En la reunión con el secretario general de la ONU, el Presidente habló de renovar la cooperación en temas de migración venezolana, deforestación y reincoporación, pero no discutió el mandato para hacerle seguimiento a los compromisos asumidos por los ex guerilleros.
El presidente Iván Duque se reunió esta mañana con António Guterres, el secretario general de la ONU, y hablaron de renovar el marco de cooperación con las agencias de Naciones Unidas en tres ejes: migración venezolana, frenar la deforestación y paz con legalidad, que él entiende como reincorporación, Pdets y catastro.
Sin embargo, Duque no mencionó ni habló de uno los principales problemas que tiene la reincorporación: en este momento no existe -como pide el Acuerdo de paz- un mandato que le permita a la ONU monitorear si los ex guerrilleros están cumpliendo con sus compromisos, un dato crucial para cuando los sancione la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Ese mandato depende del Consejo de Seguridad de la ONU, no del Secretario General, pero la JEP ya está patinando el tema para que de aquí a septiembre se discuta.
Es que tres años después de firmado el acuerdo de paz, el país todavía no sabe exactamente cómo serán castigados los ex jefes de las Farc ni los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron crímenes de guerra durante el conflicto armado. Detallar esas sanciones es probablemente el mayor desafío para el sistema de justicia transicional del país este año
Las sanciones de Colombia sobre el papel…
Aunque la JEP comenzó a trabajar a principios de 2018, todavía tiene pendiente determinar los lineamientos precisos para sus sanciones alternativas.
Este retraso se debe a que el modelo de justicia transicional ha diseñado una fórmula innovadora que no ha sido probada en otros lugares, combinando elementos de una justicia retributiva con una restaurativa. El resultado es un sistema de dos vías que mezclará ambos tipos de penas – castigos por sus crímenes y reparación de los daños que causaron.
Los ex combatientes de las Farc, así como los miembros del Ejército y otras personas, podrán recibir sentencias más leves por crímenes graves y representativos, como el homicidio, el secuestro o la violencia sexual, si -y sólo si- cumplen tres condiciones. Deberán reconocer su responsabilidad ante el sistema, contar la verdad y reparar personalmente a las víctimas.
Si llenan estas tres casillas, clasificarán para una sanción alternativa de 5 a 8 años en un entorno no carcelario. En caso contrario, se enfrentarán a penas de entre 5 y 20 años en condiciones de prisión ordinaria.
La idea detrás de este incentivo es que los responsables puedan presentarse y asumir su papel, permitiendo a la JEP construir sus casos más rápidamente que en un sistema adversarial. A su vez, esto evitaría que el tribunal colapse por cuenta del enorme legado de atrocidades que debe investigar en un país donde 8,9 millones de personas -de 48 millones- están registradas como víctimas.
… y en la vida real
Sin embargo, todavía no están claros muchos detalles precisos sobre las sanciones. ¿Cómo serán exactamente esos lugares no carcelarios? ¿Una persona deberá reparar a sus propias víctimas directas o podrá hacerlo con otras comunidades que soportaron el conflicto? ¿Los que ya han entrado en política deberán abandonar sus cargos una vez sean condenados?
Ese dilema existe en parte porque varias instituciones han pateado la pelota hacia la JEP sin abordar el tema, desde el propio acuerdo de paz hasta la Corte Constitucional y el Congreso. Al final del día, serán los 38 magistrados de la JEP quienes determinarán qué sanciones se aplicarán exactamente. Hasta ahora la justicia especial de paz se está tomando su tiempo, en parte porque parece improbable que presente su primera acusación –llamada resolución de conclusiones- antes de mediados de 2020.
Actualmente su Sala de Reconocimiento está construyendo siete macro-casos que detallan diferentes crímenes representativos e identifican a los responsables de los mismos. Dos se centran en la participación de las Farc en secuestros y reclutamiento forzado de niños y otro detalla las ejecuciones extrajudiciales por militares, mientras que varios casos regionales documentan crímenes cometidos por diversos grupos.
