Será un año de aterrizaje de los grandes cambios propuestos por el Gobierno de Gustavo Petro y de fervor electoral. A partir de mediados de año las elecciones regionales, que se votarán el 29 de octubre, congelarán con la Ley de Garantías los proyectos de contratación estatal y el ritmo de las políticas públicas. Será un año de retos enormes para la capacidad de ejecución de una ambiciosa agenda progresista y para su vocación de permanencia en la cúspide del poder político en Colombia.
Estas serán las grandes historias de 2023:
1. ¿Logrará el Pacto Histórico afianzar su poder regional en las elecciones?
Las aspiraciones dentro de la coalición del presidente Gustavo Petro son altas. De los 1.123 municipios y 32 departamentos que eligirán alcaldes y gobernadores, el Pacto Histórico aspira quedarse con alrededor de 400, con candidatos propios o en coaliciones. La cifra la dio recientemente Guillermo Alfonso Jaramillo, uno de los precandidatos de la izquierda a la Alcaldía de Bogotá. Las elecciones del 2023 serán un termómetro de qué tanto se afianzará la izquierda en la política colombiana como un proyecto de largo plazo, después de haber llegado por primera vez a la presidencia.
Actualmente, el partido con mayor representación regional es el Conservador, con alrededor de 190 alcaldías y 6 gobernaciones. Por eso, cumplir las aspiraciones del Pacto será difícil. Especialmente porque se trata de una coalición de partidos nueva, con baja penetración regional y con pocos líderes fuertes debajo de Petro.
El gran reto del Pacto en las elecciones será el de la transferencia del poder electoral de Petro al Pacto. Pasar de un esquema donde tenía un gran líder, que jaló listas cerradas al Congreso, la consulta y las elecciones presidenciales, al juego regional con múltiples caras, negociaciones y dinámicas propias en cada departamento y municipio. Con el ingrediente adicional de que sus ataques pasados a “mafias de la política”, chocarán con las realidades de las alianzas regionales, como ya anunció la polémica del hijo de Petro y su relación con el hijo de Musa Besaile.
En el pasado esa transferencia de poder no ha sido fácil. Por ejemplo, tras el gran éxito del Centro Democrático en las elecciones del 2018, en las que la cara de Uribe logró elegir presidente y poner a la bancada más grande, el desinfle regional fue enorme: solo una gobernación con un candidato propio, tres en coalición, y poco más de 150 alcaldías en coalición.
Aunque por ahora ni siquiera en las grandes plazas hay candidatos petristas que de entrada tengan gran convocatoria, el Presidente ha anunciado todo tipo de subsidios —a los ancianos, madres cabeza de familia y jóvenes vulnerables— además de ollas comunitarias lideradas por juntas de acción comunal que podrían dar al Pacto un empujón electoral.
2. ¿Qué pasará con la revolución de la seguridad social de Petro en el Congreso?
El contenido realmente revolucionario del programa de Gustavo Petro es el de seguridad social: pensiones, salud y políticas laborales. Hay poco que se quiere conservar, y mucho que se quiere cambiar y muy rápido. Sobre todo, la visión de Petro reduce al máximo el papel de los privados en la prestación de servicios de salud y pensiones y amplía el del Estado. Esos cambios aterrizan este año en el Congreso, donde, a diferencia de la tributaria, tendrán un camino más espinoso y pondrán a prueba la cohesión de la coalición de Gobierno y la relación con los gremios.
El plan de Petro es pasar la reforma a la salud en febrero, la pensional en abril y la laboral en el segundo semestre del año. La reforma a la salud será la más divisiva. La va a liderar la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien viene del activismo y tiene la idea de eliminar el papel central de las EPS del sistema de salud, el punto más espinoso de la reforma. Esta idea choca incluso con líderes del Pacto Histórico en el Congreso, como Roy Barreras.
Para la reforma laboral y la pensional, Petro tiene a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien viene del sindicalismo y logró que el salario mínimo se concertara en quince días.
