Rubén Darío Lizarralde aún no ha ocupado el puesto de Francisco Estupiñán en el Ministerio de Agricultura, pero ya le tocó salir a defenderse de los señalamientos que se le han hecho sobre la posible compra irregular de tierras en Vichada. La Silla siguió el rastro de los predios comprados por el nuevo ministro y esto es lo que encontró.
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| Incluso desde antes de posesionarse como nuevo Ministro de Agricultura, a Rubén Darío Lizarralde le están lloviendo críticas por la compra de tierras que hizo Indupalma -la empresa que él gerenciaba- en Vichada. Foto: Presidencia |
Rubén Darío Lizarralde aún no ha ocupado el puesto de Francisco Estupiñán en el Ministerio de Agricultura, pero ya le tocó salir a defenderse de los señalamientos que se le han hecho sobre la posible compra irregular de tierras en Vichada. La Silla siguió el rastro de los predios comprados por el nuevo ministro y esto es lo que encontró:
En realidad, el escándalo en torno a las tierras de Indupalma -la empresa que el nuevo MinAgricultura gerenció hasta la semana pasada- en Vichada no es nuevo. Es el mismo por el que hace un mes tuvo que responder la Ministra de Educación María Fernanda Campo, ex esposa de Lizarralde y una de sus socias en el proyecto cauchero en Puerto Carreño.
En ese momento, al nuevo Ministro apenas se le mencionó de pasada durante el debate de control político sobre tierras que lideró el representante Iván Cepeda.
Pero ahora que Santos lo nombró, el debate volvió a aparecer y cobró más fuerza, al tratarse de la persona que le tocará liderar el Pacto Nacional Agrario que anunció Santos, la implementación de los acuerdos en La Habana sobre el agro y el trámite de la ley de baldíos, que el Gobierno prometió presentar este mes al Congreso.
Y en el que, como contó La Silla, todos los ojos estarán puestos para ver si el Presidente opta por salvar a los ‘cacaos’ que hicieron compras saltándose los topes legales o si se inclina por el discurso que ha vendido en La Habana de una transformación del campo.
La historia arranca a comienzos de 2010, cuando varios miembros de la familia Lizarralde Campo se unieron con otras personas ajenas a la familia para invertir en el proyecto agroindustrial que gestionó Indupalma en las veredas de La Libertad y El Aceitico.
Según los certificados de libertad y tradición consultados por La Silla, al menos 21 grupos diferentes de inversionistas le compraron un número igual de predios a varias familias campesinas de apellido Dávila, Correal y Herrera, cada uno de ellos de una extensión entre 800 y 1.500 hectáreas. Todos los lotes, como la mayoría de las tierras en todo el Meta y Vichada, fueron baldíos adjudicados por el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) a campesinos sin tierra en los años noventa.
La mayoría de los terrenos está justo por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es la medida para determinar cuánta tierra necesita una familia campesina para vivir dignamente y según la cual el Incoder entrega baldíos del Estado a los campesinos sin tierra como una forma de reforma agraria. Y que sigue siendo, según la ley 160 de 1994, el máximo tope de ‘antiguos baldíos’ que puede comprar cualquier persona o empresa. Ninguno de los 21 terrenos está por encima de la UAF.
Entre los inversionistas figuran -según las matrículas de los predios- la Ministra de Educación -cuando era presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá- y cuatro de sus hermanos: Alejandro, Fabio, Ana María y Óscar Campo Saavedra. Con ellos invirtieron otras personas como Santiago Durán Castro, el ex presidente de la junta directiva de Procaña (el segundo gremio de cañicultores) y más de 20 individuos que no son personajes públicos.
Cada uno de esos grupos de inversionistas constituyó una sociedad por acciones simplificadas (SAS) entre marzo y noviembre de 2010 y luego registró la compra de su predio en la notaría 44 de Bogotá en esas mismas fechas.
El que se hayan creado varias SAS en la misma notaría y en fechas similares, el que un proyecto abarque muchos predios que suman casi una UAF y que solo sea un proyecto productivo hace que se parezca a primera vista bastante al modus operandi que utilizaron muchas de las empresas investigadas al hacer las compras cuestionadas de tierras en la Altillanura.
