Hay 19 proyectos priorizados para esta mitad de legislatura, pero en realidad, la tributaria será el eje del periodo legislativo. Y el Gobierno aún no ha mostrado qué propone en ese proyecto.
Hoy vuelve el Congreso y el Gobierno le apuesta a una agenda “ambiciosa” de 19 proyectos, para votar o aprobar de acá a junio. Y aunque presenta una serie variopinta de reformas, tienen pretensiones reformistas modestas y difíciles de sacar adelante.
Porque al final, en los siguientes tres meses, el debate girará en torno a la reforma tributaria, el único proyecto de gran envergadura, y del que al inicio de este periodo no se conoce aún su contenido.
El periodo que empieza hoy es la segunda mitad del año legislativo que arrancó en pandemia, el 20 de julio de 2020. En ese sentido la agenda del Gobierno es abultada, si se tiene en cuenta que hace nueve meses radicó 25 proyectos, solo seis más que los que anuncia para este semestre.
Y ante la apuesta arriesgada de aprobar una tributaria, el reto probablemente se comerá el impulso de los otros proyectos.
“Este semestre la tributaria tiene que salir sí o sí y hay un incentivo de tiempo apretado para que salga”, nos dijo Viviana Sarmiento, investigadora de Congreso Visible. “El Gobierno tiene otros proyectos que pueden ser sacrificados si el interés principal es la reforma tributaria”.
“La agenda se la traga la tributaria, que es el único tema serio que estará en discusión”, nos dijo el analista político y asesor en campañas, Carlos Suárez.
La apuesta: tributaria y el resto
Como analizamos a la mitad de su mandato, Iván Duque ha mostrado ser un Presidente moderado en sus ambiciones, en sus odios y en sus ejecuciones. Una postura que mantiene en las propuestas que lleva ante el Congreso para cerrar su tercer año de mandato.
Así ocurrió con la primera agenda del tercer periodo de sesiones: como contamos si bien radicó proyectos para reactivación sectorial, como el de micro y medianas empresas, otro para el sector agro y la ley para reactivación del turismo, no hubo reformas estructurales que el Gobierno había ambientado. Por ejemplo, la reforma laboral y pensional siguen en el tintero.
Y en el gobierno no tuvieron eco propuestas de sectores económicos, como Fedesarrollo, el centro de pensamiento económico más influyente del país, que propuso unir a la tributaria, reformas en la legislación pensional y laboral.
Aún así, según dijo ayer el ministro del Interior, Daniel Palacios, el gobierno vendió su agenda como un “paquete social” en temas de salud, judiciales y laborales para temas específicos. Su apuesta es sacar los 19 proyectos de acá a junio, entre los cuales se destacan:
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Una reforma estatutaria de justicia que viene prometiendo desde el año pasado y le apunta a digitalizar los casos judiciales (un plan que durará 12 años según el Conpes) y a tener un concurso de méritos para jueces y magistrados de tribunales.
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La reglamentación de la cadena perpetua para violadores de menores, que pone a marchar la promesa de Duque en campaña y que incluye la revisión de las condenas que no serán inferiores a 40 años de prisión y garantías procesales para los sindicados.
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La ponencia para debate de la reforma a la salud que va en las comisiones séptimas para blindar el Plan de Vacunación, e incluir sanciones para las personas que salten la fila.
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Una ley anticorrupción respaldada por las ías para que, entre otros, haya sanciones legales a las empresas beneficiadas en sobornos y corrupción.
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La reforma a las juntas de acción comunal para que tengan más dientes en la verificación y control de procesos municipales, radicada en noviembre y que tendrá mensaje de urgencia.
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Una ley para profesionalizar la actividad deportiva, que Duque radicó el lunes con el ministro Ernesto Lucena.
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La ley para reglamentar el trabajo en casa para situaciones extraordinarias como las pandemias.
Según la investigadora Sarmiento, la agenda responde a mostrar ejecución por parte de Duque. Pero sin un cambio profundo sobre políticas públicas. Un ejemplo de eso es la reglamentación a la cadena perpetua para violadores, una promesa de Duque desde campaña que lo conecta con su electorado conservador. “Es el único bastión moral que tiene el Presidente con ese votante”, analizó la investigadora Sarmiento.
Duque usó a la renovada coalición que armó en 2020 para sacar la reforma constitucional que, como han dicho varios expertos como Rodrigo Umprimny, no impacta verdaderamente en el delito, porque lo que incide es la certeza de que habrá castigo (es decir, que se imponga justicia), más no la severidad de la condena (que ya de por sí es alta).
Pero al ya tener la reforma aprobada, la reglamentación será una victoria temprana, consideran en MinInterior. En parte porque tiene el apoyo de las mayorías en el Congreso. Además tiene mensaje de urgencia de Duque, lo que le permite salir más rápido.
Más allá de esto, el periodo legislativo estará centrado en el debate de la tributaria, por varias razones.
Sin tributaria definida
Primero porque en el radar de las bancadas el principal interés es saber el golpe real de la tercera reforma tributaria. Así se lo confirmaron a La Silla siete congresistas de los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, Cambio Radical y Verde. Ninguno nos mencionó un proyecto del Gobierno o discusión de más impacto. Y en algunos casos no conocían de otras iniciativas.