Las banderas de la reforma laboral son reducir la jornada, cambiar la manera en la que se cobran horas extras, ampliar la vigilancia a empresas y acabar con los contratos de prestación de servicios, al menos para el Estado (aunque en este último punto, la realidad les ha demostrado que el cambio tendrá que ser mucho mas lento). Ese debate se dará con un trasfondo de desempleo al alza y crecimiento a la baja, como se prevé en el 2023.
En la reforma pensional ya hay una propuesta del Gobierno sobre la mesa que plantea que los primeros 4 salarios mínimos mensuales se coticen en Colpensiones. El resto podrían cotizarse en los fondos privados de pensiones o invertirse en alternativas de ahorro voluntario.
Bajo ese esquema los fondos privados perderán a alrededor del 85 por ciento de sus cotizantes y empezarán un proceso progresivo de marchitamiento que tendría hondos efectos en los mercados de capitales. Por otro lado, liberaría 18 billones de pesos del presupuesto nacional, según cálculos del Gobierno, que hoy se transfieren a Colpensiones. Ese dinero se destinará, según el plan, a pagar una pensión solidaria a alrededor de 3 millones de adultos mayores que hoy están desprotegidos.
3. ¿Habrá Paz Total en la negociación con narcos y guerrillas?
El comienzo de año ha sido dominado por la improvisación del Gobierno en la declaratoria de un cese al fuego bilateral que no se había acordado con el ELN y del que tampoco sabía el jefe negociador del Gobierno, Oty Patiño, ni se había concertado con los mandos militares. Sin embargo, el lado más espinoso del avance de la Paz Total, el programa de paz y seguridad de Petro, vendrá con la negociación con el Clan del Golfo y otros grupos de narcoparamilitares y narcos puros.
El Gobierno ha avanzado sin un marco legal de sometimiento en los acercamientos con narcos puros como alias Tom y alias Douglas, de la Oficina de Envigado, según reveló El Tiempo. Sobre la mesa estará la cuestión clave de la suspensión de órdenes de extradición, que generará tensiones en la relación con Estados Unidos.
Y por el otro lado, el de la reducción de penas por delitos graves por fuera de un esquema de justicia transicional, y dentro del de sometimiento, donde hay muchas más limitaciones sobre cuánto se puede flexibilizar el descuento de tiempo en la cárcel.
Por otro lado, también está la cuestión aún no resuelta de cómo negociar con las disidencias como la Segunda Marquetalia, y personajes como alias Iván Márquez, que incumplieron el Acuerdo de Paz.
Todo esto tendrá que avanzar en medio del malabarismo por mantener un cese al fuego multilateral, del cual aún no hay protocolos de verificación, y en el que no es claro cómo podrá actuar la Fuerza Pública frente a delitos como el narcotráfico, la extorsión y los ataques a la población civil.
4. ¿Cómo avanzará la transición energética en medio de la inflación y la crisis económica global?
Desde campaña, Petro lanzó ideas radicales frente al sector extractivo, como la de no adjudicar nuevos contratos de exploración y explotación petrolera y minera. Sin embargo, esta visión está bajo revisión. El ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Irene Vélez, está adelantando unos estudios para evaluar si es necesario permitir nuevos contratos.
Los resultados se conocerán en mayo y la discusión tendrá un impacto en la percepción de solidez internacional de la economía colombiana, altamente dependiente del petróleo. Eso incluye temas como la tasa de cambio y el precio de la deuda, dos asuntos determinantes tanto para el sector privado como para el público.
Todo esto sucederá en un año en el que habrá una desaceleración fuerte de la economía global y nacional.
Otro escenario para ver cómo se va aterrizando la política de transición energética será el Plan Nacional de Desarrollo, que se radicará en el Congreso en febrero. Las bases que ya se conocen, plantean una visión más moderada de la transición energética, que será financiada con los excedentes que entren por el carbón y el petróleo.
Y hay dos decisiones clave que tomará este año: la de dejar o no a Felipe Bayón como presidente de Ecopetrol y la de seguir con su plan de comprar gas a Venezuela, una decisión clave para la relación bilateral pero polémica por la posición de Petro frente a la energía fósil.
5. ¿Será el Gobierno capaz de frenar la inflación?
