Agro Ingreso Seguro, antes de ser un escándalo nacional, fue una Ley que presentó el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en el Congreso y que fue aprobada en cuatro debates y sancionada como ley el 9 de abril del 2007 con mayorías. Fue sumamente costosa pero el argumento fiscal nunca se oyó.

Cuando arrancó el escándalo Arias dijo que el programa había destinado $1,4 billones a una de las líneas de créedito para beneficiar a 316 mil familias. Como investigó La Silla Vacía, el número de beneficiarios si recibió 316 mil pesos, pero muchos no eran familias sino empresas grandes y entre las familias no todas eran campesinas o pequeños productores.
 

Aurelio Irragorri, senador desde 1991, fue promotor de una iniciativa que buscaba extender el aumento de pensión que tuvieron los congresistas a partir de 1992 a quienes ya estaban pensionados para esa fecha. Del proyecto fueron autores varios senadores del partido de la U, del Partido Conservador y de Cambio Radical. Aunque se hundió en Senado, el proyecto alcanzó a superar dos debates en la Cámara.

El proyecto de pensiones le hubiera costado un billón de pesos al Sistema Pensional, según denunció el representante de Cambio Radical Germán Varón.

En la legislatura pasada, el partido de la U presentó el proyecto de ley que busca la implementación del voto electrónico. Su autor era Jairo Clopatofsky.

El proyecto fue retomado por el Gobierno de Santos en esta legislatura, en la reforma política que presentó el pasado 13 de septiembre. Se han debatido todos los pros y contras del proyecto, pero pocos parecen estar preocupados por su precio.

El Registrador ha salido a mostrar las cifras que costaría este proyecto: 517 mil millones de pesos.

En 2001 fue aprobada en el Congreso la Ley de fronteras (ver ley), que establece un régimen excepcional para la compra y venta de gasolina en los 12 departamentos de frontera. La ley exime del impuesto del IVA y del Impuesto Global a la Gasolina y el Acpm a los mayoristas de la gasolina, a las estaciones de servicio y a las empresas grandes consumidoras de combustible que estén en esas zonas. Sólo tienen que pagar la sobretasa que establezca cada municipio. En consecuencia, la Nación no recauda ni un peso por concepto de gasolina en esas zonas.

En total, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas calcula que sólo las exenciones tributarias a las grandes consumidoras de combustible superan los 100 mil millones anuales, y que podrían incluso, llegar a 200 mil millones.

La semana pasada fue aprobado en la plenaria del Senado un proyecto de ley al que el Ministerio de Hacienda no le dio su aval presupuestal. Se trata de un proyecto que permitiría que los estudiantes de grados once y décimo en colegios públicos tengan educación gratuita, como lo tienen en este momento los estudiantes de grados menores.

“No es viable porque estaría sobrepasando el marco fiscal de mediano plazo del sector educativo”, dijo el ministro Juan Carlos Echeverry, quien pidió al Congreso archivar el proyecto. Lo que aún no es claro es por qué frente a un tema social tan importante como es la educación a los senadores no les preocupa el tema fiscal, pero cuando se trata de un tema como víctimas la preocupación no podría ser mayor.
 

En agosto fue sancionado como ley el proyecto que permitía cambiar el nombre del aeropuerto El Dorado por Luis Carlos Galán. El proyecto fue apoyado por el Partido Liberal, La U, el Polo, Cambio Radical y los conservadores (click aquí para ver autores).

Mientras que era discutida la ley, el tema presupuestal no estuvo en la agenda pública, sobre todo porque al mismo tiempo se discutía el proyecto de reelección de Álvaro Uribe en la Cámara. Pero después de ser ley, fue la Aeronáutica Civil la que hizo varios reparos a la ley, incluido el costo que entrañaría el cambio de nombre en convenios y acuerdos ya suscritos. (ver artículo)

Y después de sancionado, el Gobierno de Uribe pidió a la Corte Constitucional que la ley fuera declarada inexequible ya que cambiar el nombre podría generar “costosas actualizaciones en las cartas de navegación y documentos de información aeronáutica, así como también, altos costos en las modificaciones de los diferentes convenios y contratos-concesiones suscritos por la Aeronáutica Civil, sin tener en cuenta que la actividad política debe mantenerse dentro de los límites de prudencia económica y fiscal, propendiendo por un ejercicio mesurado del crecimiento de los programas de gasto, procurando una actividad diligente dentro del aparato estatal.” (ver objeciones del gobierno).

La Silla Vacía se comunicó con la Aeronautica Civil para saber el monto exacto que implicaría cambiar el nombre del aeropuerto, pero dicen que aún no tienen cifras oficiales.