“Una notaría con ese volumen es una mina de oro puro. Puede dejar varios miles de millones de pesos anuales”, le explicó a La Silla un notario en ejercicio.
Dos notarios actuales coinciden en que ese éxito viene de que Palacios tiene convenios con bancos para tramitar las escrituras de las compras de inmuebles que financian y en los que imponen hipotecas.
Eso es algo que para una de las fuentes que nos habló sería competencia desleal con los demás notarios, aunque en la práctica decenas de notarías tienen acuerdos similares con constructores, entidades financieras o abogados.
Palacios Rubio le dijo a La Silla que su éxito se explica en que presta un buen servicio: “El que se esfuerza en hacer mejor las cosas, hacer inversiones en sistemas operativos, preparación de empleados, atención al público, disponer de áreas físicas adecuadas y demás. Que sus consultados digan que es competencia desleal, para mí no es otra cosa que la falta de compromiso (de ellos) en prestar un servicio de calidad”.
En todo caso, para dos notarios, un exnotario y una fuente dateada del poder del notariado, ese nivel de facturación hace a Palacios Rubio un personaje con capacidad de influir.
“Aquí se mueven relaciones, influencias y recursos ¿Usted cree que los notarios no ayudamos a financiar campañas? Un notario es un amigo que a todos les conviene”, explicó una de esas fuentes.
“Palacios es un buen anfitrión, tiene buenas relaciones y que sea uribista no quita que tenga amigos en otros lados. Ese contrato prueba lo influyente que es”, agregó otra fuente.
El notario Palacios le dijo a La Silla que esas afirmaciones no son ciertas: “no hago parte de ninguna empresa o sociedad y no gestiono negocios o actividades para terceros”
Con él coincide su yerno Juan José Meza, quien cuenta que se enteró de la oportunidad del negocio por la gaceta de la Supernotariado.
El exsuperintendente Jairo Mesa también negó la injerencia del notario Palacios Rubio en la manera en la que una empresa de su familia terminó con la operación de ese negocio.
Palacios Rubio no es el único de la familia que se mueve en el notariado: su hija Silvia había hecho toda su carrera en su notaría hasta que Margarita Cabello se la llevó a la Procuraduría; su esposa, Piedad Martínez, también fue notaria entre 1996 y 2009, cuando bao el gobierno Uribe salió del cargo por sus resultados en el concurso notarial y, como contó El Tiempo, tiene un pleito para que la nombren notaria 24 de Bogotá.
Ella representa otro espacio de poder en el que se mueven los Palacios Martínez: la política.
Es hija del político cesarense Aníbal Martínez, quien fue Contralor General y terminó condenado por corrupción; y hermana de María Cleo Martínez, quien fue senadora liberal en los 90 y aliada del cuestionado clan familiar de los Gnecco en Cesar.
Como contamos, su familia tiene una amistad de vieja data con el expresidente Uribe, quien la nombró notaria en Bogotá en 2006. Venía de ser notaria en Valledupar.
Su hijo Daniel heredó esa vena política: fue concejal de Bogotá entre 2015 y 2019, y ahora es Ministro de Interior. Su hija Silvia Eugenia, en cambio, ha manejado un perfil más bajo y hasta 2019, según la hoja de vida que le presentó a Función Pública, hizo toda su vida laboral en la notaría de su papá.
Además de Uribe, la familia tiene una cercanía con el Contralor General, Felipe Córdoba, quien le dio contratos a Juan José Meza, el dueño de Proyectos Legales y esposo de Silvia, durante varios años y en varias entidades.
Meza también ejecutó contratos de prestación de servicios en Bogotá, cuando el ahora Ministro del Interior era Concejal de esa ciudad.
Más allá de Meza Daza, hay otro familiar del ministro que el contralor Córdoba también ha contratado.
Se trata de Diego Andrés Palacios Rubio, tío del ministro y hermano del notario: en 2015, cuando era Auditor General, lo nombró director de recursos físicos, y hoy lo tiene como asesor de despacho para apoyar la Unidad de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría.
Córdoba explicó que conoce a Meza desde hace varios años y que tiene una relación de amistad con él. “Me parece que es un buen trabajador y por eso siempre lo he contratado. Soy amigo del ministro Daniel Palacios, pero esa relación no tiene nada que ver”. Sobre el tío del Ministro también dio la misma explicación.
El ministro Daniel Palacios le dijo a La Silla que no ha tenido injerencia en los contratos o nombramientos de sus familiares.
“Los contratos o nombramientos que hayan tenido (mis familiares) en entidades públicas hoy o antes son públicos, en ningún momento han tenido una inhabilidad o un impedimento legal para hacerlo. Creo que son profesionales consumados, con experiencia académica y profesional que se han labrado su camino”, señaló.
Como la operación de la empresa de la familia del Ministro en la Supernotariado es indefinida, su injerencia por diferentes vías, por lo menos en esa entidad, seguirá vigente.
