En los últimos días, varios impulsores del Acuerdo de La Habana han comenzado a hacer una defensa mediática de la paz, empezando por exigir la verdad de las Farc.
En la reunión del pasado miércoles entre Juan Manuel Santos, el senador del Polo Iván Cepeda, el exministro liberal Juan Fernando Cristo y los ex jefes guerrilleros, que tantas teorías de conspiración desató, Santos les dijo que, como parte de esa defensa del Acuerdo, la Farc tiene que aportar la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, como parte de sus compromisos ineludibles.
En esa reunión, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada reafirmaron su compromiso con la verdad; incluso, Londoño dijo en un trino que “como revolucionario no le temo la verdad”. Sin embargo, ayer se filtró que el ex jefe de las Farc negó que reclutaran menores, también que hubiera abortos y violaciones, un hecho que desmienten cientos de testimonios.
Con su insistencia en negar lo innegable, Londoño le quita fuerza al impulso que desde diferentes sectores del ‘Sí’ le quieren dar nuevamente al Acuerdo de Paz, en un momento en el que se ve amenazado desde muchos frentes: con un presupuesto absolutamente insuficiente para la implementación poscovid; con el auge de las masacre; y sobre todo, con la polarización que se ha creado alrededor de la detención del expresidente Álvaro Uribe, una de cuyas líneas de defensa es establecer un paralelismo con los exguerrilleros libres y en el Senado mientras que él está preso.
Este empujón se da justo en este momento y desde varios sectores: desde Santos y los que participaron activamente en el proceso, desde la comunidad internacional y desde las organizaciones sociales.
“Se ha generado preocupacion porque Farc no estaban contribuyendo con la verdad en la JEP, por la actitud hostil del Gobierno ante el Acuerdo de Paz, la reducción de la inversión y presupuesto para la implementación en 2021, (…) el reconocimiento del conflicto en los territorios, los asesinato de líderes sociales y las masacres”, le dijo el exsenador Juan Fernando Cristo, a La Silla.
Por eso, dice que desde hace algunos meses muchos sectores como Farc y sectores extranjeros le estaban reclamando a Santos que estaba muy callado cuando le “estaban destrozando su legado y está en todo su derecho de defenderlo”.
Los esfuerzos
Respondiendo a esa petición, Santos hizo ronda de medios con propuestas.
Aprovechando el lanzamiento de su libro “Un mensaje optimista para un mundo en crisis”, Santos propuso un pacto nacional alrededor de la implementación de los Acuerdos, como impulsar el punto uno alrededor de la Reforma Rural Integral.
“El presidente Duque tiene la gran oportunidad de unir al país en torno a la implementación de los Acuerdos. Ahí está todo, la unión del país puede distensionar esa polarización que hoy existe”, agregó Santos en Caracol.
La otra estrategia de defensa del Acuerdo viene de parte de Álvaro Leyva, uno de los abogados de las Farc que participó en el diseño de la justicia transicional, quien envió una carta a Rodrigo Londoño y a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, pidiéndoles que acudan a la Comisión de la Verdad y que digan lo que saben públicamente como la principal herramienta para lograr la paz en el país.
“Mientras no se sepa qué sucedió, quiénes fueron los actores y cómo actuaron, fracasará el proceso de paz”, dijo a Blu Radio. “¿Le parece justo que a estas horas del proceso se siga aplazando la verdad? Y hay otros sectores de la sociedad que eventualmente tendrán que contar su parte para que Colombia pueda dar el salto hacia el Nunca Más”, dijo a La Silla.
Dado que la JEP rechazó en primera instancia tanto al jefe exparamilitar Salvatore Mancuso como a Jorge 40, que también va a regresar al país, porque su juez natural es Justicia y Paz, el senador Roy Barreras radicó ayer un proyecto de ley para permitir a los exparamilitares que fueron expulsados de Justicia y Paz puedan someterse a la JEP como testigos. Mancuso apeló la decisión de la JEP y Jorge 40 está esperando que el Tribunal defina si lo acepta como tercero.
Mientras ese proceso apenas empieza, tanto el exjefe guerrillero Londoño como Mancuso le respondieron a Leyva que sí, que contarán la verdad. Mancuso dijo que está dispuesto a comparecer en la Comisión de la Verdad.
Por su parte, el líder del partido Farc dijo que ellos cumplirán su parte y que esperan que también lo hagan los otros sectores que participaron del conflicto, como los empresarios, los agentes del Estado y la Fuerza Pública.
“De lo que se trata es de publicar sin esguinces todo lo que ocurrió, por parte de todos los participantes en la confrontación. Sólo eso puede hacer posible la reconciliación”, dice.
