El anuncio de la Policía Antinarcóticos de que tendrá un sistema propio de monitoreo de cultivos ilícitos ya levantó ampolla entre los expertos en política de drogas.
Hace unos días el director de la Policía Antinarcóticos, el general José Ángel Mendoza, le dijo a CM& que muy pronto el país va a tener su propio sistema de monitoreo de cultivos ilícitos. Esa noticia les pareció una locura a varios expertos en drogas porque ese sistema haría el trabajo que ya vienen haciendo la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Departamento de Estado de Estados Unidos, y porque, como la Policía debe erradicar cultivos ilícitos, es absurdo que ella misma mida cuántos cultivos hay.
La Silla supo por una fuente de la Policía que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, planea presentar con más detalles en qué consiste ese “sistema propio” a mediados de noviembre.
El nuevo sistema
Hasta donde pudo averiguar La Silla con una alta fuente de la Policía que pidió no ser citada por lo “delicado del tema”, el Sistema de Información Integrado de Cultivos Ilícitos, Cima, comenzaría a operar a finales de este año.
La idea del sistema, financiado por la embajada de Estados Unidos, es que la Policía Antinarcóticos recorra los territorios donde hay presencia de cultivos con aviones equipados con cámaras “de la más alta tecnología” para “dar una cifra mucho más precisa y periódica”.
Hoy el país se entera de cuánta coca tiene por dos informes. Uno que se hace desde el 2000, sale en junio de todos los años y que, para los cuatro expertos en drogas consultados para esta historia, es el más preciso. Ese lo hace la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Unodc) a través de su Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.
El Simci hace un censo de cultivos ilícitos luego de cumplir tres pasos: primero toman imágenes satelitales y las analizan, luego hacen visitas en terreno para ver exactamente en qué coordenadas están los cultivos y a finales de cada año sobrevuelan esas zonas para verificar las coordenadas.
El hueco que tiene el Simci es que los datos que publica a mitad de año muestran la foto al 31 de diciembre del año anterior, y en ese primer semestre el Gobierno suele haber hecho buena parte de los operativos de aspersión. Por eso, no alcanza a medir la resiembra de coca.
La ventaja es que su metodología es la misma que se usa en Bolivia y Perú para medir la cantidad de cultivos ilícitos, por lo que los datos son comparables con esos países.
La otra cifra la entrega el Departamento de Estado de Estados Unidos, también una vez al año. Su metodología, según el exdirector de política de drogas del Ministerio de Justicia y blogger de La Silla Julián Wilches, “es una muestra. Ellos sacan fotos en determinadas zonas que son representativas y desde ahí sacan el dato nacional”.
Ambas cifras, por lo general, coinciden en la tendencia, aunque miden cosas distintas: la del Simci es la coca cultivada a 31 de diciembre, la del el Departamento de Estado mide el promedio del año.
En todo caso, para ambas mediciones 2015 cerró como el año con más coca en Colombia en los últimos ocho años. La del Simci fue de 96 mil hectáreas de hoja sembrada en 2015 y la del Departamento de Estado de Estados Unidos fue de 159 mil hectáreas.
Según la fuente de la Policía, la cifra que Antinarcóticos sacaría sería mucho más precisa que esas dos.
Sobre la cifra del Departamento de Estado, dicen que los satélites corren el riesgo de tomar fotos no tan precisas por las nubes. Y que al usar ellos aviones que volarían a dos mil pies de altura y usarían cámaras que tomarían fotos menos pixeladas y desde distintos ángulos, sería más precisa,
Y frente al Simci, aunque éste también usa aviones, solo sobrevuela a finales de cada año, mientras que la idea de la Policía es “sobrevolar permanentemente el territorio y tener capacidad de respuesta real. Que si se reporta un aumento de cultivos hoy en el Meta, se manden aviones ahí mismo a mirar.”
A la fecha, Antinarcóticos tiene cuatro aviones listos para comenzar a operar y presentar “informes y una cifra cada tres meses, no una vez al año”, nos dijo la fuente. Explica que la idea es “tener una cifra nacional que reemplace, cuando se muestren resultados positivos, a las otras”.
Esa cifra sería evaluada, según dijo el general Mendoza a CM&, por el Departamento Nacional de Planeación.
Las críticas
Para todos los expertos en drogas con los que habló La Silla, la idea de que ese nuevo sistema reemplace y no complemente a los que ya existen sería un error por varias razones.
La primera es que como no se conoce todavía bien cuál sería la metodología, temen que la cifra que saquen “no sea comparable ni con informes internacionales como el de Perú y Bolivia ni con las cifras anteriores que el Simci ha sacado. Sin ese análisis comparativo y retrospectivo es difícil fijarse metas o saber si mejoró o no el panorama”, le dijo a La Silla Carlos Medina, viceministro de Política Criminal del ministerio de Justicia.
Lo segundo es que al ser un agente independiente, la Unodc se ha ganado una credibilidad entre los expertos.En cambio, que la medición la haga la misma la Policía Antinarcóticos que tiene como misión disminuir los cultivos ilícitos, “le resta credibilidad a todo proceso de medición”, le dijo a La Silla el experto en política antinarcóticos Daniel Mauricio Rico.
En eso coincide Wilches, quien dice que “destinar recursos para que la Policía haga eso es problemático porque es desviarlos de las entidades que ya tienen experiencia y capacidad para hacer eso”.
Lo tercero es que no hay tantos recursos para hacer monitoreo y crear un tercer sistema los disgrega más. Según una persona que trabajó en el Simci, llevan varios años peleando por plata para invertir en más tecnología, como por ejemplo en drones para hacer los monitoreos, y sería “absurdo que eso se lo terminen dando a alguien más”.
“Si lo del sistema de la Policía se aprueba, vamos a tener tres cifras que no van a ser ni comparables entre sí y que valen un montón de plata”, agregó otro experto que nos pidió no ser citado.
Aparte de esas críticas, hay también otro ingrediente. Hoy, el Simci recibe plata para su funcionamiento del ministerio de Justicia. Para 2017, tiene destinados 2 mil millones de pesos. Pero si el “nuevo sistema” de la Policía Antinarcóticos, que tiene una relación directa con Defensa, entra a competir en funciones con el Simci, lo que puede darse una puja entre el ministerio de Defensa y el de Justicia por manejar el tema de las drogas
Con este nuevo panorama en la política antidrogas, queda claro que dentro del Gobierno no hay un consenso sobre este tema y que durante estos ocho años ha mostrado no solo una cara internacional y una política nacional distinta, sino bandazos dependiendo del funcionario que hable.