Pero la realidad es que el caso de Indupalma es diferente al de Riopaila, Cargill, Poligrow, Mónica Semillas o The Forest Service. A diferencia de la del nuevo ministro, estas empresas compraron grandes extensiones de tierra en Meta y Vichada fraccionando las tierras para saltarse los topes legales y creando un andamiaje jurídico -con la asesoría de firmas de abogados como Brigard y Urrutia- que esconde que en realidad se trataba de un único propietario que quiso burlar la ley.
En cambio, en este cultivo colectivo de Indupalma -una empresa que administra proyectos de palma y caucho– no se ve ninguna maniobra por ocultarlo. Tan es así que la propia página web de la empresa tiene un cuadro explicando que el cultivo lo componen 21 predios de diferentes dueños divididos en cinco bloques, estructurado desde su “banca de inversión y operación de proyectos”. Uno de los terrenos, de 1.536 hectáreas, está directamente a nombre de Indupalma Limitada, con Lizarralde como representante legal.
Indupalma actúa, según explicó María Fernanda Campo, como el “operador logístico” del proyecto. Al final, cada persona o grupo de personas continúa siendo propietario de su predio. Y no hay, hasta donde pudo comprobar La Silla al consultar los certificados de tradición y libertad en la Superintendencia de Notariado y Registro, ningún nombre repetido en más de una UAF. (La Silla encontró los folios de matrícula de 12 de los 21 predios).
Aunque el caso de Indupalma es diferente al ‘modelo Riopaila’, los tres congresistas del Polo que han liderado los debates sobre tierras en la Altillanura -el senador Jorge Robledo y los representantes Iván Cepeda y Wilson Arias- creen que hay suficientes méritos para que Lizarralde se declare impedido en muchos de los temas relacionados.
Comenzando por el proyecto de ley sobre los baldíos, que según contó La Silla, ha generado un duro debate dentro del Gobierno sobre si conviene encontrar fórmulas legales que permitan a los ‘cacaos’ salvar las inversiones que hicieron en los Llanos brincándose los topes legales.
“No hubo una violación de la ley en un sentido estricto, pero sí hubo una astucia para poder concentrar el uso de la tierra para un proyecto de carácter agroindustrial”, le dijo a La Silla el representante Iván Cepeda, quien hasta la semana pasada sólo había centrado su investigación en la Ministra de Educación. “Esta situación genera una serie de interrogantes y puede haber un conflicto de intereses hacia adelante, siendo el Ministro el que tiene que discutir una política agraria con los campesinos. No veo cómo puede representar el antídoto de lo que hemos venido viendo”.
Esto porque Lizarralde, quien fue viceministro de Desarrollo Económico de Julio César Turbay y Secretario de Hacienda de Andrés Pastrana en Bogotá, llega al Ministerio a raíz de su experiencia liderando esquemas asociativos entre los grandes palmeros y los campesinos.
Y este es el modelo que Santos tiene en la cabeza como ideal para el desarrollo agrario y en especial para la Altillanura, donde se necesitan grandes inversiones para volver productiva la tierra y sacar los productos al mercado.
Hasta el momento Lizarralde les ha concedido, a medias, la razón en uno. “Por el hecho de que mi familia tenga tierras en la Altillanura me declararé impedido en todo lo que tenga que ver con algo que impacte ese negocio, de resto no tengo por qué hacerlo. Una cosa es un negocio particular y otra cosa es un diseño de una política”, dijo Lizarralde.
El problema es que, aunque puede que no le toque declararse impedido en los baldíos, su credibilidad en el tema puede verse afectada desde antes de posesionarse. Sobre todo porque si el proyecto de ley que presenta Santos al Congreso termina intentando salvar a los ‘cacaos’, a Lizarralde le quedará difícil defenderlo en público.
En cambio, si Santos opta por resolver el problema hacia adelante proponiendo esquemas en los que sea obligatorio asociarse con los campesinos y que ayuden a desarrollar la infraestructura de la región, pero que no salven a quienes se volaron los topes, el nuevo ministro podrá mostrar que el ‘modelo Riopaila’ no es el único para la Altillanura.
Nota de la editora: Después de publicada esta historia, Santiago Lizarralde Campo le precisó a La Silla que es el representante legal suplente de la sociedad con la que María Fernanda Campo compró su predio, pero que no es inversionista.