Hasta ahora, los ex miembros del Secretariado han acudido a la Comisión de la Verdad cuando los han llamado; en febrero, estuvieron cuatro días con la Comisión, han hecho entrevistas individuales, colectivas, han realizado actos de perdón y reconocido la verdad, pero, según una de las comisionadas con las que hablamos, falta es avanzar en actos de reconocimiento de responsabilidades.
Exactamente fue lo que sucedió ayer cuando Londoño negó ayer el reclutamiento forzado en la JEP y dijo que él no podía “controlar lo que pasaba en cada frente” y que “muchos de los que ingresaron lo hicieron estando en la universidad”.
Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, negó que las FARC hubieran reclutado menores de edad, practicado abortos o cometido violaciones.
Como comandante, no podía controlar lo que pasaba en cada frente, dijo – https://t.co/OLOn96ZJHf pic.twitter.com/SYGYdgx6X6— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 9, 2020
La idea de los defensores de la paz es que esa verdad pueda contribuir a que un sector crítico del Acuerdo lo vea con buenos ojos, pero también a que otros sectores acepten esas distintas caras de la verdad que pueden salpicar al Estado, a políticos y a civiles como empresarios que se articularon con los paramilitares.
Conseguir el primer objetivo podría ayudar a minimizar una reacción adversa al Acuerdo si Uribe sigue preso o si, eventualmente, es condenado.
Porque a partir del proceso judicial de Uribe han arreciado los ataques contra la JEP, al comparar su caso con el de los exjefes guerrilleros que siguen tranquilos en el Congreso sin haber pagado una mínima condena por sus crímenes atroces.
La preocupación de los sectores pro paz por el Acuerdo también viene, según le dijeron Cristo y el senador liberal Guillermo García a La Silla, de toda la violencia reciente que ha hecho que se vuelvan los ojos hacia el Acuerdo.
“Yo creo que las masacres, asesinatos de líderes indígenas, campesinos, de desmovilizados, y que regiones como el Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Cauca, Córdoba, estén incendiadas, ha hecho que la gente vuelva a decirle al Gobierno que retome otra vez los Acuerdos y ha habido señales de que la guerrilla asuma compromisos, cumpla con la verdad. Hay un renacimiento de retomar temas de paz con compromisos, verdad, reparación”.
Como parte de esa defensa del Acuerdo, sectores propaz agrupados en la organización Defendamos la Paz, están planeando una conferencia internacional el 26 de septiembre en el marco de los cuatro años de la firma en Cartagena, para evaluar la implementación, la situación del país y enviar un mensaje al presidente Iván Duque, reforzado con el apoyo internacional, de que hay que cumplirlo y que la causa de la violencia es su incumplimiento, según dijo el senador Iván Cepeda a La Silla.
La conferencia va a ser virtual y tendrá como invitados a la ONU, delegados de los países garantes del Acuerdo como Cuba y Noruega, expresidentes como Pepe Mujica y Felipe González, varios Nobel de Paz como José Ramos Horta y Santos, congresistas norteamericanos y europeos, exnegociadores del proceso de Paz, y delegados del Gobierno de Duque.
El gobierno todavía no ha confirmado su asistencia. Y es posible que sea así porque está organizando un evento similar a la conferencia, previsto para diez días antes, sobre los dos años de la ‘paz con legalidad’.
El empujón de la sociedad civil
Del lado de la sociedad civil, más de 150 organizaciones sociales del Pacífico colombiano, incluyendo la iglesia, universidades, la Gobernación del Chocó, del Valle y las alcaldías de Buenaventura, Cali y Bojayá, lanzarán mañana un Pacto por la Vida y por la Paz en el que harán 13 exigencias a raíz del aumento de masacres, confinamientos y asesinatos de líderes en sus territorios.
Piden el cumplimiento del Acuerdo, un cese al fuego de todos los actores armados, un acuerdo para respetar el Derecho Internacional Humanitario, realizar misiones humanitarias, priorizar el diálogo para solucionar los conflictos empezando con el ELN y que las Fuerzas Militares no usen a la población civil como informantes, entre otros.
Eso con el fin de que la violencia en sus territorios disminuya, que el Gobierno proteja a la población y garantice el acceso a los derechos mínimos. Es una contrapropuesta a la respuesta en los territorios de presencia militar, erradicación de cultivos y aspersión con glifosato que ha priorizado el gobierno.
Este empujón desde diversos sectores es el más reciente salvavidas que lanzan los del Sí para evitar que se cierre la ventana de oportunidad creada por el Acuerdo de la Habana. El testimonio de Londoño no va en esa dirección.