Una de las historias mas grandes del 2023 será la inflación. Por un lado, estarán las medidas que tome el gobierno para frenarla y por el otro su relación con el Bsnco Central que pondrá a prueba su respeto a la institucionalidad. Seguramente, el Banco de la República continuará con el alza de tasas de interés. Dentro de la Junta del emisor ya hay opiniones divergentes que han generado roces, como reveló el mismo Petro.
Por un lado, Petro y el ministro Ocampo han sido partidarios de una subida menos empinada para no ahogar el crecimiento, mientras una mayoría de codirectores y el gerente han optado por un ritmo de alza acelerado. Esa pelea se puede profundizar este año.
6. ¿A dónde apuntarán las grandes ciudades en la elecciones?
En el 2019 la Colombia urbana votó en rechazo a los partidos tradicionales y por los independientes emergentes y progresistas. A Cartagena llegó Dau, un veedor cascarrabias con una plataforma contra la corrupción. A Buenaventura Vidal, un líder social afro del Paro Cívico. A Medellín Quintero, un liberal joven que fundó un movimiento independiente y antiuribista. A Manizales Marín, un joven influencer del partido Verde.
En La Silla Vacía fueron bautizados como los quijotes, candidatos improbables que contra las maquinarias tradicionales lograron elegirse. A la mayoría les ha ido mal. Desde la inoperancia de Dau, la polarización de Quintero, hasta la fantochería ingenua de Marín, el aliado de Liberland. Tampoco le ha ido bien a la exsenadora Claudia López, que tiene aspiraciones presidenciales.
Por eso, el 2023 será clave como termómetro de hacia dónde se fija el ánimo de los electores urbanos. Son plazas cada vez más independientes de ataduras clientelistas, pero también decepcionadas por las aventuras independientes de los políticos con poca experiencia y bagaje. Su dirección podría señalar también el regreso del péndulo de la política de la izquierda a la derecha.
7.¿Uribe irá a juicio por manipulación de testigos?
Un veredicto sobre el segundo intento de la Fiscalía de precluir el caso contra Álvaro Uribe deberá llegar en 2023. Al menos en cuanto a la argumentación, la Fiscalía no ha logrado armar un caso más convincente. Al contrario, ha incurrido en la tergiversación de pruebas claves, como lo reveló La Silla Vacía.
Si la juez que escucha el caso decide que no se amerita la preclusión, la Fiscalía estará muy presionada para llevar al expresidente a un juicio penal, que abrirá todo un nuevo y largo capítulo judicial.
Pase lo que pase, la definición de este caso tendrá un impacto sobre la figura que Petro ha graduado como la cara de una oposición que por ahora ha hecho poco contrapeso. Con Uribe en un juicio, ese peso difícilmente podrá crecer.
8. ¿Cómo aterrizará la reforma agraria?
El año pasado quedó planteada una agenda de reforma agraria inusual: sin reformas legales, el Gobierno de Petro planteó un revolcón de la propiedad rural con un plan para comprar 3 millones de hectáreas fértiles pactado con Fedegán, la asociación de ganaderos.
Este año ese plan debe aterrizar. Aunque la ministra de Agricultura, Cecilia López, admitió que la meta de 3 millones es demasiado ambiciosa para un solo gobierno, en 2023 tiene que empezar la compra. Y más allá de la magnitud, tiene que aclararse cuál será el esquema para repartir esa tierras, y el de inversiones para hacerla productiva.
Para la necesidad de producción nacional de alimentos hay vientos a favor. Una parte importante de la inflación ha sido jalonada por el precio de los alimentos. Y la crisis global de cadenas de producción y la guerra en Ucrania generaron una nueva conciencia de la importancia de la soberanía alimentaria.
Sin embargo, el plan con Fedegán se cruzará con lo ya pactado en el Acuerdo de Paz con las Farc, con lo que se acuerde en la mesa con el ELN, y con la dificultad histórica de generar resultados en el agro colombiano, que sufre un atraso de décadas.
9. ¿Cómo aterrizará la nueva política industrial?
En enero, el ministerio de Comercio, Industria y Comercio presentará un documento que trazará la política industrial de Petro, que tendrá dos componentes clave: impulsar la economía popular de las pequeñas y medianas empresas que están en la informalidad y también crear un paquete de medidas y subsidios para reducir la pobreza.
