La indignación generada por el escándalo alrededor del magistrado Jorge Pretelt ha sido aprovechada por el gobierno para darle un empujón a la reforma a la justicia que que está en el proyecto de ley de Equilibrio de Poderes y a medida que avanzan los días le han ido “colgando” otros cambios. El último que propuso el ministro de Justicia podría terminar siendo un remedio peor que la enfermedad.
La indignación generada por el escándalo alrededor del magistrado Jorge Pretelt ha sido aprovechada por el gobierno para darle un empujón a la reforma a la justicia que está en el proyecto de ley de Equilibrio de Poderes y a medida que avanzan los días, le han ido “colgando” otros cambios. El último que propuso el ministro de Justicia podría terminar siendo un remedio peor que la enfermedad.
Durante su visita de ayer al municipio de El Copey, en el Cesar, Yesid Reyes “destacó la necesidad de que todos los cargos de la Rama Judicial, incluso que los magistrados de las más altas cortes, sean sometidos a concurso de méritos”, según lo anunció un comunicado oficial de su ministerio.
“Es una propuesta que se va a tramitar dentro del proyecto de Equilibrio de Poderes, en la que toda la rama judicial acceda a los cargos por meritocracia”, dijo Reyes Alvarado, quien señaló que hasta ahora, este sistema sólo funcionaba en parte de la administración de la justicia. “Lo que se busca es que todas las personas que quieran llegar a la rama tengan que presentar un examen, eso nos garantizaría que lleguen personas calificadas y se terminaría con la forma de nombramientos por amistad, recomendación por afinidades. Situaciones que no tienen nada que ver con la preparación o formación académica”, indicó.
El ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez dijo en Hora 20 horas después de ese comunicado que esta propuesta del concurso de méritos no aplicaría para la Corte Constitucional sino para el Consejo de Estado y la Corte Suprema y que no se trataría de un “examen” de conocimientos sino de un concurso de méritos “por oposición” en donde se enfrentaría entre sí a los candidatos en una audiencia para conocerlos mejor.
Esta discrepancia entre los dos líderes del tema de la reforma a la justicia en el gabinete muestra que por ahora no parece haber un consenso al interior del gobierno Santos respecto a la dirección del cambio que buscan en la Rama Judicial pues el comunicado del ministro de Justicia no hace distinción entre las altas cortes y, específicamente, habla de que los aspirantes tengan que “presentar un examen”. (Tampoco están de acuerdo sobre qué debería reemplazar el Consejo Superior de la Judicatura).
Independientemente de si el concurso de méritos aplica para las tres altas cortes o solo para dos de ellas, la propuesta –según tres expertos en el tema que hablaron off the record por su relación con la justicia o con el gobierno- es problemática.
“No existe nadie que esté en capacidad de definir objetivamente cuál es el ‘mérito’ que se requiere”, dijo uno de ellos. “Es frustrante que la mayor oportunidad de reforma a la justicia que ha tenido este gobierno la pierda proponiendo cosas que no solucionan nada”.
En opinión de los tres consultados, no solo no solucionaría el problema grave de credibilidad de la justicia sino que podría terminar excluyendo de la lista de aspirantes a magistrado de las altas cortes a los que verdaderamente tendrían el mérito porque personas muy prestigiosas en la profesión no se someterían a hacer un ‘exámen’.
Y aún si se sometieran, estaría la pregunta de cómo se miden requisitos claves para ser magistrado, que a veces tienen poco que ver con sus conocimientos del derecho.
Por ejemplo, un magistrado de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado tiene que tener visión de Estado. Tiene que ser honesto. Tiene que tener buen criterio ¿Qué examen podría medir eso?
En el caso de la Corte Constitucional sería doblemente grave, opinan dos de los expertos, porque dada la trascendencia de las decisiones que toma debe reflejar unas bases políticas y si los magistrados dejan de ser elegidos por el Senado pierden una base de legitimidad importante.
Otro de los entrevistados resaltó que ya muchos de los que entran a la Rama Judicial lo hacen a partir de un concurso de méritos y que no necesariamente esos jueces son mejores que los otros.
“Hoy en día un porcentaje grande de los que están llegando a las altas cortes vienen de la Rama Judicial, entraron por concurso de méritos como jueces y por el sistema de cooptación van ascendiendo e igual no son buenos. Son a veces peores que los otros”, dijo otro, hablando off the record. “El problema es que esa meritocracia no funciona”.
La tercera pregunta es quién diseñaría el exámen y cómo se garantizaría que no se convierta en una nueva fuente de corrupción. Una fuente que conoce bien el mundo de la rama por dentro, le contó a La Silla que el concurso para jueces y magistrados que hace la Universidad de Pamplona lo vendían bajo cuerda por 8 millones de pesos.
Contra el lobby
La otra propuesta de Yesid Reyes ayer es prohibir expresamente el cabildeo en el ámbito judicial.
