Revisamos los 41 decretos que sacó el Gobierno entre el 5 de mayo y el 5 de junio, bajo la sombrilla de una segunda emergencia. Enfoque siguió en brindar apoyo a empresas, pero no a través de créditos, sino de subsidios y alivios tributarios.
Terminó, el pasado 5 de junio, la segunda emergencia económica declarada por el presidente Iván Duque para contrarrestar los efectos de la pandemia del Covid y una de las principales conclusiones es que se les ayudó aún más a las empresas con alivios, pero no es claro cuánto costará esa ayuda -y otras- en total.
Fueron por todo 41 decretos que sacó el Gobierno (poco más de la mitad de los que sacó en la primera emergencia: 72) desde el pasado 5 de mayo, amparado en la figura de la emergencia, que es un mecanismo para sacar medidas extraordinarias, decretos con fuerza de ley, para por ejemplo cambiar los calendarios académicos, destinar nuevos recursos a hospitales y clínicas, dar nuevos subsidios y aplazar el pago de impuestos.
Los revisamos y esto es en detalle lo que encontramos:
El enfoque fueron las empresas, pero no con créditos
A diferencia de los decretos de la primera emergencia económica, en la segunda el foco no estuvo tanto en la financiación a las empresas vía crédito sino en otro tipo de alivios.
La mayoría de medidas fueron ayudas para navegar la crisis sin endeudarse, como la suspensión del pago de la sobretasa de la energía para los hoteles, la creación de un fondo para el emprendimiento femenino, ajustes a las normas que regulan los arrendamientos del comercio, para que los arrendadores no les cobren penalidades altas y un nuevo reglamento para que las empresas se puedan reorganizar o declarar en insolvencia.
Seis fueron alivios tributarios, como la reglamentación de los tres días sin IVA (el primero, el pasado viernes, generó ya una ola de críticas por la cantidad de aglomeraciones) y la devolución automática del IVA a las empresas y exenciones para sectores específicos.
También llama la atención que un poco más de una cuarta parte de los decretos fueron para crear o ampliar subsidios o auxilios económicos directos, un tipo de medidas que durante la primera emergencia el Gobierno se negó a dar a las empresas.
Crearon el subsidio a las nóminas de las empresas que hayan disminuido en ventas un 20 por ciento, un auxilio del Gobierno para financiar el 50 por ciento del pago de las primas a las personas que ganen un salario mínimo, permitieron que con plata del Fondo de Mitigación de Emergencias Fome se financiara el fondo de las cajas de compensación para pagar auxilios de 160 mil pesos a los trabajadores formales que se quedan sin empleo.
Y para las personas, les dieron dos nuevos giros a los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, que benefician a alrededor de 10 millones de familias.
En dar subsidios y algún alivio a las empresas se concentraron más de la mitad de los decretos.
Información de cuánto costarán las medidas no es clara
De los 41 decretos hay 25 que claramente requieren financiación o que se deje de recibir plata (como las exenciones a los impuestos), los demás por ser ajustes administrativos o en trámites no necesariamente implican costos adicionales.
Hasta el momento, el Gobierno sólo ha aclarado cuánto costarán diez de ellos, que suman 11,6 billones de pesos.
Por ejemplo, de acuerdo con declaraciones hechas por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el subsidio a la nómina costará 7 billones de pesos, cada giro adicional de Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en acción 300 mil millones de pesos y el nuevo fondo para apoyar con créditos a estudiantes vulnerables, tendrá un costo de 217.874 millones de pesos.
De las exenciones de la Dian, el director de la entidad, Andrés Romero, ha dicho que tres de las cinco nuevas exenciones (incluido el día sin IVA) valen 2 billones de pesos.
Pero, por ejemplo, preguntamos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Trabajo por el costo de dos nuevos proyectos clave: los subsidios de protección al cesante y a las primas y no nos dieron una cifra.
De las otras dos, un alivio tributario que crearon para las empresas mineras y petroleras y un mecanismo exprés para hacer la devolución del IVA no hay datos, bien sea porque no se han reglamentado o porque depende de qué tanto lo pidan las empresas, como las devoluciones de IVA.
Además las cifras anunciadas son, en su mayoría, estimaciones que no necesariamente aciertan. Un caso claro de esto es el subsidio a la nómina que, según los cálculos de Hacienda, costarían 2,25 billones de pesos al mes, pero que en su primer mes de funcionamiento, en mayo, solo registró desembolsos por 850 mil millones de pesos, lo que muestra que no hubo tanto interés de las empresas como previó el Ministerio de Hacienda, al menos en la primera etapa del proyecto.
Y hay una complejidad adicional y es que, a pesar de que el Gobierno había dicho que el Fome sería la fuente para financiar los programas de emergencia, en realidad la plata viene de muchos lados. De hecho, sólo ocho medidas de la segunda emergencia dicen que recibirán plata de Fome.
Incluso, en los nuevos decretos se crearon dos nuevos fondos para atender temas de emergencia: uno con plata del Icetex para dar créditos a estudiantes y colegios privados y otro para promover el emprendimiento femenino. Otros decretos dicen que se financiarán con plata de Findeter, del Fondo Nacional de Garantías y del Presupuesto.
De acuerdo con el Asesor de Finanzas Públicas del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, Juan David Oviedo, lo más preocupante es que aún la plata del Fome no ha sido girada. “Al revisar el portal de Transparencia de los 3.545 compromisos registrados con relación con el Covid, Hacienda, que administra el Fome, solo ha girado 1,9 billones de pesos”.
Lo que es un indicador de que en otros sectores podría estar pasando lo que, como contamos, está pasando con el sector salud. La plata se anuncia pero no llega.