Simultáneamente, la JEP creó una mesa técnica integrada por un magistrado de cada una de sus salas y secciones para comenzar a discutir las sanciones. En un intento por asegurar que se ajusten a la ley colombiana y a los estándares internacionales, se han reunido personalmente con abogados de la Corte Penal Internacional en La Haya y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José. Incluso discutieron las sanciones durante un almuerzo con los nueve magistrados de esta última corte en septiembre en Bogotá.
Sin cronogramas en el horizonte
En la visión de la JEP, la definición del régimen de sanciones alternativas tiene que ser el resultado de un proceso legal completo para cada caso, incluyendo sus fases de investigación y juicio.
Sus magistrados creen, por ejemplo, que sería difícil esbozar las sanciones antes de identificar a las víctimas o los daños que éstas sufrieron en cada uno de los macro-casos que lleva. También creen que todavía no es posible determinar cuántos de los 9.713 ex integrantes de las Farc y 2.291 miembros de las Fuerzas Armadas que han solicitado acogerse a la JEP serán considerados como máximos responsables. O que mucha información crucial sólo surgirá una vez los perpetradores sean confrontados con los relatos de las víctimas, como están pidiendo muy dolidas decenas de víctimas de secuestro.
Una de las preocupaciones de la JEP es poder incorporar las ideas de reparación presentadas por las víctimas. Por ejemplo, los familiares de los diputados del Valle secuestrados por las Farc en 2002 y asesinados por esa guerrilla cinco años después acordaron solicitar a sus victimarios que construyan una escuela en Pradera o Florida, dos poblaciones vallecaucanas asoladas por la guerra. Se la imaginan como un sitio de memoria histórica, donde cada aula llevaría el nombre de uno de los 12 diputados.
“Para mí lo que más vale no es una sanción de cárcel sino que haya una restauración que perdure en el tiempo y que trascienda”, dice Sebastián Arismendy, un estudiante universitario de 22 años, cuyo papá Héctor Arismendy fue una de las víctimas. “Mi padre decía que lo único que podía dejarnos era la educación. Que la sanción por todo lo que nos ocurrió sea una escuela construida con las manos de ex combatientes, que transforme sociedades en zonas de conflicto, tiene mucho valor”.
Oír las demandas de las víctimas implicaría que la mayoría de sanciones restaurativas se definirían caso a caso. También significa un enorme desafío práctico, dado el número de víctimas que se han presentado: sólo el caso sobre secuestros, la práctica más emblemática de las Farc, ha acreditado a 1.276 víctimas.
Al final, la JEP parece inclinarse hacia el establecimiento de sanciones caso por caso, en vez de redactar directrices para su componente retributivo y dejar la cuestión de la reparación para más adelante.
“No pueden ser sanciones pétreas, sino que requieren flexibilidad ante el universo de víctimas, la cantidad de comparecientes, lo variopinto de los actores, la necesidad de preservar el carácter restaurativo que permita la reparación de las víctimas y, por supuesto, la restricción efectiva de la libertad como componente retributivo de la pena”, dice Juan Ramón Martínez, uno de los cinco magistrados en el comité a cargo de pensar las sanciones.
Esto significaría que las primeras sanciones impuestas por la justicia transicional no estarían listas antes de finales de 2020 o principios de 2021.
En la visión de la JEP, la definición de las sanciones no parece ser la tarea más urgente desde lo jurídico. Pero la política sugiere otra realidad.
Los colombianos siguen más conectados al aspecto retributivo de las sanciones que al reparador. Todas las encuestas realizadas a lo largo del proceso de paz de La Habana mostraron que estaban abrumadoramente en desacuerdo con la posibilidad de que los miembros de las Farc entraran eventualmente en política sin pasar por la cárcel.
Muchos colombianos no entienden por qué 10 ex jefes de las Farc fueron elegidos al Congreso, pero aún no han reconocido su responsabilidad ni han mostrado contrición hacia las víctimas. O cómo Guillermo Torres es el primer ex Farc en ser alcalde en Turbaco sin haber reparado aún a ninguna víctima. O cómo los ex guerrilleros reconocen el secuestro pero no el trato cruel que infligieron a sus rehenes. Todo esto muestra que lo que puede parecer una discusión técnica o legal tiene en realidad consecuencias políticas que están afectando la legitimidad de la JEP.