Si bien no hay texto listo de la tributaria que conozcan los congresistas, y posiblemente sea presentado después de Semana Santa según le confirmó a La Silla Vacía una fuente enterada, desde ya la coalición y oposición en el Congreso sostienen que el debate impactará la agenda social y las elecciones.
“Todo depende del texto. No sabemos aún a quién le subirán impuestos y cuánto”, nos dijo Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático de la Comisión Tercera, que será la que revisará esa reforma. “La vemos complicada. Al Gobierno le va a costar mermelada y en las Plenarias es donde estará el debate”, nos dijo a su turno, Guillermo García, senador liberal y del grupo socialdemócrata del Congreso.
El presidente Duque dijo hoy en una entrevista a El Tiempo que le ordenó al Ministerio de Hacienda no gravar los alimentos, pero podría subírselo a otros productos y planea incrementar otros impuestos.
Segundo, porque el debate del impacto social de la pandemia apunta a ser la bandera principal por la cual lucharán la oposición y el Gobierno.
Por un lado, como contamos, la oposición picó en punta en la radicación de proyectos antes que el Gobierno para mitigar los impactos en la pandemia. Y hoy 51 congresistas presentarán un proyecto para que 7.4 millones de personas tengan una renta básica que vienen ambientando desde el año pasado.
Según nos dijeron los senadores Antonio Sanguino, del Verde, y García, del liberal, la idea es presionar su aprobación vía movilizaciones sociales (hay una planeada hoy en la Plaza de Bolívar para acompañar la radicación) y un paro de las centrales obreras en abril. Ahí incluirán la exigencia de la aprobación del proyecto de la renta básica.
Desde el partido de gobierno, el Centro Democrático, ya preparan una contrapropuesta: mantener el programa Ingreso Solidario, que gira 160 mil pesos a tres millones de familias, como una política estatal.
“Nuestra agenda es reafirmar los proyectos sociales que tenemos desde el año pasado”, nos dijo el senador Ramírez del CD en relación con el proyecto de Ingreso Solidario y la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, un proyecto que fue impulsado por el ex senador Álvaro Uribe.
“La agenda económica y social estará agitada no solo por las implicaciones en el debate de 2022, pero sobre todo las decisiones y medidas que deben adoptarse”, nos dijo el senador Sanguino, del Verde.
Esas posturas le pueden quitar fuerza a iniciativas que el Gobierno quiere presentar como reformas sustanciales, como la reforma estatutaria a la justicia, que de todos modos no le apunta a problemas de congestión judicial que afectan al ciudadano.
Al respecto, el senador Ramírez y el representante de Cambio Radical, José Daniel López, nos dijeron que una verdadera reforma de este tipo solo llegará “con un nuevo presidente” que tenga capital político para apuntarle a un cambio constitucional, con consenso de las cortes, claves para que un proyecto de envergadura pase.
Además de que ya se descartan estas grandes reformas, en esta agenda legislativa no están otras que Duque prometió como prioritarias en julio de 2020.
Eso pasa principalmente con la ratificación del tratado de Escazú. El Presidente prometió implementar el tratado ambiental para responder al 21N, en un gesto que aplaudieron los ambientalistas. Y aunque firmó el Acuerdo, como contamos, su ratificación por el Congreso está empantanada desde septiembre, en la Comisión Segunda del Senado, tras un fuerte lobby de los empresarios y la coalición duquista propuso su archivo.
Hoy el acuerdo de Escazú no está en el plan de priorizaciones legislativas del MinInterior.
Y una tercera razón, para que la agenda no pinte tener el impacto que el Gobierno anuncia, es que no hay tiempo para tanto proyecto.
Aunque la tributaria tendrá mensaje de urgencia, y en la práctica eso permite que un proyecto como estos tenga 3 debates y no 4, normalmente las discusiones pueden durar de dos a tres meses.
Según el plan legislativo que presentó el Ministro del Interior en enero, la tributaria ya debería haber tenido la socialización con los ponentes en febrero, cosa que no ha pasado cuando ya empiezan las sesiones. O sea, hay un retraso de un mes. Y la idea era que fuera aprobada en mayo en plenarias.
Con ese retraso, el debate apunta a extenderse en junio.
A lo que se suma el calendario electoral que ya arrancó.
“Los congresistas ya están acomodándose en sus respectivos partidos para determinar cómo se presentan el año entrante y el otro semestre visitarán regiones”, nos dijo el analista Suárez.
En el Congreso hay un dicho sobre las agendas legislativas: el primer año es del Gobierno, el segundo es del Congreso, el tercero es de ambos y el cuarto es de nadie. El cuarto, el que empezará el próximo 20 de julio, será un año con posibilidades muy limitadas de aprobar ningún proyecto grande, pues se da en medio de un debate electoral cada vez más álgido, en el que los congresistas están enfocados en su reelección.
Por eso, en la segunda mitad del Congreso de ambos, el de los acuerdos y las coaliciones, el Gobierno tiene poco tiempo, mucho proyecto, y una agenda transformadora incierta. En junio se sabrá si la coalición que armó Duque el año pasado le sirve para sacar adelante, al menos, la tributaria.
