Algo de lo que no se ha hablado en referencia con la emergencia social es que durante este periodo el Gobierno podrá seguir haciendo contrataciones relacionadas con el sector salud a pesar de la ley de garantías. Esta norma, que busca dar equilibro entre los candidatos y el candidato-Presidente, dice que “durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado”. Y a continuación exceptúa los contratos “requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres”.
Así, aunque subsisten dudas de si la ley de garantías aplica, y en teoría Uribe no puede ser candidato, el Gobierno tendrá un as bajo la manga para mover recursos en las regiones si la releección sale adelante. Según, el ministerio de la Protección Social desde que se expidieron los decretos se han recaudado cerca de 1,5 billones de pesos.