La mayoría de los decretos salieron a última hora y son de Hacienda
Como en la primera emergencia, en la segunda hubo una avalancha de decretos ad portas de que se terminara el plazo para publicarlos. 25 de los 41 decretos fueron expedidos el 4 de junio.
Como era de esperarse, el Ministerio de Hacienda, que es el que manda en temas de plata, fue el que expidió más decretos, 19. Seguido del Ministerio de Trabajo que expidió cuatro y el de Industria y Comercio y el de Justicia que publicaron tres cada uno.
Esto en línea con dos chicharrones grandes que fueron más acuciantes en el período de la segunda emergencia: el desempleo y la crisis sanitaria en las cárceles.
El Gobierno consintió a algunos sectores particulares
La mayoría de los decretos (19 de 41) está orientada a las empresas, en particular a las empresas formales. De estos hay once que están pensados para sectores específicos.
Algunos son sectores con una mayor afectación que otros por cuenta del coronavirus, y que seguramente se demorarán más en recuperarse porque implican contacto social y viajes, como el de restaurantes, hoteles, eventos, transporte aéreo y de pasajeros.
Pero otros, si bien han sido afectados, no es claro que lo hayan sido más que otros. Por ejemplo, el Mintic les dio un alivio a los canales privados de televisión, Caracol y RCN, al permitirles aplazar el pago de las compensaciones y los pagos que deben hacer por la concesión que les otorga el Gobierno para operar, generándoles un ahorro cercano a los 130 mil millones de pesos.
De acuerdo con el director de la Asociación Colombiana de Medios de Información, Werner Zitzman, si bien es una medida en la dirección correcta, en la emergencia ha ignorado a otros medios que están en una situación crítica, como los periódicos regionales, revistas y los medios digitales. “Insólito que los únicos beneficiarios expresos de medidas concretas dirigidas los medios en Colombia, sean Ardila y Santodomingo”, nos dijo, en referencia a los dueños de los canales.
Otro decreto extendió a las empresas petroleras y mineras un certificado de reembolso tributario (que es como un bono para pagar impuestos que dan a las empresas por hacer inversión) que ya tenían para grandes inversiones y ahora tendrán para inversiones que hagan para operar. Este decreto no se ha reglamentado, por eso no es claro cuánto vaya a costar.
En la lista de consentidos también están los juegos de azar de premio inmediato, como los raspa y gana, a los que les dieron una exención de IVA con el argumento de que este sector genera ingresos para la salud.
Y los notarios, que podrán acceder como las empresas al subsidio del Gobierno para pagar el 40 por ciento de sus nóminas. Un subsidio que se pagará con la plata de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Hay decretos que van a dar lidia en la Corte
Los decretos de emergencia tienen que pasar ahora el examen en la Corte Constitucional, que los evaluará, y algunos de ellos pueden encontrarse con obstáculos en ese trámite.
Ya son 31 de los 41 decretos los que tienen ponente asignado y a trece de ellos ya les han llegado conceptos e intervenciones ciudadanas, algunos pidiéndole a la Corte que los tumbe total o parcialmente.
De acuerdo con los conceptos que ya están en la Corte, los debates más fuertes se prevén en el decreto que creó la emergencia, el que permite la negociación del pago de las primas de servicio entre los trabajadores y los empleados y el que crea el programa de subsidios a las nóminas.
Con relación al primero, hay dos intervenciones de abogados que piden declararlo inconstitucional porque dicen que la segunda emergencia es una extensión de la primera que no está suficientemente justificada. Argumentan que la razón por la que se declaró la emergencia: la magnitud de las consecuencias económicas del Covid, según el Gobierno imprevisibles, en realidad se podían anticipar desde la primera emergencia.
Esta discusión es clave porque ya la Corte Constitucional, en 2010, tumbó la segunda declaratoria de emergencia del Gobierno de Juan Manuel Santos por la ola invernal, justamente porque consideró que las razones de la segunda emergencia eran similares a las que motivaron la primera.
En cuanto al decreto de las primas, la discusión no es por las motivaciones sino por lo que hace el decreto. En una carta enviada a la Corte, 31 congresistas de oposición pidieron tumbar el decreto porque para ellos vulnera derechos laborales al permitir a los trabajadores aplazar el pago de festivos, horas extras y primas, y permitir jornadas laborales de 12 horas, lo que en algunos sectores podría afectar la salud de los empleados.
En esta misma línea se han pronunciado los presidentes de los sindicatos más grandes del país, la CGT y la CUT.
Para el subsidio a las nóminas, la discusión de fondo será porque, de acuerdo con la Universidad del Rosario, el Observatorio de Observación Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre de Bogotá y la CGT, se debe declarar inexequible o condicionar su aprobación.
Las tres entidades consideran que el subsidio no es equitativo al no cobijar a todas las empresas sino solo a las creadas antes de enero de 2020 y que hayan tenido caída en los ingresos de al menos 20 por ciento. Según el documento enviado por la Universidad del Rosario, la caída de los ingresos no es la única afectación del Covid a las empresas, y el decreto no justifica por qué es esa y no otra (como el nivel de deuda, por ejemplo) la mejor manera de saber si una empresa está en crisis.
Y en cuanto a los nuevos giros de los programas sociales del Gobierno, la ONG De Justicia pidió a la Corte que le diera el visto bueno pero con la condición de que el monto del aporte sea mayor y que permita cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios.
Y aunque aún no han sido discutidos en la Corte, hay otros artículos que podrían darle lidia a Duque. Como el que le permite al Gobierno comprar acciones en empresas y vender participaciones de compañías públicas, y el que permitió el traslado de personas a punto de pensionarse de fondos privados a Colpensiones.
En últimas, será la Corte la que tendrá la última palabra.
