La llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño le devolvió la esperanza a millones de personas que habían votado Sí en el plebiscito de la paz de que por fin el Acuerdo con las Farc se volvería una realidad. Pero hoy, a ocho meses de su posesión, la relación del presidente y del gobierno con lo acordado en la Habana es ambivalente.
Así ha quedado en evidencia en los últimos días.
A principios de mes, en el Consejo Nacional de Paz y Reconciliación, Petro puso en duda si ese acuerdo se había firmado con la intención de aplicarlo o solo para desarmar a las Farc “y después a la colombiana refundir todas las cosas”. Dijo que aplicar el Acuerdo costaba 150 billones de pesos y que esa plata no existía.
Luego vino el fin de semana pasado el show de ‘Mordisco’, jefe de las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las Farc, con quien el gobierno abrirá el próximo mes una mesa de negociación. Un evento en el que aparecieron los guerrilleros armados aprovechando el cese del fuego bilateral, reeditando toda la iconografía fariana y con un discurso —que nadie en el gobierno salió a cuestionar— de que el proceso con las Farc había sido un engaño.
“No somos disidentes porque nosotros no reconocemos el proceso de paz, para nosotros nunca existió”, dijo en una entrevista a El Espectador, Andrey Avendaño, miembro del frente 33 y delegado para la negociación con el gobierno. Es una respuesta que resume la visión “fundacional” de este grupo, al que el gobierno le dará un tratamiento político, negando la idea esencial del Acuerdo con las Farc como el cierre del conflicto político armado (con la excepción de la existencia del ELN).
Y ayer, en el debate amistoso de control político al Alto Comisionado de Paz convocado por el senador Iván Cepeda, Danilo Rueda reiteró la importancia de implementar el Acuerdo con las Farc, al que describió como “complementario” y a la Paz Total y sustancial para su éxito.
Pero, acto seguido, afirmó que “hay corrupción en toda la financiación de la implementación de los proyectos del acuerdo de paz”, que en los territorios “las personas de carne y hueso nos plantean que la paz ha sido una quimera” y que “son los armados los que ejecutan las obras de los Pdets” (los territorios priorizados para ejecutar los proyectos de desarrollo incorporados en el Acuerdo de Paz por ser los más azotados por el conflicto).
Y más allá del discurso, la realidad es que en estos ocho meses la implementación del Acuerdo con las Farc ha sido mínima. El gobierno revivió las instancias claves del Csivi y la Comisión de Garantías, creadas por el Acuerdo, y que Iván Duque había anulado. Priorizó la reforma rural integral en el Plan de Desarrollo y, según dijo ayer en el debate el senador Cepeda, ha formalizado un millón de hectáreas de tierras que es el equivalente a lo logrado en los últimos seis años. También ha planteado un nuevo paradigma en la lucha contra las drogas.
Pero el resto del balance es desolador: solo hasta enero se posesionó Gloria Cuartas, para dirigir la unidad de implementación del Acuerdo, y no cuenta con poder, capacidad de autorizar el gasto ni con equipo para hacerlo. La persona encargada de la agencia de reincorporación se posesionó hasta febrero.
La Agencia para la Renovación del Territorio, que es clave para la implementación, quedó atrapada en un pulso de poder entre la Vicepresidenta Francia Márquez y Cielo Rusinque, del Departamento de Prosperidad Social, y se redujo su presupuesto a la mitad.
Del gran acuerdo para comprarle a Fedegán 3 millones de hectáreas para el Fondo de Tierras previsto en el Acuerdo, la ministra de Agricultura dijo hace unos días que solo había unas 10 mil u 11 mil hectáreas aptas para la compra.
La estrategia para la sustitución de drogas (PNIS) se iba a anunciar la semana pasada y ahora se postergó para mayo. Según dijo el senador Cepeda, en estos 8 meses, un promedio aproximado de 2 firmantes y 15 líderes sociales han sido asesinados por mes y actualmente están pendientes más de 1.100 solicitudes de protección de excombatientes. Y aún no se conoce la política de seguridad del gobierno.
¿Cómo se explica que el Acuerdo con las Farc haya pasado tan a un segundo plano en este gobierno?
Las distancias frente al Acuerdo
Gustavo Petro no fue un gran entusiasta del Acuerdo de Paz mientras se negociaba. Como explica en su autobiografía, en un principio le tenía desconfianza a un proceso con las Farc porque le parecía que esta guerrilla “ya no tenía nada que ver con la revolución”. Y después, porque resintió que Juan Manuel Santos no lo incluyera en la campaña del plebiscito (a lo cual Petro atribuye su fracaso).