No sólo los colombianos están presionando. Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, incluyó este tema en su informe de fin de año, subrayando que su oficina considera que “la imposición de sanciones penales efectivas que cumplan con los objetivos de retribución, rehabilitación, restauración y disuasión” es uno de los hitos relevantes para el 2020. Lo volvió a reiterar tras la visita de su equipo al país en enero.
Al final, gran parte de la legitimidad de la JEP y de toda la justicia transicional depende no sólo de su capacidad para lograr un equilibrio entre retribución y restauración, sino también de ofrecer a los colombianos una definición clara de qué son esas sanciones alternativas.
Los dilemas de la JEP que le caen a Duque
Aunque muchos de los dilemas de sanciones le pegan sobre todo a la JEP, hay un par que –por separación de poderes- tocan directamente al Gobierno.
Una idea que los magistrados están considerando es elegir los lugares de reincorporación como posibles lugares para sus castigos. Esa decisión le corresponde a la JEP, pero mantener esos espacios y a sus habitantes es responsabilidad legal del gobierno.
Hay otro tema que amenaza con convertirse en una bomba de tiempo: ¿qué sucederá con los ex Farc, muchos condenados por los tribunales colombianos en ausencia, mientras esperan sus sanciones en la JEP?
La Corte Constitucional permitió que se suspendieran sus sentencias anteriores. El acuerdo de paz no incluye ninguna disposición sobre la prisión preventiva, pero les permite deducir tiempo de sus sanciones siempre y cuando reparen a las víctimas y cumplan las condiciones de la restricción efectiva de la libertad, incluyendo que permanezcan en un lugar específico donde puedan ser vigilados y que alguien autorice cualquier movimiento que hagan.
El problema es que esto no ha empezado a suceder porque no hay un sistema para controlar quién cumple y quién no. Teóricamente esa tarea le cae a la misión de Naciones Unidas en Colombia que verificó el desarme de la guerrilla y destruyó sus armas. Sin embargo, este mandato nuevo –que está incluido en el acuerdo- no ha sido negociado aún con la ONU. Negociarlo es responsabilidad exclusiva de Duque y de su Canciller Claudia Blum.
El resultado es que muchos de los 13.046 miembros de las Farc que dejaron las armas en 2017 y que iniciaron su reincorporación están andando libremente por el país. Para agosto pasado, sólo el 25 por ciento de ellos permanecía en los 26 Etcr originales establecidos por el Gobierno, según un informe realizado por catorce congresistas.
La otra condición entonces que podrían estar cumpliendo es su obligación de reparar a las víctimas. Después de que la JEP emitiera directrices sobre esos ‘trabajos, obras y acciones reparadoras’ o Toar, la secretaría ejecutiva del tribunal se ha encargado de documentarlas para que los magistrados evalúen más tarde si sus autores tienen derecho a un descuento de tiempo. Hasta la fecha, sin embargo, sólo han presentado a la JEP 13 acciones de este tipo.
Toda esta situación representa un riesgo significativo para los ex guerrilleros, dado que probablemente se les negará el beneficio de descuento por el tiempo que han pasado en las zonas de reincorporación, debido a la ausencia de un mecanismo de verificación. Y eso, a su vez, puede convertirse en un riesgo de seguridad para Duque y el país, dado que las disidencias los cortejan permanentemente, como contó La Silla Vacía.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, insistió en la necesidad de este mandato ante los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU durante su visita oficial a Colombia en julio pasado. “De viva voz en la reunión los 15 miembros manifestaron el respaldo, que esperamos se concrete en debida forma”, dice el magistrado Martínez.
Seis meses después, esa sigue siendo una cuestión urgente. La visita de Duque a la ONU hoy era el día perfecto para que se hablara.
Este reportaje apareció publicado originalmente en inglés y francés en JusticeInfo.