“Los jueces no pueden hablar con las partes en un proceso penal de manera privada, es algo que debe darse en contextos judiciales y en presencia de las demás partes procesales”, dijo el Ministro.
“Se busca evitar que las personas vayan a hablar con funcionarios judiciales para recomendarles procesos, recomendarles trámites o sugerirles una u otra forma de proceder”.
En realidad, el cabildeo judicial ya está prohibido. El reglamento interno de la Corte Constitucional, por ejemplo, le prohibe a los magistrados reunirse con las personas que tienen interés en los proyectos que están ante la Corte.
Néstor Humberto Martínez explicó en Hora 20 que lo novedoso es que ahora, además de los jueces, también se sancionaría disciplinariamente a los abogados que se reúnan con el funcionario.
Lo que pasa es que el cabildeo suele ser mucho más sofisticado que el mero hecho de que un afectado le pida cita al juez para hacer lobby a favor de su caso.
La forma de cabildeo más común es la que quedó reflejada en el caso del escándalo del magistrado Pretelt.
El lobby consiste en contratar a un abogado que le hable al oído al magistrado o magistrados de quienes dependa el proceso. Puede ser un ex socio del bufete del magistrado ponente, o su ex jefe, o su profesor o su alumno. Muchas veces este abogado no tiene que figurar en el expediente, y puede actuar como asesor del abogado que firma.
En el caso de Fidupetrol, la fiduciaria contrató a Rodrigo Escobar Gil, ex presidente de la Corte Constitucional, para que prestara una asesoría jurídica en el trámite de la tutela ante la Corte Constitucional, que firmó Víctor Pacheco. Le pagó 200 millones de honorarios e incluyó una prima de éxito por otros 200 millones si el fallo salía favorable.
Según los testimonios del abogado Pacheco, el interés de la fiduciaria en contratar a Escobar Gil era su cercanía con los magistrados Pretelt (quien supuestamente podía influenciar el voto de su colega Mauricio González) y Luis Guillermo Guerrero, quien había sido su magistrado auxiliar durante su paso por la Corte.
De hecho, según contó el magistrado González, Escobar Gil le mencionó el caso de Fidupetrol en una comida en el restaurante de La Table de Michel.
Como sucedió en el caso de Fidupetrol, con frecuencia ese lobby ante la Corte Constitucional es inocuo porque las salas de revisión son de tres magistrados (la mayoría de ellos no “influenciables”) y como los lobbistas lo saben cobran “solo” entre 200 y 300 millones de pesos.
Aunque es mucha plata, es relativamente poca si se compara con los 800 a mil millones que cobran abogados bien conectados para asesorar casos ante el Consejo de Estado, donde el cabildeo parece ser más efectivo.
Estos abogados contratados hacen lo que hizo Escobar Gil. Propician un encuentro con el magistrado y mencionan –a veces de paso- el caso de sus clientes.
“Litiga durante el café”, dice uno de los consultados por La Silla. Pero otro explicó que a veces no toca decir nada. Basta con que su nombre aparezca en la demanda.
Hay también otras formas de lobby ante la justicia más sofisticados y que el mero hecho de prohibir estos contactos no los evitarían.
Uno de ellos son los eventos académicos donde los interesados en que un magistrado conozca de un tema organizan a través de interpuesta persona un “foro” e invitan al magistrado como panelista.
El otro son las audiencias técnicas. En este caso, un ministro, un relator de la ONU o un organismo multilateral, o incluso una ONG, le solicitan a la sala plena de la Corte Constitucional que los reciban para exponer su caso. “Eso también es lobby”, dice un ex funcionario de la Corte.
También están los derechos de petición, a los que acuden con frecuencia funcionarios del Gobierno para llamar la atención de los magistrados sobre un punto: una reforma que presentaron, por ejemplo. Cuando no se pasan sencillamente por la oficina del magistrado.
Porque una cosa que no dice el Gobierno es que varios de sus ministros son asiduos cabildantes ante la Corte Constitucional para que los magistrados vean con ojos favorables las reformas que llegarán al tribunal para estudios de constitucionalidad.
Dado que es muy difícil en la práctica detectar este lobby para sancionar a los abogados (basta ver la poca eficacia de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), en otros países lo que hacen es obligar a los magistrados a llevar un “registro público de contactos”. Así, cada vez que alguien llama o contacta a un magistrado o incluso lo invitan a un foro académico, el magistrado lo registra públicamente.
Hacer transparente el lobby le resta su fuerza.
Tocará ver qué tanto prosperan estas ideas del ministro de Justicia, que en todo caso no están alineadas con lo que Martínez dijo que discutió el Presidente con los magistrados en una reunión ayer. Y si prosperan, qué tanto terminan siendo un remedio peor que la enfermedad como lo pronostican las fuentes consultadas por La Silla.