Eso implicaría darle más dientes al Estado como protagonista del crecimiento económico y quitarle relevancia al sector privado tradicional. Por ejemplo, plantea empleos estatales a personas del sector cultural o un subsidio unificado, que incluya los programas existentes.
En ese escenario, deja de lado por ahora los sectores clave en la cuarta revolución industrial, como los servicios tecnológicos, las startups o los BPO. Y las actividades terciarias, es decir los servicios, que pesan un 70 por ciento en el PIB nacional según el Dane.
La otra apuesta para este año es la de reconfigurar la estructura tributaria de los territorios para hacerla más simple, pero también para descentralizar los impuestos. Eso les podría dar a alcaldes y gobernadores más autonomía en el manejo de los impuestos y de los presupuestos, en medio de unas elecciones regionales en las que juegan un rol determinante en el resultado.
10. ¿Qué tanto tocará al establecimiento la resurrección del caso de corrupción Odebrecht?
Fue el mismo Néstor Humberto Martínez, ex fiscal General, mano derecha de Juan Manuel Santos, abogado del grupo Aval y de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, quien advirtió en una carta que desde Colombia estaban intentando enlodarlo con el FBI por el caso Odebrecht.
Y es que el año pasado el interés de las autoridades judiciales de Estados Unidos por el escándalo de corrupción más grande del continente revivió. En mayo, el Departamento de Justicia ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información, y según varias denuncias periodísticas, estarían detrás de fiscales y exfiscales.
Además, una filtración masiva de correos de la Fiscalía General, conocida como Guacamaya Leaks, en manos de medios como El Espectador y Caracol Televisión, amenaza con dejar al descubierto varios avances en la investigación que aún no se han hecho públicos, y que podrían tocar a intereses poderosos.
En Colombia quedaron varios cabos sueltos en la investigación de Odebrecht, que llevó a la cárcel a un viceministro de Transporte, a varios intermediarios, un gerente de campaña de Santos y al presidente de una de las bancas de inversión privada más grandes, Corficolombiana, propiedad del grupo Aval. Entre esos cabos está el papel de políticos y empresarios en la cúspide del establecimiento.
Empresarios como los Sarmiento, dueños del grupo financiero más grande del país y quienes fueron representados legalmente por el exfiscal Martinez. Y políticos como César y Simon Gaviria, la familia Char, Germán Vargas Lleras, y el mismo Martínez en la presunta financiación ilegal de la campaña de 2014 de Juan Manuel Santos con dineros de Odebrecht, como denunció el hoy embajador de Petro en Venezuela, Armando Benedetti.
11. ¿Se consolidará un bloque cohesionado de la izquierda latinoamericana?
Con la posición de Lula Da Silva en Brasil llega al poder el engranaje más poderoso del nuevo bloque de izquierda en América Latina. La gran pregunta es si será un bloque con vocación de permanencia y capacidad de cooperación. Varios temas los unen en el discurso: el medio ambiente, la lucha contra la pobreza, la integración regional, y la negociación en bloque con Estados Unidos. Sin embargo, al inicio de su consolidación hay ya escepticismo sobre su poder real, lo que ya quedó en evidencia en Brasil, donde en la primera semana Lula ya enfrentó un intento de golpe de Estado.
Pero más que frente a las amenazas de la derecha, el carácter democrático de esta ola de izquierda se probará con Venezuela. El chavismo y la oposición están en negociaciones en México, en las que Petro es facilitador. Ahora llega Lula, quien en campaña pidió elecciones libres en Venezuela. Presionar para que haya avances pondrá especialmente al mandatario colombiano en el dilema de jugarse entre sus credenciales líder progresista de la democracia y el apoyo del chavismo a la negociación con el ELN y a la apertura comercial.
La solidez del bloque de izquierda se verá también en varias elecciones. Primero, en abril, en la elección de delegados a la Convención Constitucional chilena. De nuevo el proyecto de Boric será puesto a prueba. Segundo, en octubre, en la elección presidencial argentina, a la que llegará el peronismo sin Cristina Kirchner. Una posible tercera elección presidencial será la de Perú, un país que estaba en manos de la izquierda, con Pedro Castillo.