En todo caso, y aunque defendió el Sí, a Petro siempre le pareció que la paz que había logrado Santos era “chiquita”, como lo repitió ante el Consejo Nacional de Paz recientemente. “La grande siempre la concebí como el gran acuerdo entre toda la sociedad, no exclusivamente entre el Estado y un grupo guerrillero”, dice en su libro.
Sin embargo, esa paz “chiquita” es la que, en muchos sentidos, posibilitó su victoria. Como dijo en su momento Iván Cepeda, el acuerdo de paz permitió que una demanda social que estaba reprimida se hiciera visible sin temor a ser estigmatizada y asociada a la guerrilla. Y Petro logró darle una representación política a este descontento.
Por otro lado, el Acuerdo de Paz era una promesa de cambio y una esperanza de inclusión para todos los territorios de la periferia que habían sufrido la guerra, y estos territorios fueron determinantes en su victoria.
“Tomamos la decisión de salir masivamente los nadies a las urnas porque Petro y Francia ponen los ojos sobre el Acuerdo de Paz, la construcción de los Pdet y los procesos regionales”, dijo a La Silla cuando ganó Petro José Yossman Arboleda, que hace parte del grupo motor del Pdet Pacífio y Frontera Nariñense en el municipio de Barbacoas, Nariño. “Por eso este triunfo fue una esperanza.”
El Acuerdo de Paz también ayudó a Petro a sumar el apoyo de casi todo el santismo, cuyo representante más visible en su gobierno es el ministro del Interior Alfonso Prada y en el Congreso Roy Barreras. Pero no son los únicos.
Ya descontado el rédito político, las diferencias de Petro con el Acuerdo con las Farc siguen allí y a medida que avanza la paz total se hacen más visibles.
Mientras que la negociación de Santos partía del rechazo a cualquier justificación para el alzamiento en armas, el presidente —como la gran mayoría de la izquierda— cree en las causas estructurales de la violencia. Por eso tomó las armas cuando joven. También cree en que hay que negociar con todos, con los más políticos y con los mafiosos, mientras que esa era una línea roja para Santos.
Armonizar ambas lógicas no ha sido fácil, y para justificar la suya la tentación de desvirtuar la anterior es grande.
El punto en donde Petro ha encontrado una gran coincidencia ideológica con el acuerdo de la Habana es en el de tierras porque está convencido de que el cambio del poder en Colombia pasa por redistribuir la tenencia de la tierra. De ahí que los esfuerzos de implementación se hayan centrado en eso.
“El presidente entendió que al final el proceso de paz es igual a la reforma agraria, esa es la ecuación que tiene en la cabeza”, dice el senador verde y petrista Ariel Ávila. “La visión holística del Acuerdo no está en su cabeza pero si lograra avanzar en lo de tierras sería un gran paso”.
Y más allá de las diferencias ideológicas con el Acuerdo o con el deseo del presidente de invertir la energía y recursos de su gobierno en su propio legado y no en completar el de Santos, la implementación de lo acordado con las Farc es muy exigente en términos de ejecución.
“La implementación del acuerdo no se mide ya en retórica. Es pura tabla excel, pura ejecución y ellos son todo menos eso. Y no quieren que recaiga ese incumplimiento sobre ellos”, dice una persona que ha observado de cerca la implementación del Acuerdo y que habló off the record para no romper puentes con el gobierno.
Mauricio Lizcano, el secretario general de la Presidencia y quien ahora tiene gran influencia sobre la implementación desde que en su reforma de la Presidencia desapareció la Consejería de Estabilización, dijo ayer en el debate que “el problema de la implementación de la paz no pasa por la voluntad política de este gobierno ni por los recursos de financiación. El reto de la implementación de la paz está en la ejecución. Que los funcionarios que están en estas entidades ejecuten los acuerdos.”
Por ahora, la persona llamada a liderar esa ejecución no existe. El presidente decidió hace un mes después de una reunión de su equipo con el expresidente Santos y negociadores del Acuerdo de la Habana (a la que no llegó) que revivirá la Alta Consejería en Presidencia y pondrá a alguien de peso político a cargo. Por ahora, ninguna de las dos tareas ha avanzado.
