La Silla supo que en el gobierno están estudiando cómo darle un impulso definitivo a las conversaciones. Si siguen adelante con esta idea, es posible que la iniciativa de López y Navarro sea útil para ambientar el tema de un plazo a la negociación de paz pero que tenga una vida corta. En cualquiera de los dos casos, lo que es claro es que el tiempo político comienza a correr en contra de La Habana.
La primera vez que Claudia López apareció en la escena pública fue como una de las líderes del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta que detonó el proceso que desembocó en la Asamblea Nacional Constituyente en 1991. Veinticinco años más tarde, y ya convertida en un personaje nacional, López -junto con Antonio Navarro- vuelve a recurrir al mismo mecanismo para desembotellar el proceso de paz.
Es una iniciativa que busca que los ciudadanos le impongan un plazo a Santos y a las Farc para llegar a un acuerdo final antes de abril de 2016. Pero La Silla supo que en el gobierno están estudiando cómo darle un impulso definitivo a las conversaciones. Si siguen adelante con esta idea, es posible que la iniciativa de López y Navarro sea útil para ambientar el tema pero que tenga una vida corta.
En cualquiera de los dos casos, lo que es claro es que el tiempo político comienza a correr en contra de La Habana.
La propuesta de López y Navarro es que el día de las elecciones los colombianos puedan meter en las urnas un papelito que diga ““Voto para que las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc terminen antes del 9 de Abril de 2016” como un mandato simbólico a las dos partes sentadas en la mesa de que se afanen y lleguen a un acuerdo final.
Sería simbólico porque el plazo escogido es el día de las víctimas y el día que mataron a Gaitán, fecha que muchos utilizan para marcar el comienzo de la guerra. Y también porque, como ya lo dijo el Registrador, la idea tal como lo están pensando los senadores de la Alianza Verde no cumpliría con los requisitos legales para obligar al Gobierno.
“Queremos canalizar el odio de la gente a las Farc a favor del proceso”, explicó López (ex columnista de este medio) a La Silla. “Porque aunque la mesa está funcionando el proceso está estancado”.
López dijo que la idea les surgió en un almuerzo con algunos economistas que los invitaron para explicarles porque era absurda su posición en contra de la venta de Isagen.
Durante el encuentro, Rudolph Hommes, el ex ministro de Hacienda de César Gaviria, dijo que estaba preocupado con el proceso de paz, que lo veía estancado, y que le parecía grave que en las elecciones de octubre el tema de la paz pasara de agache.
Como conclusión de la conversación, Navarro pensó que en realidad se necesitaba un plazo tanto al Gobierno como a las Farc para meterle “tensión” al proceso.
Hicieron consultas y como el plazo del 9 de abril sonaba razonable lanzaron la idea en la Comisión de Paz del Senado a ver qué pasaba.
Iván Cepeda, líder del Frente Amplio por la Paz desde la izquierda, dijo que no le gustaba la idea, que la presión ciudadana debería ser a favor de un cese bilateral. Del otro lado del espectro ideológico, el ex presidente Álvaro Uribe dijo que le parecía una propuesta inteligente pero si incluía el cese unilateral de las Farc. El director del partido liberal Horacio Serpa dijo que sí le sonaba y A Roy Barreras, presidente de la U, le pareció que el plazo debería ser diciembre.
Por fuera del Capitolio, la propuesta también ha desatado un debate por los riesgos que implica y porque no es claro cuál sería el Plan B si se cumple el plazo y el proceso no ha concluido, como lo reflejan los comentarios de varios líderes de opinión en la Movida de La Silla.
Sin embargo, si el ánimo en Casa de Nariño se mantiene como está, es improbable que el proceso llegue como va hasta abril.
La Silla supo que en el gobierno hay preocupación por el ritmo al que avanza la negociación mientras que el proceso pierde legitimidad por cuenta del recrudecimiento de los ataques de las Farc y que están estudiando cómo darle el ‘estartazo’ final.
Dentro del círculo cercano a Santos ha habido desde hace meses un debate sobre si tendría sentido volver las elecciones de octubre un segundo plebiscito por la paz.
En abril, el ex presidente César Gaviria trató de convencer al Presidente de la importancia de aprovechar que el 25 de octubre se movilizan más de 15 millones de colombianos a votar para comprometer a la gente con el proceso de paz y también para crear un incentivo para que las Farc asumiera ya la decisión definitiva de llegar a un acuerdo con el gobierno.
Su idea era que ese día la gente votara un referendo que le diera facultades al Presidente para hacer la paz.
Su propuesta concreta era reeditar los artículos transitorios 12 y 13 de la Constitución del 91 que le dieron en su momento a él –cuando era Presidente- facultades amplias para firmar un acuerdo de paz con las Farc, que incluía entregarles varias curules en el Congreso. Facultades que nunca uso porque el proceso se frustró antes.
Santos se mostró favorable a la idea y de hecho convocó a varios de los líderes políticos en Casa de Nariño para presentarles la idea el 15 de abril. Pero la reunión fracasó. Por un lado, porque justo ese día las Farc asesinaron a los 11 soldados en el Cauca. Y por otro, porque “existía resistencia de la comisión negociadora a que se tomara una decisión que no fuera bilateral”, según contó una fuente que conoció de primera mano el episodio. “El presidente se echó para atrás”.
Existió una tercera razón y es que algunos asesores de Santos consideraban que –dada la creciente oposición al proceso que reflejaban las encuestas- poner a girar las elecciones alrededor de la Habana podría darle una ventaja comparativa al uribismo.
Sobre todo porque abría la posibilidad a la lectura de que esas facultades al Presidente en realidad eran un cheque en blanco a Santos para que “le entregara” el país a los guerrilleros. De hecho, cuando los uribistas se enteraron de esta reunión, inmediatamente comenzaron a decir que el Gobierno estaba buscando “una ley habilitante” al estilo chavista para pactar la paz.
La decisión final, entonces, fue dejar que las elecciones locales del 2015 se decidieran como ha sucedido siempre: a punta de manzanilla. Y permitir que la negociación en La Habana respetara su ritmo interno.
Pero todo eso fue antes de que las Farc rompieran definitivamente su cese unilateral. Desde entonces, el nivel de violencia ha vuelto a los mismos niveles de antes de La Habana, como lo contó La Silla, y el proceso atraviesa por su nivel más bajo de credibilidad según las encuestas. Esto, a pesar de que la Mesa sigue avanzando como lo demuestra el más reciente acuerdo sobre una Comisión de la Verdad.
En este clima de pesimismo y mientras en la Habana comienzan a debatir el difícil tema de qué castigo pagarán los responsables de crímenes atroces es que nuevamente resurge la idea en el Gobierno y por fuera de él entre líderes como Claudia López y Antonio Navarro de no dejar pasar las elecciones en blanco. Solo que esta vez el objetivo sería poner la dinámica política en función de la paz y no al revés.
Ayer el jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada publicó un texto explicando por qué la iniciativa de la Alianza Verde le parecía una muestra más “de la irresponsabilidad y el autismo de algunos sectores políticos”.
Tocará ver si este rechazo frontal disuade al gobierno de tratar de forzar esa llegada a la meta final. Y si al final, solo quedará sobre la mesa la iniciativa de Claudia y de Navarro y la esperanza de que esa fecha perentoria le de a los guerrilleros un sentido de ultimátum; al gobierno un horizonte para comenzarse a preparar para lo que vendría después si se firma un acuerdo o si se rompe; y sobre todo, para que los colombianos urbanos tengan la paciencia suficiente para darle a sus compatriotas del campo una oportunidad hasta el próximo año de algún día vivir en paz.
